Suplemento a La Escuela moderna (1914-11-07 00:00:00), página 12

creyéndolo así, y sabiendo que ese caso es el más frecuente y el de peores consecuencias para el maestro, queremos dedicar algunos párrafos a ese asunto, que nos parece capitalísimo, aunque el Magisterio, actualmente distraído con sus ascensos, no le conceda tanta importancia.

Una carta firmada o anónima, un oficio del alcalde, una denuncia firmada por varios vecinos o por uno solo imitando las firmas de otros, puede dar motivo a la formación de un expediente tan grave como el de abandono de destino. Y comenzado ya, publicada la Real orden correspondiente, el maestro entra en un nuevo laberinto de Creta, donde no sabe si será pasto del Minotauro o si podrá salir al fin como Ícaro, con ayuda de algunas alas artificiales.

No recordamos disposición alguna que por la duración y causa de la ausencia determine la mayor o menor responsabilidad; no recordamos que exista la más elemental escala de penas que fije la aplicable en cada caso, ni sabemos tampoco que se hayan señalado nunca las circunstancias modificativas de la responsabilidad del maestro incursa en el célebre art. 474...; y así, careciendo de tan necesarios elementos, verdaderas garantías para el juzgador y para el juzgado, se llega en cuestión de tanta trascendencia al injusto imperio de la aborrecida ley del encaje.

Comenzado el oportuno expediente, ni el maestro interesado ni la persona más versada en legislación de primera enseñanza pueden, aun conociendo las pruebas, adivinar la sentencia. El maestro que abandonó su cargo para atender a sus padres en tristes momentos, puede perder su escuela y sus derechos lo mismo que la señorita que obtuvo por oposición una escuela de 4.000 pesetas situada en un lugarejo tan inverosímil para ella como para sus padres, señorita que después de tomar posesión vuelve a la capital, dejando en lugar suyo a la hija del secretario o a la sobrina del alcalde... Igualmente pueden sufrir los rigores de la ley el profesor que se ausenta confiado en la palabra de la primera autoridad o del primer cacique del pueblo, y el que sin licencias verbales ni escritas abandona su cargo.

Conocemos varios casos que, comparados, nos enseñaron mucho. Un desgraciado maestro incursa en el art. 474 perdió su escuela y sus derechos, y otro, con más fortuna, sufrió por igual causa una suspensión de empleo y sueldo por seis meses; los dos incurrieron en igual falta; los dos fueron consentidos por las Juntas locales; los dos fueron igualmente sometidos a expediente; pero... el primero quedó dentro del laberinto y el segundo pudo salir.

No es la intención nuestra al mencionar los casos anteriores (históricos) censurar a los funcionarios que en expedientes de esta clase intervienen, ni mucho menos al Consejo de Instrucción pública que con su informe da fin a estos asuntos. No es esa nuestra intención; creemos que a unos y a otros les interesa la existencia de esa serie de reglas que antes mencionábamos. Proclamamos la buena fe y el espíritu de justicia que a todos anima; por eso precisamente, cuando leemos la copiosa y variada jurisprudencia que sobre el art. 474 inserta el Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción pública, no podemos evitar cierta sonrisa irónica que a nuestros labios asoma, sonrisa que aumenta cuando en las resoluciones se ordena, con tan buena intención como inocente resultado, que sean depuestos los vocales electivos de aquellas Juntas locales que consintieron ausencias injustificadas...

Todas las observaciones anteriores refiérense a la parte fundamental de estos expedientes; pero si de ella pasamos al procedimiento, nos encontramos también con escasas reglas que deben de ser, a nuestro modesto juicio, modificadas. Creemos conveniente que se fijen plazos breves e improporrogables para las distintas diligencias de los expedientes, y que éstos,