Suplemento a La Escuela moderna (1924-03-15 00:00:00), página 8

El Estatuto aplica rigurosamente ese principio. Contra los acuerdos municipales ajenos a las exacciones, pues éstos tendrán régimen peculiar, no concede recurso gubernativo, ni siquiera el de nulidad, que en los casos de extralimitación proponían algunos proyectos. Si afectan a elecciones o actas de concejales, habrá el recurso judicial ante la Sala de lo civil de la Audiencia territorial; si tienen carácter de sanciones penales, habrá también el judicial ante el juez de Primera instancia; si son de índole administrativa, habrá tan sólo el contencioso, ante el correspondiente Tribunal, cuya estructura se modifica para alejar de esa función a los diputados provinciales, factor político. Siempre, pues, habrá que acudir a los Tribunales de Justicia, mediante recursos cuya gratuidad será absoluta. Ellos repararán el desafuero, rectificarán el error o corregirán la extralimitación. A las autoridades gubernativas les toca, si acaso, promover la acción judicial, que para esto existe el Ministerio Fiscal en todas las jurisdicciones.

Tal autonomía exige un instrumento afinadísimo de responsabilidad, y el Estatuto facilita su exigencia y declaración. En primer término, suprime el trámite previo de recordar el precepto aplicable, que, según la ley de 5 de abril de 1904, es indispensable para promover una demanda de responsabilidad civil. En segundo lugar, hace exigible esta responsabilidad en los casos en que por demora indebida transcurran ciertos plazos precisos, y propone fórmulas que, como la del silencio administrativo y otras, producirán en la práctica inmediata regularización de esta zona del vivir burocrático.

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No podían quedar al margen de la reforma los secretarios, contadores y empleados municipales. El nuevo Estatuto es radical en esta materia: crea el Cuerpo de secretarios y reglamenta el ingreso en él y en los restantes Escalafones de los funcionarios, dando primacía absoluta al régimen de oposición. Todas las restantes prescripciones se encaminan a la mayor estabilidad y capacitación de los servidores de Municipio. Ellos habrán de agradecerlo, porque así se les aleja del constante peligro que sobre sus cabezas cernía el vendaval político; pero no le agradecerá menos el común interés público, que tanto ha de ganar con la depuración de la burocracia municipal.

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El Gobierno es respetuoso con la realidad municipal, cualquiera que sea su forma e intensidad. Por ello, no intenta suprimir Municipios, ni exige mínimo de población para que se constituyan otros nuevos. Pero la misma realidad dice que muchos carecen de recursos, hasta el punto de absorberlos casi todos el sueldo de su secretario, y que, por consecuencia lógica, donde tal ocurre es imposible atender, siquiera medianamente, las necesidades comunales.

Sólo un remedio cabe ante esta dificultad: la agrupación forzosa de Municipios, sea para ahorrarles gastos inútiles, dándoles un solo secretario, sea para coordinar y mejorar el servicio de funciones delegadas. Esta medida es hija—lo repetimos—de la misma realidad, y de no adoptarla habría que ir a la supresión radical de personalidades municipales, lo que al Gobierno parece inadmisible y antijurídico.