Suplemento a La Escuela moderna (1924-09-20 00:00:00), página 14

dase atribuir a la Real orden de 2 de octubre de 1922, relacionada con estos últimos, e invocada por las partes y también en el dictamen del Consejo de Instrucción pública, que sirvió de base a la propia resolución combatida, su promulgación no puede ser hoy óbice al ejercicio de la facultad jurisdiccional de la Sala para aplicar e interpretar rectamente el texto del precitado artículo 88 del Estatuto general del Magisterio, vigente a la fecha de anunciarse el de que se trata, y para confirmar o revocar, en su caso, la de 25 de noviembre de 1922, que lo resolvió y que es únicamente la sometida a su revisión en el recurso formulado:

Considerando que, precisamente la propia forma vaga e indeterminada que el legislador empleó con las palabras «servicios en Direcciones de graduadas sin nota desfavorable», no sólo autoriza sino que obliga a aquilatarlos en su calidad y en su extensión, ya para estimar su valor intrínseco meritorio cuanto para deducir del oportuno juicio comparativo quién de entre los aspirantes reina, en relación con aquéllos, capacidad y aptitud más en armonía con la finalidad docente en los concursos perseguida; y que de ello lógicamente se sigue que, aun equiparados tales servicios por intachables respecto de los candidatos, su mayor rendimiento por razón del tiempo, ofrecerá siempre en el que lo acredite superior garantía de práctica pedagógica para el mejor desempeño de puesto idéntico y un motivo, por consiguiente, de legal preferencia:

Considerando que las condiciones establecidas en el referido artículo 88 del Estatuto, son graduadas por el orden en que se enumeran y concluyentes las una de las otras, sin que sea aplicable una de ellas en favor de uno de los concursantes, sea lícito buscar el amparo de la que le sigue en beneficio de ningún otro:

Considerando que el actor justifica en su hoja de servicios haber prestado éstos como regente de Escuela práctica aneja a Normal y como director de graduada con un exceso de varios años sobre los aducidos, sólo como regente, por don José Herrero, por lo que es obligado reconocer la postergación de que aquél ha sido objeto, y asimismo la lesión que de su derecho administrativo, derivado de la condición cuarta examinada, le produjo la Real orden recurrida:

Considerando que el punto sustancial en la presente litis planteado, fué ya dirimido por la sentencia de esta jurisdicción de 5 de julio de 1920, cuya doctrina reitera ahora y da por reproducida la Sala:

Considerando que procede desestimar el capítulo de la demanda, referente a la condena de costas a la Administración, pues con arreglo al artículo 93 no sostiene acciones, sino que opone excepciones, y el fiscal, al combatir con su nombre las demandas, no actúa con temeridad, sino que cumple deberes ineludibles.

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 25 de noviembre de 1922, expedida por el Ministerio de Instrucción pública, por la que se nombró a don José Herrero Pérez para la plaza de director de la Escuela graduada de niños de la calle de Tarragona, número 22, de esta corte, y en su lugar, declaramos: que el recurrente don Adelardo Peral Sáez tiene preferente derecho sobre el nombrado, dentro de las condiciones del concurso y debe la Administración proceder a la resolución definitiva del mismo, con arreglo a la declaración indicada.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de