Suplemento a La Escuela moderna (1926-03-24 00:00:00), página 6

El Decreto-ley de 22 de enero de 1924 ha modificado en parte la ley de 1918, dictando determinadas normas, y en la imperiosa necesidad de abordar cuanto antes un régimen legal que resuelva definitivamente la situación de los funcionarios que carecen de derechos pasivos y que de ser posible transforme, sin lesionar los adquiridos, el sistema en vigor con relación a los restantes, aconseja, como trámite previo, constituir una Comisión técnica que pueda proponer las bases a que en su día habrá de ajustarse un concurso, si el Gobierno decidiese encomendar a la Institución que se considere conveniente al servicio de Clases pasivas y sin perjuicio de las preferencias que en igualdad de condición serían lógicas en favor de las Instituciones de carácter oficial existentes.

Y en virtud de lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que se nombre una Comisión presidida por V. I., como director general de la Deuda y Clases pasivas, e integrada por don Francisco Cárdenas, vocal del Tribunal administrativo Central; un jefe designado por el Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria; otro del Cuerpo de Intervención Militar, designado por el Ministerio de la Guerra; don Miguel Aguayo Millán, catedrático de Matemáticas del Instituto de San Isidro, de Madrid; don Luis Jordana de Pozas, catedrático de la Universidad de Valencia; don Rafael Coderch, ingeniero especializado en materia social de Seguros, y don Ricardo del Rivero e Iglesias, jefe del Negociado de la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, que actuará de secretario.

2.º Esta Comisión procederá, en el plazo máximo de un mes, desde la fecha de su constitución, a fijar las bases a que podrá sujetarse un concurso público entre entidades españolas de Seguros de toda naturaleza con el fin de adjudicar el servicio de Clases pasivas de funcionarios del Estado, en el caso de que el Gobierno estimase conveniente adoptar este acuerdo.

Dichas bases habrán de acomodarse en principio a los siguientes criterios fundamentales:

a) Respeto absoluto a los derechos de los actuales jubilados, retirados y pensionistas y de los adquiridos por los funcionarios ingresados al servicio del Estado antes del 4 de marzo de 1917.

b) Fijación de los derechos correspondientes a los funcionarios ingresados al servicio del Estado con posterioridad al 4 de marzo de 1917 para los efectos de jubilación y con posterioridad al 1 de enero de 1919 para los de pensiones de viudedad y orfandad.

c) Unificación de la legislación vigente de Clases pasivas para evitar en lo posible las desigualdades que puedan producirse entre los funcionarios que presten los mismos o equivalentes servicios.

d) Obtención de la máxima economía en la consignación que para Clases pasivas figure en el presupuesto general del Estado.

e) Participación del Estado en los beneficios que pueda obtener la Institución adjudicataria del concurso.

f) Intervención del Estado en dicha Institución.

g) La mayor garantía de las reservas matemáticas ofrecidas por el adjudicatario.

h) Desarrollo del proyecto a base del cálculo matemático actuaria.

i) Facultad por el Estado para la declaración de los derechos