Suplemento a La Escuela moderna (1925-09-05 00:00:00), página 3

virtud de concurso de interinos y con posterioridad a la vigencia de la ley de Presupuestos de 1920, en virtud de la cual, y por el Real decreto de 4 de junio del mismo año, tiene derechos limitados:

Resultando que contra esta Real orden interpuso recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal el letrado don Bernardo de Pablo y Olazábal, en nombre y con poder del señor González, y en su día formalizó la demanda con la súplica de que se dicte sentencia anulando la Real orden reclamada y declarando que deben quedar subsistente el Real decreto de 19 de agosto de 1915, las Reales órdenes de 2 de agosto de 1921 y 25 de enero de 1922 y la Orden de la Dirección de 6 de febrero de 1922, en que reconoció la Administración la plenitud de derechos y ascenso de don León González Díez a 2.500 pesetas, puesto que son disposiciones que han causado un estado de derecho a favor del recurrente; o, en su caso, revocar la Real orden recurrida, declarando que procede reconocer al recurrente la plenitud de derechos con el ascenso por haber cumplido con los requisitos exigidos por la legislación, y por medio de otros solicitó la celebración de vista pública:

Resultando que a su escrito de demanda acompañó la parte actora: 1.º Una hoja de servicios del señor González Díez visada por el jefe de la Sección administrativa de Oviedo, en el cual documento, y en la casilla de «Destinos», hay una nota que dice: «Maestro propietario de la Escuela de Patronato (Tesoro) de Arnuero (Santander)». 2.º El traslado al interesado de la Real orden de 2 de agosto de 1921 como maestro que figuraba con el número 293 en el segundo Escalafón. 3.º Comunicación dirigida al señor González Díez el 21 de julio de 1921 por el jefe de la Sección administrativa de Santander participándole su traslado como maestro en propiedad a la Escuela de Quiros-Agueras (Oviedo) por Real orden de 30 de junio de dicho año. 4.º Un número del periódico El Magisterio Español correspondiente al día 31 de enero de 1922, en el que se inserta la Real orden de 25 de enero de 1922; y 5.º Otro número del mismo periódico, correspondiente al 9 de febrero de 1922, en el que se publica la Orden de 6 de los propios mes y año:

Resultando que el fiscal contestó a la demanda solicitando que se absuelva de ella a la Administración general del Estado y se deje firme y subsistente la Real orden impugnada:

Visto, siendo ponente el magistrado don Manuel Díaz Gómez:

Visto el artículo 2.º, párrafo final de la ley de 22 de junio de 1894, que dice: «La Administración podrá someter a revisión en la vía contencioso-administrativa las providencias de primera instancia que por orden ministerial se declaren lesivas de los intereses del Estado.» En este caso, la demanda se interpondrá ante el Tribunal que corresponda, según la autoridad que hubiese dictado la resolución que se declare lesiva:

Visto el último párrafo del artículo 7.º de la propia ley, que determina: «El plazo para que la Administración, en cualquiera de sus grados, utilice el recurso contencioso-administrativo, será también el de tres meses, contados desde el día siguiente al en que por quienes proceda se declare lesiva para los intereses de aquélla la resolución impugnada; pero si hubiere transcurrido cuatro años desde que tal resolución se dictó, se tendrá por prescrita la acción administrativa. Para los expedientes ya resueltos el plazo de los cua-