Suplemento a La Escuela moderna (1927-04-13 00:00:00), página 4

Teniendo en cuenta que la referida baja es la segunda que se produce en la categoría del mencionado Escalafón correspondiente a ese sueldo, a contar desde la publicación del Real decreto de 1 de octubre de 1923, que establece las normas para la amortización de plazas de funcionarios civiles del Estado, normas con arreglo a las cuales corresponde que esta plaza sea provista,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den los ascensos de escala reglamentarios y, en su consecuencia, que don Juan Llarena y Luna, inspector de Primera enseñanza de la provincia de Burgos, pase a ocupar el último puesto en la cuarta categoría del mencionado Escalafón y a percibir el sueldo anual de 10.000 pesetas; que don Juan Capó y Valls, inspector de la provincia de Baleares, pase a la quinta categoría y a percibir el sueldo anual de 9.000 pesetas; que don Ciríaco Juan Huerta y Fernández, inspector de Teruel, pase a la sexta categoría y a cobrar el sueldo anual de 8.000 pesetas; que doña María de la Anunciación de los Mozos y Varona, inspectora de la provincia de Burgos, pase a la séptima categoría y perciba el sueldo anual de 7.000 pesetas; que doña María Cruz Gil y Fehrel, inspectora de la provincia de Soria, pase a la octava categoría y cobre el sueldo anual de 6.000 pesetas, y que don Juan Antonio Gil y Mateos, inspector de Primera enseñanza de la provincia de Badajoz, pase a ocupar el último lugar de la novena categoría del repetido Escalafón y a percibir el sueldo anual de 5.000 pesetas, sueldos y categorías que disfrutará cada uno de los interesados a partir del 19 del actual, fecha siguiente a la de la Real orden de 18 que concede la excedencia a don Macario Iglesias.—Callejo.»

12 de marzo de 1927. (Boletín Oficial del 5 de abril.)—Orden sobreseyendo las diligencias practicadas con motivo de la denuncia contra el inspector señor Soler:

«Vistas las diligencias practicadas con motivo de la denuncia presentada por los maestros nacionales de Sallent, don Benito Camprubí y doña María de la C. González, contra el inspector de Primera enseñanza de la zona, don Emilio Soler y Forns;

Resultando del conjunto de aquéllas la total improcedencia de los cargos formulados, consecuencia esa afirmación de hecho de las pruebas que se han practicado;

Resultando que los maestros denunciantes habían sido castigados con anterioridad por faltas en el servicio de la enseñanza que les está encomendado, por su jefe inmediato, el señor Soler;

Considerando que la finalidad que con la denuncia se perseguía no era otra que la de mermar prestigios a la autoridad del inspector de la zona, cuya recta actuación ha sido proclamada por cuantas personas han intervenido en estas diligencias;

Considerando que este Ministerio está en el deber de mantener incólume la reputación de los funcionarios que por su acertada conducta y ajustado cumplimiento en el ejercicio de sus cargos son objeto de falsas denuncias y de acusaciones manifestamente injustas, fruto repreensible de actitudes censurables y de hostilidades y rebeldías al principio de autoridad, que deben ser sancionados,

Esta Dirección general ha acordado:

1.º Que se sobresean las expresadas diligencias con toda clase de pronunciamientos favorables para el inspector señor Soler.

2.º Que pasen estas diligencias a la Sección 14 de este Ministerio, para que, en consideración a los graves cargos imputados al inspector señor Soler, se instruya expediente a los maestros denunciantes, don Benito Camprubí y doña María de la C. González.

3.º Que se den las gracias al instructor catedrático de la Universidad de Barcelona, don Francisco Palomas, por el celo, competencia y rapidez