Suplemento a La Escuela moderna (1915-09-21 00:00:00), página 11

Que con profundo sentimiento se han enterado de la Real orden de 46 del actual, en la que se desestima su pretensión de ser equiparados a los jefes de las Secciones administrativas del resto de la nación, más aún que por la negativa a lo que ellos estiman justa demanda, porque los términos de dicha Real orden les cierran toda esperanza a obtener un día la equiparación que se les debe por la función que desempeñan y por los servicios que tienen prestados.

En tal situación, y plenamente convencidos los exponentes de la alteza de miras y del profundo sentido ético que preside a todas las resoluciones de V. E., así como de la justicia de sus pretensiones, se atreven a dirigirse de nuevo a V. E., sometiendo a su imparcial criterio las obvias razones siguientes:

En su primer considerando declara la Real orden «que los jefes de las Secciones administrativas de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa tienen derecho por el Escalafón a figurar con el sueldo de 3.500 pesetas, en el que han sido incluidos». Y parece inconceaso que si tienen derecho a figurar con ese sueldo, tienen también derecho incontrovertible a percibirlo, ya que el Escalafón determina la organización real y positiva del personal de las Secciones y no tan sólo por lo que a nosotros se refiere, para que tres jefes en activo de ese Escalafón figuren en él a meros efectos decorativos sin trascendencia práctica alguna.

Reconocido, pues, el derecho de los que suscriben al sueldo de 3.500 pesetas, forzosos es reconocer también que ha de haber una entidad, ya sea el Estado, ya las Diputaciones respectivas, obligada a su pago. Así tiene que ser evidentemente, y así es; pero es el caso que de la Real orden en cuestión, dicho sea con toda clase de respetos, se deduce en buena lógica lo contrario.

Las Diputaciones, según ella, parece que están autorizadas para consignar en sus presupuestos los sueldos reclamados; pero no se les dice que lo consignen, ni siquiera se indica que están obligadas a consignarlo. De modo que se les deja en un estado de potestabilidad, digámoslo así, de tan beneficiosos resultados para ellas, como perjudiciales para nosotros. Y por cierto que este criterio actual está en oposición manifiesta con el que presidió a las Reales órdenes de 7 de marzo de 1944, del Ministerio de Instrucción pública, y de 48 de abril siguiente, del de Gobernación, gracias a las cuales los exponentes disfrutan hoy del sueldo que entonces era legal, y sobre cuyas Reales órdenes se permiten llamar la atención de V. E.

En cuanto al Estado, rotundamente se declara que ninguna obligación económica tiene con nosotros: «que no pueden percibir los recurrentes del presupuesto del Estado las diferencias de sueldos, porque las 60.000 pesetas presupuestas lo fueron para ampliación de las plantillas establecidas en la misma ley, y en ellas no figuran los funcionarios de las Provincias Vascongadas y Navarra».

Pártese, como se ve, para ello de la materialidad de la palabra plantilla, pero no del espíritu de equidad y aun de estricta justicia que presidió a la resolución de los Cuerpos Colegiadores. Indudablemente, necesariamente, las Cortes quisieron votar el crédito de 60.000 pesetas, y lo votaron, no para ampliar plantilla alguna (término burocrático de significación variable e incierta), sino para mejorar los modestísimos sueldos del personal de las Secciones de toda España, porque para toda España legislaron, y no con la idea, imposible de suponer en el elevado criterio del legislador, de excluir a cuatro jefes de las Secciones de cuatro provincias, españolas como las demás y que, como las demás, pagan los impuestos necesarios para el funcionamiento de todos los organismos públicos.

Tan seguros están de ello, que desearían se consultase por V. E. al Con-