Suplemento a La Escuela moderna (1921-05-17 00:00:00), página 5

ción o de igual manera en el Magisterio público de Escuelas municipales los que de las referidas Escuelas procedan. Para adquirir los derechos concedidos por la ley de 16 de julio antedicha, sólo es preciso desempeñar las Escuelas en propiedad.»

Considerando que la ley de 16 de julio de 1887 concedió el derecho de jubilación a los Maestros, Maestras y Auxiliares en propiedad de las Escuelas públicas de primera enseñanza, el de pensión a sus viudas y el de orfandad a los hijos legítimos de aquéllos, y que por la ley de 4 de abril de 1889 se equiparó a los Maestros de Primera enseñanza de los Establecimientos penales con los Profesores públicos, con arreglo al artículo 97 de la ley de Instrucción pública de 1857, y se les declaró, como tales, comprendidos en la misma para todos sus derechos y obligaciones, y de un modo especial se les otorgaron los derechos pasivos que la ley de 4 de abril de 1894 concede a los Maestros de las Escuelas públicas, sin exigirles para ello más requisitos que el de que desempeñen sus Escuelas en propiedad:

Considerando que de este derecho, de un modo tan explícito otorgado por la ley de 1889, no se puede privar a los interesados ni a sus causahabientes por la circunstancia de que no se haya dictado el Reglamento para la aplicación de la misma, porque, como se declaró ya en sentencia de este Supremo Tribunal de 9 de octubre de 1913, esta ley no contiene precepto alguno que haga depender su aplicación y la de los beneficios que la misma concede de la publicación de su Reglamento, ni tal omisión, ni la falta de ingreso en la Caja Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria de los fondos a que se refieren los números 2 al 5 del artículo 3.º de la ley de 1887, son imputables a los Maestros de los Establecimientos penales ni puede, por consiguiente, causarles perjuicios a ellos ni a sus familias:

Considerando que, en su consecuencia, no se ajusta a la ley la Real orden impugnada que, fundándose en que D.ª María de la Asunción Peña carece de derecho a la pensión que solicita, por no serle aplicables a su causante los beneficios de la ley de 16 de agosto de 1887, declara sin recurso el expediente promovido por dicha interesada:

Considerando que como la Real orden impugnada no contiene ninguna otra declaración, no es posible examinar en vía contenciosa si la demandante tiene derecho a la pensión de 1.066 pesetas que pide en la demanda que se le otorgue, debiendo limitarse, por lo tanto, esta Sala a reconocer en principio el derecho de la interesada, que es el único punto sobre el que decide, negándolo, la resolución que en este pleito se combate,

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 9 de mayo de 1919, dictada por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y en su lugar declaramos que debe tramitarse la instancia que presentó D.ª María de la Asunción Peña Lozano, como viuda de D. Eusebio de Nicolás Albacete, Maestro que fué del Penal de Alcalá de Henares, y que deben reconocerse a la demandante los derechos que le corresponden con arreglo a lo dispuesto en la ley de 4 de abril de 1889, en relación con la de 16 de julio de 1887, absolviento a la Administración general del Estado de las demás pretensiones contenidas en la demanda.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Rafael Bermejo.—Fernando de Prat Gay.—Ma-