Suplemento a La Escuela moderna (1926-03-24 00:00:00), página 5

La fijación de las multas se ajustará siempre a las circunstancias expuestas en el artículo 1.º.

Artículo 4.º En las mismas sanciones gubernativas y penas, según los casos expresados en los artículos anteriores, incurrirán los que, sin pertenecer a los organismos directivos de las Asociaciones o entidades que con sus actos u omisiones den lugar a la aplicación de los artículos que preceden, pertenezcan o no a tales Asociaciones, se solidaricen públicamente con aquellos infractores o realicen cualquier propaganda de resistencia a la gestión de las personas designadas por el Gobierno para substituirlas, mientras éstas se ajusten a las disposiciones legales, Estatutos y Reglamentos que tengan que aplicar.

Artículo 5.º Incurrirán en la pena de prisión correccional y multa de 1.000 a 10.000 pesetas los que practicasen cualquier gestión para que se retire o no se encargue algún trabajo profesional a quienes hubieran reemplazado en sus cargos a miembros de Juntas de Asociaciones separados gubernativamente por negativas, desobediencias o resistencias a órdenes e instrucciones de las comprendidas en el párrafo primero del artículo 1.º de este Decreto.

Las penas se aplicarán en el grado máximo cuando los delincuentes pertenezcan o hayan pertenecido a la misma Asociación o entidad profesional que las personas a quienes traten de perjudicar.

Artículo 6.º Todas las penas impuestas por aplicación de este Decreto, cuando el reo haya delinquido perteneciendo a un organismo oficial, llevarán como accesorias las de pérdida de todo cargo público y suspensión de ejercicio profesional y de cuantos derechos de sufragio le correspondan durante la condena.

Si el reo no pertenecía a ningún organismo oficial ni ejercía profesión que tenga tal carácter, la pena accesoria será la de suspensión de todo cargo público y del derecho de sufragio durante la condena.

Artículo 7.º Será competente para el conocimiento de los delitos comprendidos en este Decreto la jurisdicción militar, sustanciándose las causas por el procedimiento más rápido, aplicable al caso que los preceptos procesales autoricen y con preferencia en todos los trámites para el despacho.

Artículo 8.º El presente Decreto regirá desde el día siguiente al de su publicación en la Gaceta de Madrid.

Dado en Palacio a diez y siete de marzo de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El presidente del Consejo de ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

18 de marzo de 1926. (Gaceta del 19.)—Real orden de Hacienda nombrando una Comisión que en el término de un mes proponga unas bases para adjudicar en concurso público los servicios de Clases pasivas del Estado:

«Ilmo. Sr.: La aplicación de la base 9.ª de la ley de 22 de julio de 1918, que privó de toda clase de derechos pasivos a los funcionarios ingresados al servicio del Estado a partir del 4 de marzo de 1917, habrá de suscitar en su día dificultades enojosas si con la debida antelación no se organiza el modo de proveer a las necesidades del seguro que dichos funcionarios sienten como los restantes y que por aplicación de aquel precepto legal carece completamente de medio en nuestro derecho vigente.