Suplemento a La Escuela moderna (1923-03-21 00:00:00), página 7

Primera enseñanza la repetida disposición sexta de la ley de Presupuestos el derecho por la equiparación a los profesores de las Normales de Madrid a la cantidad de 1.000 pesetas anuales en concepto de aumento de sueldo por residencia, la Real orden de 25 de agosto de 1920, publicada en la Gaceta del 4 de septiembre siguiente, no reconoce este derecho concreto y establece en su número cuarto que los sueldos y categorías de cada uno de los inspectores sean los que se asignan en las relaciones adjuntas, y señala en éstas (Gaceta del 8 del mismo mes) a los inspectores de Madrid únicamente el sueldo que les corresponde por la categoría que determinan los números que respectivamente ocupan en el Escalafón:

Resultando que contra la mencionada Real orden de 25 de agosto de 1920, publicada en la Gaceta de Madrid de los días 4 y 8 de septiembre del mismo año, han interpuesto recurso contencioso-administrativo los aquí demandantes doña Juliana Torregó, doña María Quintana Ferragut, doña Luisa Becare Mas, D. Rafael Torromé y Ros, D. Francisco Carrillo Guerrero, D. Natalio Utray, D. Luis Linares Becerra y D. Francisco Rodríguez Besteiro, como inspectores de Primera enseñanza de la provincia de Madrid, representados por el licenciado D. Luis Usera Bugallal, quien formalizó la demanda con la súplica de que se dicte sentencia en definitiva anulando la Real orden recurrida, en cuanto lesiona el derecho de sus representados, y que se declare:

1.º Que éstos, como inspectores de Primera enseñanza de Madrid, tienen derecho a percibir, además del sueldo que les corresponda, la asignación de 1.000 pesetas en concepto de aumento de sueldo por residencia.

2.º Que el derecho a percibir la asignación les corresponde y ha de hacerse efectivo desde el día 8 de agosto de 1920, fecha en que fué publicado el Real decreto de igual mes y año estableciendo las nuevas plantillas y sueldos de los Cuerpos a que se refiere, toda vez que entre ellos figura el de los Inspectores de Primera enseñanza:

Resultando que emplazado el fiscal contestó a la demanda con la petición de que se desestime, declarando la procedencia de la excepción de incompetencia que alega, como comprendida en el número 3.º del artículo 1.º de la ley de esta jurisdicción, o en todo caso, se absuelva de aquélla a la Administración, aduciendo este funcionario y los demandantes los fundamentos de derecho que creyeron pertinentes y que reprodujeron en el acto de la vista:
Visto siendo ponente el magistrado D. Justiniano Fernández Campa:
Visto el artículo 1.º, el párrafo 3.º del 2.º y el artículo 3.º de la ley de 22 de junio de 1894, que dicen:
«Artículo 1.º. El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por la Administración o por los particulares contra las resoluciones administrativas que reúnan las condiciones siguientes:
1.ª Que causen estado. 2.ª Que emanen de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas. 3.ª Que vuleneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un Reglamento u otro precepto administrativo.»
Párrafo tercero del artículo 2.º: «Se entenderá establecido el derecho en favor del recurrente cuando la disposición que repute in-