Suplemento a La Escuela moderna (1927-12-07 00:00:00), página 6

taciones para el suministro de ciertas drogas; interviene para garantizar la prestación de varios servicios establecidos por Empresas privadas.

Sólo en materia de enseñanza el Estado se inhibe casi por completo.

El famoso principio de la libertad de enseñanza, pésimamente entendido en todas sus aplicaciones, ha imperado en España de manera casi absoluta, y las consecuencias de este imperio no han podido ser más funestas; como que han traído el gran rebajamiento del nivel de toda nuestra obra docente, así oficial como privada; rebajamiento al que se deben en gran parte muchos atrasos que pasivamente lamentamos. En orden a la enseñanza oficial, esa libertad ha sido interpretada, si no explícita, tácitamente, en el sentido de que el profesor en su clase puede hacer lo que quiera: dar a sus programas cualquier extensión; incluir o suprimir en ellos unos u otros asuntos o parte de la asignatura; dedicarse a explicar ésta, o a tratar de lo que se le antoje; puede, en fin, interpretar y realizar su función docente, en plena arbitrariedad. En el orden de la enseñanza privada, la libertad ha sido, si cabe, todavía más incondicional: es permitida la subsistencia de establecimientos que se dicen dedicados a la enseñanza, en los cuales, o los muchachos no aprenden, o se aplican métodos manifiestamente viciosos, o procedimientos disciplinarios reñidos con la más sana vulgar Pedagogía y hasta con la sentimentalidad propia de la cultura moderna.

Se prohibe la defraudación de algunos gramos en un «kilol» de pan, y no se prohibe, ni siquiera se investiga, la defraudación espiritual que se comete al hacer perder al niño años enteros de su vida—años que no volverán—por una enseñanza nula o falsificada.

El Estado sólo se cree llamado a intervenir, si se le denuncia el caso de propagandas doctrinales contrarias a la moral o a las instituciones legales del país. Mas, precisamente, estos casos son muy raros, y frente a ellos el mismo público acabaría por reaccionar espontáneamente. No es que digamos que el Poder público no haya de intervenir en casos de éstos; afirmamos, sí, que la acción del Estado debe abarcar esfera mucho más amplia, siquiera para enterarse y para informar al público de lo que en toda casa de educación sucede, y para cortar los abusos manifiestos que puedan cometerse. No basta que en una Escuela no se den enseñanzas perniciosas, ¡no faltaba más!; el Estado debe garantizar que lo que se anuncia al público como Escuela, realice siquiera cierta mínima labor de enseñanza, sin lo cual el rótulo significa un fraude manifiesto; debe garantizar a los niños españoles un trato correcto y delicado.

La existencia de la enseñanza privada será conveniente, o no lo será: es esto cuestión doctrinal, en que cabe diversidad de opiniones. Lo que no se debe admitir es que se anuncie y se ofrezca al público enseñanza donde en realidad no exista; lo cual puede suceder, y sucede de hecho en ocasiones.

No se quita valor a esta consideración, con decir: «Los padres se enterarán, y retirarán a sus hijos...». Cuando los padres se enteran, si llegan a enterarse, han pasado muchos meses, acaso algunos años, y el mal resulta irremediable. Por otra parte, los padres no se hallan, por lo general, en condiciones de juzgar con verdadero acierto en esta materia; y hay un ser, el niño, a quien la ley no debe dejar desamparado.

Es necesario que la acción, por lo menos tutelar, del Poder público, la cual se infiltra hoy por necesidad y con fuerza incontrastable por todos los resquicios de la vida social y de actuación del ciudadano, no ol-