Suplemento a La Escuela moderna (1925-05-20 00:00:00), página 11

én el ejercicio de sus facultades regladas, cuando deba acomodar sus actos a disposiciones de una Ley, de un Reglamento o de otro precepto administrativo:

Visto el artículo 4.º, caso tercero de la propia ley, que dice:
«... 3.º Las resoluciones que sean reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y no hayan sido reclamadas y las confirmatorias de acuerdos consentidos por no haber sido apelados en tiempo y forma»:

Considerando que el hecho de haber sido ascendida la demandante al sueldo de 2.500 pesetas, siquiera esto fuese en virtud del acto administrativo realizado por la Sección administrativa de Primera enseñanza de Navarra, y el ascenso posterior a 3.000 pesetas, que, aunque en el expediente no consta la forma ni la fecha en que se le otorgó, estaba en posesión de él, puesto que la Real orden impugnada lo anula, constituyen a favor de la interesada un derecho del que la Administración no puede privarla y que sólo en vía contenciosa y previos los trámites legales puede ser anulada:

Considerando que si bien es cierto que la Real orden de 25 de febrero de 1922 denegó a la interesada la plenitud de derechos que tenía solicitada, el ascenso a 3.000 pesetas, otorgado a la misma en fecha que en el expediente no consta, pero que seguramente fue posterior a dicha Real orden, demuestra que la Administración no insistió en aquel criterio, aun cuando haya vuelto a él en la Real orden impugnada, y que, por lo tanto, es de desestimar la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio fiscal, en razón a que la resolución ministerial que en este pleito se impugna no puede ser confirmación de lo resuelto en 25 de febrero, porque el estado legal existente en la fecha de la resolución recurrida era el determinado por el ascenso a 3.000 pesetas y no el establecido por la Real orden antes mencionada,

Fallamos que, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por el Ministerio fiscal, debemos revocar y revocamos la Real orden dictada por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en 30 de noviembre de 1922, en cuanto anula el ascenso a 3.000 pesetas de doña Basilia García Costales, declarando en su lugar que dicho ascenso debe quedar subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—José Bellver.—Antonio María de Mena.—José Martínez.—Félix Jarabo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio María de Mena, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo; de que, como secretario, certifico.

Madrid, 30 de diciembre de 1924.—Cipriano Martín Beas.»

11 de abril de 1925. (Boletín Oficial del Ministerio de 12 de mayo.)—Real orden resolviendo expediente de doña María de la Riva y don Simón González sobre reconocimiento de derechos y validez de ascenso:

«Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de la Real orden de 20 de enero último mandando cumplir en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 29 de no-