Suplemento a La Escuela moderna (1917-03-10 00:00:00), página 4

término, sería preciso suponer la realización de las oposiciones, que en ellas tomasen parte quienes no estaban capacitados con arreglo a la ley de Instrucción pública, y que su intervención en tales actos y hasta el modo como los efectuasen determinara u ocasionara que Álvarez Blanco no obtuviese plaza de las sacadas a oposición, caso de que hubieran acudido a ellas; y en segundo lugar, que si las oposiciones no se realizan porque prevalezca el art. 300 de la ley de Instrucción pública, según lo entiende el recurrente, tampoco resultaría lesión a derechos de éste que puedan concretarse en ningún sentido, porque habría que multiplicar las hipótesis para columbar un asomo de expectativa de derecho:

Considerando que la jurisdicción contencioso-administrativa no fué instituida para prevenir contingencias de esa índole, sino para revisar los actos de la Administración, cuando éstos vulneran derechos positivos y ciertos, concedidos ó reconocidos individualmente a los particulares en las condiciones que establece el artículo 4.º, números 3.º y 2.º, párrafo tercero, de la ley de 22 de junio de 1894, que notoriamente no concurren en el caso que es objeto de la presente demanda, siendo consecuencia de ello que esta Sala no puede conocer o examinar las cuestiones que plantea Álvarez Blanco:

Se estima la excepción propuesta en concepto de dilatoria por el Ministerio fiscal, y se declara la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer en el recurso interpuesto por D. Francisco Álvarez Blanco contra las Reales órdenes expedidas por el Ministerio de Instrucción pública en 4 y 13 de marzo y 27 de julio de 1915; quede sin curso la demanda, archívese el rollo, devuélvanse las actuaciones y publiquese este auto en la Gaceta de Madrid e insértese a su debido tiempo en la Colección Legislativa.

Madrid, 5 de diciembre de 1916.—José Ciudad.—Antonio Marín de la Bárcena.—Carlos Groizard.—Cándido R. de Celis.—Manuel Velasco.—Antonio Goicoechea.»

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

9 de enero de 1917. (Gaceta del 7 de marzo.)—Real orden:
«Ilmo. Sr.: La Comisión organizadora del Escalafón general del Magisterio ha emitido el siguiente dictamen:
«Vistos los expedientes a instancia de D.ª Ramona Insúa del Valle, maestra de Condado de Castilnovo, y D.ª Florentina Antón y Gil, auxiliar de escuela de párculos de Doña Mencía, en solicitud de mejora de puesto en el Escalafón; y
Resultando que la primera pide que se la anteponga a D.ª Jovita Josefa Monjes Arroyo, por entender le corresponde por su antigüedad en la categoría de 1.100 pesetas:
»Resultando que D.ª Florentina Antón, de la misma categoría, pide que se la anteponga a otras maestras que tienen menos antigüedad, y que se clasifique con posterioridad a las ascendidas por virtud del Real decreto de 19 de agosto de 1915:
»Considerando que D.ª Ramona Insúa está bien clasificada, conforme a la preferencia que disfrutaban las maestras ingresadas por oposición con respecto a los de antigüedad:
»Considerando que las maestras a quienes se refiere D.ª Florentina Antón cuentan igual, no menor antigüedad que la reclamante, hallándose, por tanto, bien clasificadas, y que en el Escalafón de 31 de diciembre de 1914 no pueden sufrir efecto las disposiciones de 1915,