Suplemento a La Escuela moderna (1922-04-15 00:00:00), página 5

Considerando que por imperio categórico de la ley es forzoso resolver previamente las excepciones de incompetencia alegadas por el Ministerio fiscal respecto de las peticiones segunda y tercera, pues de estimarse o no aquéllas depende que se hagan declaraciones de derechos que en todo caso habrá que formular al resolver la primera de las peticiones formuladas en la demanda:

Considerando que nombrada D.a Adela Fernández Blanco directora de la Escuela Graduada Modelo de esta Corte por Real orden de 21 de mayo de 1915, sin limitación alguna, tomó posesión de su cargo, que desempeñó hasta el 23 de julio de 1917 con el mismo carácter, y después de haber cesado en esta fecha en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio del citado año, que fué luego anulada por la de 12 de febrero de 1919, se posesionó de nuevo de su referido cargo en 4 de abril del mismo año; hechos todos de los que se deduce que la recurrente ha sido nombrada en propiedad directora de la Escuela Graduada; que desempeñó su cargo en este concepto y que la Administración le reconoció con sus actos este derecho, sin lesionar los de la interesada porque en su nombramiento se hubiese dejado de consignar la frase «en propiedad»:

Considerando que los nombramientos para los cargos públicos, cuando no aparecen limitados con modalidades expresivas de su nuevo carácter interino, se reputan hechos en propiedad, como sucede en materia de obligaciones, que se entienden siempre puras si no estuviesen modificadas por condiciones a plazos; y como la Administración nombró en la fecha ya indicada directora de la Escuela Graduada Modelo de esta Corte a la recurrente, sin limitación alguna, y el título es consecuencia del nombramiento y la posesión de una y otra, no existe en rigor derecho administrativo susceptible de haber sido lesionado, y en su virtud, en fuerza de lo previsto en el caso 3.º del art. 1.º de la ley de 22 de junio de 1894, se impone declarar la incompetencia de este Tribunal para conocer de la petición segunda de la demanda:

Considerando que si bien D.a Adela Fernández Blanco fué nombrada directora de la Escuela Graduada Modelo de esta Corte en las ocho secciones de niñas, quedaron sin graduar por entonces las dos secciones de párvulos, bajo la tutela de la directora, y la Administración, atenta a las necesidades de los servicios públicos y en el deseo de extender la enseñanza, creyó oportuno crear otra sección y formar así con las tres una graduada de párvulos, que otorgó por Real orden de 23 de noviembre de 1915 a D.a Adela Aurora Fuertes, en el legítimo ejercicio de su potestad discrecional, por tratarse de servicios públicos de carácter general, sin restringir en nada lo acordado en la sentencia de este Tribunal de 12 de febrero de 1919, que se limitó a resolver acerca del mejor derecho a la plaza de directora de la Escuela Graduada de niñas del Dos de Mayo de esta Corte, que discutían la D.a Adela y D.a Eloisa López, ya que no debe olvidarse que esta sentencia en revisión tiene como precedente la de 8 de junio de 1917 en pleito promovido por doña Eloisa:

Considerando que por afectar la Real orden de 23 de noviembre de 1915 a un servicio público, y en general es de aplicar al caso concreto lo dispuesto en el número 1.º del art. 4.º del reglamento de 22 de junio de 1894, y procede, por lo tanto, admitir la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio fiscal en lo que se refiere a la tercera de las peticiones formuladas en la demanda:

Considerando que las escuelas graduadas tienen asignado, además del sueldo, una remuneración, que en el caso actual es de 500 pesetas