Suplemento a La Escuela moderna (1918-08-31 00:00:00), página 12

»El Gobierno podrá jubilar al maestro, maestra o auxiliar que haya cumplido sesenta y cinco años:

Visto el art. 36 del Real decreto de 20 de diciembre de 1907, que dice así:

«Los maestros tendrán los derechos pasivos determinados en las disposiciones vigentes. Cumplidos los sesenta años de edad, podrán ser jubilados a su instancia. A los sesenta y cinco años será potestativo en el ministro de Instrucción pública disponer su jubilación. Esta será forzosa cuando los maestros cumplan setenta años. En caso de imposibilidad física antes de las sobredichas edades, las Juntas provinciales procederán a incoar el expediente oportuno para la resolución correspondiente, elevándose al Rectorado de que dependa:

Vistos los artículos 4.º y 46 de la ley de 22 de junio de 1894, sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa:

Considerando que el Ministerio fiscal en su contestación a la demanda propuso la excepción perentoria de incompetencia de jurisdicción a que se refiere el núm. 1.º del art. 4.º de la ley de 22 de junio de 1894, fundándola en que es facultad discrecional de la Administración la de apreciar las aptitudes de los funcionarios públicos para el desempeño de sus cargos, pero sin tener en cuenta, al razonar de este modo, que aquella facultad, por lo que hace a los maestros de las escuelas públicas, está limitada por el artículo 35 del reglamento de 28 de noviembre de 1887 y por el 36 del Real decreto de 20 de diciembre de 1907, cuando aquéllos hubieran cumplido sesenta y cinco años de edad; y como el demandante no se encontraba en ese caso al ser jubilado, según aparece de su hoja de servicios, es evidente la improcedencia de la excepción alegada:

Considerando que la cuestión de fondo debatida en este recurso es la de si D. Antonio Benedet se hallaba o no físicamente imposibilitado para el ejercicio de la enseñanza; y si bien la Real orden recurrida, entendiéndolo que lo estaba, dispuso la jubilación forzosa de aquél con arreglo a las disposiciones legales antes mencionadas, la Sala, apreciando las pruebas del expediente administrativo y los documentos que se han aportado después al recurso, no puede hacerse solidaria de aquel juicio que ha servido de fundamento a la resolución contra la cual se recurre; porque aun cuando el médico titular de Tolva ha dictaminado que dicho interesado se hallaba en un estado de debilidad psíquica, especie de infantilismo cerebral, que le imposibilitaba para la fácil concepción y expresión de las ideas, este parecer no sólo no ha sido confirmado por el de otro facultativo, sino que fue contradicho por los tres médicos, uno de ellos el subdelegado del partido, los cuales en el documento que se acompaña a la demanda certifican que el maestro de que se trata goza de excelente salud, no sufriendo enfermedad mental alguna, y por lo mismo se encuentra en condiciones normales para estar al frente de una escuela de niños:

Considerando, en su consecuencia, que no puede subsistir la Real orden contra la cual se ha reclamado:

Considerando que el abono de haberes que el recurrente demanda, o sea las diferencias entre los que viene percibiendo desde que se decretó su jubilación forzosa y los que debía percibir si hubiera continuado desempeñando la escuela, es una pretensión que no puede ser acogida por la Sala como uno de los efectos legales anejos a la revocación de la Real orden recurrida, porque la jurisprudencia ha declarado que el sueldo y los haberes son la remuneración del servicio prestado, y cuando éste no llega a prestarse no hay derecho para percibir aquéllos;

Fallamos que desestimando la excepción de incompetencia propuesta por el Ministerio fiscal, debemos revocar y revocamos la Real orden de