Suplemento a La Escuela moderna (1928-08-22 00:00:00), página 4

don Pedro Pablo Menendo García, don Fermín Martínez Rodríguez y don Dionisio Garijo Royo, Maestros de Sección de la Escuela graduada del Hospicio, de esta corte, actualmente clausurada y agregado con carácter accidental a Escuelas nacionales unitarias de esta corte, el derecho a percibir la indemnización de 900 pesetas anuales por casa-habitación con cargo a la Diputación provincial de Madrid hasta el 1.º de julio de 1925, y desde esta fecha, y a virtud de lo dispuesto en el Estatuto provincial, con cargo al Estado, y que, en atención a la carencia de crédito para estas atenciones, debía solicitarse de Hacienda una concesión extraordinaria.

Hizo así el Ministerio interesado, y en Real orden de 28 de enero de 1926 lo interesó de Hacienda.

En el expediente reglamentario ha informado la Dirección de Tesorería en el sentido de que el crédito, caso de concederlo, habría de tener carácter extraordinario e imputarse a un capítulo adicional del presupuesto de gastos en vigor de la Sección 7.ª, Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y con la expresión siguiente: «Para satisfacer la indemnización de 900 pesetas anuales, reconocidas para casa-habitación a 14 Maestros de Sección de la Graduada del Hospicio, de esta corte, que desempeñan accidentalmente Escuelas nacionales unitarias.»

El presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, en funciones de interventor general, opina que en el presupuesto de gastos del Ministerio de Instrucción pública no aparece crédito alguno consignado para esta atención y no siendo un servicio propio del Estado, que antes viniera realizando la Diputación provincial de Madrid, no puede invocarse como fundamento de un derecho, aunque la Real orden de 30 de diciembre de 1925, dictada en punta con lo dispuesto en el art. 39 de la ley de Contabilidad así lo disponga; que al art. 15 del Estatuto general del Magisterio establece de modo claro y terminante de quién es la obligación de suministrar casa-habitación o indemnizar en caso de no proporcionársela a los Maestros nacionales, ratificando así lo ordenado en el art. 101 de la ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, que confirmó el Real decreto de febrero de 1919, el cual impone en su art. 2.º tal obligación a los Ayuntamientos, y que no tratándose de un servicio del Estado, sino de obligaciones ineludibles de los Ayuntamientos, el interventor general entiende que no procede proponer al Consejo de ministros la concesión del crédito extraordinario solicitada.

El Consejo de Estado, a quien se remitió el asunto, consideró necesario que el Ministerio peticionario completase los antecedentes por informe acerca de si, a pesar de lo preceptuado en los artículos 191 de la ley de Instrucción pública de 1857, 2.º del Real decreto de febrero de 1919 y 15 del Estatuto general del Magisterio de 18 de mayo de 1923, a los que podrían agregarse los artículos 6.º y 18 del Real decreto de 23 de noviembre de 1920, 19, núm. 10, de 5 de mayo de 1913 y la Real orden de 21 de junio de 1918, la obligación de proveer a los Maestros de casa-habitación o, en su defecto, de abonarles la indemnización reglamentaria, correspondía a la Diputación y no al Ayuntamiento, a fin de decidir, en consecuencia, quién debía satisfacerla a partir de la vigencia del Estatuto provincial.

Acordado así por la Superioridad, la Sección correspondiente del Ministerio interesado ha informado, en sustancia, que si bien conforme a la legislación vigente los Ayuntamientos están obligados a facilitar casa-habitación a los Maestros o, en su defecto, indemnizarles con arreglo a la escala legal, no es menos cierto que las Diputaciones provinciales pueden, según el art. 115 del Estatuto, crear establecimientos de enseñanza y según el art. 134 quedaron relojadas, a partir de 1.º de julio, de las prestaciones, cargas y aportaciones en materia de instrucción pública; que al ser agregados a Escuelas unitarias regentadas ya por