Suplemento a La Escuela moderna (1922-06-10 00:00:00), página 5

propone la incursión de D.ª Casilda Sáiz en el art. 171 de la ley de Instrucción pública, por no haberse reintegrado a su destino, no obstante lo dispuesto por la Real orden de 9 de diciembre próximo pasado, y cuya incursión fué declarada por Orden fecha 1.º del pasado marzo:

Resultando que instruido expediente gubernativo, la referida maestra contestó al pliego de cargos manifestando que por no haber tenido conocimiento oportuno de la Real orden de 9 de diciembre no pudo reintegrarse a su destino en el tiempo debido, y que al disponerse a hacerlo cayó enferma, según justifican las tres certificaciones que se acompañan:

Resultando que la Inspección de Granada manifiesta que por Real orden de 1.º de enero de 1920 la citada maestra fué agregada a los Jardines de la Infancia; que dentro del plazo legal se reintegró a su escuela, solicitando la instrucción del expediente gubernativo:

Resultando que la aludida Inspección propone se imponga a la señora Sáiz la corrección segunda del art. 127, fundándose en que no tuvo conocimiento de la Real orden de 9 de diciembre a su debido tiempo; que su responsabilidad está aminorada «teniendo en cuenta que una señora sola, que vive accidentalmente con su familia, ajena a la vida oficial de la enseñanza, es disculpable por lo fácil que no está al corriente del movimiento legislativo en lo que al Magisterio nacional afecta»:

Considerando que el primordial deber de todo funcionario público, especialmente de los maestros, es el de residir en el lugar en que deban prestar sus servicios, y que su ausencia del mismo debe reputarse siempre como falta grave:

Considerando que cuando un maestro no se encuentra en condiciones físicas de prestar servicio, tiene el deber de solicitar la oportuna licencia para no causar perjuicios al servicio que le está encomendado y para atender al restablecimiento de su salud:

Considerando que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, y por tanto no es admisible la disculpa que alega la Sra. Sáiz de que desconocía la Real orden de 9 de diciembre último, como tampoco es admisible el argumento de la Inspección de Granada, pues si bien es cierto que la familia de la Sra. Sáiz no tenía por qué conocer las disposiciones oficiales, no se hallaban en este caso ni la Sra. Sáiz, que como funcionario percibe sus haberes del Estado, ni la directora de los Jardines de la Infancia, que tiene el deber inexcusable de notificar los preceptos legales a los maestros a sus órdenes, a los que aquellos pudieran afectar:

Considerando que tampoco puede admitirse que la Sra. Sáiz, por el hecho de ser una señora (según argumenta la Inspección), puede ser disculpada de conocer lo dispuesto en una Real orden que directamente le afecta, porque todos los funcionarios ante la ley son iguales, y para nada se tiene en cuenta su sexo llegado el momento de serles satisfechos los haberes que les correspondan:

Considerando que el hecho de estar al frente de la escuela de Huétor-Vega una maestra substituta no puede alegarse tampoco en favor de la Sra. Sáiz, ya que el acto de la substitución fué trámite previo e indispensable para que la agregación de la Sra. Sáiz a los Jardines de la Infancia pudiera tener lugar,

Esta Dirección general ha resuelto imponer a D.ª Casilda Sáiz Herráiz una suspensión de medio sueldo durante diez meses, corrección quinta del art. 127 del Estatuto, y que reintegre la parte de haberes que le correspondió percibir desde 3 de enero al 24 de abril, día en que comenzó a prestar servicio en la escuela, y que se deje sin efecto su