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«Visto el expediente sobre traslación, por incompatibilidad, del maestro de Nigrán (Pontevedra), D. José Martínez Puga:

»Resultando que además de concurrir las circunstancias extremas que exige el art. 16 del Real decreto de 20 de diciembre de 1907, se está en un verdadero caso de incompatibilidad, toda vez que resulta que puestos de acuerdo los padres de familia no envían a sus hijos a la escuela que regenta el Sr. Martínez:

»Resultando que no parece imputable este estado de cosas al maestro, a juzgar por el informe del inspector de primera enseñanza, donde explícitamente se manifiesta que la falta de asistencia escolar depende de instituciones de una Sociedad de agricultores hostil al maestro, por no haber querido secundar éste los fines políticos de aquélla:

»Considerando que la traslación propuesta por el inspector, Junta provincial y Negociado del Ministerio se ajusta a las disposiciones vigentes, y aparece exigida por el interés de la enseñanza, puesto que la situación de hostilidad que se ha creado entre el maestro Sr. Martínez Puga y los padres de familia de Nigrán privaría a aquél del concurso moral y social necesario para el cumplimiento de su elevado ministerio:

»Considerando que la confabulación a que alude el inspector de primera enseñanza para que no concurran a la escuela de Nigrán los niños constituye probablemente una infracción de los preceptos que declaran obligatoria la primera enseñanza, puesto que no aparece que esos alumnos estén recibiendo enseñanza privada ni doméstica, ya que en la instancia que figura entre las piezas del expediente, suscritas por varios vecinos de Nigrán en contra del maestro, se dice que los niños están vagando por los caminos y perdiendo el tiempo:

»Considerando que en todo caso la Junta local, al consentir este estado de cosas sin desplegar otra iniciativa que la de instruir el expediente de traslación del maestro, ha incurrido en una responsabilidad manifiesta, y aparece, si no consciente, sospechosa de complicidad en las maniobras urdidas contra el maestro,

»La Comisión tiene el honor de proponer a la Superioridad el siguiente informe:
»1.º Que es procedente la traslación, por incompatibilidad, a escuela de igual clase y categoría del maestro D. Juan Martínez Puga, con arreglo al artículo 16 del Real decreto de 20 de diciembre de 1907, y sin carácter de corrección ni menoscabo en el concepto del maestro.
»2.º Que debe ser destituida la Junta local de Nigrán.
»3.º Que se depure por el inspector de primera enseñanza si los padres de familia de Nigrán, que sistemáticamente han dejado de enviar a sus hijos a la escuela, han incurrido en las sanciones que establecen las disposiciones vigentes, como consecuencia del carácter obligatorio de la primera enseñanza, y, en su caso, se proceda a exigirlas.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el preinserto dictamen, en
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cuanto al primero de los extremos que comprende, se ha servido disponer que se traslade, por incompatibilidad, a escuela de igual clase y categoría al maestro D. Juan Martínez Puga, con arreglo al art. 46 del Real decreto de 20 de diciembre de 1907, y sin carácter de corrección ni menoscabo en el concepto del maestro.—Altamira.—Señor rector de la Universidad de Santiago.»

26 de abril de 1913. (B. O. del 23 de mayo.) — Orden:
«Vista la instancia elevada a este Ministerio por D. Joaquín Panadés y Terré, maestro de la escuela de Alayor (Baleares), solicitando fuera de concurso la de Sarriá (Barcelona);
Teniendo en cuenta que la mencionada escuela de Alayor ha sido graduada por Real orden de 14 de febrero último, y que no reuniendo el señor Panadés las condiciones legales para ser nombrado director, la misma Real orden lo declara excedente, y habida cuenta también de los derechos que a los comprendidos en este caso reconoce el párrafo 2.º del art. 12 del Real decreto de 25 de febrero de 1911,
Esta Dirección general ha resuelto acceder a lo solicitado, disponiendo al propio tiempo que se expida el oportuno nombramiento. — Altamira.—Señor rector de la Universidad de Barcelona.»

30 de abril de 1913. (B. O. del 16 de mayo.) — Orden:
«Contestando a la comunicación en que consulta V. S. sobre algunos puntos relacionados con los maestros de Melilla,
Esta Dirección general ha resuelto manifestarle que los referidos maestros no están comprendidos entre los que deben ascender por virtud del Real decreto de 14 de marzo último, toda vez que deben seguir figurando, mientras permanezcan en sus actuales escuelas, con el mismo sueldo que hoy disfrutan.—Altamira.—Señor presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de Málaga.»

6 de mayo de 1913. (B. O. del día 23.) — Orden:
«Visto el expediente a instancias de D.ª María Rosa Martín Bono, maestra-auxiliar de la escuela de párvulos de Hellín (Albacete), solicitando que se la abonen las retribuciones correspondientes a dicha escuela, por haberse encargado de su dirección en 20 de junio de 1911;
De conformidad con el informe emitido por la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio, y con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.º del Real decreto de 2 de diciembre de 1910,
Esta Dirección general ha resuelto desestimar la petición formulada, porque no hay motivo para que no se considere vacante la escuela que regenta la interesada.—Altamira.—Señor rector de la Universidad de Valencia.»

14 de mayo de 1913. (B. O. del día 23.) — Orden:
«A los efectos de la Real orden de 10 de abril último sobre adjudicación
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de vacantes y plazas del Escalafón por los ascensos del turno de antigüedad,

Esta Dirección general ha resuelto que, como consecuencia de la corrida de escalas, las últimas vacantes, hoy de 4.000 pesetas, se consideren como de 4.400, toda vez que dichas segundas plazas no se han provisto por ahora, y al propio tiempo que las Secciones tengan en cuenta la orden de 5 de mayo, Gaceta del 9, para las modificaciones oportunas y hagan presente cualquier error que pueda haberse producido en la designación de vacantes y plazas a que se refiere la citada Real orden de 10 de abril, después de subsanarlo en las nóminas correspondientes. — Altamira. — Señores jefes de las Secciones administrativas de primera enseñanza.»

27 de mayo de 1913. (B. O. del 3 de junio.) — Real orden:
«En el expediente de rehabilitación del maestro de Retuerta (Burgos), D. Bernardo Isasi Valderrama, la Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente informe:
«Visto el expediente de rehabilitación del maestro de Retuerta (Burgos), D. Bernardo Isasi Valderrama:
»Resultando que dicho maestro fué condenado a tres años y seis meses de prisión correccional por abusos deshonestos cometidos en la misma escuela con niños menores de doce años;
»Considerando que, aunque su conducta en el correccional ha sido buena, no parece prudente ni propio de la dignidad del cargo de maestro permitir que quien ha cometido actos de la naturaleza referida, abusando de su carácter profesional, pueda reintegrarse al Magisterio,
»La Comisión es de parecer que debe denegarse la rehabilitación que pide el que fué maestro de Retuerta (Burgos), D. Bernardo Isasi Valderrama.»
Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el precedente informe, se ha servido resolver lo que en el mismo se propone.—Altamira.—Señor rector de la Universidad de Valladolid.»

15 de mayo de 1913. (B. O. del día 27.) — Real orden resolviendo expediente gubernativo instruido al maestro de Pozorrubio (Cuenca):
«Illmo. Sr.: En el expediente incoado sobre incompatibilidad del maestro de Pozorrubio (Cuenca), D. Francisco Martínez Hernández, la Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente informe:
«Visto el expediente incoado a instancias de la Junta local de primera enseñanza de Pozorrubio (Cuenca) sobre incompatibilidad del maestro don Francisco Martínez Hernández con las autoridades y el vecindario:
»Resultando del examen del expediente que el hecho de que se acusa principalmente al maestro es el de sostener relaciones amorosas, con escándalo, con una joven soltera de la localidad, que ha dejado el hogar paterno para vivir en su compañía:
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»Resultando que se le acusa también de haberse negado a celebrar exámenes en la fecha acordada por la Junta, si bien el maestro alega que debió oírsele antes de fijar dicha fecha:
  »Resultando que el maestro niega que tenga tales relaciones amorosas y afirma que la joven en cuestión le sirve como criada mediante un salario:
  »Resultando que reunida la Junta local, acordó pedir el traslado por incompatibilidad, con la protesta del vocal D. Manuel García:
  »Resultando que el inspector, en su informe, propone: primero, que se aplique al maestro el art. 16 del Real decreto de 7 de febrero de 1908, haciendo constar que no existe unanimidad; y segundo, que habiendo dimitido sus cargos de vocales el párroco Fr. Facur Toledo, el médico don Dámaso Videmiro y los padres de familia Sres. Terres y Mingo, se manifieste a los dos primeros que no puede admitirse su renuncia por ser vocales natos y a los segundos se les sustituya con otros dos vecinos que tengan hijos en la escuela:
  »Resultando que el Consejo universitario se adhiere al informe del inspector y el Ministerio propone el sobreseimiento del expediente y la sustitución de los vocales electivos:
  »Considerando que no puede aplicarse el Real decreto de 7 de febrero de 1908, que exige terminantemente la unanimidad de la Junta local:
  »Considerando, no obstante, que el maestro está obligado a no dar mal ejemplo en cuanto se refiere a la moral y buenas costumbres y debe guardar la consideración debida a la Junta local de primera enseñanza,
  »La Comisión opina:
    »1.º Que no procede el traslado, por faltar la unanimidad que exige el Real decreto de 7 de febrero de 1908.
    »2.º Que debe ser amonestado privadamente el maestro D. Francisco Martínez Hernández para que en lo sucesivo se abstenga de dar un mal ejemplo de irregularidad de costumbres, incompatible con el decoro del Magisterio, y guarde la consideración debida a la Junta local de primera enseñanza; en la inteligencia de que si se producen nuevamente quejas justificadas acerca de esto se procederá con mayor severidad; y
    »3.º Que se sustituya en sus cargos a los vocales electivos dimitentes por otros padres de familia que tengan hijos en la escuela.»
Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el preinserto dictamen, ha resuelto lo que en el mismo se propone. — Altamira. — Señor rector de la Universidad Central.

31 de mayo de 1913. (B. O. del 17 de junio.)—Orden:
«Vista la instancia elevada a este Ministerio por D.a María López y López, maestra de Bilbao, solicitando su traslado, fuera de concurso, a Valladolid, donde su consorte desempeña el cargo de profesor numerario de la Escuela Normal de Maestros;
Teniendo en cuenta que el reglamento de 25 de agosto de 1914 exige
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en su art. 45, para la concesión de lo que se solicita, que ambos esposos figuren en el Magisterio público de primera enseñanza, circunstancia que no concurre en este caso,

Esta Dirección general ha resuelto desestimar la petición formulada.—Altamira.—Señor rector de la Universidad de Valladolid.»

15 de mayo de 1913. (B. O. del 17 de junio.)—Orden:
«Visto el expediente instruido por los opositores del turno restringido de la provincia de Burgos solicitando que sea sustituida una plaza que se excluyó de la convocatoria;
Teniendo en cuenta que la eliminación de la escuela de Villamediana se llevó a efecto por haber sufrido una equivocación la Junta provincial al incluirla, y habida cuenta también que llevándose por orden alfabético riguroso los turnos establecidos por la Real orden de 20 de noviembre de 1911, una vez distribuidos en los mismos las escuelas vacantes, la alteración de uno de ellos da lugar a la de todos los demás, lo que no puede hacerse por estar ya anunciadas las correspondientes al concurso de interinos y agregadas a la convocatoria de junio las de oposición libre,
Esta Dirección general ha resuelto desestimar la petición.—Altamira.—Señor rector de la Universidad de Valladolid.»

5 de junio de 1913. (B. O. del día 17.)—Real orden:
«Illmo. Sr.: Visto el expediente a instancia de D. Bernardino Iglesias Pérez, maestro de la escuela nacional de niños de Valverde del Camino (Huelva), solicitando un año de licencia para asuntos propios;
Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por las Juntas local y provincial de Instrucción pública, y hallándose el interesado comprendido en el art. 29 del Real decreto de 20 de diciembre de 1907,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, concediendo a D. Bernardino Iglesias Pérez la licencia que solicita, con las condiciones expresadas en el referido artículo.—López Muñoz.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

4 de junio de 1913. (B. O. del día 13.)—Orden:
«Contestando a la comunicación en que consulta V. S. acerca de la forma de llevar a la práctica la agregación de vacantes a oposiciones de escuelas de ese Rectorado, concedida mediante la reglamentaria petición del Tribunal,
Esta Dirección general manifiesta a V. S. que lo procedente es que los Tribunales se reúnan de nuevo, como en análogos casos se ha hecho en los Rectorados de Madrid y Barcelona; citen a todos los aspirantes que obtuvieron plaza y a uno más, puesto que una es la plaza a que a cada convocatoria se agrega, y procedan dichos aspirantes a nueva elección, entendiéndose que los que no comparezcan al llamamiento quedan en las
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SUPLEMENTO

LA ESCUELA MODERNA

Año XXIII.   MADRID, 27 SEPTIEMBRE 1913   N.º 1.755 de la col.º

Sumario.

DISPOSICIONES OFICIALES: Escuelas de primera enseñanza: R. D. creando la Inspección médico-escolar.—ASUNTOS DE PERSONAL: Nombramientos.—JUNTAS DE ENSEÑANZA: Locales: Madrid, anunciando escuelas a concursillo.—ASOCIACIONES DE MAESTROS: Alcalá la Real.—PROPIO Y AJENO: La escuela nacional ha muerto. La obra de Romanones, destruida. Sobre una Real orden. No debe accederse. Sobre los concursillos. Para el señor ministro de Instrucción pública.—NOTICIAS E INFORMACIONES.

Índice de la «Gaceta».

Día 24 de septiembre de 1913.—R. D. disponiendo que los títulos que en sus países respectivos den aptitud para el ingreso en las distintas Facultades correspondientes a la enseñanza superior, sean válidos en España como si se hubiesen expedido en el Reino, siempre que procedan de establecimiento oficial dependiente del Estado, se demuestre la autenticidad del mismo y se identifique la persona a favor de quien estuviese extenso.

Día 25.—N.

Día 26.—R. D. disponiendo se constituya, con la denominación de Patronato de Estudiantes, en cada una de las Universidades del Reino, una Junta compuesta del rector, de los decanos de las Facultades y de los directores de los Institutos Generales y Técnicos y Escuelas especiales dependientes de este Ministerio. R. O. disponiendo se den los ascensos de escala, y que los catedráticos de Universidad que figuran en la relación que se publica pasen a ocupar en el Escalafón los números que se mencionan.

BIBLIOGRAFÍA PEDAGÓGICA HISPANO-AMERICANA

POR
DON RUFINO BLANCO Y SÁNCHEZ

Profesor de Pedagogía fundamental e Historia de la Pedagogía en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.

Obra premiada por la Biblioteca Nacional. Cinco tomos con 3.000 páginas de dos columnas en 4.º mayor.

Noticia completa de 4.000 obras de Pedagogía escritas en castellano o traducidas a este idioma, desde el siglo XIII hasta nuestros días, con un índice alfabético de materias de 28.000 conceptos. Precio del ejemplar en rústica, 60 pesetas; encuadernado, 75. Véndese en la Casa de Perlado, Páez y Compañía y en la de todos sus corresponsales de España y de América.
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PROPIO Y AJENO

LA ESCUELA NACIONAL HA MUERTO
LA OBRA DE ROMANONES, DESTRUÍDA

No vea en estas líneas el señor ministro de Instrucción pública, ni en las que hayamos escrito antes ni en las que puedan venir luego, el más ligero asomo de molestia para el Sr. Ruiz Jiménez. La amistad con que nos honra hace muchos años y el sincero afecto que nosotros le profesamos, nos privarían del derecho a criticar su obra como jefe superior de la enseñanza en España, si no tuviéramos el deber inexcusable de emitir nuestra opinión, modestísima, sobre aquellas disposiciones que afectan muy de cerca a la escuela y al maestro. Salvamos en todo la recta intención del Sr. Ruiz Jiménez; pero el Sr. Ruiz Jiménez, como todo hombre cuya actividad es solicitada por multitud de quehaceres, no puede sustraerse a la colaboración de otros hombres, generosos o egoístas, ni muchas veces dar la quintaesencia de las cosas, cuanto más recoger, hacerse cargo de detalles que en ocasiones son lo sustantivo de la obra realizada.

Sentado esto, vamos a probar al señor ministro de Instrucción pública que el Real decreto de 16 de los corrientes, que no conocía el Consejo de Ministros, reorganizando la Delegación Regia y la Junta local de primera enseñanza de Madrid, es contrario a la vigente ley de Instrucción pública, al criterio del Rey, al del presidente del Consejo de Ministros y a la doctrina del partido liberal, y la certificación de óbito de la escuela nacional y de la obra mil veces bendita del señor conde de Romanones a fines de 1901.

Ese Real decreto es contrario a la ley, porque la ley concede a cada maestro y a cada maestra casa-habitación para sí y su familia, y el Real decreto en cuestión la niega a uno de los maestros consortes. Y, que nosotros sepamos, no es un ministro el definidor de la ley, sino el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho en más de una ocasión, y recientemente en pleito sostenido por maestros del mismísimo Madrid, que cada maestro cónyuge tiene derecho a casa-habitación.

Luego ese Real decreto es contrario a la ley de Instrucción pública, y además perjudica en sus intereses legítimos a los maestros de primera enseñanza, los cuales recurrirán del atropello de que son víctimas.

Es contrario al criterio del Rey. Vea el Sr. Ruiz Jiménez lo que escribimos en nuestro SUPLEMENTO de 2 de julio último, al dar cuenta a nuestros lectores de la visita de los maestros vascongados a S. M. en la Granja:

«S. M. se felicitó del tono patriótico y nada cortesano del escrito (la exposición en que la Federación de Maestros Vascongados solicitaba la Gran
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Cruz de Alfonso XII para el Sr. Alba), que elogió sin reservas, y agradeciendo el espíritu nacional, no regional, del Magisterio de aquellas hembras provincias del Norte, recomendó muy mucho a los maestros que no cejen en su empeño de hacer patria, y aseguró que había tenido sumo gusto en sancionar la ley de 30 de diciembre.

En este respecto, D. Alfonso, que dió pruebas de que conoce y se preocupa del problema de la primera enseñanza oficial en España, hizo una afirmación categórica y vibrante: dijo que no había inconveniente en descentralizar, en ceder lo que se pueda de las enseñanzas especiales, secundarias, universitarias, etc., etc.; pero de lo que el Estado no se desprendrá jamás, en poco ni en mucho, es de la escuela nacional de primera enseñanza; la primera enseñanza pública y su profesorado dependerán siempre, y por completo, del Estado, del Poder central.»

El subrayado es de ahora.

El Rey dijo más a los maestros vascongados; y repitió al Sr. Altamira, que presidía aquella Comisión, que velara constantemente por la pujanza, por la prosperidad de la escuela nacional de primera enseñanza.

De todo esto, y de algo más relacionado con ello, tuvo oportunamente conocimiento el Sr. Ruiz Jiménez.

Es contrario al criterio del presidente del Consejo de Ministros y a la doctrina del partido liberal, como se demuestra con el Real decreto de 26 de octubre de 1901, refrendado por el señor conde de Romanones; con las declaraciones en mil ocasiones hechas por el mismo en público y en privado y ante la Asociación Nacional del Magisterio Primario, de la que es digno presidente, y en cuya bandera figura la aspiración de que no se permita a ningún Ayuntamiento crear escuelas municipales ni subvencionar las privadas mientras no sostenga las oficiales, las nacionales que marca la ley; con el Real decreto de 7 de julio de 1911, que firma, de acuerdo con el Consejo de Ministros, D. Amalio Gimeno, actual ministro de Marina, Real orden de 19 de junio del mismo año, y la tan expresiva del 16 de enero de 1912 —por no citar otras—, también suscritas por el actual ministro de Marina, negando y oponiéndose a lo que tan pródigamente otorga el Real decreto del Sr. Ruiz Jiménez; con la resistencia a esto por parte de los ministros liberales D. Amós Salvador, D. Santiago Alba y D. Antonio López Muñoz…..

Es, pues, el Real decreto de 16 de los corrientes contrario al criterio del señor presidente del Consejo de Ministros y a la doctrina del partido liberal, y por eso, quizá, es por lo que no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Es también la esquela de defunción de la escuela nacional, porque no hay razón para negar a Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia o Alcorcón lo que se concede a Madrid; y como el Estado no puede poner hoy las escuelas nacionales, por razón de presupuesto, a la altura de confort y de material de enseñanza en que los Ayuntamientos instalarán las escuelas muni-
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cipales, ni dotar a los maestros con la esplendidez que lo serán los de las escuelas voluntarias (ya se fija en 1.500 pesetas el sueldo mínimo de estos maestros en el Real decreto que comentamos, al paso que el de los maestros nacionales todavía es de 500, 625 y 1.000 pesetas al año), y como además se procurará rodear a las voluntarias de cantinas, roperos, etc., etc., es evidente que las escuelas municipales sobrepujarán a las nacionales en todo cuanto no se refiera al personal docente, y que las rivalidades vendrán en seguida, y con ellas la muerte de la escuela nacional (a punto de ello estuvieron las de Bilbao) y toda la obra redentora del señor conde de Romanones.

Terminamos hoy la crítica con esta pregunta al señor ministro de Instrucción pública:

¿Cree el Sr. Ruiz Jiménez que tendrá autoridad bastante para traer a la ley común a la provincia de Navarra, después de publicado el Real decreto de 16 de septiembre actual?

Y con esta otra a la Asociación Nacional del Magisterio Primario y a la Prensa y los maestros:

¿Creen nuestros estimados colegas que no procede hacer gestión alguna para la derogación de la parte de ese Real decreto que se oponga a las conclusiones aprobadas por la Asociación Nacional?

SOBRE UNA REAL ORDEN

Nos referimos a la del 8 de septiembre último, derogando la regla 9.a de la de 28 de marzo del corriente año y fijando nueva preferencia en el concurso general de traslado para las Regencias y Direcciones de escuela graduada.

Creemos que cualquiera que sea el origen de una disposición, su contenido es siempre opinable, y que no es ningún delito exteriorizar el juicio que de ella se forme. Y si éste resulta una mostaza para el excesivamente delicado amor propio de algunos, que en su delirio, en vez de aportar razones en contra sé limitan a glosar su hoja de servicios, y para otros materia para ver si prosperan intereses completamente ajenos a la enseñanza y a los maestros, no es motivo para que enmudezcamos, dejando que corra la bola como si fuera a gusto de todos. Por esto, después de suscribir en absoluto, íntegramente, el comentario que en la «Sección de noticias e informaciones» de este periódico, núm. 1.751, se publicó sobre la Real orden de referencia, añadiremos las consideraciones siguientes:

4.a Que ni la Prensa profesional de Madrid ni la de provincias, ni la Asociación Nacional y de seguro ninguna entidad representativa de la