Suplemento a La Escuela moderna (1927-05-21 00:00:00), página 11

Las cortapisas que a la «libertad» en la actuación societaria se esbozaron unas veces y se discutieron otras, aprobadas o rechazadas, no pueden por menos de causar dolor a los que de verdad la sienten; a quienes quieren hacer uso de ella en el más recto sentir; a cuantos la invocan en su más amplia acepción.

Aunque los propósitos parece estaban orientados, precisamente, para salir por los fueros de esa libertad, al fin de cuentas, resultan en pugna al invadir el coto vedado del supremo mandato de los asociados, pretendiendo prodigarla, a fuerza de coaccionar y restringir los «derechos naturales» que están por cima de la fría prosa del reglamentarismo al uso.

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El tema sobre la prohibición hecha a las provincias de reelegir su representante y la limitación mínima del número de votos necesario para el cargo, hablan muy poco en favor de la consciencia de los maestros y puede traer algún día como resultado que se queden sin el derecho de representación los asociados que quieran ejercitarla.

Si se ha pretendido cortar abusos y corruptelas, se ha caído en otro abuso de algo que no nos atrevemos a calificar porque no es nuestro propósito revelarnos contra los acuerdos de la Nacional, de la que somos fervientemente disciplinados.

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La pretensión de que las Asociaciones provinciales no estuvieran representadas en la Nacional por maestros habilitados, fué muy discutida y aunque no prosperó—lo cual fué un bien—esta suspicacia lastima la dignidad del asociado que está mucho más alta que el plano en que pueda verificarse tasación de favores o pequeñas obligaciones de intereses a satisfacer.

Así como se ha dicho muchas veces que debía prohibirse ejercer el cargo de habilitado a quienes no fueran maestros, con lo que no estamos conformes en este régimen de libre elección, y únicamente podría ser aceptado cuando se reglamentase haciendo que la habilitación fuera inherente al Cuerpo para ulteriores fines ya conocidos de todos, del mismo modo pediríamos que bajo ningún pretexto se les prohibiese a los profesionales si no tuviéramos ya tal concesión.

Pero con esta libertad que disfrutamos, en manos de los poderdantes está nombrar al que crean más conveniente con las exigencias que estime men opportuno hacerle.

¿Que al parecer obran en contra de sus intereses? Allá ellos. Son mayores de edad.

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Sin votación se declaró y aprobó, por unanimidad la incompatibilidad del cargo de «director y redactor» de periódicos para el desempeño del de vocal de la Directiva, siempre que estos periódicos no sean órganos de Asociaciones de Maestros.

¿El fundamento de la proposición? No se nos ha alcanzado todavía.

¿Es que estos maestros por cualquier motivo, pueden perjudicar a la causa societaria? Pues no nombrarles. Y si hay alguno que fuera conveniente y necesaria su actuación ¿por qué privarnos de su concurso?

No se nos obligará a decir que esta defensa—si defensa puede ser—la hacemos con miras desinteresadas, porque en tal caso nos veríamos precisados a añadir que el tal acuerdo nos satisfacía.

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En resumen de todos estos «pronunciamientos» contra la «libertad», diremos:

Mermando potestad, restringiendo derechos, imponiendo criterios, no se solucionan los males que lamentamos.

La causa hay que buscarla en hechos de principios.