Suplemento a La Escuela moderna (1918-07-13 00:00:00), página 5

las demás cuestiones que estos pleitos acumulados entrañan, hay que examinar la principal en ellos tratada, esta cuestión consiste en saber si el artículo 41 de la ley de 24 de diciembre de 1912 dispuso que se estableciese una escala gradual de sueldos para el profesorado de las Escuelas Normales, y que estos sueldos se adjudicaran de mayor a menor, por orden de la mayor antigüedad en el servicio, prescindiendo de todo lo hasta entonces establecido respecto de categorías, sueldos, quinquenios, etc., y en saber si, por tanto, el Real decreto de 29 de junio de 1913, que así entendió y aplicó la ley, y las Reales órdenes de 1.º de julio de 1914, 21 de marzo y 30 de agosto de 1915, dictadas de acuerdo con el Real decreto, han lesionado derechos establecidos a favor de los demandantes, no sólo por disposiciones anteriores, sino también por el mismo art. 41 de la ley de 24 de diciembre de 1912, de cuya aplicación se trata:

Considerando que el fiscal y el coadyuvante han alegado en primer término la excepción de incompetencia, fundados en que la cuestión así planteadá no corresponde al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, porque los citados Real decreto y Reales órdenes son disposiciones de carácter general, y además versan sobre organización del servicio:

Considerando que esta excepción no es de estimar, porque si bien es cierto que dichas disposiciones afectan forman de generalidad, entrañan al mismo tiempo la resolución de cada caso concreto, como lo demuestra el hecho de que por virtud de ellas, y aplicándolas a cada uno de los interesados demandantes, se les ha asignado a cada uno un sueldo, se les ha privado de su categoría y clase, se les ha dado un lugar en el Escalafón, se les ha negado la rectificación de este lugar y se les ha antepuesto en el Escalafón y en cuantía de sueldos a aquellos compañeros que antes figuraban en ambos conceptos por bajo de cada uno de los demandantes; tampoco es exacto que los pleitos vayan contra la organización del servicio, si es que el art. 41 puede decirse que la contenía, porque lo que en ellos se pide no es que se atenga a dicha organización, sino, por el contrario, que el Ministerio se atenga a ella, y, por último, bastaría también para desestimar la excepción tener en cuenta que los pleitos tienen por objeto demostrar que el Real decreto y las Reales órdenes reclamados vulneran el derecho de los demandantes, establecido precisamente, además de en otras leyes anteriores, en el mismo art. 41 de la ley de 24 de diciembre de 1912, y es evidente que el resolver si en éstos hay acierto o error corresponde a la competencia de esta Sala, con arreglo al art. 3.º de la ley, según el cual el recurso contencioso-administrativo podrá interponerse de igual modo contra resoluciones de la Administración que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley cuando tales resoluciones han sido adoptadas como consecuencia de una disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originaron aquellos derechos:

Considerando que existe otro aspecto de la cuestión que pudiera impedir a la Sala el conocimiento del asunto, aun estando por su naturaleza sometido a la jurisdicción de aquélla; este aspecto consiste en que, habiéndose dictado el Real decreto de 1913 por virtud de la autorización contenida en el art. 41 de la ley, y disponiendo el párrafo cuarto de este artículo que las escalas graduales a que hacen referencia los párrafos anteriores regirán desde la publicación del Real decreto, sin perjuicio de lo que resulten las Cortes en forma reglamentaria cuando se les dé cuenta de aquél, es evidente que si las Cortes hubieran resuelto que el Real decreto se acomodaba a lo dispuesto en la ley, habría cesado la competencia de la jurisdicción contenciosa, porque ésta, como todas, ceden y se anulan ante la