Suplemento a La Escuela moderna (1916-02-26 00:00:00), página 11

tigios; mas conviene insistir en un aspecto, el más importante y de mayor trascendencia, que hace simpática la campaña iniciada al Magisterio nacional y a cuantas personas y entidades se preocupan por la cultura pública.

Sabido es que en la Inspección y en las Secciones administrativas están vinculados el régimen técnico y la administración de primera enseñanza en las provincias. Inspectores y jefes de Sección deben ser funcionarios en quienes el Estado pueda tener plena confianza por su honorabilidad y competencia, y al efecto les exige, no sólo la posesión de título profesional y otras circunstancias que determinan los reglamentos, sino que además selecciona a los aspirantes mediante una rigurosa oposición. Todo esto está muy bien; pero no basta: es necesario que el Estado dote a dichos funcionarios de las condiciones indispensables para que puedan ejercer sus cargos con dignidad e independencia. Y por eso el partido liberal, cuya representación ideológica coincide con la jefatura y la persona del Excelentísimo señor conde de Romanones, consideró el pago de las obligaciones de primera enseñanza por el Estado, no como un paso definitivo en el camino de la cultura popular, sino como cuestión previa a la resolución de problema de mayor empeño, cual era la emancipación moral de la escuela, librándola de la opresión y menosprecio del caciquismo: los Reales decretos de 5 de mayo de 1913, dictados en época liberal por estadista de tan clara consecuencia política como el Sr. López Muñoz y estando Altamira, nuestro sabio Altamira, al frente de la primera enseñanza, fueron la fórmula en que se concretó el punto culminante de un sistema y la redención espiritual del Magisterio.

A partir de aquella memorable fecha, el trabajo docente fué regido y juzgado por personal técnico, con exclusión absoluta de la política al uso. Cesaron los traslados de escuelas a locales inmundos, donde sólo puede producirse la degeneración moral y orgánica de la raza, porque no eran ya caciques ineptos y egoístas quienes determinaban los traslados, sino inspectores que obraban, no sólo con discernimiento, sino libres de otra presión que los estímulos de su propia conciencia, con independencia moral amparada por su reglamento y sin otra mira que el bien público. Cesó, o por lo menos iba camino de cesar, la hegemonía de maestros intrigantes, esclavos de políticos sin conciencia, porque ya no podía servirse de nada la protección de éstos ante la austera personalidad del inspector, amante de la escuela y de los prestigios y dignificación del profesorado; y los maestros dignos, la inmensa mayoría del Magisterio (casi podríamos decir todos, porque aquellos otros son excepciones y no merecen el honroso nombre de maestros), tenían en el inspector un consejero, un propulsor de las iniciativas nobles y del trabajo honrado, un defensor de los humildes y de sus justas causas contra las acometidas arbitrarias de los poderosos y las maquiavélicas insidias de los astutos...

De otra parte, las Secciones administrativas, seriamente organizadas, venían desarrollando proba y concienzudamente su trabajo con la elevación y sentido de propia responsabilidad que corresponden a funcionarios cuya independencia estaba tan garantida o más que la de los inspectores.

Este era, trazado a grandes rasgos, porque la representación completa sería demasiado extensa, el cuadro de la reconstitución (mejor diríamos constitución) segura, aunque necesariamente lenta, de la primera enseñanza.

Por desgracia, el Real decreto de 48 de febrero ha producido una herida mortal en el organismo primario de la cultura patria, porque al quitar su independencia moral, y aun podríamos decir también económica, a los funcionarios directores de la primera enseñanza, la organización total habrá de resentirse profundamente.