Suplemento a La Escuela moderna (1922-01-14 00:00:00), página 4

María de la Concepción Reyes, D.a María Remedios Esteban, D.a Carmen Prada, D.a Isabel Baquero, D.a Matilde Miguel, D.a Dolores Teleno, D.a Purificación Sabaté, D.a Cecilia Pascual, D.a Joaquina Buitrán, D.a Dolores Bergua, D.a Aurelia Martín, D.a Eduvigis Payá, doña Honorina Laffitte, D.a Josefina Escobés y D.a Dolores González, que no formularon anteriormente reclamación para el abono de quinquenio de 500 pesetas, representadas por el procurador D. Rafael Muñoz, quien formalizó oportunamente la demanda con la súplica de que se revoque la Real orden recurrida, dejando subsistente la de 21 de agosto de 1919 y declarando que sus representadas tienen derecho al percibo de quinquenios de 500 pesetas, computados desde la toma de posesión de sus cargos, reconociéndoles en consecuencia los ya vencidos:

Resultando que emplazado el fiscal, contestó a la demanda con la petición de que la Sala se declare incompetente para la resolución del asunto en el fondo o, en todo caso, absuelva a la Administración de la demanda:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Fernando de Prat Gay:
Visto el art. 1.º de la ley de 22 de junio de 1894, que dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por la Administración o por los particulares contra las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes: 1.º Que causen estado. — 2.º Que emanen de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas. — 3.º Que vulneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante, por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo»:
Considerando que la excepción de incompetencia propuesta por el fiscal no puede ser estimada en atención a que la Real orden recurrida resuelve de modo concreto y particular las peticiones deducidas por D.a Micaela González y otras profesoras especiales de adultas, sin referirse a las demás que no hubiesen reclamado el abono de quinquenios, lo cual demuestra que no es de carácter general, como se supone, y porque además, el apreciar si está condicionado, dejando de ser en ese concepto resolución definitiva, envuelve la cuestión de fondo del recurso, que debe ser resuelta mientras la existencia de otra excepción fundada en motivos distintos no lo impida:
Considerando que al disponerse por la Dirección general de Instrucción pública, mediante las órdenes de 6 de julio de 1920, dictadas en los expedientes de las demandantes D.a Josefa Méndez, D.a María Sabina García, D.a Clara Campoamor, D.a Concepción Porcel, D.a Sara García, D.a Teresa Kochler, D.a Emilia Yuste, D.a Leónis Blanco, D.a Carmen Puig, D.a Virtudes Maza, D.a María Martínez, D.a Albina Lanuza, doña Julia Benedicto, D.a María Gallego, D.a Eusebia García, D.a Dolores González, D.a Elvira Santiso, D.a María Cadavieco, D.a Esperanza Salaluja, D.a Carmen Montaner, D.a Carmen Borrel, D.a María de la Concepción Pellicena, D.a Rosario Gómez, D.a Buenaventura Artigal, doña Pilar Antón de la Roquette y D.a Melanda Casasús, por la razón en aquéllas consignada, que se archivaran sus instancias, es de advertir, como consecuencia, que esas profesoras no se hallaban comprendidas entre las que motivaron la Real orden contra la cual va dirigida la demanda y a las que la misma se refería, porque los casos en ella resueltos eran, según la Dirección, iguales, pero no los que debían derivarse de las peticiones que se dejaban sin curso, y en tal concepto, como dicha Real orden no afectaba a las recurrentes, impugnan éstas una disposición que no causa estado, y que consiguientemente no reune todos los requisitos que el artículo 1.º de la ley reguladora de la mate-