Suplemento a La Escuela moderna (1921-05-17 00:00:00), página 4

resada, luego de hacer relación de los antecedentes del asunto, manifestó que el 29 de octubre de 1915 la Asesoría jurídica del Ministerio había informado favorablemente su recurso, de cuyo ulterior trámite no había logrado obtener noticias, y suplió que, previo informe de la Asesoría para que confirmase la exactitud de su alegación, se resolviera en definitiva, con toda urgencia, de acuerdo con el dictamen invocado de dicho Centro:

Resultando que, con vista de esta nueva instancia de la interesada, la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio volvió a informar, insistiendo en su anterior dictamen, cuyo criterio, aceptado por la Sección correspondiente y por la Dirección general de Primera enseñanza, hizo suyo el Ministro de Instrucción pública, estimando, por Real orden de 9 de mayo de 1919, el recurso de alzada deducido por D.a María de la Asunción de la Peña y confirmando en consecuencia, el acuerdo apelado de la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de 1.º de octubre de 1914, que ordenaba no procedía la tramitación del expediente en solicitud de pensión de la reclamante en concepto de viuda de D. Eusebio de Nicolás Albacete, Maestro que fué del Penal de Alcalá de Henares, ni admitir a la interesada al ingreso de las cantidades que pretendía:

Resultando que contra esta Real orden interpuso pleito contencioso-administrativo D.a María de la Asunción Peña, representada por el Letrado D. Dámaso Vélez, quien formalizó la demanda con la súplica de que, en definitiva se revoque y declare sin ningún valor ni efecto la resolución reclamada, y, en su lugar, que la recurrente doña María de la Asunción Peña Lozano tiene derecho a la pensión anual de 1.066 pesetas deduciendo las cuotas que correspondan a la Junta Superior del Magisterio desde la fecha del fallecimiento de su esposo y en lo sucesivo:

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó a la demanda con la solicitud de que se absuelva de ella a la Administración:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Antonio María de Mena:
Visto el artículo 1.º de la ley de 16 de julio de 1887, que dice:
«Los Maestros, Maestras y Auxiliares en propiedad de todas las Escuelas públicas de primera enseñanza tendrán derecho a la jubilación desde 1.º de enero de 1888, con arreglo a la presente ley. De igual manera las viudas obtendrán derecho a pensión y a orfandad los hijos legítimos de aquellos que hubiesen sido jubilados, fallecido en el ejercicio de su profesión, entendiéndose huérfanos para los efectos de esta ley los hijos de Maestra que hubiese fallecido, aunque viva el padre. Este derecho se reconoce a los hijos varones menores de diez y seis años y a las hijas solteras. Los actuales Maestros y Maestras que careciendo de título o certificado de aptitud contasen quince años de servicios en la enseñanza pública a la fecha de esta ley, obtendrán los mismos derechos. En lo sucesivo, sólo podrán concedérsele el día que lo acrediten»:

Vistos los artículos 1.º y 2.º de la ley de 4 de abril de 1889, que dicen: «Artículo 1.º Los Maestros de primera enseñanza de Establecimientos penales se considerarán desde la publicación de esta ley como Profesores públicos, con arreglo al artículo 97 de la de Instrucción pública de 1897, y, como tales, se les declara comprendidos en esta última, para todos sus deberes y derechos, y en la de Derechos pasivos de 16 de julio de 1887. Artículo 2.º Para que los Maestros de penales adquieran los derechos otorgados por la ley de Instrucción pública citada, necesitan haber ingresado en el Cuerpo por oposi-