Suplemento a La Escuela moderna (1921-01-29 00:00:00), página 6

puesto en el Escalafón, cuando así se resuelva, sine die, porque con ello se infringe el precepto del número 8.º del artículo 2.º de la ley de Bases sobre el procedimiento administrativo, que expresamente dispone que en ningún caso exceda de un año el tiempo que medie desde el día en que se incoe un expediente y aquel en que termina la vía gubernativa, de cuyo precepto se desprende el derecho de todo reclamante a obtener de la Administración resolución definitiva de su reclamación dentro de ese plazo:

Considerando que la única razón que se alega para el aplazamiento es la de la conveniencia de no demorar el movimiento de las escalas, suspendiendo la provisión de vacantes, no es en modo alguno pertinente, porque la resolución definitiva de lo pretendido no requiere ni impone que se suspenda la provisión, puesto que la reclamación se dirige contra los nombramientos hechos, o sea contra el uso que la Administración hizo de sus facultades:

Considerando que todo ello demuestra que ni la resolución recurrida es de carácter general, por cuanto se limita a resolver las reclamaciones presentadas, ni puede estimarse como de trámite en cuanto a que, si bien contiene la reserva del derecho del interesado a mejorar de puesto en el Escalafón cuando en su día así lo resuelva la Administración, desestima lo pedido, y esto es contrario a los preceptos de la ley de 19 de octubre de 1889, de donde se sigue la necesidad de desestimar la excepción de incompetencia que, fundada en ambos motivos, propone el Ministerio fiscal:

Considerando que la función revisora encomendada por la ley a este Tribunal no puede ejercitarse en cuanto al fondo del asunto, por la razón fundamental de que la Administración no lo ha resuelto en su esfera, ni se han aportado los elementos necesarios para que puedan apreciarse los hechos que el demandante consigne, por lo que la resolución apropiada es la de anular la Real orden impugnada, ordenando a la Administración que, previos los trámites reglamentarios, dicte nuevo acuerdo razonado conforme estime justo, acerca de lo pretendido,

Fallamos que desestimando la excepción de incompetencia propuesta por el Ministerio fiscal y estimando de oficio la que queda indicada, declaramos que esta jurisdicción es incompetente para conocer la demanda de D. Teodoro Junquera y D. Pedro Cano, y que con relación a la producida por D. Senador Blanco, debemos anular y anulamos la Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 8 de junio de 1918, y en su lugar mandamos que la Administración proceda a resolver en definitiva la reclamación deducida en la vía gubernativa por dicho interesado, conforme estime de justicia y dentro de los plazos reglamentarios.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—Carlos Groizard.—Pedro María Usera.—Carlos Vergara.—Manuel Velasco.—César A. Conti.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo Sr. D. Carlos Vergara, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo, de lo cual, como Secretario de la misma, certifico. Madrid, 4 de octubre de 1920.—Juan Gualberto Bermúdez.

18 octubre 1920. (Gaceta del 22 de enero de 1921.)—Sentencia