Suplemento a La Escuela moderna (1919-08-06 00:00:00), página 8

necesitan haber ingresado en el Cuerpo por oposición, de igual modo en el Magisterio público de escuelas municipales los que de las referidas escuelas procedan. Para adquirir los derechos concedidos por la ley de 16 de julio antedicho, sólo es preciso desempeñar las escuelas en propiedad.—Art. 3.º Se establece reciprocidad completa entre los maestros de las escuelas públicas dependientes de la Dirección general de Instrucción pública y las escuelas de establecimientos penales, pudiendo concurrir unos y otros a las vacantes respectivas, con arreglo a la ley de Instrucción pública y a la parte primera del artículo precedente. Los años de servicios prestados antes y después de la publicación de esta ley se contarán lo mismo en todos ellos y serán acumulables, menos los efectuados simultáneamente.—Art. 4.º El ministro del ramo, para la provisión de las plazas de maestros de las escuelas de establecimientos penales, se ajustará a la ley y disposiciones vigentes de Instrucción pública.»

Considerando que si bien en la solicitud dirigida por el recurrente a la Dirección general de Primera enseñanza, y originaria del expediente gubernativo, pidió concretamente que «se le reconociera el derecho a volver a escuelas nacionales con el sueldo de 2.000 pesetas —que se hallaba disfrutando—, adjudicándole una, fuera de concurso, del expresado sueldo», y en su demanda interesa de la Sala únicamente que revoque la Real orden impugnada que esa pretensión desestimó, y declare que tiene derecho a ingresar en el Escalafón del Magisterio, computándole en él el tiempo servido en escuelas de Prisiones, omitiendo, en su virtud, el particular en aquella solicitud consignado, y que a la adjudicación de una vacante fuera de concurso se refiere, el Tribunal debe resolver sobre ese extremo, ya que implícitamente se abarca en la demanda y objeto de la resolución recurrida:

Considerando que la ley de 4 de abril de 1889, principal fundamento legal en que el actor se funda, concedió a los maestros de establecimientos penales la consideración de profesores públicos, les declaró comprendidos en la ley de Instrucción pública para todos sus derechos y deberes, siempre que hubiesen ingresado por oposición, y por el principio de reciprocidad entre unos y otros, les otorgó la facultad de concurrir juntos a las vacantes respectivas, debiendo contarse lo mismo en todas ellas los años de servicios, que serán acumulables, con la excepción que marca:

Considerando que, como se ve, esa ley concede a los maestros de una y otra procedencia el derecho de acudir a un mismo concurso para la provisión de vacantes, según la ley de Instrucción pública, pero no el de pasar sin concurso del Cuerpo de Prisiones al de escuelas nacionales, y como el recurrente solicita ese traslado sin tal formalidad legal, es evidente que si bien puede concurrir con los demás expresados y por ese medio obtener la vacante que indica, carece de derecho para alcanzarla por traslado,

Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Administración general del Estado de la demanda interpuesta contra la Real orden dictada por el Ministerio de Instrucción pública en 15 de mayo de 1946, que declaramos firme y subsistente, sin perjuicio de que el demandante pueda ejercitar su derecho de acudir al concurso o concursos para la provisión de vacantes, en las escuelas nacionales, en unión de los que a éstas pertenezcan, y a ocupar en el Escalafón unos y otros el lugar que con arreglo a su sueldo y categoría le corresponda.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—Cándido R. de Celis.—Pedro María Usera.—Camilo Marquina.—Carlos Vergara.—Bernardo Longué.