Suplemento a La Escuela moderna (1923-02-07 00:00:00), página 19

quiridos, y el nuestro, como maestros de certificado de aptitud, ya está acreditado por la vigente ley de Instrucción pública y varios Reales decretos y Reales órdenes, con anterioridad a la publicación del Estatuto de 1917. El artículo 37 del mismo, al exigir, por lo menos, el título de maestro elemental para tomar parte en el concurso de interinos, contenía una extralimitación legal contra nosotros, toda vez que con certificado de aptitud figuramos en las listas anteriormente formadas por la Dirección general de maestros interinos con derecho a escuela en propiedad mediante concurso, pues que aún no habíamos hecho efectivo ese derecho por no habernos llegado el turno, no por esto prescribía, sino que permanecía incólume. Como era de esperar, ese artículo 37 del Estatuto dio lugar a reclamaciones de maestros de certificado de aptitud, las que, a su vez, motivaron la Real orden de 28 de noviembre de 1917 (Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción pública de 14 de diciembre del mismo año), dictada a propuesta del Consejo de Instrucción pública, y en la que se declara que los maestros de certificado de aptitud que figuran en las listas de interinos con derecho a obtener escuela en propiedad, «no pueden ser despojados de ese derecho ni privados del ingreso en la enseñanza por concurso». Así es que continuaron figurando en las listas con el derecho y acudiendo a los concursos de interinos, sin que ya nadie se atreviera a impedírselo.

Pero aún hay otros datos no menos elocuentes a nuestro favor. Por el artículo 17 del Real decreto de 13 de febrero de 1919 quedaron expresamente derogados el repetido artículo 37 y otros varios del Estatuto de 12 de abril de 1917, que pudieran dar lugar a interpretaciones lesivas para los derechos que teníamos reconocidos cuantos figurábamos en las listas formadas y declaradas definitivas por la Dirección general de Primera enseñanza.

Ahora bien, nuestros nombramientos en propiedad para las escuelas nacionales que regentamos fueron hechos con sujeción estricta al Real decreto y Real orden de 13 y 26 de febrero de 1919, respectivamente, ambas disposiciones hoy en vigor, dictadas por V. E., en las cuales se reflejan el espíritu de justicia y la nobleza de intención, pues se hace constar (número 3.º de la Real orden) que las listas en que figuramos nosotros «no sufrirán modificación bajo ningún concepto, respetándose el orden en ellas establecido, sin que haya lugar a postergaciones, cualquiera que haya sido la causa de la corrección, ya que ni el espíritu ni la letra del Real decreto las tienen en cuenta; por consiguiente, si se suscitaran dudas, los jefes de las Secciones adoptarán el criterio más favorable al interesado»...

Y viene luego la ley de Presupuestos de 29 de abril de 1920 (artículo 3.º, Ministerio de Instrucción pública, disposición 6.a, b) y el Real decreto de 4 de junio de aquel año (artículos 6.º y 7.º), que reconocen y consolidan más y más nuestros derechos no sólo al nombramiento en propiedad y a figurar en el Escalafón general del Magisterio con el sueldo mínimo de 2.000 pesetas, sino también al ascenso máximo de 2.500, si nos correspondiere por antigüedad.

Señor ministro: Cuantos conocen los antecedentes y fundamentos legales que acabamos de aducir convienen en que la resolución favorable de nuestras instancias es para V. E. cuestión de legalidad, dignidad y, al parecer..., también de autoridad, pues en nin-