Suplemento a La Escuela moderna (1917-06-27 00:00:00), página 8

en los dos anteriores, pero cesando al terminar dicho curso, en que cumplen los tres años de servicios; que esta disposición será extensiva a las clases de adultas establecidas en las capitales de distrito universitario por el Real decreto de 47 de junio de 1945:

Resultando que contra dicha Real orden interpusieron D.a Eloísa López Álvarez, representada por el licenciado D. Eugenio Cemborain, y D.a Nieves García y las otras 15 maestras ya enumeradas, representadas por el licenciado D. Juan de la Cierva, los recursos contencioso-administrativos números 327 y 286, respectivamente, siendo dichos recursos acumulados por auto de la Sala de 26 de febrero de 1946:

Resultando que una y otra partes recurrentes formalizaron la demanda con idéntica súplica de que se revoque y anule la resolución impugnada, y en su lugar se declare que las demandantes tienen perfecto derecho a continuar desempeñando las escuelas de adultas que obtuvieron en virtud de concurso, y que no pueden ser privadas de ellas sin previo expediente, informado por la inspectora, sobre el resultado de su labor docente:

Resultando que, emplazado el fiscal, contestó a la demanda alegando como perentoria la excepción de incompetencia de jurisdicción y solicitando en cuanto al fondo la confirmación de la resolución recurrida:

Resultando que admitido como coadyuvante de la Administración el procurador D. Rafael Muñoz en representación de D.a Julia López y otras maestras de escuelas nacionales, contestó también la demanda formulando solicitud idéntica a la del fiscal:

Resultando que por auto de esta Sala de 30 de noviembre de 1916 se dictó, después de oídos el fiscal y la parte coadyuvante, la suspensión de efectos de la resolución recurrida que una de las partes actoras había solicitado:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Cándido R. de Celis:

Considerando que la declaración a que aspiran la citada demanda, y la deducida a nombre de la López Álvarez, consiste en que todas las maestras comprendidas en ambas, que en 26 de septiembre de 1913 fueran designadas por dicho centro directivo para el desempeño de las plazas de directoras de las escuelas de adultas de Madrid, tienen perfecto derecho a continuar en el desempeño de las mismas, y no pueden ser privadas de ellas sin previo expediente, informado por la inspectora, sobre el resultado de su labor docente:

Considerando que, consultada la legislación aplicable al caso, no encuentra en ningún precepto de ella origen de tal derecho:

1.º Porque el Real decreto de 4 de abril de 1913, que estableció en Madrid y Barcelona las escuelas mencionadas, sólo determina la gratificación que las maestras han de recibir por el servicio y el material escolar que debe abonárselas, confiando en cambio a la Dirección facultades amplias para el nombramiento de aquéllas, y para dictar las disposiciones que estima conveniente en ejecución del decreto.

2.º Porque desde que en uso de estas atribuciones expidió su orden de 7 de junio siguiente, quedó para quienes solicitaran tales nombramientos bien conocida la condición de las mismas, no permanente en el ejercicio del cargo, sino transitorio, revelándolo así claramente su regla 3.ª; y

3.º Porque si el nombramiento originario hubiera atribuido al cargo carácter de permanencia, no había necesidad de que por la Real orden de 30 de septiembre de 1914 se las designara nuevamente para su desempeño:

Considerando que el mencionado centro directivo se reservó en dicha regla 3.ª la facultad de establecer en cursos sucesivos los turnos totales o parciales en vista de los informes; de las inspectoras acerca de la labor