Suplemento a La Escuela moderna (1922-05-17 00:00:00), página 8

perjuicios que puedan causarles; pero que, hoy por hoy, no constituyen aún un agravio efectivo, como los referentes a los derechos pasivos de los demandantes o de sus familias, y hecha esta distinción, es evidente que las declaraciones de esta sentencia han de limitarse al primer extremo, sin que en cuanto al segundo tenga estado el expediente para que se resuelva nada:

Considerando que, como tiene declarado la jurisprudencia en repetidos casos, la jurisdicción contencioso-administrativa sólo alcanza a conocer agravios individuales que ante ella debidamente se aleguen y, en consecuencia, la decisión que el fallo ha de establecer sólo puede referirse a los demandantes, pero no a los demás maestros o maestras que puedan encontrarse en análogo caso, pues la sentencia sólo afecta a los que han litigado, y no puede contener una disposición de carácter general que, por serlo, pertenezca a las facultades del Gobierno y no a las de este Supremo Tribunal,

Fallamos que debemos declarar y declaramos que los demandantes tienen derecho a que la Administración señale los ascensos y ventajas que hubieren correspondido a cada uno de ellos, determinando las fechas en que hubiesen comenzado a disfrutarlos si no se hubiera alterado más que en la parte procedente, según la sentencia de 9 de abril de 1919, el estado de derecho creado por los Escalafones de 1912, y que, hecha la correspondiente liquidación, se abone a dichos demandantes la diferencia entre el sueldo que han percibido y el que hubieran debido percibir si hubieran continuado sin interrupción en el disfrute de la antigüedad que les correspondía según la referida sentencia de 1919. En lo que con esto esté conformes, confirmamos, y en lo que no, revocamos las Reales órdenes de 29 de septiembre y 25 de octubre de 1919.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Rafael Bemejo. — Carlos Vergara. — Fernando de Prat. — Manuel Díaz Gómez. — Antonio M. de Mena. — Mariano Avellón. — Justiniano Fernández.

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio María de Mena, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala cuarta, de lo que, como secretario, certifico.

Madrid, 20 de diciembre de 1921. — Juan del Valle.»

3 de abril de 1922. (Gaceta del 12 de mayo.) — Real orden autorizando el funcionamiento legal de la Asociación del Magisterio Arandino (Burgos) y de la del partido de Miranda de Ebro, también de Burgos:

«Excmo. Sr.: Vistos los expedientes promovidos por D. Jaime Díaz Román y D. Higinio Berrondo, solicitando autorizaciones ministeriales para subsistir la Asociación del Magisterio Nacional Arandino (Burgos) y la Asociación del Magisterio del partido de Miranda de Ebro, también de Burgos, y cuyos expedientes han sido remitidos a este Ministerio por el de la Gobernación para la resolución procedente:

Resultando que se ha cumplido con lo prevenido en el art. 4.º de la ley de 30 de junio de 1887 y que las peticiones han sido informadas favorablemente por las autoridades provinciales:

Considerando que las Asociaciones de que se trata persiguen fines legítimos dentro de las leyes y que su funcionamiento no obsta al buen servicio del Estado ni se opone a la disciplina que debe existir en el Magisterio Nacional, habiéndose llenado en los expedientes las formalidades preceptuadas por el reglamento de 7 de septiembre de 1918,