Suplemento a La Escuela moderna (1914-11-04 00:00:00), página 9

Estos funcionarios, instituidos por la ley de 1857, han pasado por miles de vicisitudes; por reformas que aumentaron su trabajo y responsabilidades; hasta por el olvido de los Gobiernos y de los que en ellos formaron parte como ministros, como si en nada influyeran en los asuntos de primera enseñanza, cuando debía constarles que a su esfuerzo y eficacísimo trabajo se debe mucho de lo conseguido en la administración de la enseñanza, que en nada tiene que envidiar a la parte técnica y científica de la misma.

La ley de 16 de julio de 1887, concediendo derechos pasivos al Magisterio primario, vino a recargar de una manera considerable su ya grandísimo trabajo.

Más tarde, un Real decreto famoso —el de 20 de diciembre de 1907—, de un plumazo, y sin tener en cuenta para nada la situación legal de las personas que estaban al frente de esos organismos, declara el cese de todos ellos, salvo contadas excepciones, y no fué modo que pudieran conseguir recuperar sus cargos, mediante oposiciones libres a que pudieron concurrir los maestros que tuvieran determinadas condiciones.

Después de esto, a cualquiera se le hubiera ocurrido pensar que al tiempo de exigir nuevas pruebas de una competencia administrativa que ya tenían acreditada, se les remuneraría con el decoro que el cargo requiere; pero no ocurrió así, sin embargo, pues continuaron con las mismas dotaciones que tenían con anterioridad al decreto de su cesantía.

No ocurrió así con los inspectores y profesores de Normales, a quienes sin exigirles nuevas pruebas de suficiencia se les habían concedido ciertas ventajas, después de lo cual no podía ya hacerse abstención del sufrido personal de las Secciones administrativas, y a ello obedeció, a no dudarlo, el que se dictase el Real decreto de 5 de mayo de 1913, por el que se determina de un modo preciso las funciones de su competencia, al tiempo que se fijaba una plantilla de cargos y de sueldos elevados proporcional y equitativamente.

Esto hubiera sido una compensación si estas obligaciones no se hubieran diferido hasta consultar con las Diputaciones, para que expresaran su conformidad, pues así ocurrió lo que fatalmente tenía que ocurrir, esto es, que casi ninguna de ellas contestó a los requerimientos ministeriales, y así, mientras que unos hacían efectivas sus mejoras desde 4.º de enero de 1913, los funcionarios de las Secciones continúan lo mismo que estaban antes del referido Real decreto de 5 de mayo de 1913.

Y así estamos al cabo de año y medio de fecha, sin esperanzas de que mejore ese estado de cosas creado por la enemiga que indudablemente existe en contra de los funcionarios de las Secciones administrativas de primera enseñanza; como lo prueba el que al confeccionarse el proyecto de Presupuestos para el año 1915, se haya figurado una partida para unificar los sueldos de aquellos empleados, pero tan notoriamente insignificante que apenas si servirá para elevar a 1.500 pesetas el que disfrutan los auxiliares de 1.250; por cierto que son los únicos que en la Administración pública no subieron a la categoría de oficiales, que es en la que ahora se les va a colocar.

Es necesario advertir que el total de toda la reforma para dar efectividad al Real decreto de 5 de mayo de 1913, en su parte económica, no llega a la suma de doscientas mil pesetas, y que de ellas serán participes todos los que prestan servicios en los citados organismos, cuyo número excede de 250.

Claramente se ve, por lo expuesto y sin apelar a otros muchos razonamientos, que el olvido en que se tiene a las Secciones es evidente e imperdonable, y que nadie se preocupa de remediar seriamente un mal que lleva en sus entrañas sedimentos de malquerencia para los que no han