Suplemento a La Escuela moderna (1922-04-05 00:00:00), página 3

para mejor proveer se reclamase del Ministerio de Instrucción pública, con referencia al requisito de entrada, certificación del asunto relativo a recurso deducido por D. Joaquín Valdés González contra resolución de 31 de julio de 1917; y que si de ella apareciese que se interpuso recurso de apelación o alzada contra una providencia o acuerdo de primera instancia, que la Sala anule la Real orden recurrida y reponga el expediente al trámite de entrada de la alzada y que el ministro lo trámité y resuelva con arreglo a derecho; mas si de la certificación resultara que la apelación se dedujo fuera de término o que se apelaba de una resolución irrevisable en vía gubernativa, por ser firme o por haber sufrido error el recurrente, entonces pide que se estime la excepción de incompetencia fundándola en el núm. 3.º del art. 4.º de la ley; y la Sala acordó para mejor proveer, de conformidad con lo solicitado por el fiscal:

»Resultando que por el Ministerio de Instrucción pública, y en cumplimiento de lo acordado para mejor proveer, se remitió y se ha unido a los autos un informe, el que literalmente es como sigue: «Informe. Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública y Bellas Artes y de Fomento. — El oficial que subscribe tiene el honor de informar que examinados los libros-registros de entrada del Ministerio de Instrucción pública, aparece en el tomo cuarto de los del año 1917 un asiento correspondiente al día 26 de noviembre de este año, señalado con el número 241, en el que se consigna la entrada de una instancia de don Joaquín Valdés, en la que solicita se revoque la orden de 31 de julio, que le negó derechos, la cual fué remitida por la Sección administrativa de Oviedo. — Madrid, 14 de noviembre de 1921. — El oficial del Archivo, Faustino Gil Ayuso. — Rubricado. — Hay un sello que dice: «Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública y Bellas Artes y de Fomento»:

»Visto siendo ponente el magistrado D. Mariano Ávellón:
»Visto el art. 1.º de la ley de 22 de junio de 1894, que dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por la Administración o por los particulares contra las resoluciones administrativas que reunan los requisitos siguientes:
»Primero, que causen estado; segundo, que emanen de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas; tercero, que vulneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo»:
»Visto el número cuarto de la misma ley, art. 4.º, que dice: «Artículo 4.º, núm. 4.º — Las resoluciones que se dicten con arreglo a una ley que expresamente las excluya de la vía contenciosa»:
»Vista igualmente la Real orden de 1.º de febrero de 1906: «ultimados los arreglos escolares definitivos de cada provincia y publicados, la Sección tercera procederá a su inmediata ejecución»:
»Visto el art. 11 del Real decreto de 25 de febrero de 1911, que dice:
«Art. 11. Los maestros-directores de las graduadas de uno y otro sexo existentes a la fecha y de los que vayan reconociéndose u organizándose de conformidad con el artículo anterior y el noveno, deberán reunir, para el desempeño de su cargo, las siguientes condiciones:
»Primera, ser maestros o auxiliares en propiedad de escuelas por oposición; segunda, poseer, por lo menos, el título de maestro superior; tercera, no tener ninguna nota desfavorable en la carrera o, si la tuvieran, haber logrado rehabilitación, en virtud de la cual se hizo desaparecer aquélla del repetido expediente; cuarta, haber cumplido diez años de servicios en escuelas públicas; quinta, poseer alguno de los