Suplemento a La Escuela moderna (1920-08-28 00:00:00), página 3

lo dispuesto en la base 3.a del concurso general convocado, para plazas de Inspectores Médicos escolares, de 20 de octubre de 1913, y visto lo que determina el párrafo 3.o del artículo 4.o del Real decreto de 20 de septiembre de 1913, fueron confirmados en sus cargos de Inspectores Médicos escolares de Madrid por Real orden de 31 de julio de 1915; citan en apoyo de su derecho, los artículos 7.o del Real decreto de 16 de junio de 1911, 4.o párrafo 3.o y disposición transitoria del Real decreto de 20 de septiembre de 1913, artículos 21 y 17 y disposiciones transitoria del Reglamento de 23 de abril de 1915, por lo que solicitaron que se anule y deje sin efecto el Real decreto de 21 de diciembre de 1917, en cuanto ordena en sus artículos 5.o, 6.o y 7.o la provisión, mediante oposición, de veinte plazas de Inspectores con un sueldo actual de 3.000 pesetas.

Resultando que el Fiscal contestó y propuso la excepción de incompetencia de jurisdicción, fundada en los artículos 4.o, número 1.o, en relación con el 1.o y 3.o de la ley, y 4.o, número 1.o, de su Reglamento, y de no ser estimada, pidió se absolviera a la Administración de la demanda:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. César Conti:
Visto el artículo 1.o de la ley de esta jurisdicción:
Considerando que el Real decreto de 21 de diciembre de 1917, del Ministerio de Instrucción pública, recurrido, por referirse a una resolución de índole general y de carácter orgánico de servicios, no puede entenderse cause lesión a los recurrentes, pues para ello sería indispensable que se hubiera precisado la situación que a cada uno de los mismos correspondiera en el Cuerpo de la Inspección Médico escolar; que partiendo de ese hecho se determinara también el derecho respectivo a cada una de las plazas que puedan creer les corresponda; y que uno y otro caso hubieran sido tratados por la Administración activa cuya decisión sería la revisable.
Considerando que por no citar los recurrentes del Reglamento, ni precepto alguno administrativo de los cuales se derive precisamente el derecho que haya podido ser vulnerado, falta el tercero de los requisitos que el artículo 1.o de la ley de 22 de junio de 1894 exige para que una resolución administrativa sea impugnable en vía contenciosa,
Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompetencia de esta jurisdicción para conocer del recurso entablado contra el Real decreto de 21 de diciembre de 1917 dictado por el Ministerio de Instrucción pública.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Carlos Groizard.—Carlos Vergara.—Manuel Velasco.—José Bellver.—Ramiro Cores y López.—César A. Conti.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo Sr. D. César A. Conti, Magistrado del Tribunal Supremo celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de lo cual como Secretario de la misma, certifico.—Madrid, a 28 de abril de 1920.—Constantino Careaga.

JUNTAS Y SECCIONES DE ENSEÑANZA

13 agosto 1920. (Gaceta del 20.)—Real orden concediendo licencia por enfermo a un oficial.
Vista la instancia elevada a este Ministerio por D. Félix Rodríg