Suplemento a La Escuela moderna (1915-02-24 00:00:00), página 3

INSPECCIONES DE PRIMERA ENSEÑANZA

19 de febrero de 1915. (Gaceta del 20.) — Real decreto creando 20 plazas de inspectores e inspectoras-auxiliares y señalando las provincias adonde han de ser adscritos:

«EXPOSICIÓN.—Señor: La vigente ley de Presupuestos, respondiendo a una urgente necesidad, y de acuerdo con la iniciativa llevada a las Cortes por el Gobierno, ha consignado la cantidad suficiente para el aumento de 20 plazas en el Cuerpo de Inspectores de primera enseñanza, y este aumento, que tan beneficioso ha de ser para la enseñanza, porque permitirá que las escuelas sean visitadas con mayor frecuencia, exige la modificación del Real decreto de 7 de febrero de 1913, que estableció la actual distribución del personal de inspectores.

A este fin responde el adjunto proyecto de decreto, en el cual se determina la distribución que se ha de dar a las plazas nuevamente creadas y se regula la forma de su provisión.

Buscando la mayor eficacia de los servicios, y teniendo en cuenta los buenos resultados que ha dado la inspección femenina, propónese la extensión de ésta a otras provincias, ya que hasta el presente ha estado limitada a las que son capitales de distrito universitario; pero como, por otra parte, la labor de los inspectores se halla excesivamente recargada en algunas zonas por el gran número de escuelas que tienen a su cuidado, se hace también indispensable que de las plazas ahora creadas, 40 sean para inspectores.

Distribuidas por mitad las 20 plazas, es necesario fijar, con fundamentos nacidos de la práctica, las provincias a que han de ser adscritas, tomando como base no sólo la utilidad que han de prestar los nuevos funcionarios, sino la distinta índole de sus atribuciones.

La labor de la inspección femenina, más justificada en las capitales y en los pueblos unidos a ellas por buenas vías de comunicación, obliga a tener en cuenta, respecto a las inspectoras, la población escolar de aquéllas, en armonía con lo dispuesto en el art. 6.º del Real decreto de 7 de febrero de 1913.

Respondiendo a ese criterio, y tomando como base la última estadística publicada con carácter oficial por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, deben asignarse las plazas de inspectoras a las provincias de Murcia, Málaga, Vizcaya, Cádiz, Almería, Santander, Guipúzcoa, Córdoba, Alicante y Castellón, que figuran con poblaciones escolares en sus capitales de 20.907, 17.695, 12.350, 9.825, 7.779, 7.758, 6.453, 6.448, 5.028 y 4.430 niños, y tienen pueblos unidos a aquéllas por aceptables vías de comunicación.

Extendida la labor de los inspectores a los lugares más apartados de la capitalidad de la provincia, es lógico tener en cuenta respecto de ellos el número de escuelas que a los hoy existentes están asignadas, dividiendo por el número de aquéllas el total de los centros de primera enseñanza establecidos, a fin de que obteniendo totales menores pueda ser más frecuente y sostenida la acción que les está encomendada. Pero ante todo es preciso dotar las provincias que por tener un solo inspector quedan desprovistas de su acción en casos de vacantes, ausencias y enfermedades. Son éstas las de Albacete, Baleares, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Huelva y Sevilla, y las comprendidas en el caso de excesivo número de escuelas por inspector, las de Zamora, Soria y Guadalajara, en las que aquéllos tienen a su cargo 305, 281 y 279 escuelas, respectivamente.

En cuanto al medio de provisión de las nuevas plazas, nada más justo que mantener lo establecido en el Real decreto de 30 de agosto de 1914,