Suplemento a La Escuela moderna (1916-11-04 00:00:00), página 12

deje de ser una excepción y entre en la ley común a las escuelas y los maestros del resto de España. Esta es también la aspiración de la Asociación Nacional del Magisterio Primario que tengo el honor de presidir, según rezan sus acuerdos, y seguramente constituye asimismo los anhelos de todos los españoles, mal avenidos con privilegios y distinciones no justificados.

Pues bien: a pesar de cuanto queda dicho, ha circulado por la Prensa diaria de Madrid, y reproducido por nuestra Prensa de enseñanza, por cierto en términos nada tranquilizadores, la noticia de que los señores diputados y senadores de Navarra gestionan con tesón que el Estado se haga cargo de las atenciones de primera enseñanza de aquella provincia; pero facultando a sus Ayuntamientos para nombrar a los maestros, separarlos, jubilarlos, etc.; es decir, que el Poder central delegue sus atribuciones respecto a primera enseñanza en los Ayuntamientos de Navarra; o de otro modo: que el Estado pague, y los Ayuntamientos provean las escuelas en quienes tengan por conveniente.

Es tan absurda la noticia, y constituye para nosotros tan firme garantía de que no se convertirá en realidad, la historia política, en este respecto, de los Sres. Conde de Romanones, Alba y Burell, que a no ser por estímulos de mi cargo en la Asociación Nacional de Maestros no me ocuparía en este asunto ni un solo momento.

Porque al Gobierno y a las Cortes no se puede ocultar la gravedad que encierra la petición de los representantes de Navarra, ni que otras provincias y regiones enteras habrían de pedir en seguida el mismo régimen de excepción; de donde resultaría que allí donde los Ayuntamientos fueran jaimistas, los maestros necesariamente habrían de ser sacristanes; ácratas, donde los concejales fueran de estas ideas, y todos sometidos a caciques y rotas la inamovilidad, la independencia y la libertad de pensamiento de los maestros.

Tal monstruosidad no puede tener eco en el Gobierno ni las Cortes la podrían autorizar; pero bueno es que nos demos todos por advertidos y que conste por adelantado el ruego fervoroso de esta Asociación al Gobierno, a las Cortes y a la Prensa de que eviten el mal paso que se anuncia.

Que el Estado pague a los maestros de Navarra, como paga a los demás de España; pero que los nombre y los separe y los jubile como a los de las demás provincias españolas.

Esta es la aspiración de los maestros, y seguramente de todos los españoles.

JUAN B. AZNAR,
Presidente de la Asociación Nacional del Magisterio Primario,

Para rectificar.

En mi artículo del martes quedó probado que el carácter fundamental de la escuela española de primera enseñanza es el de ser «nacional»; y paréceme evidente que la escuela que provee un Ayuntamiento no puede ser nacional; de donde se deduce que la escuela nacional ha de ser provista por el Estado, no por el Municipio.

Por el Estado han venido siendo provistas todas las escuelas de España, incluso las de Navarra, hasta que por Real decreto de 8 de abril de 1914 se confirió a los Ayuntamientos de Navarra, y nada más que a los de Navarra (también lo indico en mi artículo), la facultad de formular propuesta