Suplemento a La Escuela moderna (1924-03-15 00:00:00), página 9

No se ha agotado aún la materia. A las innovaciones ya apuntadas cabría agregar otras muchas interesantísimas—verbigracia, la creación de una cuarta categoría de españoles, desde el punto de vista administrativo: los cabeza de familia; la del concejal jurado, órgano judicial de los Ayuntamientos, etc.—. Pero si de todas hubiésemos de consignar referencia, esta exposición de motivos se haría interminable. Baste con lo expuesto en cuanto concierne a la vida administrativa propiamente dicha de los Ayuntamientos, y hagamos ahora algunas leves consideraciones acerca de sus Haciendas.

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En lo que atañe a la Hacienda, el Gobierno ha encontrado la reforma estudiada y en buena parte implantada y comprobada por la experiencia. Ninguna otra manifestación de nuestra vida pública acusa, en efecto, en estos últimos años, tan positivos y rápidos avances como esta de la Hacienda municipal. Corrido ya el primer lustro del presente siglo, todavía la Hacienda municipal española descansaba enteramente en los recargos sobre el impuesto de Consumos, del que obtenía inmensa parte de sus recursos. Aparte las consecuencias que en orden a la justicia tributaria se derivan necesariamente de tal régimen, convertido en manos del caciquismo en el arma más poderosa de subversión de la vida política, aquel estado de cosas hacía imposible a los Ayuntamientos abordar los problemas que les planteara el desenvolvimiento de la vida urbana.

Frente a este estado de hecho, nuestros técnicos se consideraban impotentes, convencidos de que no era posible mejoramiento alguno eficaz sin que precediera la reforma fundamental de la Hacienda del Estado. Tan firme y arraigada se hallaba esta creencia, que aun reformas que esencialmente afectaron a la Hacienda municipal, como las desgravaciones de 1904 y de 1907, se mantenían, al otorgar las compensaciones a los Ayuntamientos, en los estrictos límites del cuadro a la sazón vigente.

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Es un mérito imborrable de la Comisión extraparlamentaria de Consumos, y de la Junta consultiva que le sucedió haber mostrado que esa creencia era fundamentalmente errónea; que existía en la Hacienda municipal un inmenso campo independiente de la del Estado, abierto a las posibilidades de la reforma, y que hasta en los puntos de conexión de entradas Haciendas bastaban muy modestos cambios de la del Estado para obtener en las municipales una situación de hecho, ya que no perfecta, al menos prácticamente satisfactoria.

La nueva visión del problema fué pronto patrimonio general de los teóricos y prácticos, y las líneas generales de la reforma hallaron expresión en el proyecto de ley regulando las exacciones municipales de 7 de noviembre de 1910, presentado a las Cortes por el Gabinete Canalejas.

La supresión del impuesto de Consumos, ordenada por la ley del siguiente año, agravó la urgencia de la reforma. Cualquiera que sea el juicio que esa ley merezca en la historia de nuestra evolución tributaria, es innegable que, mediante la cesión a los Ayuntamientos de una parte importante de la tributación real de producto, allanó el saneamiento de la Hacienda municipal en un punto delicado, a saber: en su relación con la Hacienda general. Y es asímis-