Suplemento a La Escuela moderna (1922-05-17 00:00:00), página 7

Vistas las sentencias de este Supremo Tribunal de 25 de marzo de 1914, de 8 de mayo de 1916 y 9 de abril de 1918:
Visto el art. 32 de la ley de Contabilidad:
Visto el art. 1.093 del Código civil:
Considerando que la sentencia de 9 de abril de 1919, al declarar que la colocación de maestros y maestras de la categoría de 2.000 pesetas debe ser la que tenían en los Escalafones consentidos y declarados definitivos de 1912, con las variaciones que taxativamente se consignan, en observancia de lo dispuesto en la sentencia de 25 de marzo de 1914 y 8 de mayo de 1916, quiso restituir la situación legal de estos maestros a la que tenían, según aquellos Escalafones, y que por lo tanto sólo puede entenderse dicha sentencia en el sentido de que no perjudiquen a tales maestros las modificaciones que fuera de las que, según la propia sentencia, deben respetarse, se hubiesen hecho, y, por lo tanto, los maestros y maestras cuya situación legal se alteró indebidamente, tienen derecho a los sueldos, ascensos y demás ventajas que les hubieran correspondido si hubiesen conservado los lugares que ocupaban en los Escalafones de 1912, y que la sentencia de 1919 les ha restituido:
Considerando que los sueldos que hubieran debido percibir y no han percibido deben serles abonados, sin que se oponga a ello la jurisprudencia de este Tribunal, según la que el Estado no debe abonar sueldo por destino no servido, pues en el caso de autos los maestros han prestado sus servicios y sólo han dejado de obtener, por una interpretación de la Administración, que en vía contenciosa ha sido declarada errónea, los ascensos y mejoras que sin este error hubieran disfrutado, y no deben perjudicarles los actos administrativos a que han sido del todo ajenos, toda vez que los servicios que han prestado han sido los mismos que hubiesen tenido a su cargo aun cuando se les hubiesen dado a sus debidas fechas los ascensos a que tenían derecho:
Considerando que no son de tener en cuenta los razonamientos que el Ministerio fiscal alega para oponerse a la demanda, fundándose en lo dispuesto en el art. 32 de la ley de Contabilidad y 1.903 del Código civil, pues si bien es cierto que al Estado no son exigibles más obligaciones que las consignadas en presupuestos, no es esto obstáculo para que en vía contenciosa se declaren otras obligaciones a las que la Administración activa, al ejecutar la sentencia, debe atender en forma legal, dictando cuantas disposiciones sean necesarias para llevar a efecto lo establecido, sin que tampoco pueda hacerse aplicación del artículo 1.903 del Código civil, que, por referirse a las obligaciones que nacen de la negligencia o culpa, hace relación a materia muy distinta de la que ha dado margen el presente pleito:
Considerando que por la índole de la jurisdicción contencioso-administrativa sólo pueden ventilarse ante ella, como con repetición tiene declarado la jurisprudencia, los agravios que en sus derechos administrativos se hayan inferido a los demandantes cuando tales agravios tengan una realidad efectiva y no cuando se trate de prevenir los que en lo futuro puedan inferirse, pero que aún no se hayan causado, por lo que en la súplica de la demanda, y en cuanto en ella se pide que se abone para todos los efectos económicos y de carrera la antigüedad que se restituyó a los maestros por la sentencia de 1919, hay que distinguir entre aquellos efectos que se suponen un agravio efectivo y que ya se han realizado, como la privación del ascenso y ventajas a que en determinada fecha hubieran tenido derecho y de los sueldos que les hubiese correspondido si no se hubiera alterado más que en la parte procedente el estado de derecho creado por los Escalafones de 1912 y otros