Suplemento a La Escuela moderna (1917-07-04 00:00:00), página 7

La instalación de la mayoría de las escuelas rurales es inadecuada desde el punto de vista higiénico y pedagógico, y en gran parte de ellas conviven al propio tiempo el Ayuntamiento, el Juzgado, la Alhóndiga, la Cárcel y vecinos particulares.

Significan algunos inspectores que han venido encargados de otra zona, además de la suya; dan cuenta de que han tenido que cerrar varios resúmenes de zonas sin recibir todos los cuadros de las escuelas; muestran desigual criterio en algunos extremos, y alegan, para omitir otros, el silencio de los maestros; acusan la resistencia de los secretarios de las Juntas locales respecto a los datos de escuelas cerradas; señalan, no todos, los puntos donde es más urgente y perentorio crear escuelas nacionales, e indican la conveniencia de que pase al Estado la consignación de material de las escuelas llamadas desdobladas; declaran que la ley de Enseñanza obligatoria de 23 de junio de 1909 es letra muerta para la inmensa mayoría de los Municipios de la nación, que no han formado ni rectificado anualmente el Registro escolar.

Tales son los datos más salientes de la Estadística del corriente año, que ha de servir de término de comparación con las Estadísticas de años venideros, sujetas a instrucciones que reclaman el estudio de ésta y que se dictarán dentro de un mes, plazo que se señala para que, durante el mismo, los maestros, los inspectores, los jefes de las Secciones administrativas, las Corporaciones y los particulares informen a esta Dirección general de cuanto estimen conveniente y adecuado a los fines de la Estadística.

Madrid, 24 de mayo de 1917.—El director general, Royo.*

Secretarios de Juntas locales de Primera enseñanza que por su escaso celo del servicio no han cumplido con el deber de facilitar a los inspectores los datos relativos a escuelas cerradas.—Provincia de Granada.—D. Antonio Tortosa González, de Alicún de Ortega; D. José García Abarca, de Alcudia; D. Emilio Espinosa Guirado, de Güéjar-Sierra; D. José Beltrán Márquez, de Huéneja; D. Federico Gil López, de Mecina-Tedel; D. José Lorenzo Rodríguez (no dice de dónde); D. Fernando Fernández Espejo, de Murtas; D. Práxedes Galera Sánchez, de Puebla de D. Fadrique; D. Antonio Jiménez Fernández, de Nivar, y el de Trévelez, cuyo nombre y apellido se ignoran en el Gobierno civil, conforme declara el inspector-jefe de Granada.

Provincia de Valladolid.—D. Emilio Arenillas, de Corrales de Duero.

Provincia de Cádiz.—El de Arcos y el de Sanlúcar de Barrameda, cuyos nombres no da el inspector.

Y otros varios secretarios que omiten los inspectores.

Madrid, 21 de mayo de 1917.—El director general, A. Royo.

Por O. de 18 de junio de 1917 (Gaceta del 24), vistos los expedientes incoados a instancia de D. Manuel Vicente Mosquera, maestro de Cangas (Pontevedra), en súplica de que se rectifique la orden de la Dirección general de 30 de abril convocando a oposiciones restringidas de 3.000 y 2.000 pesetas, en el sentido de exigir tres años de servicios para tomar parte en las de 2.000 pesetas, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 5.º, 6.º y 7.º del Real decreto de 48 de octubre de 1913, por entender que no han sido derogadas por el Estatuto general del Magisterio; y teniendo en cuenta que el capítulo 4.º del Estatuto general del Magisterio no exige tiempo determinado de servicios para tomar parte en las oposiciones a 2.000 pesetas, y que el art. 189 del mismo declara expresamente derogadas todas las disposiciones que se opongan a sus preceptos, la Dirección general ha acordado desestimar la instancia de D. Manuel Vicente Mosquera.