Suplemento a La Escuela moderna (1928-07-25 00:00:00), página 8

36. El importe de los derechos satisfechos por los opositores a que se refiere el apartado tercero será remitido por las Secciones administrativas a la Dirección general conjuntamente con las relaciones nominales de los expedientes presentados, y su distribución se acomodará a las siguientes normas: el 40 por 100 se distribuirá entre las Comisiones normales calificadoras, proporcionalmente al número de actuantes ante cada una de ellas; el 40 por 100 entre las Comisiones calificadoras centrales, también proporcionalmente al número de ejercicios que hayan de juzgar; el 10 por 100 entre las Secciones administrativas, asimismo proporcionalmente al número de expedientes presentados, y el 10 por 100 en la adquisición del material preciso, dada la índole de los ejercicios y normas contenidas en esta convocatoria, y en las remuneraciones de los trabajos extraordinarios que haya de realizar la Sección a quien compete el servicio.

37. Por la Dirección general de Primera enseñanza se adoptarán las medidas necesarias y las resoluciones que estime adecuadas para el exacto y mejor cumplimiento de lo establecido en esta disposición, así como para disponer las pruebas e informaciones que juzgue precisas para la capacitación o para el cese a que se refieren los artículos 32, 33 y 34 de esta convocatoria.—Callejo.»

6 julio de 1928. (Gaceta del 15.)—Real decreto número 1.211, obligando a los Ayuntamiento a construir y conservar las Escuelas de Primera enseñanza:

«Exposición.—El régimen legal vigente sobre construcciones de edificios para Escuelas establecido por el Real decreto de 17 de diciembre de 1922 y disposiciones reglamentarias, se halla necesitado de reforma, tanto por ofrecer algunos inconvenientes como para extenderlos a casos y modalidades no comprendidos en sus disposiciones.

Al preceptuar el Estatuto municipal, posterior al citado Real decreto, que los Ayuntamientos tienen la obligación de dotar de locales adecuados las Escuelas que funcionen en sus respectivos términos, y que podrán a tal fin concertar préstamos con el Instituto Nacional de Previsión, sus Cajas colaboradoras o entidades análogas, se hace posible, cual viene demostrando la experiencia, intensificar la construcción de edificios escolares, limitando al propio tiempo la carga y deber del Estado a la necesaria protección tutelar para suplir y ayudar la acción social y ciudadana en lo que no se baste a sí misma, principalmente respecto a aquellos Municipios que por su notoria falta de recursos no pueden costear tales gastos.

Y esta cooperación del Estado en su forma de subvención debe aplicarse tanto para las Escuelas graduadas, como ahora se admite, como para las unitarias, y lo mismo para las que inicien los Ayuntamientos como para las emprendidas por otras entidades o particulares, estableciendo su importe en cantidad variable, dentro de un límite máximo en armonía con el coste de las obras en la localidad y con los medios económicos de que dispongan los que soliciten la construcción.

Este régimen permitirá una importante descentralización de los servicios con ahorro de trámites y de tiempo, y una mayor economía para el Estado en cada edificio, siendo mucho mayor el número de los que podrán construirse con la importante consignación que para estas atenciones figura en el presupuesto extraordinario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

El sistema actual no determina formas de preferente necesidad de construcción entre los peticionarios, salvo en favor de los que ofrezcan mayor suma de aportación, ni regula una equitativa distribución de las construcciones por comarcas, sino que pueden atenderse todas las peticiones formuladas de modo inconexo y aislado. Y siendo evidente la conveniencia de establecer una ordenación sistemática y justa para disfrutar