Suplemento a La Escuela moderna (1917-02-24 00:00:00), página 4

ocasionarle, queda más de manifiesto que tal cuestión no tiene caracteres para que deba comprenderse dentro de las condiciones del recurso contencioso-administrativo, pues aquella lesión se reduce a que reuniendo Alvarez Blanco más de diez años de servicios en escuelas públicas y habiendo desempeñado ya el cargo de inspector, desaparece en su oposición el derecho que tenía a ejercerlo, por cuanto se le exige una nueva traba con la oposición, y porque además se reconocen derechos para ocupar las referidas plazas a quienes no tienen aptitud, según la ley de Instrucción pública, ya que cualquier plaza que a él (Alvarez Blanco) le correspondiese podría ser adjudicada a uno de los mencionados inaptos, que califica de intrusos:

»Considerando que además de tratarse de la organización de servicios públicos y de una cuestión de carácter general como la que implican los citados artículos de la ley de 1857, en el sentido de si puede coexistir con sus preceptos la oposición de que hablan las Reales órdenes recurridas, es indudable que aun suponiendo divergencias entre unas y otras disposiciones y que en tesis general sea indebido facilitar el acceso a la Inspección de Primera enseñanza a quienes no tenían título de maestros o servicio en ella, esas cuestiones podrán implicar y determinar responsabilidades de ciertos órdenes, pero no reúnen caracteres para su examen y resolución en vía contenciosa:

»Considerando que para puntualizar el derecho de Alvarez Blanco es indispensable establecer hipótesis, y basándose en ellas deducir cuál puede ser el quebranto o la lesión, hipotética también, ya que en primer término sería preciso suponer la realización de las oposiciones, que en ellas tomaron parte quienes no estaban incapacitados con arreglo a la ley de Instrucción pública, y que su intervención en tales actos y hasta el modo como las efectuasen, determinara u ocasionara que Alvarez Blanco no obtuviese plaza de las sacadas a oposición, caso de que hubiese acudido a ellas; y en segundo lugar, que si las oposiciones no se realizan porque prevalezca el art. 300 de la ley de Instrucción pública, según lo entiende el recurrente, tampoco resultaría lesión a derechos de éste que puedan concretarse en ningún sentido, porque habría que multiplicar las hipótesis para columbar un asomo de expectativa de derecho:

»Considerando que la jurisdicción contencioso-administrativa no fué instituida para prevenir contingencias de esa índole, sino para revisar los actos de la Administración cuando éstos vulneran derechos positivos y ciertos concedidos o reconocidos individualmente a los particulares en las condiciones que establecen los artículos 4.º, núm. 3.º, y 2.º, párrafo tercero, de la ley de 22 de junio de 1894, que notoriamente no concurren en el caso que es objeto de la presente demanda, siendo consecuencia de ello que esta Sala no puede conocer o examinar las cuestiones que plantea Alvarez Blanco,

»Se estima la excepción propuesta en concepto de dilatoria por el Ministerio fiscal, y se declara la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para reconocer en el recurso interpuesto por D. Francisco Alvarez Blanco contra los Reales órdenes expedidas por el Ministerio de Instrucción pública en 4 y 43 de marzo y 27 de julio de 1915; quedando sin curso la demanda, archívese el rollo, devuélvanse las actuaciones y publíquese este auto en la Gaceta de Madrid e insértese a su debido tiempo en la Colección Legislativa.

»Madrid a 6 de diciembre de 1916.—José Ciudad.—Antonio María de la Bárcena.—Carlos Groizard.—Cándido R. de Celis.—Manuel Velasco.—Antonio Goicoechea."

Y S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se dé cumplimiento