Suplemento a La Escuela moderna (1916-07-08 00:00:00), página 7

del decreto de 29 de julio de 1874, declarado ley por la de 29 de diciembre de 1876, que autoriza a los fundadores de establecimientos privados de enseñanza para adoptar con entera libertad las disposiciones convenientes a su buen régimen literario y administrativo, reservándose el Gobierno solamente la inspección en cuanto a moral e higiene, con cuya única limitación fué aprobada por Real orden de 16 de mayo de 1897 la Fundación de referencia, y los artículos 2.º y 46 de la Instrucción de 24 de julio de 1913 para el ejercicio del Protectorado en la Beneficencia docente particular, que contiene análogas disposiciones:

Considerando que la circunstancia de sustituir las referidas escuelas a las públicas de la localidad no basta por sí sola para estimar que han perdido su primitivo carácter de Fundación particular, que notoriamente conservan, como ha reconocido el propio Ministerio de Instrucción pública por Real orden de 6 de abril de 1905 al negar a los maestros titulares de aquéllas ciertos emolumentos correspondientes a los de escuelas públicas, por estimar y resolver que aquéllos sólo pueden ostentar el carácter de profesores privados:

Considerando que los derechos de los respectivos maestros no han sido objeto de este pleito, ni de disposición en la vía gubernativa, por lo que no puede resolverse nada sobre el particular, y si la resolución pudiera afectarles en alguna forma, al Gobierno correspondería adoptar las disposiciones convenientes para evitarles todo perjuicio, removiendo los obstáculos que pueden oponerse a la concesión de Derechos pasivos, al fin de que puedan disfrutar los concedidos a los de escuelas públicas;

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 8 de enero de 1914, dictada por el Ministerio de Instrucción pública, y en su lugar declaramos que la Fundación benéfico-docente, creada por D. Romualdo Chávarri de la Herrera, no está obligada a ingresar en el fondo de Derechos pasivos del Magisterio los descuentos establecidos por el art. 3.º de la ley de 16 de julio de 1887.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Por el señor presidente, que votó en Sala y no puede firmar: Antonio Marín de la Bárcena.—Antonio Marín de la Bárcena.—José Baamonde.—Carlos Groizard.—Alfonso de Zavala.—Cándido R. de Celis.—Carlos Vergara.»

15 de febrero de 1916. (Gaceta del 3 de junio.) — Sentencia contencioso-administrativa en pleito promovido por D.ª Casilda Fernández contra la Real orden de 4 de agosto de 1913, resolutoria del concurso general de traslado a escuelas de primera enseñanza:

«En la villa y corte de Madrid, a 15 de febrero de 1916, en el recurso que ante Nos pende en única instancia entre D.ª Casilda Fernández, demandante, representada por el letrado D. Emilio Menéndez Pallarés, y la Administración general del Estado, representada por el fiscal, demandada, sobre revocación de una Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 4 de agosto de 1913:

Resultando que por Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 24 de marzo de 1912, y en cumplimiento del art. 48 del reglamento de 25 de agosto de 1911, se convocó el concurso general de traslado para provisión de escuelas nacionales de primera enseñanza, estableciéndose en dicha Real orden que se aplicarían las prescripciones de este Real decreto, habiéndose suspendido el expresado concurso por otra Real orden de 3 de abril del mismo año por el plazo indispensable para resolver las dificulta-