Suplemento a La Escuela moderna (1928-12-26 00:00:00), página 10

tra preocupación, como aquel otro que se estacione; éste es el que nos plantea el problema; ¿por qué no avanza?, ¿qué sucede aquí?, ¿qué hay que hacer?... En la resolución teórica y práctica de estos problemas concretos es en lo que ha de lucir de modo particular la inteligencia, el talento (no el simple ingenio, como algunos suponen) y la hábil acción del Maestro. Cuando el niño no avanza mediante ciertos ejercicios, hay que cambiar éstos, y sólo tras ensayos suficientemente variados puede ser declarada la imposibilidad, que unas veces se deberá a deficiencia espiritual del alumno, otras a deficiencia pedagógica del Profesor, alternativa no siempre fácil de decidir. Lo que no es admisible, en casos tales, es el someter al niño que mediante un ejercicio determinado, normalmente repetido, no vence una dificultad, al simple método de la repetición indefinida—«el machaqueo»—del mismo ejercicio; proceder que—salvo, naturalmente, cuando concurren las eximentes de número excesivo de alumnos, agotamiento de las energías del Maestro por un trabajo excesivo y otros semejantes—, haría al incompetente o descuidado funcionario acreedor a la pena de descalificación profesional.

G. R.

Derechos pasivos lesionados

El Gobierno, por Real decreto de 23 de abril de 1927, dispuso el pase al Estado de los Derechos pasivos del Magisterio. Esa disposición respeta los derechos que tenían en el Montepío los Maestros ingresados en la carrera antes de 1 de enero de 1920. El respeto llega al extremo de no aumentar a los Maestros el descuento que tenían en el Montepío, y que siguen pagando en el Estado, a pesar de ser menor que el de las demás clases pasivas de iguales pensiones.

El artículo 6.º del Real decreto de 22 de enero de 1924, unificando las pensiones de los funcionarios públicos, civiles y militares, determina que los interesados pueden acogerse a la legislación anterior, o a la que se establece de nuevo. Asimismo, el artículo 17 del Estatuto de Clases pasivas de 22 de octubre de 1926, da derecho a optar por las pensiones reguladas por la legislación anterior.

Ahora bien; la Junta Central del Montepío, disuelta por el Gobierno del general Primo de Rivera, había señalado límites para las pensiones de viudedad y orfandad. Pero la mala interpretación viene siguiéndose y practicándose después de la desaparición del Montepío.

Senalando casos concretos, diremos que la viuda del Maestro don José Martínez Tomás, al reclamar la pensión de viudedad con arreglo al artículo 3.º de la Ley de 1918, obtiene una clasificación de 3.000 pesetas, conforme al artículo 4.º de dicha Ley. La interesada reclama de este acuerdo, pidiendo que se le asignen 4.266 pesetas de pensión, y el Tribunal Económico Administrativo Central del Ministerio de Hacienda, resuelve que el causante no tenía los derechos que concede el Montepío y, por tanto, no deja más derechos que los generales de las Clases pasivas del Estado, o sea una pensión de viudedad equivalente a la cuarta parte del sueldo que disfrutó, que es de 2.000 pesetas de pensión.

Otro caso concreto se verifica casi al mismo tiempo que el anterior. Las huérfanas del Maestro don Eugenio Gómez Rojas, piden su pensión de orfandad; y obtienen la de 2.133 pesetas, máximo que concedía la Junta Central del Montepío, interpretando caprichosamente la Ley. Las huérfanas se alzan de ese acuerdo, y el Tribunal Económico Administrativo Central resuelve, como anteriormente resolvió, en el caso de la viuda del señor Martínez Tomás; es decir, negando al causante, Gómez Rojas, los derechos que tenía en el Montepío del Magisterio, declarando