Suplemento a La Escuela moderna (1929-06-22 00:00:00), página 11

título 1.º). Todo esto representaba parte principal del patrimonio que la ley de 1887 había asignado a los Derechos pasivos del Magisterio; un patrimonio que ningún Gobierno podía moralmente suprimir sin las debidas compensaciones. Suprimirlo sería un despojo injusto, inaudito, y por razón de las personas a quienes afectaba—ancianos, viudos, huérfanos—, de una inhumanidad incompatible con los sentimientos más vivos y más nobles de la civilización actual. Mas dejemos estas consideraciones para atenernos exclusivamente al aspecto jurídico de los hechos.

La ley de 1918 no establece ninguna reserva, como la establecía la de 1887, en cuanto a limitación de las obligaciones del Estado, dentro del rendimiento de fuentes de ingreso determinadas. No hace cálculos, para determinar cualquiera equivalencia, entre lo que viene a quitar y lo que viene a dar al Magisterio de Primera enseñanza, en el capítulo de Derechos pasivos. No consigna, ni tenía para qué consignar, ninguna declaración de principios. Establece, pura y simplemente: «Artículo 3.º Desde 1 de enero de 1919, los Maestros jubilados disfrutarán de los haberes pasivos a que tengan derecho por sus años de servicios reconocidos, con arreglo al mayor sueldo disfrutado durante dos años, cuando menos. Las pensiones de viudedad y orfandad serán equivalentes a los dos tercios del haber pasivo que corresponda al causante.» El artículo siguiente establece, en cuanto a viudedades y orfandades, limitaciones que en este momento no hemos de examinar. Eso es otra cuestión.

Lo que ahora queremos hacer resaltar es que este «disfrutarán» no está condicionado por la cuantía de unos u otros recursos o ingreso. En el artículo 2.º se determina que el fondo para pago de los Derechos pasivos estará constituido por «el 6 por 100 del importe total de los haberes del personal» y por «el crédito de 2.300.000 pesetas que figurará en el próximo presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes en sustitución del que actualmente aparece como subvención». Sin duda, no se habla nada de lo que ha de constituir «el crédito» en los presupuestos sucesivos. Mas, ¿podrá alguien interpretar este silencio en el sentido de que el Estado iba a negar sus obligaciones en los años siguientes, lo cual equivaldría a la supresión de los Derechos pasivos?

En resolución, el Estado se quedaba con los ingresos de que se venía nutriendo el fondo de pasivos, sin tomarse el trabajo de calcular la cuantía de esos ingresos. Se quedaba con ellos, ya en beneficio propio, ya en beneficio de los servicios públicos de enseñanza. Y señalaba jubilaciones y pensiones que habrían de pagarse con fondos procedentes del descuento del 6 por 100 de los haberes del personal y de la oportuna subvención consignada en el presupuesto de Instrucción pública. Si se hubiera querido establecer una limitación en los gastos por Derechos pasivos del Magisterio, semejante a la que estaba establecida en la ley de 1887 (el Gobierno «sólo será responsable del pago de estas atenciones hasta donde alcancen los fondos consignados en esta ley», decía la de 1887), se hubiera consignado. Como no aparece consignada, no la hay.

Por la ley de 1887, el Estado se hacía responsable del pago de las atenciones en cuestión, dentro de un límite en la cuantía del importe de ellas; límite en realidad indeterminado, pues no se señalaba el importe máximo, sino el mínimo de la subvención anual assignable. Por la ley de 1918, el Estado declara los Derechos pasivos del Magisterio, sin hablar de limitación alguna. Luego, no quiso establecerla; no ha existido.