Suplemento a La Escuela moderna (1919-08-20 00:00:00), página 13

Resultando que emplazado el fiscal contestó la demanda con la solicitud de que se estimase la excepción de incompetencia de jurisdicción, que alegaba como perentoria, o, en otro caso, que se absolviera a la Administración, dejando firme y subsistente la Real orden recurrida:

Visto, siendo ponente el magistrado D. José Bellver:

Vistos los artículos 144 y 146 de la ley Provincial, que dicen: «Artículo 144. Los recursos gubernativos que se interpongan contra las providencias de los gobernadores y los acuerdos de la Diputación o Comisión provincial se presentarán ante la autoridad o corporación que haya dictado aquellas resoluciones.—Art. 146. Para la interposición de los recursos gubernativos contra las providencias y acuerdos expresados en el art. 144 que no tenga un plazo especial señalado, se concede el término de diez días.»

Visto el art. 14 del Real decreto de 15 de agosto de 1902:

Vistos los artículos 30 y 32 del reglamento de procedimiento administrativo de las oficinas centrales, provinciales y locales, dependientes del Ministerio de la Gobernación, de 22 de abril de 1890, que corroboran los textos transcritos de la ley Provincial:

Considerando que no se trata en el caso actual de dilucidar si D. Francisco Márquez Valero tenía o no derecho a la gratificación de 500 pesetas anuales como regente de la Escuela Normal de Huelva (extremo que quedó ventilado y resuelto por las Reales órdenes adecuadas por el interesado), sino de determinar si el Ministerio de la Gobernación pudo dictar la Real orden impugnada de 17 de julio de 1916, que estimó la pretensión de aquél para que se le pagaran las 7.189 pesetas que venía reclamando a la Diputación provincial, por dicha gratificación, durante el tiempo que desempeñó el expresado cargo, desde 1.º de noviembre de 1888 hasta 15 de julio de 1904:

Considerando que del conjunto de los antecedentes de que queda hecha referencia aparece comprobado que esta misma reclamación para el pago de la que decía se le adeudaba por tal concepto fué persistentemente deducida ante la Diputación provincial, la cual, por acuerdo de 18 de agosto de 1904, ordenó el pago a Márquez Valero de 729,17 pesetas como saldo a su favor de las cantidades que reclamaba; importe que percibió el interesado, según consta del libramiento cuya certificación obra en autos, sin protesta ni reclamación alguna de su parte entonces, formulándola después, transcurridos once años próximamente, ante la misma Corporación que adoptó con este motivo el acuerdo de 27 de octubre de 1913, desestimando la petición por infundada en todas sus partes; acuerdo notificado al reclamante por conducto del Gobierno civil de esta Corte con fecha 2 de diciembre de 1913, según reconoce el propio interesado en la instancia, fecha 26 del mismo mes y año, reproduciendo la pretensión ante el ministro de la Gobernación, resuelta por la Real orden recurrida:

Considerando que notificado el último de los expresados acuerdos de-negatorio de la Diputación provincial el día 2 de diciembre de 1913, y no presentada la instancia o recurso al Ministerio hasta el 27 (si bien tiene fecha 26), aunque en ella nada se indica para deducir que se encaminaba a interponer la oportuna alzada contra dicho acuerdo, es evidente que sólo en tal concepto pudo ser tramitada y resuelta por el Ministerio de la Gobernación, que olvidó al hacerlo que por haber transcurrido con exceso el plazo de los diez días que para la interposición de tales recursos establecen los textos legales transcritos en los Vistos, carecía de competencia para dictar la Real orden impugnada porque había quedado firme el acuerdo de la Diputación provincial, puesto que tales términos son improrrogables y debió limitarse a declarar firme el acuerdo: