Suplemento a La Escuela moderna (1924-02-09 00:00:00), página 19

préstitos que, para su amortización, deben tener carácter preferente.

e) No ya autorización, sino más bien obligación de levantar dichos empréstitos en aquellos Municipios en que no se disponga de locales propios para Escuelas, o no cuenten con el número necesario.

f) Preparación y formación de maestros con dos finalidades: la Escuela rural y la Escuela urbana. A la primera se iría directamente desde las Normales, actuando éstas en colaboración con la Inspección profesional; a la segunda Escuela, es decir, a la urbana, cabría una selección hecha por oposición, en la que se apreciarían los méritos relevantes demostrados en la práctica de la enseñanza.

g) Constitución en las provincias de «Comisiones o Consejos» de técnicos, que actúasen intensamente sobre la Escuela rural y su profesorado.

h) Reintegración a los Rectorados de sus funciones propias, que ejercitarían valiéndose de la Inspección profesional, subordinada y adscrita a ellos.

i) Supresión de la Dirección general de Primera enseñanza, que, para lo técnico, puede y debe ser substituida por el Consejo de Instrucción pública, en el que deben estar representados, por medio de elección directa, todas las ramas y todos los organismos de la enseñanza pública y privada.

El Gobierno, si con todo empeño y con toda eficacia quiere acabar con el analfabetismo que nos envíece, debe dar ejemplo llevando a la Gaceta de Madrid el decreto-ley que le pedimos. En seguida, sin perder tiempo, deben funcionar, con sesión diaria, los Consejos provinciales y los Consejos de los Rectorados. En tres meses cabe hacer un estudio completo y detallado. Luego, el Poder central, en un acto de «suprema y sublime tiranía», traduciría en hechos salvadores los nuevos preceptos y las nuevas medidas que se acordasen.

Si se nos exigiesen detalles, apuntaríamos éstos: Consejos provinciales. Quedarían constituidos por los directores de los Institutos de segunda enseñanza, como presidentes; por los inspectores profesionales; por los directores de las Normales; por los jefes de las Secciones administrativas, y por dos maestros, uno de cada sexo, designados por el Magisterio de cada provincia.

Consejos rectorales. Serían integrados por el rector de la Universidad, presidente; por los decanos de las Facultades; por los inspectores-jefes del distrito e inspector a las órdenes del Rectorado; por los directores de las Normales; por el secretario de la Universidad; por el jefe de la Sección administrativa de la cabeza del Rectorado, y por dos maestros, de uno y otro sexo, elegidos por el Magisterio del distrito universitario.

Tanto los Consejos provinciales, como los rectorales, habrían de estar autorizados para llamar a su seno y oír a cuantas personas de gran relieve y reconocida competencia pudieran y tuviesen a bien prestar su concurso en la magna empresa cultural que a tales organismos debe confiarse.

No será vano decir que a manos de los rectores deben pasar cuantas facultades tienen hoy los gobernadores civiles, para imponer las sanciones debidas cuando los Ayuntamientos o cualquiera clase de funcionarios docentes no llenasen debidamente sus deberes, reservándose, para los casos extremos, la intervención y fallo del Ministerio.