Suplemento a La Escuela moderna (1926-04-24 00:00:00), página 6

absuelva de la misma a la Administración general del Estado y se deje firme y subsistente la Real orden recurrida:

Visto, siendo ponente el magistrado don Antonio María de Mena:
Visto el artículo 2.º, párrafo final, de la ley de 22 de junio de 1894, que dice: «La Administración podrá someter a revisión en la vía contenciosoadministrativa las providencias de primera instancia que por orden ministerial se declaren lesivas de los intereses del Estado. En este caso, la demanda se interpondrá ante el Tribunal que corresponda, según la autoridad que hubiese dictado la resolución que se declare lesiva»:

Visto el último párrafo del artículo 7.º de la ley, que determina: «El plazo para que la Administración, en cualquiera de sus grados, utilice el recurso contenciosoadministrativo, será también el de tres meses, contados desde el día siguiente al en que por quien proceda se declare lesiva para los intereses de aquélla la resolución impugnada; pero si hubieran transcurrido cuatro años desde que tal resolución se dictó, se tendrá por prescrita la acción administrativa. Para los expedientes ya resueltos el plazo de los cuatro años correrá desde el día siguiente a la publicación de la ley de 13 de septiembre de 1888.»:

Vistas las sentencias de este Tribunal de 12 de julio de 1906, 6 de julio de 1907, 18 de octubre de 1910, 18 de febrero de 1911, 7 de marzo de 1924 y 12 de enero del corriente año:

Considerando que planteadas en primer término por los demandantes la cuestión de nulidad de la Real orden recurrida de 10 de febrero de 1923, que estiman contraria a otra resolución anterior de la misma Administración declaratoria de derechos y que ha causado estado, es forzoso dilucidar como previo ese aspecto del asunto, de la apreciación del cual depende que se pueda entrar o no en el examen de la cuestión de fondo:

Considerando que aparece patente que la resolución reclamada, al anular el ascenso de 2.500 pesetas concedido a los demandantes, por entender que no adquieren la plenitud de derecho, contraría abiertamente la Real orden de 2 de agosto de 1921, por la que, a virtud de reclamación de los interesados, se dispuso que causaran baja en el segundo Escalafón, y alta en el primero, o sea en el de plenos derechos, es una resolución declaratoria de derechos que ha causado estado, y que por consiguiente, y conforme a doctrina consagrada por constante jurisprudencia, la Administración no podía modificarla ni alterarla por propia autoridad, y sí sólo acudiendo a la vía contenciosoadministrativa, al amparo de los preceptos que en los vistos se citan, salvo que se tratara de rectificación de errores materiales o de hechos claros y evidentes.

Considerando que en el presente caso no concurre ese motivo de excepción, porque dadas las circunstancias en que ha sido dictada la Real orden de 2 de agosto de 1921, de la que es consecuencia el ascenso otorgado a los interesados, si hipotéticamente se admitiera que había sido expedida con equivocación, sería ésta, indudablemente, de concepto, que no cabe se subsane o repare sino mediante demanda, previa la necesaria declaración de lesividad si concurren las circunstancias de ley exigidas para esta declaración; de todo lo que se sigue, que ante la incompatibilidad notoria entre la Real orden reclamada y la anterior resolución firme, se impone acceder a la petición en primer lugar deducida por los demandantes,