Suplemento a La Escuela moderna (1929-06-29 00:00:00), página 10

rará extinguido el citado día, pasando a ser propiedad del Estado cuantos bienes y derechos lo constituyan.»

En realidad, el Estado se hizo cargo de las atenciones de Derechos pasivos del Magisterio por la ley del año 1918, si bien con la condición de que los haberes activos contribuirían con el 6 por 100 a la formación del fondo necesario. Quede dicho una vez más que en el presente estudio queremos exponer la verdad entera, séamos o no por completo favorable. No tendríamos acción para pedir honradez, veracidad y justicia a los otros si empezásemos por presentar los hechos desfigurándolos u ocultando parte de ellos. La verdad, la razón y la justicia constituyen la fuerza de los débiles... El Real decreto-ley número 728 no podía, en realidad, dar a nuestros Derechos pasivos fundamentos legales más firmes que aquellos que ya tenían.

El Real decreto-ley número 728 parece inspirado en principios de franca justicia. Leyendo el preámbulo que lo acompaña, no puede uno sino creer que esto es así; él mismo lo dice:

«De aquí, pues, que este proyecto se funda en dos principios fundamentales: el de incorporar al Estado tales funcionarios, en cuanto a sus Derechos pasivos se refiere, y el de unificar éstos con los que disfrutan los demás funcionarios civiles, pero respetando, como es de estricta justicia, los derechos que hoy poseen...»

Quien leía tales frases, ¿podía sospechar que este Real decreto-ley viniese a ser un giro en un movimiento encaminado a modificar esencialmente la cuantía de los Derechos pasivos «que hoy poseen» los Maestros?

Este ofrecido respeto, que se reconoce como «de estricta justicia», tranquilizó al Magisterio, alejando de él cualquier temor de ver desconocidos «los derechos» que legítimamente poseía. Este respeto no aparece, al menos no lo vemos, quebrantado en la parte dispositiva del Real decreto-ley a que nos referimos. Por eso, LA ESCUELA MODERNA acogió con gratitud la nueva disposición oficial: porque ponía un final definitivo a la cuestión de los Derechos pasivos, de la cual no habría ya que volver a hablar, al menos como cuestión de carácter general, para los Maestros y privativa de ellos; y porque reconocía a éstos «los derechos adquiridos» al amparo de leyes legítimas.

De las pensiones y de viudedad y orfandad, apenas se habla, ciertamente, en el Real decreto-ley; más se habla lo bastante para que en él queden incluidos, allí donde dice:

«Artículo 1.º Las declaraciones de Derechos pasivos del Magisterio Nacional Primario se acomodarán a lo establecido en el Estatuto de las Clases pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926, aplicándose íntegramente sus preceptos, con las excepciones consignadas en los seis artículos siguientes, en todo lo referente al nacimiento, disfrute y extinción de tales derechos, siempre que a partir del 1 de julio próximo se realice... el fallecimiento del causante cuando se trate de los Derechos pasivos de su familia.»

De los «seis artículos siguientes» a que se hace referencia, ninguno contiene mención de las pensiones de viudedad y orfandad. El artículo 2.º dispone: «Se regirán por los preceptos contenidos en los títulos primero y tercero del Estatuto de las Clases pasivas del Estado los Derechos pasivos de los Maestros que, estando comprendidos en el artículo precedente, hayan ingresado en el servicio con anterioridad al 1 de ene-