Suplemento a La Escuela moderna (1929-11-23 00:00:00), página 2

Disposiciones varias

Generales.

11 noviembre de 1929. (Gaceta del 16.)—Real orden número 431, dictando reglas sobre tramitación de denuncias que se refieran a irregularidades en los servicios públicos, y a incumplimiento de deberes de los funcionarios y autoridades:

«Ha sido constante empeño de la Dictadura facilitar el saneamiento administrativo y político, dando toda clase de garantías y acogimientos a los que ejerciendo el deber ciudadano de denunciar las irregularidades en los servicios o el incumplimiento de deberes en los Centros y dependencias de sus funcionarios, han acudido a los superiores para que se pusiera remedio. Pero una falta de comprensión, en algunas ocasiones, de las personas llamadas a tramitar las quejas o reclamaciones presentadas, ha dado en algún caso lugar, por indirecta divulgación del origen de la queja, a intentos de represalias, que vigorosamente se han cortado por el Gobierno y por las autoridades, contra aquellos que exponiéndose a ellas no han vacilado en cumplir este deber ciudadano, que cuando se realiza sin ánimo de venganza y no guiado por pasiones personales reprobables, sino inspirado en el anhelo del bien público y en que la gestión política y administrativa de los que la ejercen responda a la mayor pureza a que están obligados los que desempeñan cargos de este régimen excepcional, merece toda clase de alabanzas, estímulos y respetos; y a fin de que no se retraigan los denunciantes o se decidan por la forma reprobable del anónimo, ha de evitarse, que lo mismo (n los Negociados de Reclamaciones de los Gobiernos civiles, que en la Presidencia del Consejo y en los demás Ministerios cuando se reciban escritos de denuncia conteniendo quejas o reclamaciones de carácter ciudadano, puedan temer los que las formulen represalias y venganzas.

Por otra parte, el sigilo administrativo es una de las cualidades que más severamente han de exigirse y observarse en la Administración pública, porque el relajamiento en la observancia de este deber es frecuentemente ocasionado a estimar por el público en general como favores personales de los funcionarios lo que es un deber estricto de la Administración, o sea el de comunicarse con el público y no encerrar la actuación pública en un hermético silencio que perjudicaría por otra parte en muchos casos la acelerada y estimulante marcha de los negocios públicos.

Por ello,

Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que en todos los casos de denuncia que se refieran a irregularidades en los servicios públicos o administrativos o a incumplimiento de deberes de los funcionarios y autoridades, si el Centro que las reciba considera deben tomarse en consideración y esclarecerse por los superiores de los organismos o funcionarios afectados, se cuide escrupulosamente de evitar la divulgación de los nombres de los que ponen en conocimiento de las autoridades los hechos denunciados y aún de las circunstancias por las cuales puedan llegar a ser conocidos, debiendo al efecto en el organismo en que se reciba por primera vez el escrito, y si por negligencia o descuido aquél no lo hubiera hecho, en el Centro adonde se trate posteriormente, hacer un resumen conciso, en forma de nota, de los hechos que deban de ser esclarecidos, quedando archivado y reservado el documento original y ocultos absolutamente al público