Suplemento a La Escuela moderna (1921-01-29 00:00:00), página 8

Visto siendo ponente el Magistrado D. César Augusto Conti.
Visto el Real decreto de 8 de junio de 1910 y el de 25 de febrero de 1911:
Considerando que toda la argumentación del demandante contra la Real orden de 19 de febrero de 1917 del Ministerio de Instrucción pública, la funda en la inaplicación que la misma hace del artículo 8.º del Real decreto de 8 de junio de 1910, que ordenaba que los Maestros Directores de Escuelas graduadas percibirían el sueldo de 1.500 pesetas, 2.000, 2.500 y 3.000, según el lugar que ocuparan en el Escalafón correspondiente, y que siendo el reclamante desde el 7 de julio de 1911 Director de la graduada de Linares, que pasa de 20.000 almas, se le debió expedir el título administrativo de 2.500 pesetas, según así lo solicitaría, en unión de otros de la Dirección general de Primera enseñanza, petición que le fué denegada así como por el Ministerio de Instrucción pública en la Real orden denegada:
Considerando que el citado artículo 8.º del Real decreto de 8 de junio de 1910 señala el sueldo de los Directores de Escuelas graduadas según el lugar que ocupen en el Escalafón correspondiente, así como el número 1.º del 16 lo hace también para las vacantes de esa clase que ocurran, teniendo en cuenta el censo de la población en que aquéllos prestaron sus servicios, y como ninguno de esos extremos fué resuelto por la Administración, por no haber sido sometido a su reconocimiento aun en el supuesto de que el mencionado Real decreto podrá tener aplicación a la demanda del recurrente, no le es dado a esta Sala examinar y juzgar lo que no ha sido en el expediente gubernativo, faltando, por consiguiente base adecuada para apreciar si el actor figuraba o no en el Escalafón con el número apto para disfrutar 2.500 pesetas de sueldo, y la población donde prestó sus servicios excedía o no de 20.000 almas:
Considerando, a mayor abundamiento, que la forma de retribuir a los Maestros Directores de Escuelas graduadas se notificó por el Real decreto de 25 de febrero de 1911, disposición que el recurrente acató y con arreglo a ella percibió el haber y gratificaciones que ese Real decreto señala, sin que por tanto quepa sostener que ese estado derecho pueda ser modificado por esta Sala en virtud del recurso entablado contra la Real orden mencionada,
Fallamos que declarando sin lugar las excepciones de incompetencia y prescripción de la acción, alegadas por el Fiscal, debemos absolver y absolvemos a la Administración del Estado de la demanda interpuesta por D. Antonio Ruiz Palma, contra la Real orden de 17 de febrero de 1917, del Ministerio de Instrucción pública, lo que declaramos firme y subsistente.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—José Bellver.—Ramiro Cores y López.—César A. de Conti.—Ramón de las Cagigas.—Angel Díaz Benito.
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo Sr. D. César Augusto Conti, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo, de lo que como Secretario de la misma certifico.
Madrid, 18 de octubre de 1920.—Julián Castro.

8 de enero de 1921. (Boletín Oficial del 25 enero.)—Orden