Suplemento a La Escuela moderna (1922-07-08 00:00:00), página 8

diente, al objeto que se transfiera del presupuesto de Guerra al de Instrucción pública las cantidades destinadas para estas escuelas, hecho lo cual se procederá a la provisión de la vacante y a la inclusión en el escalafón, segundo folleto, de los maestros que actualmente desempeñan las de Chafarinas y Peñón de Vélez de la Gomera.

Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el preinserto dictamen, ha resuelto como en el mismo se propone.—Montejo.—Señor director general de Primera enseñanza.

21 de junio de 1922. (Gaceta del 4 de julio.)—Real orden con sentencia contencioso-administrativa en pleito promovido por D. Faustino Martínez Gabaldón y otros contra la Real orden de 16 de marzo de 1920:

«Ilmo. Sr.: En el pleito promovido por D. Faustino Martínez Gabaldón y otros, contra la Real orden de este Ministerio de 16 de marzo de 1920, la Sala cuarta de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado el siguiente auto:

Resultando que la demanda que origina estos autos, promovida a nombre de D. Faustino Martínez Gabaldón, D. Julián Orozco Pastor y D. Constantino López Serrano, maestros nacionales, se dirige contra Real orden de 16 de marzo de 1920 del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, dictada para aclarar y completar conceptos de otra de 16 de diciembre de 1918, por entender que les lesionan los derechos que se determinan en el artículo 31 del Real decreto de 19 de agosto de 1915.

Resultando que el Ministerio fiscal, dentro del plazo legal, sin contestar a la demanda, opuso, como dilatoria, la excepción de incompetencia de jurisdicción, porque la Real orden que se impugna fue dictada en virtud de la potestad discrecional de la Administración pública y es de carácter general, y, por tanto, no reclamable ante esta jurisdicción, y conferido traslado a la representación de los recurrentes, no lo evacuó.

Visto, siendo ponente el magistrado D. Justiniano F. Campa:
Vistos los artículos 1.º y 50 de la ley de 22 de junio de 1894 y el 310 de su Reglamento:
Considerando que la simple lectura de la citada resolución convence de manera inequívoca del carácter general de la misma, toda vez que no se refiere a ningún particular y sólo se dictó, como en su primer párrafo se dice textualmente, para aclarar y completar los conceptos de la Real orden de 16 de diciembre de 1918, atemperándolos a la legislación general del escalafón, y tiene por objeto, de manera clara, dictar preceptos para la clasificación de determinados maestros, a los efectos de colocarlos en los lugares que les corresponden en el escalafón, y afecta, por consiguiente, a uno de los elementos que integran el servicio general de la Primera enseñanza, que cae de lleno dentro de lo que constituye la potestad discrecional de la Administración;
Considerando que las resoluciones de carácter general no son susceptibles de ser reclamadas ante esta jurisdicción, porque los pronunciamientos de esa índole no vulneran derecho administrativo individual, y es preciso que el que se teme lesionado en algún derecho suyo específico o singular provoque una resolución del mismo carácter mediante reclamación de que no se le aplique o se efectúe en determinadas condiciones la disposición de índole general, y contra lo que la Administración resolviera respecto de esa reclamación sería contra lo que podría ejercitarse el recurso contencioso.