Suplemento a La Escuela moderna (1915-09-21 00:00:00), página 4

Considerando que son dos las solicitudes contenidas en la demanda, referente una a obtener la renovación de los nombramientos de D. José Ramón Mélida y D. Luciano Barajas, de consejeros de Instrucción pública, y se declare que en aquella de las dos plazas que vacó primero sea nombrado el demandante, interesando en la segunda, y subsidiariamente, se declare que debe ser nombrado consejero en la primera vacante que en lo sucesivo ocurra:

Considerando que en cuanto a la solicitud formulada en primer término no puede prosperar, porque cualesquiera que sean las diferencias o irregularidades de que pudieran adolecer los nombramientos de consejeros de D. José Ramón Mélida y D. Luciano Barajas, no es cuestión a resolver por esta Sala, que únicamente está llamada a decidir si el demandante tiene, como pretende, derecho a ocupar de las dos de dichas plazas la primera que vacó, y que funda en el error de considerar inamovible el cargo de consejero que desempeñaba al quedar cesante a virtud de la reorganización dada al Consejo de Instrucción pública por el Real decreto de 18 de enero de 1914, y en el de suponer que la declaración de excedencia que le fué concedida por la Real orden de 10 de junio de 1913 implicaba su derecho a ocupar la primera vacante que ocurren en el Consejo, cuando no puede desconocerse que la condición de excedencia es varia y se otorga con más o menos derechos que para poderlos hacer efectivos es preciso estén previstos y declarados en disposiciones legales, y como la excedencia concedida al demandante lo fué sin condición ni declaración de derecho alguno, es inequívoca que no puede legalmente invocarlo a la obtención de ninguna de las dos plazas mencionadas del Consejo de Instrucción pública:

Considerando que si bien el art. 1.º del Real decreto de 14 de octubre de 1898, declaró, en efecto, la inamovilidad de los consejeros de Instrucción pública, como quiera que no tengan fundamento en ley alguna que ordene o autorice tal declaración, debe ser considerado tan sólo como precepto de carácter administrativo modificable o derogable por la Administración misma que lo acordara, hecha en Real decreto posterior, según lo declaró esta Sala en sentencia de 25 de septiembre de 1912, precepto que, modificado por otro posterior en disposición legal de fuerza igual obligatoria, no puede servir de apoyo al derecho que alega el Sr. Castro y Pulido.

Considerando que siendo facultad del ministro, conforme al art. 31 del Real decreto de 18 de enero de 1914, el nombrar o no para las plazas de consejero de Instrucción pública a los consejeros excedentes, y no teniendo reconocido el demandante como tal el derecho a ser nombrado consejero en determinada vacante, si bien tenga aptitud para obtener el cargo, es evidente que al nombrar a D. José Ramón Mélida y D. Luciano Barajas consejeros de Instrucción pública obró dentro de las facultades legales, procediendo en su consecuencia la absolución de la demanda;

Fallamos que desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por el fiscal como perentoria, debemos absolver y absolvemos a la Administración general del Estado de la demanda formulada por don José de Castro y Pulido contra los Reales decretos fecha 18 de octubre de 1913 nombrando consejeros de Instrucción pública a D. José Ramón Mélida y D. Luciano Barajas, que dejamos firmes y subsistentes; y no ha lugar a resolver si el demandante tiene derecho a ser nombrado en la primera vacante que en lo sucesivo ocurra en el Consejo de Instrucción pública, por no haber sido esta cuestión previamente resuelta por la Administración.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firma-