Suplemento a La Escuela moderna (1919-05-21 00:00:00), página 5

concurso entre profesores del mismo grado de enseñanza, exigencia estrictamente cumplida en la Real orden impugnada, con arreglo a la cual se adjudicó la clase a D.ª Micaela Díaz Rabaneda; y que el art. 2.º del mismo Real decreto ordena que las cátedras que sigan desempeñando luego de la división, el catedrático o profesor encargado hasta entonces de toda la asignatura, continuarán rigiéndose, al quedar vacantes, por las vigentes disposiciones generales; lo que viene a corroborar el criterio mantenido por la Administración, de que esas disposiciones generales no rigen cuando se trata de la provisión de cátedras desdobladadas o divididas, que tienen su procedimiento especial y ha de atemperarse a las reglas establecidas en el Real decreto de 10 de febrero de 1916:

»Considerando que ostentando, tanto la señora recurrente como la coadyuvante, cuantas condiciones fueron exigidas por la Real orden de 10 de marzo de 1916 para tomar parte en el concurso, dicho se está que aun prescinidiendo la Administración de la cualidad de excedente que concurre en la segunda, pudo elegir á ésta en virtud de la libre facultad que le asiste para juzgar los méritos de cada una de ellas, sin que tal designación represente un agravio al derecho para la preterida que le dé el de acudir a esta vía para quejarse de su vulneración, puesto que ninguno le asiste, en igualdad de circunstancias, a que le sea discernido el nombramiento:

»Considerando que la condición de preferencia establecida para las excedentes en la Real orden recurrida no significa ni puede estimarse que contradice ni desvirtúe lo establecido en la de su misma fecha que dispuso la división de la cátedra, porque tratándose de división no estaba la Administración obligada a regirse por anteriores preceptos de la legislación general, sino por los especiales dictados para ese caso; y por consiguiente, cabía dentro de su potestad discrecional establecer las reglas a que debía sujetarse el concurso, sin que el fijarlas suponga ni constituya ningún agravio a derecho preexistente consignado en una ley u otro precepto administrativo, porque, como queda dicho, la provisión de cátedras por división de la enseñanza quedaba excluida de la legislación general y sujeta a lo establecido en el Real decreto de 10 de febrero de 1916, que no prohíbe el ejercicio de aquella potestad discrecional de la Administración:

»Considerando que la excepción de falta de personalidad de la demandante, propuesta por el Ministerio fiscal en su alegación escrita, fué abandonada por el mismo en el acto de la vista, por entender que estaba subsanada con el poder traído a los autos a favor del letrado encargado de la defensa de aquélla,

»Fallamos que, desestimando la excepción de falta de personalidad, propuesta y no mantenida por el Ministerio fiscal, debemos declarar y declaramos firme y subsistente la Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 40 de marzo de 1916 y sin lugar la demanda propuesta por doña María de la Concepción Alfaya, absolviendo, por tanto, de aquélla a la Administración general del Estado.

»Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—Cándido R. de Celis.—Pedro M. de Usera.—Camilo Marquina.—Manuel Velasco.—Bernardo Longué.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el preinserto fallo, se ha servido disponer se cumpla la sentencia en sus propios términos.—El director general, Zabala.—Señor rector de la Universidad Central.»

29 de abril de 1919. (B. O. del 13 de mayo.)—Real orden:
«Vistas las instancias de los profesores de Escuelas Normales D. August-