Suplemento a La Escuela moderna (1925-12-02 00:00:00), página 5

cias, los desdichados niños que a la propia desventura del abandono de sus padres unían la desgracia de que ni la sociedad, ni el Estado hubieran podido organizar Reformatorios para la infancia delincuente, eran condenados una y otra vez, y aquellas condenas constituían baldón que les acompañaba toda su vida, aunque se redimieran con su honrada conducta, y que si tenían la desgracia de caer en delito les determinaba la calificación de reincidentes, con graves consecuencias para la duración de las penas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, en su Memoria reglamentaria de 1924, expuso al Directorio militar esta desigualdad, y el Directorio militar pensó desde luego hacerla desaparecer. Pero recomendados entonces a personas peritas la reforma de la ley de 25 de noviembre de 1918 y la confección del Reglamento para la ejecución de dicha ley, se impuso un aplazamiento en la realización de aquel deseo.

Rigen ya el Real decreto de 15 de julio de 1925, reformador de la ley antes citada, que regula los que ahora se llaman Tribunales tutelares para niños, y el Reglamento provisional para su ejecución, aprobado por Real decreto de 6 de septiembre del mismo año, y ha llegado la hora de hacer desaparecer la desigualdad señalada. La prudencia con que obró el Gobierno, aplazando esta obra para cuando se dictasen las nuevas disposiciones reguladoras de los Tribunales tutelares para niños, le permite ahora procurar que desaparezca otra nueva desigualdad que la reforma de 15 de julio de este año produjo, ya que al extenderse la jurisdicción de los Tribunales para niños hasta los jóvenes menores de diez y seis años y quedar subsistente los preceptos del Código penal, que exigen responsabilidad, aunque sea atenuada, a todos los mayores de quince años, es evidente que mientras en unas provincias la irresponsabilidad por edad llegaba hasta los diez y seis años, en otras se hacía efectiva, con sensibles consecuencias para el porvenir, después de los quince. Y el Directorio militar ha creído la ocasión adecuada para extender la reforma necesaria al concepto de las circunstancias agravantes 17 y 18 del artículo 10 del Código penal, limitando los casos de su aplicación y haciéndoles perder toda eficacia (que ahora dura tanto como la vida de los delincuentes) cuando transcurre cierto período de tiempo.

Estos son los fines del Decreto que se somete a la sanción Real. El primero de ellos, o sea la desaparición de la desigualdad de efectos de la delincuencia entre menores de diez y seis años, no puede ser logrado totalmente; pero se aminora todo lo posible. La desigualdad no podrá desaparecer hasta que los Tribunales tutelares para niños extiendan su acción a todo el territorio nacional y no puede pensarse ahora en crear Tribunales para niños en todas las provincias, porque la eficacia de tales Tribunales especiales requiere previamente la organización y aseguramiento económico de Reformatorios, Casas de familia o instituciones análogas, que no pueden ser improvisadas donde no existen. Por esto, el Directorio militar tiene que limitarse a extender en los territorios que no tienen Tribunales para niños, hasta los diez y seis años de edad la exigencia de la declaración de haber obrado con discernimiento al delinquir para poder imponer penas a los jóvenes delincuentes, aplazar el cumplimiento de las penas así impuestas, hasta que el delincuente haya cumplido los diez y seis años, condicionando siem-