Suplemento a La Escuela moderna (1922-11-08 00:00:00), página 4

trativo contra la citada Real orden, certificación de la Inspección provincial de Orden público de la provincia, justificativa de que se ha inscrito en el Registro de Asociaciones la denominada «Fundación Cesáreo del Cerro» y dos circulares impresas del Banco de España relativas a la emisión de bonos al 4 y al 6 por 100, respectivamente:

Resultando que, según el informe jurídico que acompaña a la instancia de referencia, para dar cumplimiento a la tercera disposición de la citada Real orden sería conveniente notificar la misma al señor presidente de la Diputación provincial de Madrid:

Considerando que el nombramiento efectuado por la Asamblea de Sociedades de la Casa del Pueblo, del Patronato de la «Fundación Cesáreo del Cerro», se halla ajustado a los Estatutos de la misma de acuerdo con la voluntad del testador, y habiendo sido previamente modificado el artículo 5.º de los mismos en armonía con lo que dispuso la Real orden de 31 de enero de 1922, por lo que deben ser aprobados de un modo definitivo dichos Estatutos y la designación de patronos, hecha de acuerdo con lo prevenido en los mismos:

Considerando que para garantir los derechos que en su día pudieran haber los Hospitales de Madrid, es de conveniencia notificar al excelentísimo señor presidente de la Diputación provincial de Madrid la soberana disposición, que clasificó como de beneficencia particular docente la «Fundación Cesáreo del Cerro», así como la resolución que recaiga en el presente expediente:

Considerando que la instancia formulada por el Patronato aludido, como los actos realizados previamente a su relación, revelan un acatamiento respetuoso a la Real orden de referencia, que obligan a la Administración pública las razones en que se fundan las peticiones de dicha solicitud y a atender, en lo que sea de justicia, la reclamación:

Considerando que en este sentir es procedente admitir la instancia y acceder a la aclaración de la Real orden, porque no puede negarse que, aun cuando el artículo 87 del Reglamento de este Departamento, de conformidad con los preceptos de la ley de la Jurisdicción contencioso administrativa, sólo permiten contra las Reales órdenes el recurso en vía contenciosa ante el Tribunal Supremo, no es menos cierto que en el presente caso no se trata sino de aclarar algún concepto base de dicha resolución, que pudiesen, en efecto, prestarse a diversas interpretaciones:

Considerando que no debe, por tanto, la Administración pública, que si bien como poder está obligada a cumplir y a hacer cumplir la ley, aplicarla de un modo rutinario y aferrándose a la letra de una disposición de carácter adjetivo, que por sujetos a error, como todo lo humano, los representantes y funcionarios de la Administración, puede el estudio y el análisis de una cuestión poner de relieve errores que en el primer golpe de vista no se advirtieron y el mismo prestigio de la Administración pública y la buena fe y la rectitud en que deben inspirarse todos sus actos, aconsejan que, al reconocerlos probablemente, los enmiende y corrija, sin dar lugar a que otra jurisdicción revise y modifique el acuerdo o resolución discutida:

Considerando que tanto más, por consiguiente, está obligada la Administración a aclarar lo que parezca confuso o pueda tacharse de tal por quienes hayan de interpretar y cumplir la disposición dictada por la misma, y a este fin, examinados detenidamente los extremos que señala la «Fundación Cesáreo del Cerro», como poco claros o con-