Suplemento a La Escuela moderna (1929-07-17 00:00:00), página 12

«Yo no tengo autoridad política de ninguna clase. En el antiguo régimen no pase de Director general, y aun fue recompensa superior a mis merecimientos, puesto que tuve el honor de sustituir a Rafael Alatmiria. Parlamentariamente tampoco fuí otra cosa que «un individuo de la Comisión», y siempre acepté correcto y disciplinado las definiciones y las directivas de los jefes de mi partido.

Pero hay en la Constitución proyectada varios artículos que se refieren a la enseñanza, y en esos sí creo que tengo algún derecho para opinar. Hace treinta y cuatro años que soy Catedrático, he sido Director general de Primera enseñanza y consejero de Instrucción pública, he educado a siete hijos, y con esto último queda dicho que soy tan padre de familia como los muchos y sesudos varones que, invocando ese título, nos suelen echar la culpa a los Catedráticos de lo mal que sus niños aprovechan el tiempo.

La Constitución del 76 dedica a la enseñanza un solo artículo (el 12), y nadie ha echado de menos otros preceptos. El proyecto de constitución le dedica varios: el número 3.º del artículo 22, el párrafo tercero del artículo 24, el artículo 26 y el artículo 78. Demasiados artículos, francamente. Yo me hubiera contentado con el fiel y exacto cumplimiento del artículo 12 de la Constitución vigente, completado por una buena ley de Instrucción pública para sustituir a la de Moyano, que ha vivido ya bastante, y con unos cuantos millones en el presupuesto.

Es de suponer, sin embargo, que los preceptos nuevos que se proponen no se hayan escrito en balde. Nada diré del artículo 26, copia textual del artículo 12 de la Constitución del 76, pero sí me fijaré en el párrafo 3.º del artículo 24, que dice lo siguiente:

«La educación e instrucción de la prole serán facultad y obligación natural de los padres, sin perjuicio de los derechos y deberes «supletorios del Estado».

He aquí una combinación habilísima de la doctrina ultramontana sobre la misión del Estado en la enseñanza con una vieja fórmula que hizo célebre el Profesor Santa María de Paredes al hacer aquella distinción entre fines permanentes y fines históricos, afirmando que la enseñanza es una función de la Sociedad y del Estado, el cual sólo interviene en aquélla para suplir las deficiencias de la espontaneidad social, y hasta que ésta se organizase suficientemente. Si el sabio maestro y consecuente liberal presenciea el uso que se hace de sus doctrinas, seguramente rechazaría indignado las consecuencias que se quieren sacar de una posición ideológica que sólo pecaba de excesivamente individualista. ¡Qué ha de ser supletoria la acción del Estado en la enseñanza! Yo escuché en Zaragoza, hace más de veinte años, a don Joaquín Costa, cuando a los postres de un banquete, y como quien no da importancia a sus palabras, pronunció aquella frase que se ha popularizado después merecidamente: «Todos los españoles están obligados a servir a la Patria con los libros en la mano.» Es decir: existe en los tiempos modernos el deber cívico de ser culto, como hay la obligación de vacunarse. No hay derecho ni a tener la viruela ni a ser ignorante. Hay que instruirse, no sólo para obedecer a los padres, sino por obedecer al Estado, órgano de cultura que en ese aspecto, como en todos, funciona como gestor y ministro de la solidaridad social. Lo contrario equivaldría a decir en Derecho civil que la sucesión «legítima» (es decir, el derecho de los herederos forzosos) es supletoria de la voluntad del testador. La que es supletoria es la sucesión intestada. Pero la porción legítima de los hijos es anterior y superior a la voluntad de los padres, y la obligación de éstos de instruir a aquéllos no puede compaginarse con una posición supletoria en el Estado, que la exige imperiosamente y llega al extremo de sancionar su omisión en el mismo Código penal.

El artículo 22 del proyecto dice lo siguiente: «Todos los españoles están obligados...