Suplemento a La Escuela moderna (1924-01-23 00:00:00), página 4

Madrid, 18 de enero de 1924.—SEÑOR: A. L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

A propuesta del presidente del Directorio militar y de acuerdo con el mismo,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Cuando alguno de los funcionarios públicos demandados con sujeción a la ley de 5 de abril de 1904 (1) lo sea por actos u omisiones en el ejercicio del cargo de ministro de la Corona, el conocimiento de la demanda íntegra corresponderá al Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de Justicia, Contra las sentencias que dicte no se admitirá recurso alguno.

La ejecución de las mismas corresponderá a la Sala de lo civil de la Audiencia de Madrid, bajo la inspección del Tribunal Supremo, sin que pueda delegar en este caso la jurisdicción, que ella recibe delegada.

Art. 2.º La competencia del Tribunal Supremo para conocer en los asuntos a que se refiere el artículo anterior se extenderá a todas las demandas en trámite a la fecha de la promulgación de este Decreto.

Art. 3.º El Tribunal Supremo, dentro del término de tres días, a partir de su recibo, dará cuenta al fiscal de las demandas sometidas a su conocimiento. Este será siempre parte en el litigio, y, en consecuencia, se le conferirán los oportunos traslados; podrá proponer las pruebas que estime convenientes y pedirá en su día, en el acto de la vista, lo que sobre la reclamación entablada estime ajustado a la ley. En la restante tramitación del procedimiento para la substanciación de esas reclamaciones, observará en lo posible el Tribunal Supremo en pleno las mismas reglas procesales que viene obligada a observar la Sala de lo Civil de dicho Tribunal cuando entiende en estos juicios.

(1) La ley de 5 de abril de 1904, dice así en los tres primeros artículos, pertinentes a los ministros:

1.º Los funcionarios civiles de orden gubernativo o administrativo, cualquiera que sea su clase y categoría, desde ministro de la Corona hasta agente de la autoridad, que en el ejercicio de sus cargos infrinjan con actos u omisiones algún precepto cuya observancia les haya sido reclamada por escrito, quedarán obligados a resarcir al reclamante agraviado de los daños y perjuicios causados por tal infracción legal.

Iguales responsabilidades serán exigibles a quienes ejerzan funciones en la administración municipal o provincial, designados por el Gobierno por ministerio de la ley o por elección popular.

La acción para el resarcimiento quedará expedita en cualquier estado del asunto, desde que, no obstante la reclamación, se haya consumado la infracción legal por resolución firme, definitiva o de trámite, aunque no se hayan agotado los recursos admisibles.

Se entenderá que es firme una resolución cuando no quede contra ella recurso alguno, aunque esto proceda de no haberse interpuesto en tiempo los que la ley otorga.

2.º Del resarcimiento de dichos daños y perjuicios responderán personal y principalmente los culpables de la infracción lesiva y sus herederos, etc.

3.º Una vez emplazadas las partes, la demanda será sustanciada en única instancia por los trámites que la ley de Enjuiciamiento civil establece para los incidentes, etc.