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Los casos no previstos en esta Real orden deben regirse por el criterio que la inspira y con constancia y severidad educadora, buscarse el cambio de las costumbres en cuanto tuvieran de viciosas, acostumbrando a los ciudadanos, por actuación tenaz y ejemplar de las autoridades, al cumplimiento de sus deberes, labor más lenta pero más definitiva que una actuación esporádica.—Primo de Rivera. Señores...»

1.º de febrero de 1924. (Gaceta del 2.)—Real decreto aprobando el Reglamento para la legitimación de terrenos abusivamente roturados:

«De conformidad con lo prevenido en Mi decreto de 1.º de diciembre de 1923, a propuesta del jefe del Gobierno y de acuerdo con el Directorio militar,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la legitimación de posesión de terrenos roturados por particulares o cedidos indebidamente a éstos por los Ayuntamientos, y para la cesión de otros terrenos de los pueblos a los vecinos de los mismos.

Dado en Palacio a primero de febrero de mil novecientos veinticuatro. — ALFONSO. — El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

Reglamento para la ejecución del Real decreto de 1.º de diciembre de 1923, sobre legitimaciones de posesión de terrenos roturados por particulares o cedidos indebidamente a éstos por los Ayuntamientos, y sobre cesión de otros terrenos de los pueblos a los vecinos.

CAPITULO PRIMERO

PERSONAS QUE PUEDEN LEGITIMAR LA POSESIÓN DE TERRENOS. EXCEPCIONES

Artículo 1.º Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.º del Real decreto de 1.º de diciembre de 1923, quienes con anterioridad a la expresada fecha vengan poseyendo, por sí o por sus causantes, terrenos por ellos roturados, cercados, edificados o transformados en explotaciones agropecuarias o forestales, podrán legitimar la posesión de tales terrenos adquiriéndolos en plena propiedad, siempre que éstos pertenezcan al Estado o a los propios o comunes de los pueblos, salvo lo prescrito en el artículo 2.º

Art. 2.º Para ser considerado como poseedor de los terrenos a que se refiere el artículo anterior, y tener derecho a disfrutar del expresado beneficio, habrá de acreditarse la posesión previa y continua de aquellos terrenos:
a) Durante un año y un día respecto de extensiones que no excedan de tres hectáreas.
b) Durante un año y un día, más otro año por cada hectárea de exceso sobre tres, respecto de extensiones superiores a tres y en ningún caso mayores de diez hectáreas.
Los indicados plazos no podrán contarse nunca desde fecha posterior a la de 1.º de diciembre de 1923.
Cada extensión de terreno que se trate de legitimar constituirá un todo indivisible, y, en consecuencia, habrá de justificarse por el
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solicitante la posesión continuada durante el tiempo correspondiente a la total cabida.

Art. 3.º No se podrá legitimar la propiedad por virtud de las prescripciones del Real decreto de 1.º de diciembre de 1923, y de este Reglamento cuando se trate de los terrenos que se expresan a continuación:

1.º Los comprendidos dentro de los montes declarados o pendientes de declaración de utilidad pública acerca de los cuales dic- tamine el Ministerio de Fomento que no conviene autorizar la legiti- mación.

A estos efectos se entenderán por montes declarados de utilidad pública los comprendidos en el Catálogo formado por aquel Minis- terio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.º del Real decreto de 27 de febrero de 1897; y por montes pendientes de de- claración de utilidad pública, los que estuvieron a cargo del Mi- nisterio de Hacienda bajo la denominación de «montes investigados y no clasificados».

El dictamen del Ministerio de Fomento será necesario siempre que se solicite la legitimación de algún terreno comprendido en los montes a que se alude en los párrafos anteriores.

2.º Los que se hallen bajo la dependencia de la Junta de Colo- nización y Repoblación interior, ya se trate de colonias instaladas, en instalación o en estudio.

3.º Los de la Dehesa de Castilseras.

4.º Los de las vías pecuarias, descansaderos y abrevaderos.

Art. 4.º Los poseedores de terrenos a que se contraen los ar- tículos anteriores no podrán acogerse al beneficio de la legitimación de que se trata en los siguientes casos:
a) Cuando el terreno poseído no se haya destinado al cultivo agrario, a la formación de prados artificiales o arrozales o a re- población forestal.
b) Cuando las roturaciones interrumpan servidumbres de paso, fuentes o abrevaderos de interés público.

Sin embargo, podrán legitimarse las roturaciones que se hallen en terrenos gravados con servidumbres de paso, siempre que sea posible variar el trazado de ésta en forma tal que ni el nuevo reco- rrido ni la nueva pendiente influyan sensiblemente en las condicio- nes del tráfico.

También podrán ser legitimadas las roturaciones efectuadas en terrenos donde existan servidumbres de aguas constituidas por fuen- tes o abrevaderos, siempre que se deje libre el aprovechamiento de las aguas con la consiguiente servidumbre que gravará sobre la finca.

Los gastos de rectificación de las servidumbres de paso serán de cuenta de los legitimadores, y la apreciación de las condiciones que justifiquen la posibilidad y conveniencia de legitimar las roturacio- nes comprendidas en los casos a que se alude en los dos párrafos anteriores, se realizará por los funcionarios técnicos a que se refiere el artículo 8.º, previo informe favorable del Ayuntamiento o del Consejo provincial de Fomento respectivos.
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CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA LEGITIMACIÓN DE POSESIÓN DE TERRENOS ROTURADOS Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, DESLINDE, MENSURA Y TASACIÓN DE TERRENOS

Art. 5.º Los poseedores de terrenos que deseen legitimar la propiedad de éstos deberán solicitarlo del delegado de Hacienda en la provincia respectiva dentro del plazo que terminará el día 3 de diciembre de 1924, acompañando a la instancia el justificante de la posesión por sí o por sus causantes durante el tiempo que, según la extensión del terreno, exige el artículo 2.º Además, se consignará en tal instancia el término municipal, el sitio en que radique el terreno, la cabida de éste, los linderos, el nombre de la finca, si lo tuviere, lo edificado, si existiera, y si dentro del predio existen servidumbres públicas o privadas y a favor de qué personas.

Si los terrenos estuviesen amillarados o catastrados podrá justificarse la posesión acompañando el correspondiente certificado. En otro caso, habrá de acreditarse la posesión mediante información testifical practicada ante el Juzgado que corresponda, en el pueblo donde radique la finca.

Cuando no se acompañare a la solicitud la justificación antes expresada y no se presentase ésta en el plazo que se señale, quedará sin efecto la petición de legitimación.

Art. 6.º Las solicitudes de que se trata en el artículo anterior serán tramitadas por las Administraciones de Propiedades e Impuestos.

Estas enviarán mensualmente a la Dirección general del ramo relación de las dichas solicitudes recibidas durante el mes anterior, con los nombres y apellidos de los solicitantes y expresión de los términos municipales respectivos.

La citada dependencia provincial publicará en el Boletín Oficial anuncio de cada solicitud de legitimación presentada, consignando el nombre del solicitante, el pueblo donde radique la finca, el paraje en que ésta se halle, la cabida declarada por el peticonario, los linderos y las servidumbres declaradas.

Se remitirá al alcalde del pueblo respectivo un ejemplar de dicho Boletín, exigiéndole acuse de recibo y ordenándole que le dé la publicidad conveniente por los medios usados en la localidad.

También se enviará un ejemplar del mismo Boletín Oficial a la Jefatura del Distrito forestal correspondiente, a fin de que pueda reunir los elementos de juicio necesarios, en su caso, para el dictamen del Ministerio de Fomento a que se alude en el artículo 3.º

Art. 7.º Si en el plazo improrrogable de un mes, a contar desde la publicación del anuncio de cada solicitud en el Boletín Oficial, se presentara oposición fundada en motivos de carácter civil, se suspenderá por la Administración de Propiedades e Impuestos la tramitación del expediente, y se señalará al opositor el plazo de un mes para que justifique haber presentado ante los Tribunales ordinarios la correspondiente demanda y que ésta le ha sido admitida. Transcurrido el referido plazo sin justificar dichos extremos, se continuará el expediente administrativo; pero si resultase formalizada la contienda civil, se esperará a que sobre el pleito recaiga sentencia ejecutoria.
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acreditar haberlos satisfecho al verificar el pago de la primera anualidad del precio de los terrenos.

Los honorarios serán los señalados en la Instrucción de Ventas de 15 de septiembre de 1903, con las reducciones establecidas por el Real decreto de 9 de septiembre de 1911.

Los gastos no podrán exceder de 10 pesetas por cada finca peritada.

La suma de los honorarios y gastos no podrá ser mayor de 40 pesetas por cada finca.

Art. 13. Terminadas las operaciones de deslinde, mensura y tasación, la Administración de Propiedades e Impuestos elevará todo lo actuado, con su informe, a la resolución del delegado de Hacienda, quien oirá a la Abogacía del Estado en el caso de que se haya suscitado alguna cuestión legal.

En la resolución que dicte el delegado de Hacienda se cuidará de consignar detalladamente cuantas características de situación, linderos, cabida, aprovechamiento actual, servidumbres, si las hubiera, y tasación permitan identificar los terrenos de que se trate.

La referida resolución del delegado se notificará íntegra a los interesados, haciendo constar en ella que deberán pagar el precio de la legitimación o del primer plazo, en su caso, en el término de quince días, según se expresa en el artículo 15.

Art. 14. Contra los acuerdos que dicten los delegados de Hacienda podrá recurirse ante la Dirección general de Propiedades e Impuestos o ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, a tenor de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

CAPITULO III

PAGO DEL PRECIO DE LOS TERRENOS ROTURADOS Y LEGITIMADOS

Art. 15. El pago del precio de los terrenos legitimados deberá verificarse por anualidades, en el plazo de diez años, contados a partir del día en que se notifique al legitimador el otorgamiento de la legitimación. El primer plazo se satisfará dentro de los quince días siguientes al antes expresado. Los nueve plazos restantes serán abonados en los respectivos años, dentro de un período máximo de quince días, a contar de fecha igual a la en que se hizo la aludida notificación.

A quienes anticipen uno o más plazos se les hará la bonificación del 5 por 100 por año.

Quienes no satisfagan los plazos a sus respectivos vencimientos pagarán el 1 por 100 mensual de intereses de demora.

A los que, transcurrido el plazo de quince días señalado en el párrafo 1.º de este artículo, no hubiesen hecho efectiva la primera anualidad o cualquiera de las restantes, se les aplicarán las disposiciones pertinentes de la Instrucción de Ventas de 15 de septiembre de 1903.

Art. 16. Cuando los terrenos legitimados pertenezcan a los propios o comunes de los pueblos, percibirán éstos el 80 por 100 de la tasación y el Estado el 20 por 100 restante, a menos que se trate de dehesas boyales o montes de aprovechamiento común por los que se haya satisfecho el 20 por 100, caso en el cual el importe
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SUPLEMENTO

LA ESCUELA MODERNA

Año XXXIV.   MADRID, 16 FEBRERO 1924   N.º 2.829 de la col.ª

Sumario.

DISPOSICIONES OFICIALES: Generales: R. O. dando gracias a la Compañía del Ferrocarril del Norte por la bonificación del 50 por 100 en el transporte de pabellones de madera destinados a Escuelas. Escuelas de Primera enseñanza: O. accediendo al adelanto de toma de posesión de don Rafael Pando, maestro por oposición de Lora del Río (Sevilla). O. invitando a los maestros interinos con derecho a propiedad a designar las provincias en que prefieren ser nombrados. R. O. rehabilitando el nombramiento de D. Justo Berzosa para la Escuela de Albatana (Albacete). R. O. disponiendo se devuelva la fianza al habilitado D. Juan Roldán. R. O. disolviendo el Patronato de los Grupos escolares "Baixeras" y "La Farigola", de Barcelona.—PROPIO Y AJENO: Breves comentarios. ¿Niñerías? (IV). Solamente técnicos. Indemnización por casa a los maestros consortes: las dos interpretaciones. Reformas en la enseñanza. Pro-cultura. A raíz de una sentencia. Aniversario de D. Juan C. Arroyo. Congreso de Educación Católica.—NOTICIAS E INFORMACIONES.

Índice de la Gaceta

Día 3 de enero de 1924.—Nombrando catedrático de Literatura española de la Universidad de Oviedo a D. José Ramón Lomba de la Pedraja. Dando las gracias al pintor Mr. T. M. por su donativo al Museo Nacional de Arte Moderno de un retrato del presidente del Directorio Militar. Amortizando una plaza de profesora del Conservatorio. Listas de académicos de la Española, Bellas Artes de San Fernando y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que tienen derecho a elegir un senador por las mismas.
Día 4 —R. O. sobre inamovilidad de los Delegados gubernativos.
Día 5.—Reglamento para la Junta Central de Abastos. Limitación de los terrenos adyacentes al Palacete de la Moncloa otorgados por el Estado a la Sociedad Española de Amigos del Arte Citando para el 11, a las cuatro de la tarde, en la Intervención general, a los opositores a ingreso en el Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado.
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ficios, reparto de material, casa-habitación, etc., no les resta a cada inspector más que organizar, dirigir, encauzar, fomentar y trabajar por la intensificación de la cultura y buena marcha de las Escuelas, que es su objetivo principal, quedando a su discreción el momento de realizar las visitas, extremo que justificará con el libro de anotaciones que debe llevar oficialmente y que visará el subinspector en sus visitas anuales.

A esto únase mayor fuerza moral y la mayor cantidad de prestigio que de la Superioridad emane, a fin de tener la máxima autoridad para no verse frustrados en sus propósitos, y se tendrá conseguido lo que todos anhelamos, pues yo estoy bien convencido de que por parte del Magisterio no ha de haber dificultades, por ser éste fiel ejecutor de cuanto se le ordena, propicio siempre a secundar las iniciativas de sus superiores; por ello no dudo que podremos llegar a la consecución de nuestro fin con una buena organización de la Inspección.

La obra no es difícil, y como no necesita de pesetas, sino una buena voluntad, creo que la veremos implantada pronto.

FILEMÓN BLÁZQUEZ CASTRO

Cádiz, 12-II-924.

Indemnización por casa a los maestros consortes.

LAS DOS INTERPRETACIONES

Prescindo del artículo 191 de la ley de 1857 y de varias sentencias del Tribunal Supremo que confirman el indiscutible derecho de los maestros cónyuges a percibir ambos casa-habitación o a las indemnizaciones correspondientes, puesto que es elementalísimo que un Real decreto no puede derogar una ley y que ésta no puede aplicarse de un modo distinto al dictado por el más alto Tribunal de Justicia.

Voy a considerar sólo un Real decreto que determina la cuantía circunstancial de un derecho, a la vez que excluye de éste a futuros funcionarios, y de una Real orden aclaratoria del Real decreto que reconoce ser legítimo el de los funcionarios actuales y manda que les sea respetado.

Un Real decreto y una Real orden aclaratoria de él son substancialmente una misma cosa, una misma disposición producida en dos momentos distintos, expresando en el segundo tiempo cómo ha de entenderse lo dispuesto en el primero, pues de otra manera, se daría el absurdo jurídico o legislativo de que una Real orden aclaratoria derogara parte del Real decreto aclarado. Luego substancialmente tenemos una sola y soberana disposición respetando la pertenencia de un emolumento y determinando la amplitud o cuantía del mismo de una manera genérica, esto es, para consortes y no consortes a la fecha del Estatuto, sin que haya lógica ni norma jurídica que permitan ver simultaneamiento alguno de los derechos donde sólo existe uno y único, de igual intensidad para todos los que legítimamente lo adquirieron y se les reconoce. Otra cosa sería poner un distingo donde la ley no lo puso y se habría saltado por encima de aquel aforismo que dice: «Donde la ley no distingue no está permitido distinguir.»
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para proponer unas como bases de la enseñanza. Si estas cuartillas son acicate y estímulo para que otros más autorizados que yo marquen una orientación, me daré por muy satisfecho, toda vez que por anticipado sé que las mías no pasan de ser un reflejo de este deseo mío de que alguien ayude al Directorio en una orientación nacida o apoyada por un núcleo de profesionales. He aquí mi plan:

ADMINISTRACIÓN

Implantaría en el Ministerio una Dirección general con tres Negociados de: personal, material y locales.

En cada Rectorado pondría otros tres Negociados y al rector, como jefe de la enseñanza en el distrito, le daría facultades para que, cuando el caso lo reclamase, pudiera designar a un profesor (según la clase) que inspeccionara los servicios.

En cada provincia constituiría una Junta, presidida por el gobernador y formada por un maestro de cada sexo de la capital, uno por las Escuelas de ampliación y otro por el Instituto. Para los asuntos burocráticos abriría una oficina con las tres Secciones: personal, habilitación, material y locales, dependiente del Rectorado.

En cada localidad formaría una Junta local (no asustarse)—tantas como barrios en las localidades con grandes núcleos de habitantes—formadas por un médico, un sacerdote, un maestro y una maestra y dos padres y dos madres de los que más niños tengan concurrentes a las Escuelas de la demarcación; presidiría el alcalde. A estas Juntas competiría la inspección ordinaria de las Escuelas.

El gasto general de personal y material para todas las oficinas que in mente habría establecido no pasaría mucho más de millón y medio de pesetas.

ENSEÑANZA

El plan general de la enseñanza lo determinaría por la división inicial que haría de la enseñanza, a saber: I. Primera enseñanza. II. Enseñanza de ampliación. III. Segunda enseñanza. IV. Enseñanza normal. V. Enseñanza especial de anormales. Y VI. Enseñanza superior o universitaria.

I.—Primera enseñanza.

a) Organización.—En cada grupo de población impondría tantas Escuelas nacionales como grupos de a 50 niños puedan hacerse de su censo escolar, obtenido de un promedio de supervivientes durante cinco años y de la declaración por el maestro de la matrícula media anual en igual tiempo, en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Al frente de cada grupo de 30 a 50 niños o niñas pondría a un maestro o maestra; en las localidades que fuese menor de 30 refundiría los sexos para tener Escuelas mixtas, y donde ambos sexos fuesen menor de 30 encargaría la enseñanza a una de las personas propuestas en terna por las Juntas locales, de acuerdo con los padres de los niños o su mayoría. A esta persona la gratificaría con 1.000 pesetas anuales por este servicio; pero exigiéndoles la responsabilidad correspondiente.

Todas las Escuelas tendrían un régimen común por medio de un sólo confesionalismo, una tendencia educadora, una obligatorie-
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dad, una edad escolar, unas materias de enseñanza, una misma duración de las clases y cursos y unos mismos programas y libros de texto.

Convencido de la necesidad de concluir con el analfabetismo dispondría que los maestros diesen con especial cuidado las clases nocturnas de adultos, sin olvidarme de que tenía que obligar a los analfabetos a asistir puntualmente a las clases, y procuraría obtener de la autoridad superior en Guerra me ayudara ordenando que los analfabetos fueran destinados al cupo en filas y reteniéndolos en ellas hasta que se quitaran ese estigma.

No puede fácilmente precisarse el coste anual del personal y material; pero según cálculos aproximados, oscilaría entre doscientos millones, cantidad que si bien parece crecida, teniendo en cuenta que la Escuela es la Universidad del pueblo y que el número de maestros no bajaría mucho de cincuenta mil, desaparece ese terror en los millones.

(Se concluirá.)

TOMÁS MAZARIO.

PRO-CULTURA

La Prensa de Albacete dedica amplia información a la Fiesta del Ahorro que por iniciativa del culto inspector de Primera enseñanza de aquella provincia, organizada con gran entusiasmo por los maestros nacionales doña Anita Pomar y don Aurelio Ruiz, y secundados por todos los elementos de valía que sienten preocupación por la enseñanza, se ha celebrado en la manchega villa de Munera.

Se han repartido cartillas de la Caja Postal y del Instituto Nacional, leyéndose trabajos alusivos al acto por estudiantes y alumnos de las Escuelas públicas.

La señorita Pomar dió a conocer una interesante Memoria, de gran mérito.

Don Aurelio Ruiz, insistiendo en los puntos principales del programa que esbozó a su llegada y que viene realizando, entonó un bello canto a la Escuela, el ahorro y el trabajo.

Don Adolfo Bayo Sactor, jefe de Correos e inspector de la Caja Postal, dió a conocer un brillante trabajo de propaganda, y el inspector de Primera enseñanza de la segunda zona, señor Martínez Zapater, dominando todos los estilos oratorios, subyugó al auditorio con un decir ameno, primero, y luego con verbo cálido y fogoso, en el que se admiraron por igual los conceptos sublimes y el ropaje elegante de su brillantísima disertación.

Todos cuantos tomaron parte en tan hermosa fiesta recibieron plácemes y felicitaciones, a los que unimos los nuestros.

1-2-24. C.

A raíz de una sentencia.

Se ha hecho público por la Prensa profesional el fallo emitido por el Tribunal Supremo en un pleito contencioso incoado por varios compañeros de nuestra promoción, reconociéndoles, como era de justicia, los servicios interinos que al amparo del artículo 104 del entonces Estatuto del Magisterio prestamos como en propiedad.

Mas con el fin de que para cuando llegue el caso de hacerse efec-