Suplemento a La Escuela moderna (1918-05-25 00:00:00), página 3

recurso contencioso-administrativo ante esta Sala D.a Amelia del Pozo y Escobedo, representada por el procurador D. Ignacio Corujo, quien oportunamente formuló la demanda con la súplica de que se anulase y dejara sin efecto la Real orden mencionada, y que se resolviese que en el expediente de concurso para la provisión de la cátedra de Historia de la Escuela Normal de esta Corie debía ser oído el Consejo de Instrucción pública y estimadas únicamente aquellas condiciones de preferencia que autorice la legislación, excluyendo, por tanto, toda declaración de excedencia:

»Resultado que emplazado el fiscal, contestó la demanda, oponiéndose y suplicando fuera desestimada, absolviendo a la Administración:

»Visto, siendo ponente el magistrado D. Manuel Velasco:

»Considerando que los motivos en que funda la recurrente la impugnación de la Real orden de 4.º de abril de 1946, por la que fué nombrada D.a Micaela Díaz Rabaneda para la cátedra de Historia de la Escuela Normal de Maestras de Madrid, son dos, que consisten: el primero, en que por no haberse oído al Consejo de Instrucción pública antes de hacer el nombramiento, adolece el expediente de un vicio de nulidad que se transmite y abarca a la misma Real orden que le puso término, y el segundo, en que la condición de excedencia declarada a favor de D.a Micaela Díaz Rabaneda por la Real orden de 10 de febrero de 1946, y estimada después como motivo de preferencia para el concurso por la Real orden de 10 de marzo de 1946, que lo convocó, contraria el sentido de la legislación general de Instrucción pública, con daño de otros derechos que pudieran ser más atendibles:

»Considerando que es doctrina repetidamente reconocida y proclamada por esta Sala, la de que una vez convocado un concurso con las condiciones que en la Real orden de convocatoria se establezcan, todos los que acudan al llamamiento sin protesta ni impugnación alguna se someten a sus términos de tal modo que por esa sumisión queda convertido, para ellos, el mandato ministerial en una verdadera ley contra la que no es lícito ir después de haberla aceptado, sin contradecir sus propios actos, y como doña Amelia del Pozo no impugnó ni la Real orden de 10 de febrero de 1946, por la que se declaró la excedencia de D.a Micaela Díaz Rabaneda, ni la de 10 de marzo del propio año, que convocó el concurso, claro es que para aquella señora ambas disposiciones ministeriales son inatacables ahora y no puede fundar en ellas ninguna aspiración merecedora de amparo:

»Considerando que los vicios en el procedimiento, para que puedan ser alegados con eficacia, exigen que la persona que los invoca demuestre que por la existencia de esos vicios ha sido lastimada en sus derechos propios y personales, porque de otra suerte el ejercicio de la acción para pedir nulidades por supuestas o reales infracciones de procedimiento se convertiría en acción pública y popular, enteramente incompatible con la que reconoce y ampara la ley de esta jurisdicción, que parte siempre del supuesto de la existencia de un derecho administrativo preexistente y que haya sido susceptible de agravio. Y como de un lado resulta evidente que la D.a Micaela Díaz Rabaneda ostentaba una condición de preferencia, de la que la recurrente carecía y por ella misma se reconoce, y de otro, es para esta última inatacable la Real orden de convocatoria del concurso, en el mero hecho de haber acudido a él sin protesta, de ambas afirmaciones se deduce que el vicio de procedimiento que alega de no haber sido oído en el expediente el Consejo de Instrucción pública, no pudo en ningún caso afectarle perjudicando su derecho, ni por consiguiente conferirle el de pretender ahora una nulidad que nunca habría de aprovecharle:

»Considerando que por tales fundamentos procede confirmar la resolución recurrida,