Suplemento a La Escuela moderna (1918-10-19 00:00:00), página 13

vivido atentos siempre a la marcha de los asuntos públicos, pero que han permanecido alejados de las luchas de los partidos y que colectivamente jamás se afiliarán a ningún bando político, declaran que esta crisis les pareció perfectamente justificada, que obró bien el ministro que la plantéó y que muchas crisis como la última son tal vez indispensables para que se sacuda la indiferencia pública por las cosas de la educación popular y en la conciencia nacional penetren ideas claras y exactas sobre la situación real de la enseñanza primaria en España, de sus mayores necesidades y de sus remedios más urgentes.

El punto concreto que ha motivado la última crisis no es más que un aspecto del complejo problema escolar. Desde la instalación y el funcionamiento de las Escuelas Normales; desde las prácticas preparatorias y la educación profesional toda del maestro español, hasta la organización anacrónica de las escuelas y su albergue en locales malasanos y de aspecto sordido casi todos; desde la distribución de las escuelas y la asistencia escolar, irregular e insuficiente, hasta la situación económica y moral del Magisterio, todo se halla en una situación deplorable y todo dispuesto para la esterilidad y el desprestigio de la escuela pública. Y todo debe transformarse y mejorarse, ya que todo constituye uno de los intereses vitales y permanentes de la nación. Mas parece que en esta magna obra de nuestra renovación pedagógica, la gran cuestión previa debe ser la de pagar bien al maestro, la de redimirle, la de considerarle y dignificarle, para que al Magisterio acuda una juventud culta y animosa; para que el educador de oficio conozca «la interior satisfacción» y dedique a su tarea no sólo la asistencia física y cierta actividad automática que parece suficiente en otras profesiones, sino todo su trabajo, todos sus fervores espirituales, toda su atención y todo su amor; amor sin el cual la labor educativa es tan estéril y maldita, que deja secas las almas y dormidas las inteligencias.

Pues esta cuestión previa, esta cuestión inevitable y preferente de la gran reforma escolar que necesitamos, ha sido planteadas resueltamente, seriamente, por quien ya la había llamado hace tiempo «cuestión de decoro nacional» y en momentos de un abrumador, angustioso encarecimiento de la vida y cuando el Estado, haciéndose cargo de la difícil situación económica de sus servidores, acababa de votar una ley que les concedía mejoras de las cuales no estaban excluidos los maestros. Es decir, que el problema que en todo tiempo pudo y debió ser resuelto, ya que lo justificaban los quince mil maestros y maestras que cobran al año 4.000 pesetas, y los seis mil que sólo perciben 1.400, y los muchos de otras categorías superiores que no ascienden nunca, y una mezquina categoría de 4.000 pesetas que se ofrece como límite máximo de una carrera a la juventud estudiosa, ha sido planteadlo ahora por mandato imperativo de una ley y de un decreto, que quedan incumplidos al reducir a la insuficiente proporción que parece va a acordar el Gobierno, los beneficios otorgados a los maestros públicos.

Y aunque larga y enojosa, es indispensable la discusión documentada de la razón que nos asiste.

La ley de 22 de julio de 1948 señala como sueldo mínimo para los funcionarios técnicos de la Administración civil del Estado el de 3.000 pesetas y para los funcionarios auxiliares los de 2.500, 2.000 y 1.500 pesetas. Para los funcionarios administrativos determina la disposición especial primera, que aquellos que disfruten sueldos de 4.000, 4.250 y 4.500 pesetas formen una clase auxiliar con sueldo de 2.000 pesetas anuales y derecho a ocupar vacantes de la escala técnica. Es, pues, innegable que los aspirantes a oficiales que hoy disfrutan 4.000 pesetas han pasado a percibir el sueldo de 2.000.

La disposición especial quinta determina que se haga la necesaria adap-