El Año del ejército (1899-01-01 00:00:00), página 251

Así, todo hecho substancialmente contrario al derecho natural en el orden privado, es inadmisible en el político.

La administración pública.—La administración pública, por tanto, es la científica y artística determinación de los medios de realizar el bien común sin lesión evitable de un solo individuo, en el poder humano. En la administración pública convergen tres funciones perfectamente distintas, la del Estado ó masa nacional, la del Gobierno ó representación activa del Estado, y la del Cuerpo de funcionarios públicos, cuyas relaciones determinan el derecho político.

La selección social.—Es un fenómeno constante y progresivo de perfeccionamiento, producto del cultivo civilizador por el trabajo físico, moral ó intelectual de las razas humanas, que viene á formar en las naciones los núcleos vitales de los mejores ciudadanos en la agricultura, la industria, el comercio, la milicia, las ciencias, las letras, las artes, los oficios obreros, el ejercicio de las funciones públicas y las altas empresas por la humanidad.

En esta selección hay grados distintos de cultivo que determinan el valor relativo de los méritos personales ante el Estado; pero todo el que cumple sus deberes públicos y privados ante el canon social, en cualquiera de los trabajos mencionados, es de hecho y derecho uno de los miembros selectos de la Nación. Los demás constituyen la vagancia ó sedimento, en cuya disminución y anulación trabajan todos los pueblos que no quieren perecer.

Esencia de las relaciones del Estado con sus funcionarios.—En los países constitucionales, como el nuestro, las entidades, Gobierno y Cuerpo de funcionarios públicos, son consideradas por las leyes como mandatarias y el Estado como mandante. En efecto, gobernantes y funcionarios ejercen un mandato: aquéllos para gobernar y éstos para contribuir al gobierno con su auxilio en el mecanismo gubernamental.

El servicio, pues, de los funcionarios retribuidos tiene lugar á virtud de un contrato bilateral, con condiciones estipuladas expresamente y con anterioridad al comienzo del servicio, á virtud de las disposiciones del derecho público y privado que regulan la función administrativa y los actos de contratación, en cuya realización existe, de un lado, el apoderado con poder bastante, que es el Gobierno con sus representantes y comitentes de cada caso, y de otro, el contratista, que es el funcionario que acepta el servicio como actor, sometiéndose á los requisitos estatutados para la otorgación.

Así, las leyes que regulan los derechos del funcionario, cuando cambian por modo substantivo, se ajustan al principio de no tener efecto retroactivo si perjudican los derechos adquiridos, y para honra de la humanidad, inspirándose en el mayor bien, se atribuyen aquel efecto si favorecen. Por manera, que siendo el servicio público un contrato, existen en él las mismas causas de nulidad, resolución, indemnización, reposición, etc., que se establecen en el Derecho civil para todos los actos de la misma esencia.

Determinación de las relaciones.—Las relaciones del Gobierno nacional, que representa el Estado, con sus funcionarios, se realizan normalmente en sus contratos respectivos, por parte de aquél, dando cumplimiento en tiempo, lugar y cantidad á las condiciones legales, estipuladas ó no, que á cada uno de aquéllos corresponde, según sean: