Suplemento a La Escuela moderna (1924-03-15 00:00:00), página 10

mo evidente que en ella vibró el propósito de obligar a ciertas clases sociales al sostenimiento de las cargas municipales con mayor eficacia que hasta entonces.

Madurada así la reforma, los Gobiernos que se sucedieron desde 1917 prepararon su ejecución. El proyecto de 1910, aunque no discutido en las Cortes, se había convertido en el núcleo de cristalización de las nuevas ideas, y al estudiar la reforma se tomó en cuenta dicho proyecto, haciéndose una revisión fundamental de su texto, cuyos resultados aparecen en el Real decreto de 31 de diciembre de 1917 y en el proyecto de ley de Exacciones municipales presentado a las Cortes en 1918 por el llamado Gabinete Nacional.

La incorporación de los preceptos de ese proyecto a nuestra vida administrativa representa uno de los más notables casos de recepción espontánea del derecho que registra la historia jurídica. Circunstancias políticas, que están vivas en el recuerdo de todos, hicieron imposible su discusión y aprobación. Pero la necesidad de la reforma impuso, no obstante el enorme poder de los intereses opuestos a ella, la concesión al Gobierno de una serie no interrumpida de autorizaciones, en virtud de las cuales, bien por iniciativa del mismo Gobierno, o bien a petición de los Ayuntamientos, gran parte de las disposiciones del proyecto ha ido aplicándose en los Municipios del Reino, incluso en los de alguna provincia foral.

No podía el Gobierno, ante un plan de reforma tan seriamente elaborado y tan eficazmente contrastado en la experiencia, vacilar un solo instante en incorporarlo al Estatuto con aquellos acoplamientos que fueren precisos.

La significación de esa incorporación es clara. De un lado, servirá para convertir en estado legal, firme y definitivo, el puramente precario en que hoy se halla la vida municipal desde el punto de vista económico, aun en aquellos Ayuntamientos en que rige el proyecto de 1918. Y de otro lado, arrancará a la libre decisión de los Ayuntamientos la aplicación de ciertas normas jurídicas que deben ser universalmente reconocidas y acatadas como tales, porque constituyen una especie de derecho de gentes de la Hacienda pública. Al establecer estos moldes genéricos, el Gobierno no contradice su designio autonomista, fuertemente acusado en el libro primero. Hace la debida distinción entre lo puramente gubernativo y lo tributario, porque la actividad de los Ayuntamientos, si careciese de cauce y freno preventivos, cuando toca a los intereses particulares de contribuyentes, podría degenerar en peligrosa arbitrariedad, difícilmente subsanable a posteriori con recursos judiciales que a lo sumo corregirían el caso individual, nunca el error de principio o el absurdo técnico.

Por lo demás, la plena instauración del proyecto suprimirá el sello particularista que tienen algunas de sus implantaciones fragmentarias, extendiendo a todas las zonas del vecindario, proporcional y equitativamente, las cargas municipales.

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Son interesantes las modificaciones que se introducen en el proyecto de 1918. Desde luego se declara la redimibilidad de las exenciones de gravámenes municipales anteriormente otorgadas a título oneroso, y, en cambio, se facilita la exacción de los derechos y tasas