Suplemento a La Escuela moderna (1917-12-22 00:00:00), página 3

de la Enseñanza Catalana solicita autorización para implantar en esa Escuela una clase libre de Gramática catalana:

Considerando que es de gran conveniencia y utilidad el conocimiento de las lenguas que en España se hablan, y muy especialmente el idioma catalán, de innegable valor literario:

Considerando que, fundándose en iguales razones, por orden de 26 de octubre de 1916 se concedió ya autorización semejante a la Escuela Normal de Maestras de Barcelona,

Esta Dirección general ha acordado autorizar a la directora de la Normal de Gerona para proceder a la implantación de la clase que se solicita, siempre que se dé con carácter libre y gratuita y en horas que no perjudiquen el buen régimen del establecimiento. — Rivas Mateos.— Señor rector de la Universidad de Barcelona.»

INSPECCIÓN DE LA ENSEÑANZA

20 de diciembre de 1917. (Gaceta del 21).—Real decreto relativo a la Inspección de la Enseñanza:

«EXPOSICIÓN.—Señor: El art. 294 de la vigente ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857 dispone que «el Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los establecimientos de instrucción, así públicos como privados».

Varias disposiciones, y especialmente el decreto-ley de 29 de julio de 1874, el Real decreto de 24 de octubre de 1889, el de 14 de octubre de 1898 y el de 27 de mayo de 1910, han procurado desarrollar el mencionado precepto de la vigente ley de Instrucción pública, por lo que respecta a la Inspección general de enseñanza, ya que en lo relativo a la primera han sido muy numerosas y amplias las adoptadas.

A pesar de ello, puede afirmarse que la Inspección de las enseñanzas superior y secundaria, de tan evidente importancia para el progreso de la cultura nacional, no ha tenido eficacia ni transcendencia práctica por falta de preceptos que determinen su organización y funcionamiento. Y, sin embargo, nadie pone en duda la necesidad de regular debidamente esa Inspección, sin la cual carecerá de garantías de cumplimiento la acción tutelar del Estado, que podrá ser más o menos transitoria, pero que mientras exista requiere intervención constante, seria y eficaz, para evitar que la rutina, los intereses personales o una torcida voluntad perturben la realización del más delicado y trascendental de sus fines.

Evidente es, por otra parte, que el Estado, en su función inspectora, no puede afectar la misma modalidad que la que presenta en el ejercicio de la función inspeccionada, o lo que es lo mismo, que sería absurdo pretender que alguien se inspeccionase a sí propio. Por eso, la función inspectora de la instrucción no puede ni debe encomendarse, si se desean garantías de acierto, a los mismos que hayan de ser inspeccionados. Así, en nuestras antiguas Universidades, donde el rector ejercía funciones inspectoras, estaba terminantemente prohibido que aquél fuera catedrático.

Pero si esto es innegable cuando se trata de la Inspección en su aspecto fiscal, no ocurre lo mismo cuando la función inspectora se refiere a la indagación de las deficiencias pedagógicas que proceden de un sistema erróneo que el Estado impuso. En tales casos, nadie mejor que los interesados en el ejercicio de la función de enseñar (profesores y alumnos) pueden advertir los vicios del procedimiento adoptado.

El ministro que suscribe ha creído, pues, necesario armonizar ambos conceptos, organizando, por una parte, la Inspección general central con absoluta independencia del Cuerpo docente, y utilizando, no obstante, para