Suplemento a La Escuela moderna (1916-12-20 00:00:00), página 10

»2.a Lo mandado en los párrafos cuarto y quinto del fallo respecto a la colocación por antigüedad entre los auxiliares de Madrid y los maestros elementales, hoy recurrentes, estaba cumplido desde mucho antes de dictarse la otra sentencia de 25 de marzo y el auto aclaratorio de 7 de mayo de 1914, y reflejado además en el Escalafón definitivo publicado en forma de folleto, impreso, cerrado en 31 de diciembre de 1914, confeccionado con la base de los Escalafones parciales, también definitivos, de superiores, elementales y párculos, y depurado por Real orden de 4 de diciembre de 1912, Gaceta del 31.

»3.a Traducidos en hechos independientes y anteriores a las sentencias los dos pronunciamientos indicados, surge el sexto ordenando la preferencia de los auxiliares sobre los superiores de igual o mayor antigüedad, sin expresa manifestación del modo y con la opción de situar a los superiores en grupo al final de la escala de cada sexo, por figurar en los últimos lugares de los mismos el auxiliar y la auxiliar más modernos, o de dividir en secciones las dos escalas correspondientes, colocando las superiores cabezas de las mismas detrás del auxiliar respectivo y delante de varios elementales, quebrantando de igual manera y por ambos procedimientos el artículo 195 de la ley Orgánica de Instrucción pública, que concede a los superiores preferencia sobre todos los demás maestros, y que ni siquiera reconoce la existencia de los auxiliares, sin que la Administración pudiera aducir en su propia defensa la declaración explícita, concreta y terminante de ese alto Tribunal:

»Siendo ponente el magistrado D. Carlos Vergara:
»Visto el art. 77 de la ley de 22 de junio de 1894, que dice:
«Notificada la sentencia a las partes con entrega de cédula en que se inserta literalmente, podrán proponer el recurso de aclaración dentro de los tres días siguientes.»
»Visto el art. 84 de dicha ley, que expresa:
«El ministro o autoridad administrativa a quien corresponda deberá acusar el recibo de la sentencia en el término de tres días, y dar en el de un mes cuenta de su cumplimiento.
»Cuando por justa causa, que se expondrá al Tribunal, no sea posible hacerlo, se entenderá prorrogado aquel término por otro mes.
»Si la naturaleza del fallo no permitiere la completa ejecución material de la sentencia en los plazos señalados, deberá, dentro de los mismos, darse conocimiento al Tribunal de las medidas adoptadas para verificarlo.
»Comunicadas las sentencias del Tribunal de lo Contencioso al Ministerio que corresponda, examinará éste, en los casos dudosos, si por razones de interés público debe suspenderse temporalmente la ejecución de aquéllas, o si por las propias razones de interés público o por haberse hecho imposible material o legalmente el cumplimiento de lo mandado, fuese necesario acordar la no ejecución de las sentencias.
»En el primer caso, acordada la suspensión, se hará saber al Tribunal, comunicando la resolución y sus motivos, y podrá llevarse a efecto, si ya no lo estuviese, lo mandado en la Real orden recurrida.
»El Tribunal, a instancia de parte, podrá acordar en su vista la indemnización que deba satisfacerse al particular por el aplazamiento, si procediese; y el Gobierno, dentro del primer mes de estar abiertas o constituidas las Cortes, dará cuenta a éstas de la suspensión y sus fundamentos.
»Cuando no haya posibilidad de cumplir la sentencia, el Gobierno lo declarará así en resolución motivada, de que dará cuenta a las Cortes en el primer mes de estar abiertas o constituidas.
»Lo mismo se hará cuando, pudiendo cumplir la sentencia, estime el