Suplemento a La Escuela moderna (1920-07-10 00:00:00), página 7

acuerdo ante el Ministerio del ramo, por lo que la resolución adquirió el carácter de firme y consentido, concepto que resulta más acuñado por actos posteriores de aquélla, quien estimando que se había cometido con ella un error, en vista de lo que resolvió la Real orden de 30 de marzo de 1911, con relación al Maestro graduado D. Álvaro González Rivas, a quien la Administración reconocía el beneficio que no otorgaba a la recurrente, solicitó nuevamente en 26 de marzo de 1912 que la Dirección general subsanara ese error, lo que motivó nuevo acuerdo del Centro directivo, desestimando la pretensión, siéndole notificado en 6 de mayo de 1912, contra el que tampoco interpuso recurso de apelación, así como también dejó de formular reclamación contra los escalafones del Magisterio de Primera enseñanza, correspondientes a los años 1912, 1913 y 1914, en los cuales se desconoce el derecho pretendido, razones por las cuales es forzoso estimar que la interesada tenía aceptada y consentida la situación legal que le creaban esas soluciones:

Considerando que la Real orden recurrida, al desestimar la nueva reclamación que la interesada formuló con fecha 10 de marzo de 1916, insistiendo en su pretensión, reforzándola con nuevas alegaciones derivadas de las sentencias de este Tribunal de 28 de julio de 1912 y 6 de octubre de 1915, reconociendo el beneficio pretendido a otros Maestros de Escuelas graduadas, es indudable que en su esencia no hace otra cosa que confirmar acuerdos anteriores consentidos y firmes, por no haber sido apelados en tiempo y forma, por cuya causa es vista la incompetencia de esta jurisdicción para conocer del fondo de la cuestión planteada a tenor de lo que dispone el número tercero del artículo 4.º de la ley de nuestra jurisdicción, debiendo por ello estimarse la oportuna excepción, por no haber sido propuesta por el Ministerio fiscal y tratarse de incompetencia, por razón de la materia, debe acogerse de oficio conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal.

Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompetencia de esta jurisdicción para conocer de la demanda deducida por doña Angustias Fuensalida Rodríguez, contra la Real orden del Ministerio de Instrucción pública, de fecha 4 enero de 1917.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Antonio Marín de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—Pedro María Usera.—Carlos Vergara.—José Vellver.—Ramiro Cores y López.—César A. de Conti.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excelentísimo Sr. D. Carlos Vergara, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-administrativo, de lo que como secretario certifico.—Madrid, 17 de marzo de 1920.—P. S., Julián Castro.

25 junio 1920. (Gaceta del 5 julio.)—Real orden resolviendo expediente de clasificación del legado instituido por D. Patricio Clemente y López del Campo.

Visto el expediente de clasificación del legado instituido por don Patricio Clemente y López del Campo, para incremento de la enseñanza pública primaria:

Resultando que D. Patricio Clemente, por su testamento otorgado en 24 de julio de 1909 en Moral de Calatrava, ante el notario don José García y Fernández Castañón, instituyó diferentes mandas be-