Suplemento a La Escuela moderna (1915-09-21 00:00:00), página 3

da, declarando que el párrafo segundo del art. 1.º del Real decreto de 44 de octubre de 1898, en cuanto estableció la inamovilidad de los consejeros de Instrucción pública, no tiene fundamento en ninguna ley que ordene o autorice tal declaración, por lo que sólo puede ser considerado como precepto de carácter administrativo, modificable o derogable por la Administración misma; que la cuestión de que si el actor debía o no ser considerado como excedente en el cargo de consejero de Instrucción pública, con derechos posteriores, no podía ser resuelta por la Sala mientras no lo fuera previamente por la Administración activa, ante la cual podía el interesado ejercitar el derecho de que se creyera asistido, para que fuera resuelto por los trámites legales, y que no había lugar a establecer pronunciamientos sobre las demás solicitudes últimas de la demanda:

Resultando que comunicada esta sentencia al Ministerio, la Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública informó reproduciendo su anterior dictamen de 1.º de marzo de 1944, con cuyo parecer coincidió también la Asesoría jurídica, resolviendo el ministro en los términos de la propuesta del Consejo por Real orden de 9 junio de 1943:

Resultando que con estos antecedentes, por Real decreto de 48 de octubre de 1943, y a propuesta del ministro de Instrucción pública, se nombró consejero de Instrucción pública, con destino a la Sección primera, a don José Ramón Mélida; y por Real decreto de la misma fecha, y de acuerdo con la propuesta formulada por la Sección segunda del Consejo de Instrucción pública, en virtud de lo que preceptúa el Real decreto de 48 de enero de 1944, se nombró vocal de dicho Cuerpo consultivo, con destino a la expresada Sección, a D. Luciano Barajas, doctor en Medicina, según se expresó en la comunicación que daba cuenta de la elección hecha en favor del nombrado, por la indicada Sección:

Resultando que contra los dos Reales decretos últimamente citados interpuso pleito contencioso-administrativo D. José de Castro y Pulido, quien formalizó la demanda con la súplica de que se revocuen los nombramientos de consejeros de Instrucción pública con que habían sido agraciados los Sres. D. Luciano Barajas y D. José Ramón Mélida, y en su consecuencia se declare que en aquella de estas dos plazas que vacó primero debe ser nombrado el actor, o bien, en sentido alternativo, si la Sala no estimase esta súplica, se sirva declarar que el demandante debe ser nombrado en la primera vacante que en lo sucesivo ocurra en el Consejo de Instrucción pública:

Resultando que emplazado el fiscal, contestó a la demanda con la solicitud de que se estimase la excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta como perentoria y alegada en primer término, y si a ello no hubiere lugar se absolviera a la Administración, confirmando en todas sus partes los Reales decretos reclamados:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Pedro María Usera.
Visto el art. 21 de la ley de 27 de julio de 1890:
Visto el art. 4.º del Real decreto de 44 de octubre de 1898:
Vistos los artículos 31 y 32 del Real decreto de 18 de enero de 1944:
Considerando que la cuestión de si el ministro tiene la obligación de cubrir las vacantes que se produzcan en el Consejo de Instrucción pública con consejeros excedentes, o si, por el contrario, tiene facultad de nombrar libre y discrecionalmente a las personas que considere conveniente y reunan las condiciones exigidas por la ley, es precisamente la debatida en el pleito y que afecta, por tanto, al fondo, por lo que no puede ser resuelta como excepción de incompetencia propuesta por el fiscal, que procede, en su virtud, que sea desestimada: