Suplemento a La Escuela moderna (1923-12-22 00:00:00), página 4

Los gastos de rectificación de las servidumbres de paso serán de cuenta de los legitimadores, y la apreciación de las condiciones que justifiquen la posibilidad y conveniencia de legitimar las roturaciones comprendidas en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, se realizará por los funcionarios técnicos a que se refiere el artículo 1.º, previo informe favorable del Ayuntamiento o del Consejo provincial de Fomento respectivos.

Artículo 5.º El pago del precio de los terrenos legitimados se verificará por anualidades en el plazo de diez años. Los que efectúen el pago al contado disfrutarán de los beneficios señalados en las leyes desamortizadoras, y los que dejen de efectuar los pagos en los plazos señalados sufrirán las penalidades en las mismas determinadas.

Cuando los terrenos legitimados pertenezcan a los propios o comunes de los pueblos, percibirán éstos el 80 por 100 de la tasación y el Estado el 20 por 100 restante, a menos que se trate de dehesas boyales o montes de aprovechamiento común por los que se haya satisfecho el dicho 20 por 100, en cuyo caso el importe íntegro de la tasación será percibido por los Ayuntamientos respectivos.

Los legitimadores que no tuviesen amillaradas sus roturaciones para el pago de la contribución territorial deberán satisfacer en cinco plazos anuales, y sin recargo alguno, la que corresponda al tiempo en que vengan poseyendo el terreno con anterioridad a la legitimación, pero sin que dicho tiempo pueda computarse por un período superior a cinco años.

Artículo 6.º Cuando un roturador, por su estado de pobreza, no pueda satisfacer el importe de la tasación de la parcela por él poseída, podrá legitimar la posesión de la misma con sujeción a las condiciones siguientes:

a) Se acreditará previa y debidamente el estado de pobreza.
b) La parcela legitimable tendrá como máximo la extensión de una hectárea.
c) Se impondrá al legitimador un canon redimible equivalente a la renta del 2 por 100 anual del capital en que se valore la parcela.

Artículo 7.º Los adquirentes de terrenos de propios o comunales por cesión indebida de los Ayuntamientos o Juntas administrativas podrán legalizar la posesión de dichos terrenos con arreglo a las condiciones siguientes:

Primera. Que el precio de adquisición se halle conforme con el que fije el perito nombrado por la Hacienda.
Segunda. Que el total importe de la venta haya tenido ingreso efectivo en arcas municipales.
Tercera. Que los Ayuntamientos hayan ingresado o ingresen en arcas del Tesoro el 20 por 100 del importe de la enajenación, a no ser que este 20 por 100 hubiese sido satisfecho anteriormente a consecuencia de la excepción de venta en concepto de dehesas boyales o de aprovechamiento común de los terrenos correspondientes.
Cuarta. Que los adquirentes satisfagan la contribución territorial en la forma prevista en el artículo 5.º

Artículo 8.º En el caso de que no se hayan cumplido las condiciones segunda y tercera del artículo anterior, podrán los compradores o sus causahabientes legitimar la posesión de los terrenos ilegalmente cedidos por un Ayuntamiento o Junta administrativa siempre que se ingrese el precio del terreno vendido, tasado