Suplemento a La Escuela moderna (1924-03-15 00:00:00), página 7

y Centros, en peregrinación interminable de años y años: el acuerdo municipal, que por sí solo ahorra dos períodos de la expropiación forzosa, será examinado únicamente por la Comisión sanitaria central o provincial, según los casos, y los beneficios vigentes se aplicarán a obras de higiene y salubridad que en la actualidad no eran protegidas como las de ensanche, propiamente dicho.

Tercero. Los Ayuntamientos podrán acordar la municipalización, incluso con monopolio, de servicios y Empresas que hoy viven en un régimen de libertad industrial. No es posible omitir esa función en un Estatuto municipal; el nuevo la regula, sin inclinarse a radicalismos societarios ni a estrecheces conservadoras, y al efecto admite la expropiación de industrias y Empresas y la rescisión de concesiones, precisando con detalle y en justicia la manera de indemnizar a los expropiados. Y no se crea que nos dejamos arrastrar por el afán de socializar, no: sentimos desconfianza hacia la capacidad industrial de los Ayuntamientos, y por ello les forzamos a organizar el servicio municipalizado, bien en forma de Empresa privada, bien en forma de gestión que se llama directa, sin que en realidad lo sea, y en uno y otro caso, los concejales sólo tendrán parte mínima en la dirección del negocio. España es campo sin roturar en punto a la municipalización; el Estatuto da medios y traza cauces amplios para el desfonde. Con prudencia y cautela podrá hacerse mucho en bien de los pueblos, ya que la renta diferencial que permitirá absorber el monopolio municipal ascende en gran número de casos a considerables cifras. En definitiva, la experiencia de los primeros ensayos marcará en el porvenir nuevas rutas más francas, o más restringidas, según lo que de ella resulte.

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Al exponer la materia propia de la competencia municipal se enumeran las facultades de los Ayuntamientos; mas éstos tienen también deberes. Su compilación sistemática falta en casi todos los proyectos de reforma. Nosotros la hacemos, persuadidos de que al individuo, como a las entidades, más hay que recordarles las obligaciones que los derechos. Las que pesan sobre los Ayuntamientos son clasificadas en grupos, a saber: en el orden sanitario, en el benéfico, en el de la enseñanza, en el social y en el comunal, propiamente dicho. En las secciones correspondientes se apunta de manera integral el boceto del futuro Municipio, sujeto de derechos amplios y a la vez de altas funciones.

Estima el Gobierno un acierto de gran significación pedagógica esta sistematización de servicios obligatorios, que por su misma índole enaltecen la alcurnia jurídica de la personalidad municipal.

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En un régimen centralizado, todos los acuerdos municipales pueden ser revocados por la autoridad gubernativa, que resulta así superior a los Ayuntamientos, y a éstos se les convierte en simple rueda del engranaje administrativo del Estado. En un régimen autonomista, por el contrario, las autoridades gubernativas deben carecer de la menor facultad respecto a la vida municipal: consiguientemente, los acuerdos de los Ayuntamientos sólo podrán ser impugnados ante el Poder judicial, supremo definidor del derecho concluido, en todos los órdenes.