Suplemento a La Escuela moderna (1923-03-21 00:00:00), página 8

fringida le reconozca ese derecho individualmente o a personas que se hallen en el mismo caso en que él se encuentre.»

«Artículo 3.º El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse de igual modo contra resoluciones de la Administración que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general si con ésta se infringe la ley en la cual se originaron aquellos derechos.»

Visto el número 1.º del artículo 46 de la misma ley y su párrafo segundo, que son como sigue:

«El demandado y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las siguientes: 1.ª Incompetencia de jurisdicción; 2.ª, 3.ª y 4.ª Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la índole de la resolución reclamada no se comprenda, a tenor del título 1.º de esta ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso contencioso-administrativo.»

Visto el párrafo segundo del artículo 43 de dicha ley, que dice:

«Las excepciones que se propusieren en tiempo y forma podrán utilizarse como perentorias al contestar la demanda, y acerca de ellas se pronunciará fallo en la sentencia.»

Visto el Real decreto de 4 y 5 de agosto, las Reales órdenes de 12 y 25 de agosto y la ley de Presupuestos de 29 de abril, todas estas disposiciones de 1920, a que se refiere la demanda y que se reclaman en los precedentes resultados:

Considerando que opuesta por el ministerio fiscal a la demanda de autos la excepción de incompetencia de jurisdicción del número primero del artículo 46 de la ley de 22 de junio de 1894, en relación con el requisito 3.º del artículo 1.º de esta misma ley, es preciso entrar desde luego a estudiar esta cuestión, por cuanto de estimarse procedente no puede ni hay necesidad de ocuparse en los extremos propuestos en dicha demanda.

Considerando que por la Real orden recurrida de 25 de agosto de 1920 tan sólo se dictan reglas para la adaptación del nuevo régimen de sueldos y categorías al Cuerpo de Inspectores de Primera enseñanza que en el Real decreto de 4 de agosto anterior se establecen, de donde se sigue de manera indudable que por aquella Real orden lo que únicamente se hace es llevar a ejecución lo dispuesto en la disposición sexta, letra E de la ley de Presupuestos de 29 de abril, de que se procediera a la revisión del Cuerpo de Inspectores de Primera enseñanza, al efecto de equipararlos al Profesorado de las Escuelas Normales, y en ella no se declara que los inspectores de Primera enseñanza de Madrid no tienen derecho al percibo de cantidad alguna en concepto de aumento de sueldo por razón de residencia, pues no se hace otra cosa que dar reglas de carácter general con aquel objeto:

Considerando que para que las resoluciones administrativas de carácter general puedan ser recurribles en vía contenciosa se requiere, según reiteradas declaraciones de esta jurisdicción, que hayan sido concreta e individualmente aplicadas al recurrente por otra resolución de la Administración de las que causen estado, lo que no ocurre en el caso de autos, pues como se deja dicho en la Real orden que los demandantes impugnan no se les desconoce ni niega el derecho que invocan, lo que era imprescindible para que pudiera ser competente esta jurisdicción contencioso-administrativa.»