Suplemento a La Escuela moderna (1915-09-21 00:00:00), página 12

sejo de Instrucción pública acerca de extremo de tan vital interés para los que suscriben.

Aparte de estas razones de derecho estricto, existen otras de equidad, aun más poderosas. Desde que por Real orden de 8 de abril de 1914 (y su complemento la Real orden de 8 de abril siguiente) se equiparó en lo económico a los maestros de Navarra con los de las demás provincias, todo el Magisterio nacional y cuantos organismos en su funcionamiento intervienen y con él se relacionan, se rigen por una legislación homogénea de deberes que impone el Estado y de derechos traducidos en sueldos y categorías que el mismo Estado concede.

De ese cuadro homogéneo sólo discrepan la Secciones administrativas de estas provincias, las cuales están sometidas en cuanto a funciones y deberes a la pauta general (aun cuando no cuentan con el personal que necesitan, y ello multiplica su trabajo y su esfuerzo); pero no en cuanto a derechos y remuneración, pues reciben un sueldo inferior al que les corresponde, sin otra compensación que la de figurar nominalmente en un Escalafón al que en realidad no pertenecen.

Excelentísimo señor, ¿no cree V. E. que ha llegado la ocasión de que su justiciero espíritu remedie ese mal y ponga término a esa situación de cuatro Secciones y de cuatro funcionarios preteridos y postergados en la carrera que eligieron creyéndola sometida a normas comunes y no a desigualdades incomprensibles? ¿No cree V. E. que ha llegado la hora de unificar y terminar la mejora del Magisterio español llevando a los que suscriben y a sus Secciones a la legalidad común y al Escalafón de la clase, pero de verdad y con todas sus consecuencias? ¿No cree V. E. que ha llegado la hora de que, así como el Estado incorporó a su presupuesto el sostenimiento de las Secciones de las demás provincias (después de haberlo hecho con el Magisterio nacional), previo abono por las Diputaciones provinciales de las cantidades que las Diputaciones venían satisfaciendo por tales conceptos, siendo desde entonces de cuenta de aquél las mejoras que ha creído necesario concederles, se haga cargo también de las Secciones de estas provincias?

Entretanto, y puesto que las Diputaciones provinciales pagan nuestros mezquinos sueldos, ¿no sería justo que se les obligara, como en 1914 se hizo, al pago de los aumentos insignificantes necesarios para hacernos efectivos nuestros nominales sueldos del Escalafón? Los exponentes creen que sí y confían en V. E., que acaba de mejorar los sueldos de un buen número de maestros, y en el Ilmo. Sr. Director general de Primera Enseñanza, que tanto viene trabajando en el mejoramiento de la clase.

En virtud de lo expuesto, a V. E. encarecidamente suplican se digne:

Primero. Consultar al Consejo de Instrucción pública si los jefes que suscriben tienen derecho, al igual de los demás de España, a participar en la proporción debida, del crédito de 60.000 pesetas concedido por las Cortes para mejorar la situación del personal de las Secciones del resto de la nación y del que han sido hasta ahora privados.

Segundo. Consultar igualmente a aquel alto Cuerpo la conveniencia de uniformar y equiparar las Secciones de esta provincia a las demás de España en personal y sueldos, ya que lo están en cuanto a funciones, deberes y responsabilidades.

Tercero. Disponer por Real orden, si el dictamen del Consejo fuera favorable, que en los próximos presupuestos se haga cargo el Estado de estas Secciones, al igual que lo ha hecho con las demás de España.

Cuarto. Disponer que hasta la incorporación al Estado de estas Secciones, las Diputaciones provinciales están obligadas al pago de los sueldos que por Escalafón corresponden a los exponentes.