Suplemento a La Escuela moderna (1918-09-04 00:00:00), página 6

«Art. 4.º No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso-administrativo:
»1.º Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de los cuales procedan o de la materia sobre que versen se refieran a la potestad discrecional...»
«Art. 46. El demandado y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las siguientes:
»1.a Incompetencia de jurisdicción... Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la índole de la resolución reclamada, no se comprenda, a tenor del título 1.º de esta ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso contencioso-administrativo...»:
Visto el art. 4.º del reglamento para la ejecución de dicha ley, que expresa:
«Corresponde señaladamente a la potestad discrecional: Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que nazcan o de la materia sobre que versen pertenezcan al orden político o de gobierno o afecten a la organización del Ejército o a la de los servicios generales del Estado, y las disposiciones de carácter general relativas a la salud e higiene públicas, al orden público y a la defensa del territorio, sin perjuicio del derecho a las indemnizaciones a que puedan dar lugar tales disposiciones...»:
Visto el Real decreto de 25 de febrero de 1941:
Considerando que una de las resoluciones impugnadas en este recurso ha sido el Real decreto de 24 de marzo de 1946; pero dictado éste con el fin de mejorar la enseñanza primaria, no ofrece la menor duda que emana de una facultad discrecional de la Administración activa para la organización de un servicio general del Estado, en cuyo concepto se halla comprendida en el núm. 4.º del art. 4.º del reglamento para la ejecución de la ley de 22 de junio de 1894, en relación con los mismos número y artículo de dicha ley:
Considerando que de tales afirmaciones es consecuencia indeclinable la de la incompetencia, por razón de la materia, para que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda conocer del cumplimiento y ejecución del expresado Real decreto, sin que obstre a la eficacia de esta excepción la circunstancia de que no haya sido propuesta por el Ministerio fiscal, ya que la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que la Sala puede proponer y resolver de oficio las de aquella índole:
Considerando, en cuanto al fondo del recurso, que la cuestión planteadas no es otra que la de si la Real orden también impugnada de 13 de abril de 1946 lesionó o no algún derecho del demandante al dejar sin efecto el nombramiento que había obtenido; pero cuanto se ha alegado por las partes contendientes pone de manifiesto la inexistencia de tal agravio, puesto que no se ha justificado que aquel derecho estuviera preestablecido en disposición legal alguna, ni, por lo tanto, en las que invoca el recurrente, o sean el Real decreto de 25 de febrero de 1941 y la Real orden de 5 de diciembre de 1915: en el primero, porque además de la vaguedad con que se le cita, ninguna de sus disposiciones guarda relación con el caso de que se trata, y en la segunda, porque si bien D. Ludivino Corbo fué por ella nombrado director de la escuela graduada que había de establecerse en los jardines de la Veterinaria, de esta Corte, el nombramiento no llegó a tener efectividad por no haberse terminado las obras del edificio en el cual se había de instalar dicha escuela, y a consecuencia de ello ni se le expidió título alguno a Corbo, ni éste pudo posesionarse del cargo, ni percibió la gratificación que debía percibir desde la apertura del establecimiento, como expresamente previene dicha Real orden, que ha dejado después sin efecto la recurrida de 13 de abril de 1946;