Suplemento a La Escuela moderna (1919-09-20 00:00:00), página 6

se, sin decir cómo ni cuándo, o sea para que surta sus efectos oportunamente; que efectivamente se había recibido en la Dirección de la Escuela Normal una instancia en la que se pedía una orden para el habilitado de maestros, pero como el director nada tenía que ver con tal habilitado ni podía darle órdenes, que devolvió la instancia, señalando de paso los defectos de fondo y forma de que adolecía, debiendo hacerse notar que tal instancia hablaba de interponer recurso de responsabilidad, insinuando que con ella lo preparaba, pero ni consignaba clara y concretamente el precepto legal o reglamentario cuya aplicación se pedía, ni exponía hechos y fundamentos de derecho y de pretensión; que el demandado había recibido también un pliego certificado con una cuenta inexplicable, y ante cosa tan insólita adoptó el único partido posible, o sea esperar la explicación; que el demandado, mientras esperaba contestación del Juzgado respecto a la consulta que le hizo, dio orden al habilitado para que no pagara y retuviera el importe de las partes de mensualidades sujetas a retención, y una vez que recibió la orden del Juzgado, se entregaron a Cao-Cordido las cantidades en depósito, o sea todas las mensualidades, no teniendo nada pendiente de cobro ni sufriendo, por tanto, perjuicio alguno, y como fundamentos de derecho invocó los artículos 4.º de la ley (debe referirse a la de 5 de abril de 1904) y 2.º del reglamento y 950 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Resultando que recibido el pleito a prueba, se practicó la de confesión del demandado, documental y testifical; y sin celebración de vista pública, por no haberlo interesado las partes, se dictó por la Sala de lo Civil de la Audiencia de La Coruña, en 43 de julio del año próximo pasado, sentencia declarando responsable al demandado D. Vicente Fraiz Audón, director de la Escuela Normal de Maestros de Santiago, de los perjuicios ocasionados a D. José Fernández Cao-Cordido, los que estimó en la cantidad de 96 pesetas 80 céntimos, condenándole en su virtud a su pago con las costas del juicio:

Resultando que D. Vicente Fraiz Audón ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números 4.º y 7.º del art. 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, alegando los siguientes motivos:

1.º Infracción del art. 4.º de la ley de 5 de abril de 1904, por errónea interpretación y aplicación, en cuanto el recurrente no incurrió en la sanción que el mismo establece por no haber quebrantado con sus actos precepto legal alguno, toda vez que no dispuso ni ordenó absolutamente nada que envolviese el menor perjuicio para D. José Fernández Cao-Cordido ni para nadie, ni que entrañase una declaración de preferencia a favor de la Agencia ejecutiva, pues precisamente para no causar ese perjuicio consultó sus dudas a la autoridad judicial, que es quien había de resolverlas; pero como de entregarse las cantidades que se retuvieran al agente ejecutivo se causaría un positivo perjuicio a dicho Fernández Cao-Cordido, o viceversa, caso de que, como él suponía, tuviera preferencia el crédito del Estado, prudentemente acordó que el habilitado retuviera en su poder, sin entregarlas a nadie, aquellas sumas, en tanto que el Juzgado no resolviese la consulta elevada, y por tanto no existía ni tal resolución, disposición ni precepto legal infringido, ni D. José Fernández Cao-Cordido lo citó en su instancia de 9 de mayo de 1917, ni la Sala sentenciadora lo invoca tampoco en la sentencia recurrida, no teniendo tal carácter la sentencia firme obtenida por Cao-Cordido, ni aunque quisiera concedérselle resultaría infringida, porque el recurrente no dejó sin efecto por sí y ante sí esa resolución judicial dando la preferencia al crédito del Estado, sino que, como ya se ha dicho, se limitó ordenar quedasen en poder del habilitado las cantidades retenidas hasta la resolución de la consulta elevada, y demostraba que con tal correcto proceder no causó perjuicio a D. José Fernández, el que al