Suplemento a La Escuela moderna (1929-07-06 00:00:00), página 9

nar la cuerda sentimental. A pesar de todo, resulta un poco largo este estudio. Nuestros lectores nos lo perdonarán, en gracia a la buena intención que nos anima y a la importancia del asunto. Esto de la importancia, acaso no pase de ser una suposición nuestra, ya que ni la Prensa ni las Asociaciones profesionales han dado señales de reconocerla...

Tal era, pues, la situación al aparecer la Real orden número 120, de 23 de febrero de 1929.

Nos parece indudable que esta Real orden quiere ser, no un acto arbitrario, sino una disposición conforme a equidad, justicia y derecho. Y nos confirma en esta creencia, la extensión grande del preámbulo, abundante en exposición de hechos y consideraciones, comparada con la brevedad de la parte dispositiva. Esta se reduce a cinco líneas; aquél comprende 124. En primer término, debemos referirnos al preámbulo, que es una pieza expositiva de hechos y de apreciaciones y doctrinas, todo ello dependiente de la interpretación que se le quiera dar.

El fundamento que se pone como esencial para dar carácter jurídico a la Real orden número 120, es la afirmación, varias veces y en diversas formas expuesta en el preámbulo, de que antes del 23 de abril de 1927, fecha del Real decreto-ley número 728, los Maestros no tenían ningún derecho reclamable al Estado.

He aquí los términos en que esto se expresa en el preámbulo en cuestión:

El «resto de los funcionarios tenían una acción directa para reclamar al Estado un derecho pasivo y no tenían limitado crédito alguno para el pago de sus haberes, lo que no ocurría a los Maestros».

Después dice: «Ha tenido que hacerse cargo el Estado de los haberes pasivos de las referidas familias, que no tenían antes ningún derecho que invocar con relación al propio Estado.»

Y por último: «...Lo legislado para el antiguo (régimen) no era exigible al Estado bajo ningún título, y el nuevo es sólo una concesión muy justa, pero que ha nacido ahora.»

En resolución: que hasta el día 23 de abril de 1927, el Estado no era responsable de nada; los Maestros nada podíamos reclamarle, en orden a «haberes» pasivos; no digamos «derechos», porque éstos no existían.

Tal declaración de que nosotros no tuviésemos derecho alguno, es a todas luces inexacta, y creemos haberlo puesto bien de manifiesto en los anteriores artículos de esta serie de ellos que a examinar el asunto venimos dedicando.

Las leyes de 1887 y 1918 no son papeles mojados. No hemos de repetir lo que ya hemos dicho. Pero apelando sólo al sentido común, a aquel criterio más elemental de rectitud y honradez que es casi natural al hombre, preguntamos, por si alguien quiere darnos respuesta razonable:

Si el Estado fué quien, en virtud de leyes que él mismo estableció, y a título de reconocernos ciertos Derechos pasivos, nos obligó a pagar y poner a su disposición, por órgano de una Junta Central que él instituyó y rigió, ya el 3, ya el 4, ya el 6 por 100 de nuestros sueldos, durante cuarenta años; si el Estado dispuso como le pareció conveniente de esos fondos, ¿no tendremos nosotros derecho a reclamarle nada, ni siquiera en relación a ese dinero nuestro que él recibió bajo determinadas condiciones?

Si eso que nos dice ahora el Estado, después de habernos cobrado durante cuarenta años el 3, el 4 ó el 6 por 100 de nuestro sueldo—que él