Suplemento a La Escuela moderna (1924-03-15 00:00:00), página 4

nos, hasta los gigantescos que cuentan por millones sus habitantes. Y no sólo tienen carácter comunal los Municipios propiamente dichos: lo tienen también las entidades menores o fracciones de Municipio, así como las entidades mayores o agrupaciones de Ayuntamientos. Por todo ello, el nuevo Estatuto admite la personalidad municipal allí donde la Naturaleza la engendra, sin establecer requisitos de mero artificio, que nunca han tenido posible cumplimiento; y admite también la de los anejos, parroquias y demás grupos menores de población, que tanto abundan en algunas regiones españolas, así como la de las entidades supramunicipales que constituirse puedan para la mejor realización de los fines comunales.

Afirma, pues, el nuevo Estatuto la plena personalidad de las entidades municipales y, en consecuencia, reconoce su capacidad jurídica integral en todos los órdenes del derecho y de la vida, dejando sin vigor las leyes desamortizadoras, ya en suspeso por anterior disposición.

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El reconocimiento de la variedad de tipos de convivencia comunal fluye a través del articulado con una persistente distinción entre el Municipio rural y el urbano. En el primero se instaura la forma más plena de democracia pura: el Concejo abierto, institución de castizo sabor nacional, que regirá en más del 50 por 100 de los Municipios existentes, o sea en todos los que no excedan de 1.000 habitantes.

Pero esa y otras análogas diferenciaciones no bastaría por sí solas para dar a cada Municipio la fisonomía político-administrativa que le convenga. Ni siquiera bastaría establecer en la ley ocho o veinte modelos de organización, ajustados a los tipos más extendidos de vida municipal que se conocen en el país. La gama de variedades producida por la Geografía, la producción, las comunicaciones, el idioma, las costumbres, etc., ofrecería siempre matices infinitamente superiores en número.

Sólo hay un medio para resolver la dificultad, y estriba en otorgar a cada Municipio el derecho de dictarse su propia norma de funcionamiento. Esto hace el Estatuto regulando el régimen denominado de Carta, nombre que tan rancio y recio suena en la Historia de España. A su amparo, cada Ayuntamiento fijará su propia estructura, dentro, por supuesto, del más absoluto respeto a la soberanía del Estado y a los derechos del ciudadano.

Como especialidad novísima del sistema de Carta, admitimos expresamente la implantación de las formas de Gobierno por Comisión y Gobierno, por Gerente, que tan espléndido fruto han rendido en otros países. Ellas representan el máximo avance en la ardua empresa de coherenciar la democracia con la eficacia, y parten de la base de que cualquier Municipio constituye un negocio, el mejor negocio para el pueblo si recibe buena administración, por lo que su gestión no debe diferir de la que mercantilmente tengan los negocios privados. El incremento de poderes otorgados a la Comisión o al Gerente se compensa con un paralelo acrecimiento en los derechos del vecindario, y de esta suerte vienen a fundirse en una misma fórmula el máximo criterio de autoridad y el grado supremo de democracia. Es posible que algún espíritu excesivamente atenido a nuestra biología municipalista estime peligroso este avance. Pensando de otro modo, cree el Gobierno que el paso de la ley actual a la