Suplemento a La Escuela moderna (1929-06-08 00:00:00), página 8

antes de que éste se hiciese cargo de las atenciones de Primera enseñanza, en virtud del artículo 13 de la ley de Presupuestos de 31 de diciembre de 1901, por el cual se dispuso que dichas obligaciones fuesen «satisfechas por el Tesoro con cargo al Presupuesto de gastos del Estado». Y aun después de esta trascendental reforma, y a pesar de ella, se estimó que el Maestro podía tener, como empleado, carácter casi exclusivamente municipal.

No hemos de abordar ahora problema doctrinal alguno, como aquel que se discute entre quienes afirman que la Primera enseñanza es o debe ser función del Estado y quienes afirman que debe ser función del Municipio. Queremos hablar sólo de la cuestión de hecho, de la situación jurídica administrativa que se ha creado al personal del Magisterio, dada la legislación que se le ha venido aplicando, en unos y otros aspectos de su vida de funcionario público.

De un funcionario que adquiere la propiedad de su destino, en virtud de oposiciones cuyos ejercicios son reglamentados por el Estado—Ministerio de Fomento, primero; de Instrucción pública, después,—ante Tribunales nombrados por el mismo Ministerio, sin que en nada de esto intervenga el Municipio, ¿cabe decir, en correctos términos de lenguaje usual, y hasta, nos atrevemos a decir, de lenguaje jurídico administrativo, que es pura y simplemente un funcionario municipal, de quien el Estado podía poco menos que desentenderse de cualquier modo?

Pero hay más, mucho más, que considerar. Nosotros, ¿somos funcionarios nombrados por Real orden o no? Recordemos los términos del documento por el cual hemos ingresado en el Magisterio público, hace cerca de cuarenta años.

Nuestro primer título de Maestro de Escuela pública dice: «Don... Director general de Instrucción pública.—Por cuanto por Real orden de esta fecha Su Majestad el Rey (q. D. g.), y en su nombre, la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien nombrar a don..., Maestro en propiedad y en virtud de oposición de la Escuela pública..., con el sueldo y demás emolumentos que correspondan.—Por tanto, con arreglo a lo prevenido... y de orden del señor Ministro de Fomento... expido el presente título... Hay un sello que dice «Ministerio de Fomento». Firmado y rubricado por el señor Director general.»

Un segundo título tenemos, para otra Escuela, expedido en iguales términos y por las mismas causas que el primero, por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, firmado por el subsecretario de dicho Departamento.

El «cúmplase» del uno como del otro título, están firmados por «el Rector de la Universidad», que no es tampoco autoridad municipal, sino representante del Estado.

Otros Maestros, para Escuelas de menor categoría, tendrán sus títulos expedidos por los Rectorados, representantes del Estado; títulos de valor equivalente al de éste que hemos tomado como ejemplo.

No poseen, de seguro, otros empleados, títulos de origen que les permitan creerse con más razón que nosotros funcionarios del Estado.

Por otra parte, el Estado, que nos había nombrado, se había también reservado, como era natural, la función de separarnos del servicio, ya disciplinariamente, ya por jubilación, pues ésta había de ser acordada por una Junta directamente establecida, regida y nombrada por el Gobierno.