Suplemento a La Escuela moderna (1927-04-23 00:00:00), página 5

en opositores que consideró aptos y entre los propuestos por unanimidad a don Luis Fernández García, son absolutamente erróneos, lo que es explicable por la dificultad de recordar exactamente lo ocurrido hace tanto tiempo, puesto que aunque extraviado el expediente de las oposiciones, el quinto resultando de la sentencia resolutoria del recurso contencioso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra las Reales órdenes de 30 de noviembre de 1916 y 11 de marzo de 1917 que, como todos los resultantes de las sentencias, son relación de hechos que constituyen la tramitación y diligenciado de las actuaciones y de cuantos anteceden, es forman el expediente que origina la demanda; relación que es tan eficaz y auténtica como el expediente mismo (párrafo tercero del artículo 61 de la ley de 22 de junio de 1894 y 441 de su reglamento), demuestra de manera indudable que lo que se supone en la información, Real orden comunicada de fecha 16 de enero de 1917, fué un oficio de la Dirección general de Primera enseñanza en el que precisamente se dijo todo lo contrario de lo que en la información se afirma que decía dicha supuesta Real orden comunicada, puesto que se advirtió al Tribunal que la lista de méritos que le autorizaba formulase no implicaba reconocimiento alguno de derecho, con cuyo criterio fué resuelto el expediente de la oposición al declararse terminantemente en la Real orden de 11 de marzo de 1917 que se desestimaba la agregación de plazas;

Considerando que es principio fundamental en el régimen de oposiciones que no procede adjudicar más plazas que las que comprende la convocatoria, doctrina que ha recogido el vigente Estatuto del Magisterio en su artículo 57, y en ella se inspiró debidamente el oficio de la Dirección general de Primera enseñanza de 16 de enero de 1917, al disponer que no implicaba reconocimiento alguno de derecho la formación de lista de méritos de los opositores que acuñaron en aquellas oposiciones, lista de méritos, por cierto, que indebidamente se autorizó al Tribunal para que la formulase, por prohibirlo el reglamento de oposiciones, aunque haciendo la expresa advertencia de que queda hecha mención de que ello no implicaba reconocimiento alguno de derecho;

Considerando que comprobado de modo que no puede dejar la menor duda, que el hecho del que se derivó la Real orden de 22 de diciembre de 1926 es erróneo, es procedente por ser irrecusable deber de la Administración pública acreditar la pureza de su intención en todos sus actos, aplicar la sana doctrina del Derecho administrativo, según la cual, advertido y probado el error de un hecho originario y fundamental de una disposición emanada de la Administración activa, su seriedad y prestigio, basado en la ejemplaridad del buen obrar, aconsejan que usando de las facultades discrecionales que le son propias y sin dar lugar a que una jurisdicción distinta de aquella de que emana la resolución equivocada enmiende el error cometido y, con ello, revoque o anule la disposición, puede y debe rectificar su acuerdo, evitando, además, así, el perjuicio que con él pudiera ocasionar a tercero;

Considerando que, por tanto, debe ser declarada nula y tenerla como no dictada la Real orden de 22 de diciembre de 1926, contraria en su resolución y alcance a lo dispuesto en la Real orden de 11 de marzo de 1917 y a lo fallado por la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 1920 y, como consecuencia lógica, revocado el acuerdo por virtud del cual se reconocieron a don Luis Fernández García derechos que, por no existir, no pudieron concedérsele, evidente es la conclusión de que tampoco el supuesto derecho por ellos alegado puede serles reconocido a los actuales reclamantes, puesto que basan su solicitud en precedentes establecidos por una Real orden cuya nulidad procede declarar,

S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que se desestimen las instancias formuladas por don Gabriel Ramos González, don Tomás Villalpando Miguel, don Manuel Ugedo Sam-