Suplemento a La Escuela moderna (1925-04-29 00:00:00), página 7

mos, mandamos y firmamos.—Antonio María de Mena.—José Martínez.—Manuel Díaz Gómez.—Adolfo Balbontín.—Justiniano Fernández Campa.—Juan Díaz y de la Sala.—Leopoldo López Infantino.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Justiniano Fernández Campa y Vigil, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy, la Sala de lo Contencioso-administrativo de que como secretario certifico.

Madrid, 25 de octubre de 1924.—Emilio Gómez Vela.»

11 de abril de 1925. (Gaceta del 23.)—Real orden de cumplimiento de sentencia recaída en pleito promovido por don Julio Sanz Pérez y otros 126 opositores, maestros interinos en expectación de plaza, y haciendo extensiva la doctrina del fallo a los que, hallándose en igualdad de circunstancias, no se mostraron parte en la demanda:

«Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído en este Ministerio para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 25 de octubre último, en el recurso contencioso-administrativo promovido por don Julio Sanz Pérez y otros 126 maestros contra la Real orden dictada por el mismo en 24 de junio de 1922; y

Resultando que en 19 de noviembre próximo pasado dispuso el señor subsecretario encargado de este Ministerio que se cumpliese en sus propios términos la expresada sentencia;

Resultando que en la misma se revoca la Real orden de este Ministerio de 24 de junio de 1922 y se declara que los recurrentes tienen derecho a ser colocados en el Escalafón general del Magisterio en el número que les corresponda por razón de los servicios realizados por ellos desde el día en que con arreglo al Estatuto de 1918 comenzaron a prestarlos y con la condición jurídica de su propiedad;

Resultando que, solicitada autorización por el señor fiscal del Tribunal Supremo para allanarse al recurso objeto de este expediente, ya que por sentencia de aquel Tribunal de 14 de diciembre de 1923 se había fallado un caso análogo al presente en sentido favorable a las pretensiones de los recurrentes, el Ministerio, por Real orden de 12 de abril último, concedió, previo informe de la Asesoría jurídica, la autorización pedida, por entender que la Real orden recurrida era indefendible por estar dictada en contra de las disposiciones del Estatuto de 1918, únicas aplicables al caso;

Considerando que el Tribunal Supremo declara que los servicios prestados como interinos por los maestros que promovieron el pleito contencioso-administrativo son de abono a los efectos del Escalafón por que a los mismos le son aplicables las disposiciones de los artículos 104, 105 y 106 del Estatuto general del Magisterio de 20 de julio de 1918, doctrina que fué aceptada por este Ministerio al autorizar al señor fiscal del Tribunal Supremo para no oponerse a las pretensiones de los litigantes por considerar que es indefendible la Real orden de 24 de julio de 1922, y que revocada ésta sería ilógico y poco equitativo que a su amparo se negara a algún maestro que runiera las condiciones de los recurrentes el derecho que a éstos reconoce el más alto Tribunal de la Nación;

Considerando que la Administración pública no puede, ni debe, tener a su servicio funcionarios que, desempeñando idéntica misión