Suplemento a La Escuela moderna (1920-12-11 00:00:00), página 5

de 1905. Esta disposición y las reglamentarias que le completan para su aplicación constituyeron un notable progreso en aquella época y pueden citarse como modelo en la legislación escolar; pero, sin embargo, su resultado no ha sido todo lo eficaz que debiera dada la perfección de lo estatuido, porque no existía unidad de criterio para la realización de las construcciones escolares, asunto agravado en estos últimos años por la variación constante que sufre el coste de los edificios, que ha hecho que muchos Ayuntamientos abandonen el procedimiento legislativo establecido, que, siendo bueno, no responde a la variabilidad necesaria en estos momentos de desequilibrio social en que por instantes es necesario buscar la armonía de los procedimientos constructivos con los tipos máximos de coste de las Escuelas, para hacer posible económicamente al Estado, al menos, iniciar el magno problema de dotar a España de los edificios escolares necesarios.

Esto nos ha enseñado que este Real decreto no debe abarcar más que las bases fundamentales para el régimen de construcción de Escuelas. La intervención de los Ayuntamientos no ha sido en la práctica todo lo útil que podía esperarse; se acredita con el conocimiento del número de construcciones emprendidas y abandonadas sin terminar por ellos y de las realizadas y con la apreciación del coste excesivo de aquéllas, consecuencia lógica del deseo de atender más a lo monumental que a lo pedagógico.

Entiende, por estas razones, el Ministro que suscribe que el deseo de las Cortes, expresado en la misma ley de Presupuestos, se dirige a realizar en el servicio de construcciones escolares una transformación honda absoluta, de estricta necesidad y que responde al camino trazado en relación con los demás gastos de la Primera enseñanza; la construcción de los edificios-escuelas directamente por el Estado.

Robustece tal criterio el hecho de haberse incluido en los capítulos 19 y 20, artículos segundos, las cantidades precisas para el funcionamiento de una Oficina técnica de construcción de Escuelas, cuyo régimen y atribuciones se regula también en este Decreto, que ha de ser base del nuevo organismo.

Lo completo en la transformación, la novedad que encierra, obligan al Ministro que suscribe a proponer pocas reglas sustantivas, dejando para la reglamentación, siempre más elástica, determinar muchos puntos de vital interés.

A esta misma idea responde seguramente la alternativa incluida en la ley de Presupuestos, que autoriza que se organice el servicio por medio de ley o Real decreto. La misma pequeña de los créditos disponibles en el actual ejercicio (500.000 pesetas) permite que este Decreto tenga las proporciones modestas de un ensayo, y así, una vez acreditada su eficacia y contrastadas en la práctica sus disposiciones, podrá formularse y presentarse a las Cortes el proyecto de ley definitivo.

Con el mismo carácter de ensayo se establece en este proyecto una novedad interesante, impuesta por el hecho de que los nuevos edificios escolares sean propiedad del Estado que los construye: la creación de las Juntas económicas de las escuelas, organismo modesto, de esfera de acción reducida, pero del que pueden esperarse grandes resultados, dando intervención, sólo en el cuidado del local (nunca en nada que tenga que ver con el régimen y acción pedagógica de la Escuela), no sólo a las autoridades y personas más cultas de los pueblos, sino a los padres que tengan en las aulas niños recibiendo instrucción.