Suplemento a La Escuela moderna (1923-01-13 00:00:00), página 22

versarios políticos le tilden de ultramontano. Cuando tenía estudiadas las reformas de los Institutos, de las Normales y de la Inspección, dejó de ser ministro. Ello, no obstante, echó el germen de la autonomía universitaria y firmó un decreto, el 4 de marzo, derogando los artículos 46 al 52 del Reglamento de la Escuela Superior del Magisterio, que reconocían a los alumnos que fueran ingresando en dicho Centro el derecho a ocupar los dos tercios de las vacantes de las Normales y de la Inspección de Primera enseñanza. El Sr. Silió fué sincero: habiendo, como hay, gente habilitada para cubrir los puestos que se desalojen durante veinte años, ¿a qué engañar a nadie?

El Sr. Montejo, en ocho meses de ministro, ha demostrado un natural inclinado siempre a la benevolencia, y una timidez rayana en la pasividad. Así se explica que, durante el tiempo dicho, por lo que toca a la primera enseñanza, sólo haya firmado dos disposiciones de algún relieve: una (decreto del 2 de junio), creando, «homeopáticamente», las Escuelas Maternales, y otra (decreto del 31 de agosto), disponiendo se constituya una «Comisión» para que estudie y proponga los medios de combatir el analfabetismo. Lo de las Escuelas Maternales, como ensayo, puede aplaudirse; pero nada más. Lo de la «Comisión» contra el analfabetismo, un íntimo mío lo juzga como el cerato simple aplicado a una úlcera gangrenosa...

La creación de unas 800 escuelas nacionales primarias, con el sueldo de entrada, es decir, con 2.000 pesetas anuales, que el señor Montejo llevó a la «Gaceta de Madrid» unos días antes de abandonar la cartera, en cierto aspecto, merece consignarlo en el haber del ilustre catedrático de la Universidad Central; pero, en otro, hay quien lo censura con toda la dureza, porque así, con ese proceder, la «cola» del Escalafón del Magisterio es enorme, mientras la «cabeza» sigue siendo microscópica.

El Sr. Salvatella, en los pocos días que lleva como ministro, ha hecho aparecer en el periódico oficial un decreto, el 17 de los corrientes, por el que dota al Cuerpo de las Secciones administrativas de Primera enseñanza de un reglamento, en el que se confiere a estos organismos facultades tales, que, en varios respectos, quedan absorbidos, y aun anulados, los Rectorados, las Juntas provinciales y la Inspección de Primera enseñanza. Dicho reglamento, dentro de un plazo breve, forzosamente tiene que ser modificado o, por lo menos, aclarado; pues tiene, entre otros artículos, uno, el 62, que, por su fondo y por su forma, ha de ser muy discutido.

Las Cortes soberanas, en los promedios del «incoloro, inodoro e insípido» 1922, dieron a la nación un presupuesto general de ingresos y gastos, en el que, dentro de éstos, con una cifra total de «3.039» millones, sólo asignaron a la enseñanza pública «166», es decir, «un dieciocho avos» de los dispendios. Si a la primera de las cantidades apuntadas, es decir, a los «3.039» millones, se suman los suplementos de créditos, muchos de ellos destinados a Marruecos, con un importe de algunos centenares de millones, resultará el margen económico de la enseñanza una verdadera insignificancia, impropia de una nación de segundo orden.

Fuera de la acción ministerial, en el año que toca a su fin, tengo que recoger dos hechos dolorosísimos y dos consoladores. Los primeros los constituyen la muerte de Magdalena S. Fuentes,