Suplemento a La Escuela moderna (1922-03-04 00:00:00), página 9

pecer los trabajos administrativos o lesionar derechos de los interesados:

Visto el art. 4.º, núm. 1, de la ley de 22 de junio de 1894, que dice:
«Art. 4.º No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Contenciosoadministrativo:
»1.º Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de los cuales procedan o de la materia sobre que versen, se refieran a la potestad discrecional.»
Visto el art. 4.º, núm. 1, del reglamento de 22 de junio de 1894, que dice:
«Art. 4.º Corresponde señaladamente a la potestad discrecional:
»1.º Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que nazcan o de la materia sobre que versen pertenezcan al orden político o de gobierno, o afecten a la organización del Ejército o a la de los servicios generales del Estado, y las disposiciones de carácter general relativas a la salud e higiene públicas, al orden público y a la defensa del territorio, sin perjuicio del derecho a las indemnizaciones a que puedan dar lugar tales disposiciones.»

Considerando que en las tres demandas acumuladas, deducidas contra la Real orden de 11 de noviembre de 1918, se pide en primer término que deben fusionarse el Escalafón de funcionarios de las Secciones administrativas de Primera enseñanza y el general del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y en segundo lugar que, si lo anterior no procediese, se declare que los recurrentes, jefes de dichas Secciones, tienen derecho a los sueldos y categorías que establece la base primera de la citada ley, a partir de la categoría de jefe de Negociado de tercera clase hasta la de jefe de Administración de primera, y que los oficiales recurrentes de las mismas Secciones deben distribuirse, según el orden que ocupan en el Escalafón, como oficiales de Administración de primera, segunda y tercera clase, con los sueldos de 5.000, 4.000 y 3.000 pesetas:

Considerando que la primera de las peticiones formuladas por los recurrentes no es de la competencia de esta Sala, porque si bien la ley de 22 de julio de 1918, en el párrafo segundo de la disposición especial primera, determina que en los Ministerios donde hubiere varios Escalafones de funcionarios administrativos se fusionarán en uno solo, aplicándose en cuanto sea posible las normas que la ley establece, y consecuente con este criterio en la disposición transitoria núm. 19 del Real decreto de 7 de septiembre del mismo año, se retira el expresado mandato, es lo cierto que el Poder ejecutivo al regular el tránsito del régimen vigente hasta 1918 al nuevamente establecido no pudo prescindir en sus determinaciones de la diversidad de los servicios de la especialidad de las condiciones exigidas para el ingreso en los respectivos Cuerpos, y muy especialmente de la limitación de categorías y clases en las escalas, al efecto de no perjudicar los servicios públicos ni los derechos adquiridos por los funcionarios; medidas todas de gobierno que no puede juzgar la Sala, como tampoco lo referente a la fusión de un Escalafón especial en uno general:

Considerando que tampoco es de la competencia de la Sala la segunda de las peticiones formuladas por los recurrentes, porque la formación de las plantillas en su número y condiciones es forzoso adaptarla a los servicios generales del Estado, razón por la cual la Real orden recurrida tiene que estimarse como una disposición orgánica de un servicio general del Estado dictada en uso de la autorización del legislador que facultó al Gobierno para la reforma de las citadas plantillas,