Suplemento a La Escuela moderna (1922-08-30 00:00:00), página 4

de Ciencias, en la que se dispuso que las gratificaciones de que éstos disfrutan no pueden ser consideradas como sueldos, toda vez que las personas que las ostentan no tienen carácter de funcionarios públicos y, por tanto, no pueden hallarse comprendidos en el Real decreto de 18 de agosto de 1921, se resolvió otra instancia análoga del referido reclamante.

Consúltase a este Consejo, por lo que hace referencia al primer expediente, el alcance e interpretación del Real decreto de 18 de agosto de 1921, que reguló el abono del sueldo de los funcionarios públicos llamados al servicio militar con motivo de los acontecimientos ocurridos en el pasado año en la Comandancia de Melilla; y esto con motivo de entender el Ministerio de Hacienda que la Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 7 de febrero último contraría lo dispuesto en dicho Real decreto, dictado por la Presidencia del Consejo de Ministros. De aquí el que haya de ocuparse indefectiblemente, en primer término, del contenido de ambas disposiciones, sin olvidar por ello lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 19 de enero de 1912, rectificada según Real orden de 27 de febrero del mismo año, que fué la que estableció la excedencia de los funcionarios llamados al cumplimiento de tal servicio.

Dice el artículo 11 de la ley referida que «no podrá seguirse perjuicio alguno a los individuos que al ser llamados a prestar servicio en filas, en cualquier época o situación que la ley señale, estén desempeñando destinos dependientes del Estado, Provincia o Municipio, Compañía de ferrocarriles, Banco de España o Hipotecario, Compañía Arrendataria de Tabacos, de Explosivos y demás, en los cuales tenga o pueda tener igual intervención el Estado, así como los subvencionados por el mismo. Y que los individuos aludidos serán declarados excedentes al incorporarse a filas, con derecho a recobrar a su vuelta los mismos destinos, cesando en ellos los que durante su ausencia los hayan desempeñado con el carácter de interinos, siempre que aquéllos hayan cumplido sus servicios en el Ejército sin nota desfavorable». Y el Real decreto de 18 de agosto de 1921, en su artículo 1º, que «los funcionarios del Estado llamados en las presentes circunstancias a cumplir sus deberes militares, conservarán todos los derechos que les concede el artículo 11 (antes transcrito) de la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército»; agregando: «que quedarán declarados en situación de excedencia mientras aquellas circunstancias subsistan, y percibirán íntegros sus respectivos sueldos, con cargo al crédito figurado en la Sección 4.a de las Obligaciones generales del Estado, capítulo único, artículo 8.º, «Excedentes de todos los Ministerios».

Deduciéndose de todo ello, en síntesis, que por el artículo 11 de la ley citada se reconoció a los funcionarios el derecho a que se les reserve el destino que se hallaran desempeñando al ser llamados a filas, con tal de que cumpliesen el servicio militar sin nota desfavorable, y que por el Real decreto de 18 de agosto de 1921 se respetó el contenido del referido precepto de la ley de Reclutamiento, ya que taxativamente se consignó que los funcionarios públicos conservarían todos los derechos que les concede dicho artículo. La divergencia entre ambas disposiciones no radica en este punto; donde se halla, donde se encuentra es en el derecho que en favor de los mismos funcionarios reconoció el mismo Decreto a que pudieran percibir el sueldo correspondiente a sus destinos civiles, mientras cumplieren sus deberes militares y durasen las circunstancias que dieron origen al mencionado Real decreto. Y