Suplemento a La Escuela moderna (1919-07-05 00:00:00), página 4

rrespondiente, que aceptaron los organismos directores, y conforme al dictamen del Consejo de Instrucción pública, el Ministerio de este ramo dictó la Real orden de 15 de mayo de 1946, por la que se desestimó la instancia del Sr. Gómez Molina:

»Resultando que contra esta Real orden interpuso el perjudicado el oportuno recurso contencioso-administrativo ante esta Sala, con la súplica de que dicha resolución sea revocada, declarándose en su lugar que el Sr. Gómez Molina tiene derecho a ingresar en el Escalafón del Magisterio nacional, computándose en él el tiempo servido en escuelas de Prisiones:
»Resultando que el fiscal, por su parte, se opone a la demanda pidiendo que se absuelva de ella a la Administración, confirmándose en todas sus partes la resolución recurrida:

»Visto, siendo ponente el magistrado D. Bernardo Longué:

»Vista la ley de 4 de abril de 1889, que dice:

«Artículo 1.º Los maestros de Primera enseñanza de Establecimientos penales se considerarán desde la publicación de esta ley como profesores públicos, con arreglo al art. 97 de Instrucción pública de 1857, y como tales se les declara comprendidos en esta última, para todos sus deberes y derechos, y en la de Derechos pasivos de 46 de junio de 1887.

»Art. 2.º Para que los maestros de Penales adquieran los derechos otorgados por el de Instrucción pública, citados, necesitan haber ingresado en el Cuerpo por oposición; de igual modo en el Magisterio público de escuelas municipales los que de las referidas escuelas procedan. Para adquirir los derechos concedidos por la ley de 16 de junio antedicho, sólo es preciso desempeñar las escuelas en propiedad.

»Art. 3.º Se establece reciprocidad completa entre los maestros de las escuelas públicas dependientes de la Dirección general de Instrucción pública y las escuelas de Establecimientos penales, pudiendo concurrir unos y otros a las vacantes respectivas con arreglo a la ley de Instrucción pública y a la parte primera del artículo precedente; los años de servicios prestados antes y después de la publicación de esta ley se contarán lo mismo en todos ellos y serán acumulables, menos los efectuados simultáneamente.

»Art. 4.º El ministro del ramo, para la provisión de las plazas de maestro de las escuelas de Establecimientos penales, se ajustará a la ley y disposiciones vigentes en Instrucción pública»:

»Considerando que si bien en la solicitud dirigida por el recurrente a la Dirección general de Primera enseñanza y originaria del expediente gubernativo, pidió concretamente que «se le reconociera el derecho a volver a escuelas nacionales con el sueldo de 2.000 pesetas—qué se hallaba disfrutando—, adjudicándole una fuera de concurso de expresado sueldo», y en su demanda interesa de la Sala únicamente que revoque la Real orden impugnada que esa pretensión desestimó, y declare que tiene derecho a ingresar en el Escalafón del Magisterio, computándole en él el tiempo servido en escuelas de Prisiones, omitiendo, en su virtud, el particular en aquella solicitud consignado, y que a la adjudicación de una vacante fuera de concurso se refiere, el Tribunal debe resolver sobre ese extremo, ya que implícitamente se abarca en la demanda y objeto de la resolución recurrida:

»Considerando que la ley de 4 de abril de 1889, principal fundamento legal en que el actor se funda, concedió a los maestros de Establecimientos penales la consideración de profesores públicos, les declaró comprendidos en la ley de Instrucción pública para todos sus derechos y deberes, siempre que hubiesen ingresado por oposición, y por el principio de reciprocidad entre unos y otros, les otorgó la facultad de concurrir juntos a las