Suplemento a La Escuela moderna (1922-08-30 00:00:00), página 6

titulares llamados a filas en reemplazo ordinario o en el cupo ordinario de instrucción, serán declarados excedentes sin sueldo, con derecho a recobrar sus destinos a la vuelta del servicio militar, siempre y cuando hayan cumplido el mismo sin nota desfavorable, y que, por ende, negó a tales maestros el derecho que, como funcionarios públicos, les reconoció respecto al percibo del sueldo el Real decreto invocado, tratando, por tanto, de dejarlo sin efecto. De ello resulta que el Real decreto ha sido modificado por esa Real orden, y como quiera que esto no es posible en buenos principios constitucionales, dado el carácter de ambas disposiciones, y menos aún cuando, como aquí ocurre en el caso presente, fué aquél dictado con carácter general, es evidente que dicha Real orden ha sido dictada con notoria incompetencia, y que por lo tanto, lo procedente es que ésta sea anulada por el propio Ministerio que la dictó, o sea por el de Instrucción pública, declarando al propio tiempo que los maestros tienen derecho, de conformidad a lo dispuesto en el Real decreto de 18 de agosto de 1921, a percibir íntegramente el sueldo que como tales les corresponda, mientras estén o hayan estado cumpliendo sus deberes militares con posterioridad a la fecha de tal Real decreto, y esto en tanto no se modifique o derogue el mismo por la propia Presidencia del Consejo de Ministros, que fué quien lo dictó.

Finalmente, en cuanto al segundo expediente, o sea al remitido también a informe de este Consejo, referente a la instancia formulada en 2 de marzo del año corriente por el auxiliar temporal de la Universidad de Murcia, D. Victoriano Rivera Gallo, reclamando contra Real orden de esa Presidencia, por la que, de conformidad a lo resuelto por esa Presidencia respecto a los alumnos internos de las Facultades de Medicina y Auxiliares temporales de las de Ciencias se declaró también que no se hallaban comprendidas en el Real decreto de 18 de agosto de 1921, estima este Consejo que no hay términos hábiles en derecho para que V. E. pueda resolver tal solicitud, ya que conforme es sabido contra resoluciones adoptadas por el Poder ejecutivo en asuntos que le están encomendados, tan sólo cabe cuando proceda el recurso contencioso administrativo, por poner aquéllas término a la vía gubernativa, según doctrina sancionada por el legislador en el artículo 1.º de la ley reformada de 22 de junio de 1894, al estatuir que el recurso expresado podrá interponerse por la Administración o por los particulares contra resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes; que causen estado; que emanen de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas, y que vulneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo», y agregar en su artículo 2.º, concordante, que «para los efectos del artículo anterior, se entenderá que causan estado las resoluciones de la Administración cuando no sean susceptibles de recurso por vía gubernativa, ya sean definitivas, ya de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a aquélla o hagan imposible su continuación; circunstancias que concurren en el caso presente, ya que el asunto se inició y fué decidido an es de presentar el interesado la instancia de 2 de marzo último; lo primero, porque la Real orden por él reclamada es de 10 de enero anterior, y lo segundo, porque en la misma se resolvió negativamente la primera que por el mismo motivo formuló el mismo peticio-