Suplemento a La Escuela moderna (1922-06-21 00:00:00), página 6

terio de la antigüedad absoluta o de la antigüedad en la carrera, o de la libre elección, o el acordado en disposiciones especiales; en una palabra, de materia perfectamente reglada por la Administración en defensa y garantía de sus funcionarios:

»Considerando que publicada la ley que regula el ingreso, ascenso, traslación y separación de los funcionarios del Ministerio de Instrucción pública de 1.º de enero de 1911, que les concedió el derecho de inamovilidad, y, posteriormente, el reglamento definitivo de 28 de mayo de 1915, a los preceptos de esta última disposición tiene que atenerse la Autoridad administrativa al dictar sus fallos, a no ser que por otras disposiciones se haya derogado; y disponiendo el art. 1.º del expresado Reglamento quiénes son los funcionarios a que el derecho alcanza y quiénes los no comprendidos en el mismo; y definiendo el art. 2.º el derecho de estos últimos, con la limitación determinada en el 9.º, de que si la excepción desapareciera, la antigüedad en la clase respectiva comenzará para ellos con la fecha en que se acuerde su inclusión, la Administración, al dictar la resolución recurrida, no lesionó ningún derecho preexistente:

»Considerando que la parte demandante funda la lesión de derecho en estar derogado el Real decreto de 28 de mayo de 1915 por las disposiciones transitorias de la ley de Bases de 22 de julio de 1918 y su reglamento, y por incompatibilidad de la base 3.ª de la citada ley con el reglamento de 1915, cuando todas las disposiciones se completan al fin de no lesionar tantos intereses creados al amparo de leyes y Reglamentos anteriores a la general de funcionarios; y con este plausible fin se redactó la regla 8.ª de las disposiciones especiales de la ley de funcionarios, en que se dice: «Se consideran subsistentes, en todo cuanto no fueren incompatibles con la presente ley, las disposiciones vigentes en la materia»; o sea, en forma contraria a como se redactan las cláusulas derogatorias de las demás leyes substantivas y adjetivas; no existiendo incompatibilidad entre el reglamento de 1915 y la base 3.ª anteriormente citada, porque ésta no se refiere a ingreso en el Escalafón, sino a los ascensos entre los que figuran ya en el mismo:

»Considerando que el legislador, con una provisión digna de los mayores elogios, al estimar que los funcionarios administrativos en España eran de tan distintas clases, se cuidó de dar reglas claras y precisas para los empleados amorfos, otras reglas para los funcionarios adaptados y otras para los no incluidos en las dos clases anteriores; y para ello no derogó las disposiciones especiales que amparaban los derechos de unos y otros:

»Considerando que por todas estas razones este Tribunal, en sentencia de 2 de julio de 1920, declaró vigente el Real decreto de 28 de mayo de 1915, después de publicada la ley de Funcionarios de 22 de julio de 1918, en asunto de identidad al que se discute en la actualidad, e igual declaración se tiene que hacer en el presente pleito:

»Considerando que, todo esto sentado, no aparece ningún derecho preestablecido que haya podido vulnerar la Real orden de 15 de abril de 1921, porque la Administración tenía que ajustarse a lo dispuesto en el reglamento de 28 de mayo de 1915, y, por tanto, no reuniendo la resolución recurrida el tercer requisito del art. 1.º de la ley de 22 de junio de 1894; es decir, que tal resolución vulnere un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor de los demandantes por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo, tiene la Sala que declarar su incompetencia, en acatamiento a la ley de su jurisdicción,