Suplemento a La Escuela moderna (1918-08-24 00:00:00), página 11

de 24 de enero de 1876, 42 de marzo de 1883, 12 de junio de 1896, 2 de septiembre y 24 de octubre de 1902 y 5 de mayo y 25 de junio de 1943, donde se le asigna y reconoce la calidad de Junta provincial, otorgándose a su secretario el carácter propio de los que ejercen el cargo de aquella clase, a los cuales se hallaba también asimilado por la ley de 23 de julio de 1895:

Considerando que por eso el secretario de la Junta provincial de Madrid ha funcionado siempre bajo la dependencia inmediata de la Dirección general de Instrucción pública o del Ministerio del ramo, según las épocas, como equiparado a los secretarios de las Juntas provinciales, después jefes de las Secciones administrativas, y en tal concepto figuraba el actor en el Escalafón donde se hallan incluidos esos funcionarios, sin que hubiera servido de obstáculo para ello el accidente de que la dotación de su destino corriese a cargo del Erario municipal, en virtud de disposiciones especiales que así lo establecen:

Considerando que el secretario de la Delegación Regia de Primera enseñanza de Madrid ha tenido también la condición administrativa de secretario de Junta provincial bajo la dependencia directa del Ministerio de Instrucción pública por virtud de los Reales decretos de 24 de octubre de 1902, 7 de febrero de 1908, 16 de septiembre de 1943 y 18 de febrero de 1946, de todo lo cual se sigue que el recurrente no puede alegar, bajo ningún concepto, agravio reparable deducido de la determinación reclamada que ha podido adoptarse sin las solemnidades, justificaciones y garantías que los textos vigentes exigen cuando haya de imponerse la destitución o separación como corrección disciplinaria:

Considerando que la facultad de acordar o la obligación de decretar la jubilación del secretario de la Junta municipal y de la Delegación Regia de Primera enseñanza de Madrid, cuando el funcionario haya cumplido sesenta y cinco o setenta años de edad está conferida al Ministerio por el precepto general de la ley de Presupuestos de 3 de agosto de 1866, y por las disposiciones especiales contenidas en el reglamento de 25 de noviembre de 1887 en relación con la ley de 23 de julio de 1895, en el Real decreto de 25 de junio de 1913 y en la Real orden de 26 de julio del mismo año; y de ella hizo uso en la resolución recurrida, sin desconocer ningún derecho del actor, que había cumplido a la sazón sesenta y cinco años y que no puede aspirar al privilegio singularísimo de que no quepa jubilarle en ningún caso por razón de edad, que es en resumen lo que pretende,

Fallamos que desestimando como desestimamos la excepción de incompetencia alegada por el fiscal y por el coadyuvante, debemos absolver y absolvemos a la Administración general del Estado de la demanda entablada por D. José Rodríguez Parreño contra la Real orden de 21 de febrero de 1916, expedida por el Ministerio de Instrucción pública, que queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Antonio Marín de la Bárcena. — José Bahamonde. — Alfredo de Zavala. — El magistrado D. Carlos Groizard votó en Sala y no puedo firmar: Antonio Marín de la Bárcena. — Camilo Marquina. — Carlos Vergara. — Bernardo Longué.»

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo Sr. D. Alfredo de Zavala, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de lo que como secretario certifico.

Madrid, 26 de junio de 1918. — Julio del Villar.