Suplemento a La Escuela moderna (1916-12-20 00:00:00), página 11

Gobierno por razones de interés público que no debe llevarse a efecto su ejecución.

»En este caso, el ministro a quien corresponda deberá someter a las Cortes, dentro de los dos meses siguientes al día en que les dé cuenta de su acuerdo, y previa audiencia del Consejo de Estado en pleno, un proyecto de ley determinando la indemnización que haya de concederse en equivalencia del derecho declarado por la sentencia, o la manera de atender en otra forma a la eficacia de lo resuelto por la misma»:

»Visto el art. 456 del reglamento para ejecución de la ley citada, según el cual:

«Procederá el recurso de aclaración a que se refiere el art. 65 de la ley, cuando los autos o sentencias que dicten el Tribunal de lo Contencioso-administrativo o los provinciales y locales ofrezcan en su parte dispositiva ambigüedad o obscuridad, y será resuelto por los ministros o magistrados que hayan dictado el auto o sentencia de que se trate»:

»Considerando que la Real orden de 19 de julio último, dictada por el Ministerio de Instrucción pública inspirándose, sin duda, en el deseo de acertar, respecto al cumplimiento de la sentencia de este Tribunal fecha 8 de mayo anterior, suscita, no obstante, por sus términos, varias cuestiones legales que, aun sin propósito de plantearlas por parte de la Administración, pero en virtud de la simple indicación de los mismos, requieren examen y juicio, al propio tiempo que la petición de antecedentes de hecho que implica dicha Real orden para ejecutar aquella sentencia:

»Considerando que respecto a este último extremo, en todo tiempo puede la Administración solicitar del Tribunal los datos existentes en el mismo que necesita conocer, y como en el presente caso aquella sentencia se refiere a hechos determinados y concretos consignados en el rollo, esto es, en los poderes que otorgaron los recurrentes a los procuradores o letrados respectivos y en los escritos de interposición de los recursos y demanda comunicados al fiscal como representante de la Administración, aparte de la publicación en la Gaceta y Boletín Oficial, a que alude el art. 36 de la ley, nada se opone a que los nombres de los 69 maestros y 64 maestras recurrentes mencionados, por referencia clara y precisa, aunque omitida su individual denominación en el texto a que se refiere la Real orden, se transcriban en una certificación expedida por la Secretaría de la Sala para remitirla directamente al Ministerio, satisfaciendo de esta suerte una de las peticiones que comprende la repetida Real orden:

»Considerando que aun siendo fácil y plausible remover o esclarecer las dificultades que parecen ofrecerse a la Administración para ejecutar el fallo y satisfacer las observaciones que apunta aquélla respecto a la sentencia, porque bastaría cotejar y glosar sencillamente sus conclusiones en relación con las de la sentencia y auto de 25 de marzo y 7 de mayo de 1944, y el realizarlo implicaría la satisfacción que produce el prestar un auxilio que se reclama, esta Sala no puede ni debería rebasar los límites que a su actuación fija la ley, ya que ha de ceñirse a lo que previene la de lo Contencioso en los artículos 77 y 84, invocado este último por Real orden, y virtualmente el primero, por cuanto se habla en ella de aclaración:

»Considerando que lo mismo en el caso del párrafo quinto, art. 84 de la ley, que en el del 77, en relación con los 19 y 23, la actuación de los ministros o autoridades administrativas cerca del Tribunal de lo Contencioso ha de producirse por medio del fiscal, a quien corresponde su representación, y que, por tanto, en uno de ambos supuestos, si el propósito de la Administración respondiera a cualquiera de ellos, la falta de aquélla imprimiría al procedimiento un vicio substancial que la Sala habría de prevenir, y