Suplemento a La Escuela moderna (1925-12-05 00:00:00), página 22

Acerca del sagrado derecho de elección del habilitado en el régimen actual, la Asociación de Ávila, al definir su actitud favorable al proyecto, tuvo en cuenta dos cosas. Diremos antes que, en efecto, tal derecho lo tienen todos los funcionarios públicos y, como a tales, se reconoce actualmente al Magisterio, y ese derecho, objetivamente considerado, desaparece con la reforma. Agreguemos que contra esto claman algunos, no diremos cómo ni por qué, para no empequeñecer la cuestión: decimos sólo que con desconocimiento absoluto del fondo legal de la cuestión y con agravio manifiesto de la realidad de los hechos.

Lo primero: porque, a nuestro juicio, que puede ser equivocado, ¿quién lo duda?, pero que razonaremos; ese derecho de elección no significa otra cosa ni tiene más transcendencias que la de servir de garantía del pago de haberes; como la ley exige que el perceptor de la nómina se persone en la Delegación de Hacienda a firmar el «recibí» del libramiento, porque desde ese momento el Estado tiene que dar y da por satisfechas sus obligaciones, no siendo posible la presencia de cada maestro en dicho acto, el Estado le concede el poderse presentar por medio de un representante o apoderado suyo, y este representante es el habilitado, el cual, para que goce de la confianza de los representados, ha de ser, claro está, elegido por ellos mismos; no siendo elegido por ellos, no poseería su confianza; no poseyendo su confianza, no considerarían garantido el pago; luego el derecho de elección no reconoce otra razón de ser que esa: la garantía del pago. Así se explica que se exija a los habilitados de los maestros tan escasa fianza, y es porque ésta no la exige el Estado para que responda del pago a los perceptores, sino en garantía de la gestión que realizan, paralela a la de pagadores, como verdaderos funcionarios administrativos. Prueba de ello es que cuando el Estado juzga necesario a su mejor servicio designar habilitado, imponerlo (tal ocurre en las Clases pasivas del propio Magisterio), tiene que hacerlo salvaguardando aquella garantía que supone el derecho de libre elección, y exige entonces una fianza efectiva que importa con exceso el total de una mensualidad. Más aún: si tal derecho de elección no significa sólo esa garantía, ¿qué puede significar? ¿Qué otras ventajas puede reportar a los electores? Que se nos digan, que estamos prestos a rectificar. Pero no se olvide que, en el actual sistema, el derecho de elección otorga la confianza y por ende la garantía una mayoría nada más, tan exigua, a veces, como la mitad más uno de los electores. Y si la reforma nos ofrece la absoluta y total garantía del pago, instituyendo como pagador al propio Banco de España, ¿no está equiparado con creces el derecho de elección?

Para el segundo aspecto de ese mismo asunto, sólo dos palabras: la elección de habilitados es actualmente semillero de discordias y disgustos entre los compañeros; y la indiferencia o la condescendencia de unos y el temor a represalias en otros sirven los apetitos de elementos caciquiles, cuya voluntad se impone casi siempre. ¿Es mucho casi siempre? Pues para demostrar qué ese sistema actual no es recomendable, basta que por una sola vez hayan podido cometerse a su amparo tropelías, vejaciones e indignidades contra los maestros, con motivo de las campañas electorales, que mejor llamaríamos batallas sin cuartel.

Y sépase, en prueba del desinterés de nuestra actitud y en demos-