Suplemento a La Escuela moderna (1922-08-30 00:00:00), página 5

nótese bien, por ser extremo esencialísimo, dada la teoría mantenida por el Negociado de esa Presidencia, que el Decreto comentado se refirió y alcanzó a todas las situaciones y localidades donde los funcionarios hubieren de prestar el servicio militar, ya que en términos generales y absolutos estableció «que los funcionarios llamados en las presentes circunstancias a cumplir sus deberes militares conservarán, etcétera»; no haciéndose, por tanto, excepción ni limitación alguna entre los que fuesen destinados a Marruecos o a la Península, como hubiere sido de todo punto preciso para que se entendiesen estos últimos excluidos del beneficio que en razón al sueldo reconoció el expresado Decreto. A ello se debe, sin duda, el que en la práctica se haya hecho aplicación del precepto en todos los casos, sin más limitación que la establecida por el Ministerio de Instrucción pública respecto a los maestros en la Real orden de 7 de febrero último, y en esto en fecha muy posterior al Decreto de agosto de 1921, según así cabe colegir de las afirmaciones que el Ministerio de Hacienda hace en la consulta formulada a esa Presidencia, origen del expediente.

Sentados estos fundamentos, que pocas consideraciones son precisas para demostrar la imposibilidad de atenderse en este caso al espíritu que informó el Real decreto de 18 de agosto de 1921. Sabido es que, en buenos principios de hermenéutica, a lo primero que hay que acudir para la interpretación de las leyes es a la parte dispositiva, no al preámbulo del precepto que se trata de examinar, buscando tan sólo el espíritu en que se inspire cuando la letra, o sea el texto del artículo, resulte difuso, oscuro o contradictorio; y como en el presente caso no ocurre nada de eso, según viene a reconocer el propio Negociado de la Presidencia, lo confirma por lo expuesto la práctica, y se estatuye, conforme se deja aducido de modo indudable, a juicio de este Consejo, en el artículo invocado, es visto que la teoría de anteponer el espíritu al texto de la disposición interpretada cae por su base, y que por ello no puede compartirla en el presente caso esta Comisión. Pero aún hay más; aun en el supuesto de que así se hiciera, es decir, que se dictara una medida por el Poder público dando preferencia al espíritu del preámbulo del Real decreto sobre el contenido de lo dispuesto en el mismo artículo 1.º, siempre resultaría que la misma sería inútil, toda vez que cualquiera reclamación que contra tal medida se formulara habría de prosperar en el terreno jurídico, ya que amparada en una disposición administrativa anterior declaratoria de derecho, dejaría aquélla en cada caso sin efecto, y, por tanto, sin virtualidad alguna. Otra cosa sería el que en lo sucesivo y para lo porvenir, el Poder público decidiese derogar o limitar el contenido del artículo 1.º del Real decreto de 18 de agosto de 1921, por estimar que las circunstancias excepcionales que condicionaron el beneficio por él otorgado habían desaparecido por las sucesivas actuaciones políticas y militares llevadas a efecto en la Comandancia de Melilla; pero este es un punto que tan sólo cabría determinar al Gobierno de S. M. por ser el único que, en unión del Parlamento, puede apreciar con el debido conocimiento de causa en todo momento, en conjunto y en detalle, el verdadero estado, la situación real en que se encuentra actualmente nuestra zona de influencia en Marruecos.

En cuanto a la Real orden indicada del Ministerio de Instrucción pública de 7 de febrero último, opina este Consejo que se halla en pugna con el contenido del Real decreto de 18 de agosto de 1921, y que para ello basta fijarse en que en la misma se dispuso que «los maestros