Suplemento a La Escuela moderna (1928-08-22 00:00:00), página 5

Maestros, los de que se trata, y los que ya perciben emolumentos de casa-habitación podían dejar de cobrarlo, ni el Ayuntamiento debería en ningún caso abonarlos por duplicado; que, sin embargo, no consta que se haya dictado disposición concreta ordenando a la Diputación provincial de Madrid al cumplimiento de esta obligación; que, a pesar de ello, la Corporación ha venido observándolo fielmente hasta la publicación del Estatuto provincial; que no se registra ningún caso en el cual las Diputaciones dejaran de hacerlo así y existen numerosas disposiciones que declaran el carácter público de las Escuelas de Beneficencia, como Reales órdenes de 15 de marzo de 1876 y de 24 de julio de 1923 y la ley de 29 de abril de 1920, de modo que los Maestros que las tuvieron a su cargo recibieron siempre la indemnización de casa-habitación, de donde se deduce que la obligación existía a partir del art. 191 de la ley de 1857, y que por analogía a lo establecido en el Real decreto de 5 de mayo para las Diputaciones, respecto de los edificios de Escuelas Normales y casa-habitación a los Directores y demás personal, puede estimarse resuelto el caso de consulta.

La Asesoría jurídica del Ministerio de Instrucción pública informa que los preceptos mencionados por la Sección correspondiente no demuestran que exista disposición legal «o siquiera con lo contractual que obligase de manera especial a la Diputación de Madrid con relación a la casa Escuela de los Maestros del Hospicio; que a pesar de ello existe una Real orden de 12 de marzo de 1913, que regula la situación de los Maestros de los establecimientos públicos de Beneficencia que tienen consignados sus haberes en los presupuestos provinciales, en cuyo art. 7.º se establece que las asimilaciones a la regla general de que les hace objeto la disposición citada sólo alcanzan al sueldo personal del Maestro y en ningún caso a las demás remuneraciones personales ni asignaciones de material, incluso las de adultos, que siempre serán abonadas por las Diputaciones con cargo a los presupuestos provinciales»; que en consecuencia, si los interesados tenían la consideración de Maestros de la Beneficencia pública y estaban comprendidos en los términos de la Real orden citada, la obligación de proporcionarles casa corría a cuenta de la Corporación provincial, y que frente a las disposiciones citadas por el Consejo de Estado, que asigna esta obligación a los Ayuntamientos, está la Real orden de 12 de marzo que la atribuye a las Diputaciones provinciales, cuando se trata de Maestros de la Beneficencia pública, dentro de los requisitos y condiciones que determina. En tal estado el asunto vuelve de nuevo a informe del Consejo. El Estatuto provincial dispuso, en su art. 134, que «a partir de 1.º de julio de 1925 las Diputaciones provinciales quedarían relevadas de las prestaciones, cargas y aportaciones que con arreglo a las leyes de 29 de junio de 1887, 29 de junio de 1890 y 2 de marzo de 1917, Real decreto de 3 de marzo de igual año y demás disposiciones complementarias le fuesen exigibles para el sostenimiento de los servicios de Institutos, Escuelas Normales, Inspección de Primera enseñanza, Bibliotecas y Secciones administrativas de Primera enseñanza, agregaba, correrán íntegramente a cargo del Estado desde la precitada fecha.»

De acuerdo con este precepto, el artículo 3.º del Decreto-ley de Presupuesto para 1925-26 declaró ampliables hasta la suma necesaria los créditos figurados en el presupuesto del Ministerio de Instrucción pública para pago de atenciones que en todo o en partes se satisfaciere antes de 1 de julio de 1925 por las Diputaciones provinciales, y que pasaron al Estado en virtud del Estatuto provincial. Pero las atenciones relativas a casa-habitación de los Maestros no pasaron al Estado en virtud del Estatuto provincial.

La transferencia de servicios quedó reducida, según el artículo 134, a las Normales, Inspección de Primera enseñanza, Bibliotecas y Seccio-