Suplemento a La Escuela moderna (1929-06-29 00:00:00), página 11

ro de 1920.» En este texto están, sin duda, incluidas las pensiones, que no son sino una parte integrante de los Derechos pasivos.

En estos «seis artículos siguientes» no se establece excepción ni limitación alguna, ni en cuanto a ningún artículo de los capítulos primero y tercero del Estatuto de Clases pasivas, ni en cuanto al particular de pensiones de viudedad y orfandad.

Y como ninguna excepción se señala y no podía este silencio atribuirse a olvido, por tratarse de punto esencial y de singular importancia, entendieron, no sólo los Maestros, sino la misma Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, que el Estatuto era aplicable íntegramente al Magisterio.

Al establecer el Real decreto-ley número 728, en su artículo 2.º, que los Derechos pasivos de los Maestros que hayan ingresado en el servicio con anterioridad a 1 de enero de 1920 «se regirán por los preceptos contenidos en los títulos primero y tercero del Estatuto de Clases pasivas del Estado», sin restricciones, sin limitaciones, era indudable que estos funcionarios quedaban también bajo la salvaguardia del famoso artículo 17 del mencionado Estatuto: «Las familias de los empleados civiles y militares podrán optar por las pensiones reguladas por la legislación anterior...»

Porque, digásemos: si este artículo no fuese aplicable al Magisterio, ¿qué valor venía a tener aquella declaración auténtica del espíritu del Real decreto-ley, en que se consignaba: «respetando, como es de estricta justicia, los derechos que hoy poseen...»?; no los haberes que hoy cobran jubilados y pensionistas, sino los derechos que hoy poseen aquellos funcionarios, los Maestros. ¿Cómo iban a ser respetados esos derechos sino aplicando el artículo 17?

El espíritu y la letra del Real decreto-ley concordaban en este punto tan perfectamente, que nadie podía entender otra cosa. Y no la entendieron, repitámoslo, ni los Maestros, cuya opinión o interpretación pudiera ser sospechosa de optimismo, ni tampoco la Dirección general de la Deuda y Derechos pasivos, alta autoridad, sin duda más competente e imparcial en la materia, que siguió aplicando, para la determinación de pensiones, la legislación anterior al Real decreto-ley de que hablamos; y no podía legalmente hacer otra cosa. Si la intención del legislador era otra, habría que adivinarla; pues quedaba, no ya oculta, sino contradicha.

¿Puede un hombre de Derecho, ni el más modesto abogado, decir que todo esto no es más que cuestión de «una frase»? ¡Una frase! Mas, ¿qué es un artículo de una ley, qué es la más grave sentencia judicial, sino un conjunto de frases, cada una de las cuales tiene positivo y eficaz valor, de tal modo, que no cabe variar ninguna de ellas, sin que acaso cambie por completo el sentido de la ley o de la sentencia? Una frase es «absolvemos libremente»; otra, «condenamos a pena de muerte»; y expresan resoluciones, crean para el procesado situaciones bastante distintas...

Si las leyes hubiesen de entenderse y aplicarse así, suprimiendo o modificando aquí o allí palabras o frases, a gusto del Tribunal sentenciador, ¿qué vendría a ser la vida jurídica de una nación? Nuestro asombro no podría tener límites; confesamos todos nuestros conceptos acerca de lo que es y el valor que tiene una ley o una resolución judicial, resultarían absolutamente falsos. ¿Una ley no sería, pues, más que un conjunto de frases, de las cuales, quien ha de aplicarla, suprime a su antojo o modifica libremente lo que quiere? ¡He aquí una nueva