Suplemento a La Escuela moderna (1918-04-03 00:00:00), página 4

Considerando que la ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, en su art. 491, señaló los sueldos mínimos que los Ayuntamientos habían de abonar a los maestros de escuelas, pero esta obligación se fijó en otra forma por la ley de Presupuestos de 31 de diciembre de 1904, toda vez que el art. 43 de la misma dispuso que en lo sucesivo las de personal y material de instrucción primaria serían satisfechas por el Tesoro, con cargo al presupuesto de gastos del Estado, y el 23 asignó a tales dotaciones la cuantía que alcanzasen en los respectivos presupuestos municipales correspondientes a dicho año, limitación que se mantuvo para los presupuestos de 1914, según se infiere de la disposición especial 17 de la ley de 29 de diciembre de 1910:

Considerando que para cumplir la promesa de mejora de sueldos contenida en la disposición legal últimamente citada, se dictó el Real decreto de 25 de febrero de 1914, el cual, después de conceder aquella mejora y de declarar la caducidad de las retribuciones, previene en su art. 6.º que quedarán subsistentes, con el carácter de vitalicios, los premios y aumentos voluntarios que perciban los maestros y maestras, cuyos sucesores en la escuela cesarán (dice) en aquellas ventajas «en la parte que grabe los presupuestos del Estado»:

Considerando que del texto literal de esta disposición, del estudio de la misma, hecho no aisladamente, sino en conexión directa e inmediata con las que le preceden y con las que le siguen, de la finalidad del Real decreto y de lo que prescribe el art. 48 de la Real orden de 31 de marzo del mismo año, se deduce, sin género alguno de duda, que, dado el nuevo estado de derecho creado por la ley de 1904, el art. 6.º del Real decreto de 1914 se refiere exclusivamente a los premios y aumentos de sueldo concedidos por el Estado, y no a los que lo hubieran sido por las Corporaciones municipales, como entiende y ha alegado el demandante:

Considerando que otra cuestión enteramente distinta de la que ha sido objeto de la anterior deliberación es la surgida de la facultad que tienen los Ayuntamientos para conceder premios y aumentos de sueldo, en compensación de los quebrantos que en su dotación puedan sufrir los maestros y maestras; que esta atribución ha sido reconocida en los artículos 3.º y 47, respectivamente, de las Reales órdenes de 19 de junio de 1907 y 31 de marzo de 1914, dictada la primera en cumplimiento del art. 191 de la ley de Instrucción pública, y que como tal facultad ha dado lugar al acuerdo del Ayuntamiento de Cangas de Onís, de que se trata, se impone la necesidad de fijar y puntualizar el alcance de la misma:

Considerando que esa exigencia la ha satisfecho completamente la sentencia de esta Sala de 10 de noviembre de 1914, al declarar que el aumento voluntario de remuneración traspasando el sueldo mínimo que los Ayuntamientos han de abonar a los maestros, según la ley de Instrucción pública, no arguye en realidad declaración de derecho alguno, sino la mera concesión de una gracia que subsiste mientras el Ayuntamiento y vocales asociados estimen prudencialmente que los recursos y necesidades del pueblo permitan dispensarle, y que para la integridad de esta doctrina nada significa que se haya establecido, como sostiene el recurrente, con motivo de un acuerdo municipal anterior a la Real orden de 1907, sin que, por otra parte, se refiera a los casos en que el aumento representara una compensación necesaria y adecuada al derecho que el maestro hubiera renunciado o de que se privare en contemplación a los deseos o conveniencias del Ayuntamiento, permaneciendo con este motivo en la escuela cuya dotación se hubiere disminuido:

Considerando, en su consecuencia, que la escuela municipal de Cangas de Onís estaba dotada con 1.400 pesetas; que reducida ésta a 825 por Real