Suplemento a La Escuela moderna (1929-06-15 00:00:00), página 10

iba a ser borrado sólo para los Maestros, precisamente los encargados de fomentar en la conciencia del pueblo las nociones y los sentimientos jurídicos fundamentales, cuya sustancia es razón y justicia.

No crea nadie que pretendamos dárnoslas de jurispréditos. Hablamos inspirándonos en las breves lecciones de derecho que nos han sido enseñadas, y de las cuales no queremos salirnos. Si incurrimos en error jurídico, sería obra de caridad la de sacarnos de él. Obra doble de caridad: enseñar al que no sabe y tranquilizar la conciencia del prójimo, eximiéndolo de un deber enojoso.

Según nuestro modesto criterio, la ley del año 1887 creó derechos para el Maestro, e impuso al Estado deberes, sin duda adaptables a las circunstancias que varían con el tiempo; pero, en el fondo, reclamables y exigibles moral y jurídicamente. Lo mismo hay que afirmar respecto a las leyes posteriores.

Examinemos la ley de 1887.

El artículo 1.º establece que los Maestros «tendrán derecho» a jubilación; las viudas, a pensión; los hijos, a orfandad, con arreglo a la presente ley. El artículo 2.º se refiere a la cuantía de los haberes pasivos y otros particulares. Es ahora el artículo 3.º, que trata de «los fondos para atender al pago de estas jubilaciones y pensiones», el que particularmente nos interesa, porque de este artículo se ha echado mano para establecer una consecuencia que estimamos inadecuada: la irresponsabilidad del Estado en todo cuanto a los derechos pasivos del Magisterio se refiere.

Dice así este artículo:

«Artículo 3.º Los fondos para atender a estas jubilaciones y pensiones serán:
»1.º Una subvención que el Gobierno consigne cada año en los presupuestos generales del Estado, la cual «no bajará» de 125.000 pesetas.
»2.º El 10 por 100 de la suma total a que asciende el presupuesto del material de enseñanza de las Escuelas de instrucción primaria.
»3.º El producto de los haberes personales correspondientes a las Escuelas vacantes hasta el nombramiento de los interinos.
»4.º El importe de la mitad de los sueldos asignados a los Maestros que sirvan interinamente Escuelas públicas, siempre que su dotación exceda de 500 pesetas anuales.
»5.º El importe del descuento del 3 por 100 sobre el sueldo de los Maestros, Maestras y auxiliares comprendidos en el artículo 1.º, que gozan de los beneficios de esta ley.

»El Gobierno... sólo será responsable del pago de estas atenciones hasta donde alcancen los fondos consignados en la presente ley.»

Adviértase cómo la Ley misma consigna la responsabilidad del Estado; cómo el Estado se declara obligado—dentro de los límites señalados, sin duda—; cómo el Estado se compromete a cumplirla; se crea un derecho para el Maestro. Y si esto es así, ¿puede nadie decir que los Maestros no tenían una acción directa para reclamar del Estado un derecho pasivo? ¿Es que el derecho de los demás funcionarios, sean civiles, sean militares, arranca de otra cosa que de una Ley?

No pretenderíamos nosotros que ni esta ley, ni otra cualquiera, fuese inmutable: de la inmutabilidad absoluta de ella resultaría grave injusticia. Sí, que se respetase lo que ha sido norma jurídica del Estado español, en lo que al cumplimiento de sus obligaciones se refiere; que si convenencias del servicio público, que varían con los tiempos, conducen a