Suplemento a La Escuela moderna (1929-06-15 00:00:00), página 11

introducir modificaciones en la ley, estas modificaciones no han de venir en perjuicio de persona alguna de aquellas que tienen derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones en cuestión. Creemos que este principio se ha respetado siempre y para todos.

El Estado no podía suprimir ninguna de esas fuentes de ingreso para los fondos pasivos del Magisterio, ninguno de esos recursos consignados en el artículo 3.º, sin reemplazarla por otra de rendimiento equivalente. O la ley quedaba reducida a un «papel mojado».

La subvención del Estado fué rebajada a 25.000 pesetas en el presupuesto de 1892 a 93; fué suprimida totalmente en los siguientes, y fué de nuevo restablecida en la Ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903. Pero estos hechos no hay que interpretarlos como signos de que el Estado proyectase desentenderse de las obligaciones que había contraído —en lo cual ni pensó jamás ni podía pensar—. Estimó que la subvención no era necesaria, sin duda porque la Junta Central de Derechos Pasivos del Magisterio poseía fondos más que suficientes para hacer frente a los compromisos del Estado en estas obligaciones; lo cual aparece patente en lo que dispuso la ley de 5 de agosto de 1893 (artículo 3.º), y repitió la de 30 de junio de 1895: que dichos fondos pudiesen «ser empleados por la cantidad que la misma Junta crea oportuno, en deudas del Estado, considerando sus intereses como aumento a los ingresos de dicha Caja». Y así se hizo, por valor de dos millones y medio de pesetas. Es decir, que sobraba dinero para cumplir las obligaciones de próximo vencimiento.

Evidentemente, hubo en estos hechos infracción de la ley y grave quebranto para los fondos de pasivos; quebranto que el Estado venía obligado a compensar, en caso necesario. Pero como el objeto primordial de la ley era asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones, y este pago quedaba garantizado, se cumplía, si no la letra, el espíritu de dicha ley. No hay que olvidar, además, que el importe de 125.000 pesetas, señalado a la subvención, era el mínimo, no el máximo, el cual había quedado indefinido.

El primero de los ingresos, el que más determinadamente se obligaba el Estado a aportar para las atenciones de Derechos pasivos del Magisterio, no fué, pues, respetado siempre por los Gobiernos. El quinto—importe del descuento de 3 por 100 sobre los sueldos—, fué elevado al 4 por 100 desde 1 de enero de 1904.

Las otras fuentes de ingreso (segunda, tercera y cuarta), fueron suprimidas de golpe por la ley de 27 de julio de 1918, con arreglo a la cual el descuento sobre los haberes del personal se elevó al 6 por 100.

No hallamos resquicio por donde el Estado pudiera sustraerse—no de hecho, que nunca lo ha pensado—ni aún en mera doctrina teórica, al reconocimiento de sus obligaciones legales en materia de derechos pasivos del Magisterio; como no sea rompiendo las más fundamentales normas jurídicas y cometiendo un manifiesto despojo. Cada punto hacia el cual dirigimos la mirada ofrece una nueva base en apoyo de nuestro derecho. Uno sólo ya, para terminar el examen de este aspecto de la cuestión: ¿No nos ha impuesto, el Estado, como tributo forzoso el descuento del 3, del 4, del 6 por 100 de nuestros haberes durante cuarenta años con destino al pago de pasivos? ¿No hemos estado durante cuarenta años contribuyendo, bajo la garantía del Estado, con ese 3, 4 ó 6 por 100 para pagar los haberes pasivos de las jubilaciones y pensiones que durante ese tiempo fueron abonadas? ¿A título de qué, si no era a título de adqui-