Suplemento a La Escuela moderna (1918-10-12 00:00:00), página 6

tener lugar por razón de reformas orgánicas en la enseñanza, que es el del pleito, puesto que la Real orden recurrida dispone con carácter general la cesación de los profesores nombrados en virtud del citado Real decreto, por juzgar conveniente esa medida, en razón a existir otros profesores iguales en los Institutos que podían desempeñar el cargo con economía para los intereses públicos, y esta circunstancia podrá dar lugar en su caso, no a la aplicación del art. 470 de la ley, sino a la del 478, que dispone que los profesores que queden sin colocación por supresión o reforma percibirán las dos terceras partes del sueldo que disfrutaban hasta que vuelvan a ser colocados, precepto que de un modo implícito reconoce el derecho de la Administración para disponer la cesación de los profesores por el motivo indicado de reforma:

Considerando que de lo expuesto se deduce lógicamente que los demandantes no pueden incoar en justicia, en apoyo de su pretensión de ser repuestos en sus cargos, el art. 470, ya referido, y que habiendo obtenido sus nombramientos, aun en concepto de propiedad, en virtud de la disposición del Real decreto de 30 de agosto de 1914, su derecho se halla limitado al desempeño de la cátedra para que fueron nombrados, con el sueldo que se les asignó, mientras el Gobierno no estime conveniente la cesación de sus servicios, como sucede con relación a todo cargo público que no tenga establecida la inamovilidad en favor de quien lo sirva en propiedad:

Considerando que tampoco puede aplicarse al caso del pleito la doctrina jurídica invocada de que la Administración no puede volver sobre sus propios actos, por lo que no le es lícito en la vía gubernativa dejar sin efecto, como lo hace la Real orden recurrida, los derechos que declaró en favor de los recurrentes al nombrarlos en propiedad profesores especiales de Religión y Moral, porque esa doctrina ni tiene ni puede tener aplicación al caso de cesación de funcionarios públicos que no gozan de inamovilidad en sus cargos, en razón a que los numbramientos en propiedad no confieren por sí solos ese derecho de inamovilidad, y por ello el Gobierno, al disponer la cesación de sus servicios, no vuelve sobre resolución anterior, sino que simplemente ejercita la facultad que tiene de separarlos en virtud de reformas;

Fallamos que, desestimando la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio fiscal, debemos absolver y absolvemos a la Administración del Estado de la demanda interpuesta por D. Andrés Coll Pérez y otros 32 profesores de Religión y Moral, contra la Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 18 de septiembre de 1916, que fué notificada individualmente a los recurrentes por otra posterior del mismo Ministerio, resolución que declaramos firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marin de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—Carlos Groizard.—Ricardo Jiménez Ortiz.—Carlos Vergara.—Manuel Velasco.—Bernardo Longué.»

23 de abril de 1918. (Gaceta del 40 de julio.)—Sentencia contencioso-administrativa en pleito promovido por D. Herminio Lozano sobre nombramiento de profesor de Religión y Moral de las Normales de Cuenca:

«En la villa y corte de Madrid a 23 de abril de 1918, en el pleito que ante Nos pende en única instancia, entre partes, de una D. Herminio Lozano, demandante, representado por el letrado D. Fernando Merino, y de otra el fiscal, en nombre de la Administración general del Estado, demandada, coadyuvada por el licenciado D. Félix Avia, a nombre de D. Teófilo Avia, sobre renovación o subsistencia de la Real orden expedida por el Ministerio de Instrucción pública en 17 de febrero de 1915: