Suplemento a La Escuela moderna (1922-06-21 00:00:00), página 5

»de las que correspondan a los que hayan ingresado por oposición, al empleado que, llevando dos años en la clase inmediata inferior, cuente más años de servicios al Estado»:
»Visto el reglamento para la aplicación de la anterior ley de 7 de septiembre de 1918:
»Vistos los casos 2.º y 3.º del art. 1.º de la ley de 22 de junio de 1894, que dicen: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por la Administración o por los particulares contra las resoluciones administrativas que reunan los requisitos siguientes... — 2.º Que emanan de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas.— 3.º Que vulnieren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo»:
»Visto el párrafo 5.º del art. 84 de la anterior ley, que dice: «No podrá suspenderse ni declararse inejecutables las sentencias por causas de imposibilidad material o legal de ejecutarlas; y si estos casos se presentaren serán sometidos por el ministro o autoridad administrativa, por medio del fiscal al Tribunal respectivo, dentro del plazo aludido de dos meses, a fin de que, con audiencia de las partes y en trámite de ejecución de sentencia, se acuerde la forma de llevar a efecto el fallo, bien mandando se ejecute con remoción de las dificultades que se presenten, bien resolviendo, si son irreductibles, la indemnización que por ella haya de abonarse al que hubiera obtenido el fallo»:
»Vista la sentencia de este Tribunal de 2 de julio de 1920:
»Considerando que la parte coadyuvante, en su escrito de contestación a la demanda, propone una cuestión legal anterior y preferente a la de las excepciones al solicitar que la Sala haga la declaración de que no ha debido admitirse ni tramitarse la demanda inicial de este pleito, sino seguirse un procedimiento especial de ejecución de sentencia, de conformidad con el párrafo quinto del art. 84 de la ley de lo Contencioso; pero esta disposición no es de estricta aplicación al caso de autos, porque la extensa Real orden de 15 de abril del año último, que se impugna en la demanda, no se concreta a ejecutar la sentencia de este Tribunal de 2 de febrero de 1921, sino que, teniendo presente la doctrina declarada en el fallo, dicta reglas de aplicación y extiende sus efectos a otros muchos funcionarios que no fueron parte interesada en el asunto que motivó la citada resolución, pero que por justicia, por equidad y, sobre todo, por uniformidad; debían equipararse a los que obtuvieron la sentencia a su favor, ejerciendo de este modo la acción tutelar y protectora:
»Considerando que, por las mismas razones, tampoco puede admitirse la excepción de cosa juzgada propuesta por el coadyuvante, por faltar la identidad de personas de uno y otro pleito, y porque en la sentencia de 2 de febrero de 1921 se declaró únicamente el derecho que tenían los reclamantes a figurar en el Escalafón general de funcionarios administrativos dependientes del Ministerio de Instrucción pública, sin hacer otros pronunciamientos de los que se solicitan, por no haberse dictado resolución administrativa que pudiera ser revisada en vía contenciosa, que es precisamente lo contrario de lo que sucede en estos autos:
»Considerando que no procede la excepción de incompetencia solicitada por el Ministerio fiscal y parte coadyuvante, al amparo del número 2.º del art. 1.º de nuestra ley Orgánica, porque no se trata de la organización de los servicios del Estado ni de fusión de Escalafones, sino de la manera y forma de llevar a cabo esta fusión siguiendo el cri-