Suplemento a La Escuela moderna (1924-03-15 00:00:00), página 3

que la esterilidad de pasados Parlamentos, lo arraigado del mal y lo unánime del diagnóstico.

Por fortuna, esa profusión de iniciativas ha servido para trillar el problema, poniéndolo al desnudo y sobre el pavés en la plenitud de su compleja estructura, y facilitando, de paso, la obra del Gobierno. Justo es destacar entre la maleza de proyectos abortados el presentado por el Gobierno Maura en 1907: discutido durante dos años en torrencial avalancha de enmiendas y discursos—unas y otros ascendieron a varios millares—, logró ascensos generales para ciertas trayectorias, que pocos años después recogía casi textualmente el redactado por Canalejas, y que más adelante, en 1919, merecían sanción plena de las dispares fuerzas políticas representadas en la Comisión extraparlamentaria que reunió el Gabinete presidido por el conde de Romanones. He aquí cómo gran parte de las innovaciones que contiene el Estatuto municipal están abonadas por el estudio previo y la coincidencia expresiva de hombres pertenecientes a todos los sectores doctrinales.

Ello no quiere decir, sin embargo, que hayamos seguido ciegamente en su integridad aquellas articulaciones tan reciamente combatidas en la deliberación más prolífica y tenaz de que hay noticia en nuestros fastos parlamentarios. No en balde han transcurrido muchos años; no en balde se han operado transformaciones fundamentales en el mundo entero. La valiosísima aportación del proyecto Maura, y en complemento de ella la del que sobre haciendas locales presentó a las Cortes el Gobierno Nacional de 1918, han presidido nuestra obra constantemente; esto aparte, mirando de consumo el rastro indeleble de la tradición y al caudal inmenso de ensayos y horizontes que ofrece la ciencia municipalista contemporánea, hemos procurado afinar matices, definir avances, ensanchar la autonomía y dibujar así el molde de un Municipio libre, democrático y poderoso. De todas suertes, lo que en nuestra obra descuelle por su acierto, su vigor o su lucidez, será justo ponerlo en el haber de aquellos ilustres hombres públicos, que con singular perseverancia vieron ha ya largos años la gravedad de la dolencia y la urgencia de su tratamiento.

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El Municipio español, cuna de ingentes libertades públicas, es institución histórica de los más altos prestigios. Su esplendor señala el más alto alcanzado por la Nación; su decadencia coincide con la del Estado. No es despreciable la enseñanza que arroja ese paralelismo, de singular elocuencia.

Nuestra reforma aspira, ante todo, a restaurar el sentido nacional de autonomía que ha presidido, en sus albores y en su opulencia, la evolución de la vida municipal española, lo cual empareja armoníicamente con los postulados científicos, porque el principio del home rule municipal tiene ya la categoría de dogma universal indelible.

Ese criterio de autonomía impone otro: el de máximo respeto a la realidad social. El Municipio, en efecto, no es hijo del legislador: es un hecho social de convivencia, anterior al Estado y anterior también, y además superior, a la ley. Esta ha de limitarse, por tanto, a reconocerlo y ampararlo en función adjetiva. Ahora bien: la convivencia se da en núcleos de gradación ilimitada, desde los insignificantes, que sólo constan de unas cuantas docenas de veci-