Suplemento a La Escuela moderna (1916-11-04 00:00:00), página 11

El art. 1.º del Real decreto de 8 de junio de 1910 dice así: «Las escuelas públicas llevarán el nombre de Escuela Nacional de enseñanza primaria.»

La Real orden de 16 de febrero de 1912 se expresa de este modo: «Diferentes disposiciones emanadas de este Ministerio en los últimos años han venido afirmando la condición nacional de la escuela primaria pública, y la han sancionado imponiéndole oficialmente aquella denominación, que, entre otras razones, responde incluso a la situación creada al Magisterio después de la ley de Presupuestos de 1902, en lo referente al pago directo por el Estado. Pero aunque esas órdenes se han aplicado en mucha parte, aun están incumplidas en no pocos extremos, indispensables para la afirmación de aquel carácter fundamental de la escuela española. Y S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo esto en cuenta, se ha servido ordenar: 1.º Que en todos los documentos oficiales en que se mencionan las escuelas públicas de primera enseñanza se consigne la calificación de «nacional», y que esta misma palabra se use en los títulos profesionales y administrativos de los maestros y maestras.»

De entonces acá la voz «nacional» se aplica a todo maestro y a toda escuela sostenidos en todo o en parte por el Estado y nombrados por la Administración central, sin excluir las escuelas ni los maestros de Navarra.

 Nótese que las disposiciones transcritas fueron dadas por ministros del partido liberal (conde de Romanones y D. Amalio Gimeno, si no recuerdo mal), y que el partido conservador las ha respetado, y nadie, que yo sepa, ha hecho la menor observación sobre el uso y alcance de la denominación «nacional» que nos ocupa.

El carácter fundamental de la escuela española es, pues, oficialmente el de ser «nacional», sostenida con fondos del Estado y dirigida con nombramiento hecho por la Administración central.

Fueros y leyes especiales de excepción y privilegio mantenían apartadas de la ley general a las Provincias Vascongadas y Navarra, hasta que por ley de 30 de diciembre de 1912 quedaron incorporadas al régimen económico de las demás provincias las de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Navarra creyó, según se dijo por entonces, que el Sr. Alba, ministro de Instrucción pública a la sazón, pretendía retirar el Cristo de las escuelas, y por esto —así se afirmaba en aquella fecha— Navarra no consentió que las atenciones de sus escuelas nacionales de primera enseñanza pasaran a depender directamente del Estado, y esta provincia, que iba incluida en el proyecto de ley juntamente con las Vascongadas, se eliminó para no entorpecer la aprobación del referido proyecto de ley, dado lo avanzado de la fecha y el estado de salud del Sr. Alba.

Del 30 de diciembre de 1912 en adelante todas las escuelas nacionales de primera enseñanza y todos sus maestros son pagados y nombrados por el Estado, excepto los de Navarra, que, aunque nombrados por el Estado hasta el 8 de abril de 1914, son costeados directamente por los Ayuntamientos respectivos de la provincia.

Es, pues, Navarra la única provincia en España de excepción y privilegio en este sentido; pero transitoriamente no más. Y digo transitoriamente porque, respondiendo al común sentir de todo espíritu patriota, no sectario, el Real decreto de 14 de marzo de 1913, de provisión especial de aquellas escuelas, puso los jalones para traer a la ley general las escuelas y los maestros de Navarra cuando dice el ministro que lo refrendó, en la exposición del decreto, «interin se hace cargo el Estado de las referidas escuelas», y el art. 8.º disponiendo cómo se han de proveer determinadas escuelas de Navarra «interin se hace cargo el Estado de este servicio».

El deseo, la aspiración natural del Estado es, como se ve, que Navarra