Suplemento a La Escuela moderna (1922-10-28 00:00:00), página 8

doña Teodora, por lo que hicieron la calificación los cinco miembros restantes del Tribunal, y alegó en apoyo de su petición diversos razonamientos, que sustancialmente han sido reproducidos en los fundamentos de derecho del escrito de demanda:

Resultando que de conformidad con los dictámenes del Negociado correspondiente, de la Sección de la Dirección y de la Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública, el ministro dictó con fecha 7 de diciembre de 1920 Real orden, por la cual se aprobaron las referidas oposiciones, fundando su resolución en que la instancia de doña Victoria Paz no tenía fundamento legal alguno:

Resultando que contra la Real orden expresada internuso recurso contencioso-administrativo, en nombre de doña Victoria Paz Sáez Beltrán, el letrado D. Bernardo de Pablo, y en su día formalizó demanda, en cuya súplica reprodujo las peticiones de la señorita Sáez, antes indicadas:

Resultando que emplazado el fiscal, contestó a la demanda con la súplica de que sea desestimado y absuelta de ella la Administración, confirmando la Real orden apelada, y, en todo caso, declarada la procedencia de la excepción de incompetencia de jurisdicción:

Visto, siendo ponente el Magistrado D. Federico Marín López:

Vistos los artículos 10, 13, párrafo último; 17, 27, 28 y 166 del Real decreto de 20 de julio de 1918, que aprobó el Estatuto general del Magisterio de Primera enseñanza, que dicen: «Artículo 10. Los Tribunales de oposición serán dos, uno para maestros y otro para maestras, y se compondrán cada uno de ellos de un catedrático de Instituto o Universidad, presidente; un profesor o profesora de Escuela Normal, un inspector o inspectora de Primera enseñanza, un sacerdote y dos maestros o maestras de Escuelas nacionales que hayan ingresado por oposición y tengan categoría superior a la de ingreso.

Artículo 13. En el caso de que no se constituyan éstos (los Tribunales) por falta de los vocales nuevamente nombrados y de sus suplentes, la Dirección general adoptará las resoluciones que juzgue convenientes para conseguir el inmediato comienzo de los ejercicios, pudiendo llegar hasta la constitución del Tribunal con sólo tres jueces.

Artículo 17. Los opositores podrán protestar de cualquier acto posterior a la constitución del Tribunal en que, a su juicio, se haya faltado a las disposiciones de este Estatuto; pero la protesta habrá de formularse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización del hecho que la motive.

Artículo 27. Todos los ejercicios son de exclusión y serán calificados por puntos por cada uno de los jueces del Tribunal, siendo nueve el máximo que puede conceder cada juez por cada una de las partes en que los ejercicios se subdividen y precisándose para la aprobación un total de 20 en cada uno de ellos.

Artículo 28. Al final de cada ejercicio se hará pública la lista de los aprobados, con el número de puntos obtenidos y en las actas de las sesiones se consignará la puntuación concedida por cada juez.

Artículo 166. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo prevenido en este Estatuto:

Visto el número 3.º del artículo 1.º de la ley de 22 de junio de 1894 sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, que dice: «3.º Que vulnere un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un Reglamento u otro precepto administrativo: