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14 de julio de 1915. (Gaceta del 21.) — Orden:
«No habiendo presentado renuncia D.a Clara Gil, maestra nombrada por concurso de traslado para la escuela de Santa María del Páramo (León),
Esta Dirección general ha acordado declarar que el nombramiento de D.a María Rosa Mateos Caverro es para la escuela de Castroverde de Campos (Zamora), en lugar de para la de Santa María del Páramo.—Bullón.—Señor rector de la Universidad de Oviedo.»

15 de julio de 1915. (Gaceta del 21.) — Orden:
«Vista la instancia elevada a este Ministerio por D.a Eugenia Azcoaga Tellería, maestra de la escuela nacional de Olavega (Bilbao), solicitando que sea anulado su nombramiento para una de las escuelas de San Sebastián;
Teniendo en cuenta las razones alegadas,
Esta Dirección general ha acordado admitir la renuncia de referencia.—Bullón.—Señor rector de la Universidad de Valladolid.»

8 de marzo de 1915. (Gaceta del 28.) —Sentencia contencioso-administrativa en pleito promovido por D. Manuel Mantecón Revuelta, maestro de la escuela del Patronato de Salaya:
«En la Villa y Corte de Madrid a 8 de marzo de 1915, en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Manuel Mantecón Revuelta, demandante, representado por el procurador D. Manuel Bru, y la Administración general del Estado, demandada, y en su nombre el fiscal, sobre revocación de la Real orden dictada por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes en 16 de enero de 1913:
Resultando que D. Manuel Mantecón Revuelta, maestro de la escuela del Patronato de Salaya, fué nombrado por éste y confirmado por el rector del distrito universitario el 14 de noviembre de 1887, en virtud de las oposiciones que se realizaron para proveer tres escuelas, la de Cresines y las de Patronato de Pejanda y Salaya, habiendo sido aprobado con el núm. 11 dicho maestro; y que el año 1912 pidió, en unión de D. Regino Saldaña, que se le ascendiera en sueldo desde las 825 pesetas que disfrutaba hasta las 1.100 que previene el art. 1.º del Real decreto de 25 de febrero de 1914, alegando que obtuvo por oposición dicha escuela, que ésta sustituye a la pública en la localidad y que el peticionario figura en el Escalafón general del Magisterio, percibiendo el sueldo por las nóminas generales del Estado:
Resultando que el Ministerio de Instrucción pública por Real orden de 20 de mayo de 1912, en lo que afecta a la pretensión mencionada que los maestros de Patronato que hayan alcanzados sus cargos en oposiciones oficiales y fuesen clasificados por el Tribunal dentro del número de vacantes anunciadas, con todas también las de Patronato de que se trate, se hallan equiparados por completo a los maestros que desempeñen escuelas soste-
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nidas por los Municipios, según reconoce la Real orden de 27 de febrero de 1864 y cuantas disposiciones se dictaron posteriormente, y que respecto a la aplicación del art. 1.º del Real decreto de 25 de febrero de 1911, a los maestros de Patronato debe exigirseles que reúnan las condiciones expresadas anteriormente, que perciban sus haberes por las nóminas generales en que figuran los demás maestros públicos y que la escuela que desempeñen sustituya a una de las obligatorias por la ley en la localidad, puesto que la diferencia de sueldo de 825 a 1.400 pesetas ha de abonarse por el Estado, si el Patronato no quisiera satisfacerla:

Resultando que en 8 de julio de 1912, el referido D. Manuel Mantecón solicitó de la Junta provincial de Santander que, de conformidad con el artículo 1.º del Real decreto de 25 de febrero de 1914, se le diligenciasse en su título de maestro el pase de sueldo de 825 a 1.400 pesetas, acordando dicha Junta no acceder a tal petición, por estimar que el solicitante reunía todas las condiciones que fija la Real orden de 30 de mayo de 1912, excepto la de haber sido clasificado en las oposiciones dentro del número de vacantes:

Resultando que el interesado acudió en instancia al Ministerio de Instrucción pública, aduciendo que se hallaba comprendido en los dos últimos extremos de la Real orden de 20 de mayo, excepto en el que exigía haber sido clasificado por el Tribunal, dentro del número de vacantes anunciadas; pero opinando que disposiciones posteriores a la época en que obtuvo la plaza no podían mermar sus derechos porque las leyes no tienen efecto retroactivo, suplicó que se le considerase comprendido en el artículo 1.º del Real decreto de 25 de febrero de 1911, desestimando la petición la Dirección general de Primera Enseñanza, por orden de 17 de agosto de 1911, y habiendo recurrido en alzada, alegó que su nombramiento fué hecho por el Patronato, a tenor del art. 183 de la ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, no comprendiéndole, por tanto, las disposiciones del reglamento de 6 de julio de 1900, muy posteriores a la fecha en que obtuvo la escuela, y en razón a todo ello pidió que se le declarase comprendido en el tan repetido art. 1.º del Real decreto de 25 de febrero de 1911, y el Ministerio, de conformidad con la propuesta del Consejo de Instrucción pública, resolvió, por Real orden de 16 de enero de 1913, confirmar la orden recurrida:

Resultando que contra dicha resolución interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el procurador D. Manuel Bru, a nombre de D. Manuel Mantecón Revuelta, formalizando la demanda con la súplica de que se revoque la Real orden de 16 de enero de 1913, y se declare en su lugar que el recurrente tiene derecho a ascenso a 1.400 pesetas de sueldo anual desde 1.º de abril de 1914, en conformidad con lo prescrito en el artículo 4.º del Real decreto de 25 de febrero:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Antonio Marín de la Bárcena:
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Vistos los artículos 4.º y 46 de la ley de 22 de junio de 1894, cuyo primer artículo citado dispone:

«Art. 4.º No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso-administrativo:
... 3.º Las resoluciones que sean reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y no hayan sido reclamadas, y las confirmatorias de acuerdos consentidos por no haber sido apelados en tiempo y forma.»

Considerando que al acudir nuevamente el interesado ante el Ministerio de Instrucción pública pretendiendo discutir la eficacia de dicha Real orden en el sentido de que le fuera o no aplicable la condición de haber sido clasificado por el Tribunal dentro del número de vacantes anunciadas cuando hizo oposición, esto es, la que estableció en su artículo el reglamento de 6 de julio de 1900, impugnaba en vía gubernativa lo resuelto en la tan repetida Real orden de 20 de mayo de 1912, pretendiendo lo propio que solicitó en el expediente originario de la misma, es a saber, qué se le considerase comprendido en el art. 4.º del Real decreto de 25 de febrero de 1914, y que, por tanto, al decidir su pretensión la Real orden de 16 de enero de 1913, no hizo otra cosa que reproducir lo resuelto acerca del mismo interesado por la de 20 de mayo anterior, confirmada ésta, según literalmente expresa la recurrida; y que se está en el caso previsto por el artículo 4.º, núm. 3, de la ley de 22 de junio de 1894;

Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer en el recurso interpuesto por D. Manuel Mantecón Revuelta contra la Real orden de 16 de enero de 1913 expedida por el Ministerio de Instrucción pública.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. —José Ciudad.—Antonio Marín de la Bárcena.—José Bahamonde.—Pascual del Río.—Camilo Marquina.—Carlos Vergara.»

8 de marzo de 1915. (Gaceta del 28 de junio.)—Sentencia contencioso-administrativa en pleito promovido por D. Ángel Lletjós y otros, maestros desdoblados de Barcelona, sobre ascenso:

«En la Villa y Corte de Madrid a 8 de marzo de 1915, en los recursos acumulados que en única instancia ante Nos penden, entre D. Ángel Lletjós y otros, representados por el procurador D. Eduardo Morales Díaz, y D.a Almudena Fernández García, representada por el licenciado D. Angel Ossorio Gallardo, demandantes, y la Administración general del Estado, representada por el fiscal, demandada, sobre revocación de una Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 23 de abril de 1913, habiendo coadyuvado a la Administración Fernández del Pino y Villar, en representación de su esposa, D.a Zoila Alonso y Sánchez:

Resultando que, elevado expediente por la Delegación Regia de pri-
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1.º de abril el sueldo y categoría de 2.500 pesetas, correspondiente a los actuales maestros de Barcelona:

Resultando que emplazado el fiscal para contestar a la demanda, evacuó el traslado pidiendo se desestime, absoviendo de ella a la Administración general del Estado:

Resultando que puesto el expediente de manifiesto a D. Valentín Fernández del Pino y Villar, como coadyuvante de la Administración, en representación de su esposa, D.ª Zoila Alonso y Sánchez, maestra de esta Corte, para contestar a la demanda, cumplió el trámite suplicando se desestime, confirmándose en su lugar la Real orden recurrida:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Cándido Rodríguez de Celis:

Considerando que para resolver con acierto la cuestión que plantea la demanda, es preciso ante todo recordar que, tanto la Real orden de 5 de noviembre de 1906, como la de 6 de diciembre de 1910, se dictaron para reconocer derechos en favor exclusivamente de aquellos maestros-auxiliares de las escuelas primarias que, primero en Barcelona, y después en algunas otras poblaciones, habían pasado a desempeñar escuelas independientes a expensas de sus Municipios, celosos por la prosperidad de la enseñanza, esto es, en beneficio únicamente de los maestros conocidos con el nombre de desdoblados, y en relación tan sólo con la localidad en que prestaron sus servicios, ya que el sueldo asignado en ella a las escuelas había de ser una máxima mejora del que el auxiliar venía disfrutando, y pudiera con el transcurso de los años reglamentarios obtener:

Considerando que gran número de los maestros de Barcelona, recurrentes, reconocen de modo expreso en instancia dirigida en mayo de 1943 al ministro, en vista de la Real orden impugnada, que el Escalafón es el origen de sus derechos, y que en él ocupan dentro de su categoría lugar inferior a otros comprofesores, y encontrando en el Escalafón grave obstáculo a sus aspiraciones, deducidas al amparo del Real decreto de 18 de marzo del indicado año de 1943, le salvan a su modo pretendiendo:

1.º Que se les expidiera título administrativo de 2.000 pesetas con antigüedad de 1.º de enero del mismo año, para todos los efectos de la carrera, menos los del Escalafón, que por no proceder pasen a los maestros que tienen delante, comenzarían a disfrutar desde 1.º de abril; y

2.º Que tienen derecho a las retribuciones escolares, pero las compensan prefiriendo el ascenso personal a la categoría de 2.500 pesetas para todos los efectos de la carrera.

Considerando que, dados estos antecedentes, es notorio el principio de justicia en que se informa la Real orden recurrida, porque, cual era preciso, distingue los efectos de una y otra legislación, esto es, la que con origen y accidentes tan varios proveyó a mejorar la situación de los antiguos auxiliares, y la que, a partir del Real decreto de 25 de agosto de 1914, con-
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dicionó sobre la base de un Escalafón, ya definitivo y firme, los derechos del Magisterio en general, resolviendo substancialmente como consecuencia de tal distinción, y en vista de lo dispuesto en el Real decreto de 44 de marzo de 1943, invocado con singular apoyo por los reclamantes, que éstos tienen derecho, en observancia de la Real orden de 6 de diciembre de 1940, al pase a la categoría superior, sólo para los efectos económicos, si cumplieron dos años de servicios en la inferior, y desde que los cumplieron, y que la efectividad en la escala de la inmediata superior categoría y los efectos que para el ascenso por el Escalafón se deducen del citado Real decreto de 1943, se ajusten a sus reglas, pero respetando el orden riguroso de dicho Escalafón, y considerándose la percepción de haberes durante el plazo señalado hasta 4.º de abril como un aumento voluntario:

Considerando que sin prejuzgar, por tanto, cuestión alguna en cuanto se refiere a la posibilidad de simultanear el cobro de las 2.000 pesetas con las retribuciones escolares, ni al derecho de los recurrentes que por hallarse en condiciones puedan pretenderlo, ejercitando el que concede el repetido art. 44, resultaría de todo punto injusto que por retraso en la tramitación del expediente, imputable sólo a la Administración, y por no hallarse bien definida la situación de los recurrentes a consecuencia de ello y de las reformas introducidas en la legislación del ramo, se les privara de un derecho clara y expresamente comprendido en el Real decreto de 44 de marzo de 1943, sin razón alguna que lo abone, por cuyo motivo deberá entenderse rehabilitado el plazo de veinte días que concede, para que puedan utilizarle quienes se consideren y estén en condiciones para ello, retrotrayéndose las cosas al estado en que se encontraban cuando se publicó el indicado Real decreto;

Fallamos que debemos absolver y solvemos a la Administración general del Estado de la demanda interpuesta en representación de D.a Almudena Fernández y de D. Angel Lleljós y otros, maestros de Barcelona, contra la Real orden del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, fecha 23 de abril de 1943, la cual queda firme y subsistente, sin perjuicio de que los recurrentes que se consideren en condiciones para ello, puedan ejercitar el derecho que concede el art. 44 del Real decreto de 44 de marzo de 1943, dentro del plazo que señala, y a contar desde la fecha en que les sea notificada esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—José Bahamonde.—Carlos Groizard.—Cándido R. de Celis.—Pedro María Usera.—Camilo Marquina.—Carlos Vergara.

28 de abril de 1915. (Gaceta del 22 de julio.)—Sentencia contencioso-administrativa en pleito promovido por el Ayuntamiento de
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SUPLEMENTO

LA ESCUELA MODERNA

Año XXV.    MADRID, 28 DE JULIO DE 1915.    N.º 1.946 de la col.ª

Sumario.

DISPOSICIONES OFICIALES: Escuelas Normales: R. O. disponiendo que se den los ascensos de escala que comprende. Escuelas de primera enseñanza: O. admitiendo a D. Basilio Jara la dimisión de la escuela de Chelva (Valencia). R. O. aclarando derechos de D. Manuel Fernández Fierro. O. nombrando a D. Francisco Álvarez Blanco maestro de La Coruña. O. aprobaro un nombramiento de maestro hecho por el Patronato que cita. R. O. resolviendo expediente sobre abono de retribuciones al maestro de párvulos de Figueras. R. O. no declarando de utilidad el Método de Caligrafía inglesa que menciona.

ASUNTOS DE PERSONAL: Anuncios de vacantes: Secciones administrativas de primera enseñanza: A concurso la plaza de oficial de Contabilidad de la de Málaga. Tribunales de oposiciones: Escuelas de primera enseñanza: Turno restringido en Baleares.—JUNTAS Y SECCIONES DE ENSEÑANZA: Madrid, Delegación Regia: Anuncio de un concursillo.—ASOCIACIONES DE MAESTROS: Navalcarnero, Gijón, Oviedo y Ocaña.—PROPIO Y AJENO: Los maestros consortes. ¡Vaya... Asambleas! Escuelas de adultos.—NOTICIAS E INFORMACIONES.

Índice de la «Gaceta».

Día 24 de julio de 1915.—R. O. resolviendo expediente de D. José Castro y Pulido, catedrático de la Universidad Central, sobre mejora de puesto en el Escalafón. Nombramientos de personal dependiente del Ministerio. Rectificación de la R. O. sobre bolsas de viaje de artistas premiados en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Estado de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en las provincias de España durante el mes de abril último.

Día 25.—Idem id. de mayo, en las capitales de provincia.
Día 26.—Anuncios de cátedras vacantes.
Día 27.—Nombrando profesores del Conservatorio de Música y Declamación a D.ª Nieves Suárez Ruiz y D. Ceferino Palencia y Álvarez.

GINER DE LOS RÍOS, EDUCADOR
POR
D. RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA
Con fotografías y autógrafos del sabio pedagogo.—Un tomo en 8.º de 104 páginas. Precio, 1 peseta.
De venta en esta Casa.
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PROPIO Y AJENO

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Los maestros consortes.

Es verdaderamente absurdo e ilegal que en una misma colectividad haya individuos que sean objeto de desventajas arbitrarias; es una falta de equidad que en idéntica profesión haya privilegios en unos y postergaciones en otros.

Esto sucede con los maestros consortes, ya que una maestra por el hecho de casarse con maestro no puede sustituirse llevando los diez años reglamentarios prestando servicios, aunque haya contraído una enfermedad trabajando en la escuela. Realmente resulta paradójica la exención de un derecho fundamentada en su matrimonio con maestro, como si esto fuese punible. Es un despojo enorme el que significa que una mujer que siga la honrosa carrera del Magisterio, al lograr tras esfuerzos inauditos una plaza, si contrae matrimonio con un colega profesional, ya no sea tan maestra como las demás, ya tenga enojosas exenciones en su carrera, y ya, como premio a sus afanes, a su celo, a su laboriosidad y a su amor por la enseñanza, se la prive del derecho a la sustitución y se la otorgue el pasaporte de imposibilidad.

No acertamos qué causas pueden alegarse para que subsista tan absurda y atrabiliaria disposición, pues si todas las maestras tienen iguales deberes, lo justo y lo racional es que tengan los mismos derechos.

Pero no es esto sólo. Según el art. 491 de la ley de Instrucción pública de 1857, los maestros y lo mismo las maestras disfrutarán «habitación decente y capaz para sí y su familia», no siendo argumento opuesto el que necesiten una sola casa, pues en tal caso los maestros célibes no necesitarían este emolumento y no podrían acogerse a los beneficios de la ley, aparte de que existen numerosos casos de maestras casadas con funcionarios que no son maestros y tienen casa, aunque el marido también goce de este beneficio por otros conceptos, y además la ley no deslinda estos casos y concreta, específica y rotundamente concede un derecho que no puede vulnerarse por un Real decreto.

Por otra parte, el art. 29 del Real decreto de 26 de octubre de 1904 establece que los maestros de las escuelas públicas disfrutarán los sueldos y emolumentos legales, yendo, como se ve, unida la palabra emolumento al sueldo.

Los maestros cónyuges, pues, acogidos a los beneficios de disposiciones legales y a costumbre arraigada, no debían ser preferidos en sus justos derechos.

Sin embargo, también los maestros consortes constituyen una excepción caprichosa, y aun más los que vivimos en la Corte, que en este y otros aspectos de la enseñanza es algo así como un cantón, con legislación diferente, con autonomía excepcional. Como de este asunto, aunque los perjudicados son en número respetable, se desentiende la Asociación Nacional del Magisterio Primario, cosa desde luego inexplicable, porque no se trata de una petición o reivindicación aislada, sino de una agrupación de individuos, muchos de ellos socios de tal entidad, que demandan el restablecimiento del derecho vilipendiado, los maestros madrileños tienen que
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o pareció bien a los maestros de Madrid, resultando el Sr. Puerta anulado en la Asamblea.

No tiene ello nada de extraño; al contrario, parece lo más natural que así ocurriera.

¿Qué puede esperarse de la candidez de un hombre que al abrir la sesión dijo que esperaba una representación de la Nacional, y que ésta nunca llegaba?

¡Vaya, hombre!; el Sr. Puerta viene de cerca de las Batuecas. ¡Miren ustedes que esperar una representación de la Nacional!

Si este maestro nos entendiera, le diríamos que la Nacional es una entidad respetable y sería que no juega a las Asambleas, y menos a las que preside su señoría, porque no le cree con personalidad para ello.

Espere, pues, sentado, porque así se cansará menos.

En la discusión de los temas también se la dieron con queso, pues sabido es que la mayor parte de ellos afectaban a cosas que se vienen pidiendo unánimemente por toda la clase, y éstos que, eran la casi totalidad de los que se presentaban a discusión, se aprobaron casi todos por aclamación.

En los que no hubo unanimidad fué en los que trataban de la supresión de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, supresión que fué aprobada por cincuenta y dos votos contra tres (la exactitud nos obliga a consignar las cifras, aunque la Asamblea pidió que no se hiciera constar para evitar que se supiese el número de asistentes) (textual); el de que se ingresase por oposición y ascendiese por rigurosa antigüedad en cada categoría del Escalafón, reservando la cuarta parte de las vacantes para el turno de oposición restringida, que se aprobó por tres votos de mayoría.

El tema tercero, que se refería al pase al Estado de los derechos pasivos del Magisterio, aspiración sancionada unánimemente por toda la clase en general y aprobada en la titulada Asamblea de Manresa, a que antes se alude aquí, se lo escamotearon al Sr. Puerta.

¡Claro! ¿Qué sabe el Sr. Puerta de sutilizas?

¡Es él muy poca cosa para entenderse las con los Sres. Cortés y Vilaverte!

No le pasó el juego tan inadvertido al Sr. Grúas, quien puso bien claro de manifiesto lo indispensable que es el pase de estas atenciones al Estado, y a cuyos argumentos no se le contestó.

Es natural, como que no tenían réplica; pero no se preocupe el Sr. Grúas, pues en los primeros presupuestos que se voten, los derechos pasivos pasarán a depender del Estado, o poco han de valer quienes se cuidan con seriedad de los intereses del Magisterio nacional.

También se modificó el tema quinto, que trataba de la fusión de todos los Escalafones, eliminándose el de inspectores, a propuesta del Sr. Cortés y Cuadrado.

Al levantarse la sesión de la mañana del día 26, a propuesta del señor Cervera, fueron los cincuenta y cinco concurrentes a la Asamblea a saludar a los señores ministro y director general y rogarles que asistieran a la sesión de clausura, invitación a que no accedieron.

Esta Comisión — toda la Asamblea — hizo las visitas presidida por Puerta.

En resumen: mala jornada, y escasa en rendimientos por todos conceptos.

¡Estaba descontado!

P. S.