Suplemento a La Escuela moderna (1922-09-16 00:00:00), página 6

gobernador y otras personas, y caso de llevarse a cabo, la Comisión le remitiría recibos firmados para que de las pagas se abonase a las personas que se le indicaran, proposición que no aceptó, pues no siendo maestras, los recibos carecían de valor, y que podrían hacerlo cuando fuesen colocadas. A la acusación del Sr. Alonso, esposo de doña Amparo García, por cartas testimoniadas que acompaña a su escrito, justifica que, autorizado por el padre de dicha señorita, siendo soltero, para representarla y tenerla al corriente de lo que le interesase y al esposo después le hizo igual petición. Al cargo de que dijo a las opositoras que parte del dinero era para un oficial quinto del Ministerio, que sólo una reunidad urdida al parecer por el Sr. Tamayo, puestas en práctica sus amenazas, ha podido tejer tal cargo, hace presente que lleva cerca de treinta años en la enseñanza sin nota desfavorable, y es presidente de la Asociación del partido de la capital:

Resultando que el instructor de este expediente en su informe manifiesta que el formar el Tribunal una segunda lista de aspirantes aprobados no autoriza la interpretación de la Sección administrativa de que esta lista constituya propuesta para plaza, que no autoriza el artículo 29 del Estatuto; que no podía aplicarse a este caso la Real orden de 14 de diciembre de 1918 por referirse a un caso especial y diferente; que lo manifestado por el Sr. Pérez de la Cruz al contestar su cargo sólo puede tomarse como disculpa especiosa, pues como jefe de la Sección administrativa, no podía desconocer que el gobernador civil no podía declarar vacante la escuela del Bufadero, ni ordenar el concurso; que aun cuando la denuncia formulada a la Dirección general se considera anónima, no procedía suspender la tramitación del expediente, pues de cualquier modo que llegue a conocimiento de un superior hechos punibles de un subordinado, debe esclarecerlos, y cuando se citaron la suspensión de este expediente los Sres. Pérez de la Cruz, Daroca y Zamora, había indicios bastantes para iniciarla, y en virtud de lo expuesto es de parecer se impongan las siguientes correcciones:
A D. Ramón Pérez de la Cruz, jefe de la Sección administrativa de Primera enseñanza de Canarias, una de las penas de los números 6.º y 7.º del artículo 45 del Real decreto de 5 de mayo de 1918.
A D. Rufino Zamora Cárdenas, oficial de la misma Sección, la del número 4.º del citado Real decreto.
A D. Agustín C. Daroca, maestro de Santa Cruz de Tenerife, la del número 5.º del artículo 127 del Estatuto del Magisterio, y a D. Juan Salas, maestro de Guamasa en La Laguna, la prevista en el número 4.º del mismo artículo del Estatuto:
Resultando que el Negociado y la Sección correspondiente del Ministerio, teniendo en cuenta la lentitud con que se ha instruido este expediente, que los artículos 29 y 31 del Estatuto del Magisterio prohíben terminantemente la formación de listas de opositores no aprobados y la ampliación del número de plazas anunciadas; que los testigos personales en el expediente declaran hechos inmorales y punibles administrativa y procesalmente, hechos que no desvirtúan los dos cargos de los acusados, y que uno de éstos, el maestro D. Juan Salas, al pretender justificarse, acumula la principal responsabilidad sobre el jefe de la Sección administrativa, D. Ramón Pérez de la Cruz; que el maestro habilitado Sr. Daroca, abusando de su cargo, se ha prestado a todas las combinaciones inmorales reflejadas en el expediente; que el funcionario de la Sección administrativa Sr. Zamora ha cooperado activamente en la gestión de demandas de dinero, secun-