Suplemento a La Escuela moderna (1929-05-25 00:00:00), página 10

La puntuación que han adoptado las distintas Comisiones calificadoras provinciales, es asaz diferente; la cosa no podía ser de otra manera: no habiendo cambiado impresiones dichas Comisiones, no habiéndose puesto de acuerdo de antemano, no era posible que resultasen aproximadas las puntuaciones de unas provincias en relación con las de otras, no era posible que un número determinado de puntos concedidos en una provincia tuviese el mismo valor que el mismo número concedido en otra.

Así vemos que el promedio de la puntuación concedida en una provincia resulta muy diferente del de la concedida en otra. Hay provincias limítrofes cuya puntuación concedida en la una es completamente distinta de la concedida en la otra.

Esto ha alarmado a gran número de opositores y ha producido el mayor abatimiento a aquellos cuya Comisión calificadora ha puntuado bajo. De confirmarse tales temores, esos millares de jóvenes Maestros que han acudido a la oposición confiados en la justicia, tendrían la mayor decepción. Se comprende que algunos hombres sean injustos, pero no puede admitirse que la ley procure que se produzcan injusticias. Cuando se publicó la convocatoria de las actuales oposiciones, ningún Maestro podía sospechar dónde se tendría la medida ancha y dónde se tendría la medida estrecha.

Siempre es necesario que los ciudadanos tengan el convencimiento de que serán tratados con justicia; ya que todos son iguales ante la ley; pero cuando esos ciudadanos son los futuros educadores de la niñez, la necesidad sube de punto; porque el Maestro que ha de formar a los hombres de mañana, debe, además, sentir la satisfacción de que ha sido tratado con justicia, para que él, otro día, pueda infundir con entusiasmo tan preciosa virtud en el corazón de sus alumnos.

Por eso creemos conveniente tratar con la debida detención asunto de tanta actuación para la clase, como de capital importancia para la educación.

Durante los últimos años, los Profesores normales han reclamado el derecho de que la Escuela Normal pudiese proponer a los alumnos para el desempeño de las Escuelas de entrada. Se formó un ambiente favorable y llegaron a ser muchos los partidarios de que se concediese tal atribución. Se estudió el asunto y se consideraron excesivas las atribuciones que se reclamaban para la Escuela Normal. Entonces se buscó una solución intermedia, y se publicó la Real orden de 20 de julio de 1928. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de cada Comisión calificadora provincial está integrada por elementos de una misma Escuela Normal.

Se concedió, pues, a la Escuela Normal la selección de sus alumnos, mediante ciertas pruebas, para ocupar las Escuelas de entrada, con la intervención de una minoría formada por un Inspector y un Maestro, y con la colaboración de una Comisión Central que debe aprobar o suspender a los opositores aprobados por las Comisiones provinciales.

La base, pues, de la oposición, además de la hoja de estudios de la propia Escuela Normal, es el dictamen de la Comisión provincial; tanto es así, que esta aprueba con un mínimo de 100 puntos a los Maestros y de 150 puntos a las Maestras, mientras que la Comisión Central le basta un mínimo de 75 puntos para conceder la aprobación a unos y a otras.

Del proceso de la oposición lógicamente se desprende que lo que debe ser base de derecho a la plaza es la puntuación provincial, que tiene su característica especial nacida del criterio del Profesorado normal respectivo, siendo la aprobación de la Comisión Central una ratificación, valuada por puntos.

Pretender que el derecho a plaza debe depender de la mayor o menor larguezza que en otras provincias ha habido en la concesión de puntos, sería un absurdo. De admitir este absurdo, habríamos de admitir también que los señores de las Comisiones calificadoras que han puntuado