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4.º Crear, con autorización del Consejo de distrito, fundaciones y servicios en la forma que determina el núm. 6.º del art. 9.º del presente decreto, y en este caso elevar al Consejo Superior, por conducto del de distrito, la propuesta en terna del personal que haya de encargarse de la fundación o servicio.

5.º Vigilar el funcionamiento de todas las fundaciones y servicios establecidos en el barrio respectivo por el Real Patronato, y dar cuenta al Consejo de distrito de las faltas que hayan observado, para que se instruya expediente y se corrijan en la forma que proceda.

6.º Proponer a los Consejo de distrito premios y recompensas para aquellas personas que hayan contribuido de un modo eficaz a los fines del Real Patronato; y

7.º Proponer al Consejo de distrito la creación de aquellas fundaciones y servicios que estimen más provechosos y fáciles de organizar en el barrio y las modificaciones que entiendan proceda hacerse en los creados para mejorar su funcionamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1.a El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes podrá, a propuesta del Consejo Superior, y a título de honor, por haber contribuido eficazmente a los fines del Real Patronato, nombrar vocales del Consejo Superior y de los Consejos de distrito hasta el doble de las cinco señoras y diez vocales que determinan los artículos 3.º y 5.º

2.a Las disposiciones del presente Real decreto podrán aplicarse de Real orden en cuanto sea posible a las capitales de provincia cuyos Ayuntamientos lo soliten, constituyéndose al efecto en ellas el Consejo Superior bajo la presidencia del gobernador civil de la provincia.

Dado en San Sebastián a diez y seis de septiembre de mil novecientos trece.—ALFONSO.—El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Joaquín Ruiz Jiménez.

29 de septiembre de 1913. (Gaceta del día 30.)—Real decreto:

«A propuesta del ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º De conformidad con lo preceptuado en el art. 27 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908, y en consonancia con el informe emitido por la Junta facultativa de construcciones civiles, se aprueba el proyecto para la construcción de un Grupo escolar, que se denominará Cervantes, en la zona Norte de Madrid, paseo de Santa Engracia, con vuelta al de Ronda, bajo el presupuesto de contrata de 161.357,74 pesetas, con cargo al crédito que figura en el capítulo 6.º, artículo único, concepto «Edificios-
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escuelas), del presupuesto vigente del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 2.º Esta concesión se otorga con carácter excepcional, por existir remanente del crédito presupuesto y en concepto de auxilio al Ayuntamiento de esta Corte, que ha hecho cesión del solar, cuya valoración aproximada es de 400.000 pesetas, con el expresado objeto.

Art. 3.º La subasta de las obras se anunciará abreviando todos los plazos en los términos que señala la ley de Contabilidad de 1.º de julio de 1914 y observando lo prevenido en la de 49 de marzo de 1942.

Dado en San Sebastián a veintisiete de septiembre de mil novecientos trece.—ALFONSO.—El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Joaquín Ruiz Jiménez.»

Dirección general de Primera Enseñanza. (Gaceta del 30 de septiembre de 1913).—«A los efectos del Real decreto de 27 de mayo de 1855, se hace público que se ha extraviado el título de maestra de primera enseñanza superior expedido a favor de D.a Luisa Prudencia y Arribas el 16 de mayo de 1894.

Madrid, 26 de mayo de 1913.—El director general, Altamira.»

ASUNTOS DE PERSONAL

ANUNCIOS DE VACANTES

ESCUELAS NORMALES

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.—«Illmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el párrafo 3.º del art. 1.º del Real decreto de 29 de junio último,

S. M. el Rey (q. d. g.) ha tenido a bien disponer:

1.º Que se anuncie a concurso de ascenso entre auxiliares que hubieran obtenido sus plazas por oposición, una plaza de profesora numeraria de la Sección de Ciencias vacante en la Escuela Normal Superior de Maestras de La Laguna, dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas y 500 de gratificación por residencia.

2.º Que sólo podrán aspirar a la mencionada plaza por el presente concurso las auxiliares de la Sección de Ciencias de las Escuelas Normales Superiores que hayan obtenido sus plazas en virtud de oposición.

3.º Las condiciones de preferencia que habrán de tenerse en cuenta para su resolución serán las establecidas en el art. 5.º del citado Real decreto.

4.º Las aspirantes deberán presentar sus instancias a esa Dirección general, acompañadas de sus hojas de servicios, por conducto de sus jefes inmediatos, dentro del plazo de veinte días, a contar desde la publicación de esta Real orden en la Gaceta.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 25 de septiembre de 1913.—Ruiz Jiménez.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

(Gaceta de Madrid del 29 de septiembre de 1913.)
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INSPECCIÓN MUNICIPAL DE BILBAO

Anuncio.—Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao se saca a pública oposición, conforme a las condiciones que aparecen en el expediente de su razón, la plaza de Inspector de primera enseñanza de esta villa, dotada con el haber anual de 5.000 pesetas y con los demás derechos y obligaciones propios de los empleados municipales.

Podrán presentar solicitudes aspirando a la plaza los catedráticos de Universidad o de Instituto, doctores y licenciados en Ciencias y Letras, inspectores de primera enseñanza y maestros que acrediten tener cuatro años de práctica en el profesorado público o particular o en la Inspección de escuelas públicas.

Las instancias se presentarán en las oficinas municipales, desde las ocho y media de la mañana del día 27 del corriente mes hasta las dos de la tarde del día 5 del próximo mes de octubre, acompañadas del título o certificación que acredite tener el aspirante aprobados los estudios necesarios, de una certificación de autoridad pública justificativa de la práctica requerida, de otra de buena conducta del alcalde del pueblo donde reside el aspirante y de otra de hallarse en buena salud y revacunado, expedida por facultativo competente.

Además, se presentará con la instancia un programa de graduación de escuelas de niños y de niñas de seis grados y un director sin grado. El programa comprenderá la organización general de la escuela, el horario y los programas de cada asignatura en cada grado.

Con un mes de anticipación al comienzo de los ejercicios se facilitará a los opositores el programa de las oposiciones y los temas que comprenderán los ejercicios.

Lo que se anuncia para que llegue a conocimiento de quien desee solicitar la plaza.

Bilbao, 23 de septiembre de 1913.—El alcalde, F. Moyúa.

ASOCIACIONES DE MAESTROS

La de maestros nacionales de Valderredible (Santander).

Acta de su constitución.—En la villa de Polientes a trece de septiembre de mil novecientos trece: Reunidos los maestros que actualmente ejercen en Valderredible, previa convocatoria circulada por los compañeros don Víctor Gómez y D. Francisco Ruiz Gallo, acordaron unánimemente formar una agrupación con la denominación de «Asociación de maestros nacionales de Valderredible», nombrando en el día de la fecha la Junta directiva, cuyos miembros son: D. Facundo Gállegones, presidente; D.a Irene Gutiérrez, tesorera, y D. Saturnino del Hoyo, secretario. Asimismo acordaron formar un reglamento, cuyas bases se discutirán en la primera sesión, que se celebrará en el segundo sábado del mes de octubre.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, cuya acta
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firman todos los concurrentes al acto, en Polientes (Valderredible), a trece de septiembre de mil novecientos trece.—Facundo Gallejones.—Irene Guiterrez.—Víctor Gómez.—Julián Santarón.—Manuel Torre.—Benito Puente.—Balbina Fernández.—Juan Manuel Bárcena.—Genoveva Calleja.—María Cerón.—Francisco García.—F. Ruiz Gallo.—Saturnino del Hoyo.

PROPIO Y AJENO

PRO PATRIA

Demostrado en el Suplemento anterior que el Real decreto reorganizando la Delegación Regia y la Junta local de primera enseñanza de Madrid es contrario a la ley, etc., etc., vamos ahora a señalar otros puntos negros de ese decreto, y a rogar al señor ministro de Instrucción pública que pare su atención, por patriotismo siquiera, en el contenido del art. 36 del repetido decreto de 16 de septiembre.

Queremos suponer que el Sr. Ruiz Jiménez ha ido aquí más allá de donde se propusiera, que no fué esa su intención, y que a poco que medite sobre la gravedad del mencionado art. 36, lo derogará y devolverá al Estado el derecho indiscutible de nombrar los maestros de las escuelas públicas. Esta creencia nuestra nace de los siguientes párrafos que transcribimos de La Educación del 30 de agosto último, revista que, como es sabido, es de la propiedad del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid, Sr. Vincenti.

Dice así el Sr. Vincenti, reflejando el acuerdo a que acababa de llegar, como alcalde de Madrid, con el ministro de Instrucción pública, Sr. Ruiz Jiménez:

«Al ministro de Instrucción pública sabemos que le preocupa esta carencia de escuelas. Pero no basta crearlas, es menester construir locales donde establecerlas, y esto requiere mucho tiempo. Más tiempo, seguramente, del que será ministro el Sr. Ruiz Jiménez.

Más se tenemos en estos proyectos, aun no siendo de realización inmediata, que en el nuevo régimen y organización que se prepara en estos días para armonizar en Madrid los intereses del Estado, desde luego con detrimento de los maestros, especialmente de los ex auxiliares, es decir, para conceder al Ayuntamiento de Madrid atribuciones en la enseñanza que no serán concedidas a los demás Municipios de España.

Trátase de dar carácter legal a las escuelas creadas por el Ayuntamiento con maestros que no se han sometido a las condiciones legales, y esto no aumentará realmente en Madrid una escuela más, pero suscitará disgustos por cuestiones de mejor derecho, verdaderamente lamentables.
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Por el futuro decreto quedan divididas las cuestiones de enseñanza en Madrid en dos partes: una, la relativa a la creación de escuelas y sus locales; otra, la del nombramiento de los maestros.

Por la primera se autoriza al Ayuntamiento de Madrid para crear cuantas escuelas crea convenientes.

Estas escuelas habrán de sujetarse naturalmente a los planes de enseñanza vigentes y a las obras de texto aprobadas por el Consejo de Instrucción pública.

El Ministerio por su parte se reserva el nombramiento de maestros y maestras, siempre con arreglo a las leyes y disposiciones vigentes, evitándose el que, como ha ocurrido otras veces, por la puerta falsa del favor se cuelen en la categoría de maestros de Madrid muchos profesores sin el tamiz del concurso o de la oposición» (1).

Por lo subrayado (el subrayado es nuestro) se ve claramente que, en efecto, el Sr. Ruiz Jiménez ha ido más allá de donde quería ir, y que no le debe ser molesto volver en este punto de su acuerdo. Además, si el señor Ruiz Jiménez pedía todo para la Delegación Regia de Madrid cuando fué delegado, y cuando fué alcalde lo quería todo para el Ayuntamiento, era lógico pensar que ahora, siendo ministro, todo le parecería poco para el Estado. Y por si todo esto no fuera bastante para suponer en el Sr. Ruiz Jiménez algo de distracción o debilidad al suscribir el repetido art. 36, reproduciremos los siguientes párrafos que tomamos de El País del lunes próximo pasado:

«En 29 de abril de 1910, el conde de Romanones, actualmente en la Presidencia del Consejo de Ministros, y entonces ministro de Instrucción pública, pronunció, ante la Asamblea de inspectores de primera enseñanza, un discurso, algunos de cuyos párrafos es de oportunidad reproducir.

Después de decir que en Madrid «no hay locales aceptables, y ni aun los mismos construidos últimamente lo son», añadía estas contundentes palabras:

«No ya la construcción, ni siquiera la conservación de los edificios puede ser encomendada a los Ayuntamientos, y esto ha afirmado más una creencia mía de que sólo la acción directa y activa del Estado puede poner remedio a tanto mal. Es necesario que toda la primera enseñanza esté a cargo del Estado; es urgente hacer esa transformación para conseguir que la escuela deje de llamarse «municipal» para denominarse «nacional».

Y más adelante remachaba el clavo de su convicciones con estos párrafos:

(1) En verdad que parece extraño que a estas horas no hayan intentado nada, que nosotros sepamos, para evitarlo, ni los maestros de Madrid ni los de provincias. ¡Y cuidado que está fresca todavía la inclusión en los Escalafones generales de los maestros y maestras de golfo de la Corte, dicho sea como argumento y sin ánimo de producir la más leve molestia!—(N. de la R.)
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«Aquí hemos oído acerca de este punto afirmaciones muy graves. Todas ellas vienen a corroborar que el mal, los males gravísimos de que nos lamentamos, sólo se curan con la intervención directa, activa, única, del Estado.

«Fué un error gravísimo de la ley del 57 considerar la primera enseñanza como municipal; a mi juicio, es la más alta y la primera obligación del Estado, que de ningún modo puede desinteresarse del niño, que ha de ser mañana el hombre y el ciudadano.

«La enseñanza pública primaria ha de ser, pues, función primera del Estado, y esa es la única garantía que de su eficacia puede satisfacer al país.»

Contra este criterio del señor conde de Romanones no podía legislar, a sabiendas de ello, un ministro tan afecto a la persona del conde como el Sr. Ruiz Jiménez.

Pero la secuela de la autorización al Ayuntamiento de Madrid para proveer las plazas de maestros y maestras, es que habrá que concederla a los demás Ayuntamientos de España, y entonces resultará que donde el Ayuntamiento sea clerical, los maestros serán sacristanes; ácratas, donde la mayoría de un Ayuntamiento sustente estas ideas; separatistas, allá donde el maestro nacional es llamado maqueto o donde le imponen otro medio de expresión distinto de la lengua castellana....; en una palabra: la unidad nacional peligraría de prosperar el art. 36 en cuestión. ¡Y el Sr. Ruiz Jiménez es demasiado patriota para alentar el separatismo en España!

Reflexione acerca de esto el Sr. Ruiz Jiménez, procure ahogar cuanto antes los chispazos que han saltado ya en Bilbao y en Cataluña, y no dé lugar a que Navarra reproduzca su telegrama oficial de los pasados días, que comenzaba así: «Diputación Navarra siente no poder aceptar fórmula alguna que no reconozca el derecho de los pueblos navarros al nombramiento de sus maestros.»

Por otra parte, no nos explicamos, pensando rectamente, cómo el delegado regio ha de estar a las inmediatas órdenes del ministro del ramo, siendo el director general el jefe de la primera enseñanza pública....

No queremos alargar más este escrito, por falta de espacio para ello, y aplazamos para el próximo número el señalar los preceptos que a nuestro juicio hay que rectificar en seguida.

LA DIMISIÓN DEL SR. ALTAMIRA

De Heraldo de Madrid del 26 de septiembre:

«El director general dimitente de Instrucción primaria ha celebrado una segunda entrevista con el conde de Romanones.

El jefe del Gobierno reiteró al Sr. Altamira el ruego de que retirase la dimisión presentada.
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El director general de Instrucción primaria no pudo acceder al deseo del conde de Romanones e insistió en el suyo de que le fuese admitida la dimisión de su cargo.

Como el presidente del Consejo se esforzara en obtener del Sr. Altamira la vuelta al desempeño de las funciones que ha abandonado, éste manifestó categóricamente al presidente del Consejo que para volver a ocupar el cargo de director general de Instrucción primaria, le era indispensable que se le diese en la Gaceta la necesaria satisfacción.

El conde de Romanones, secundando, sin duda, iniciativas del ministro de Instrucción pública, insistió en la conveniencia de que desistiera el dimitente de su actitud e invocó para conseguirlo razones de orden político que estimaba no podían ser desatendidas por el expresado director general.

Se le ha dicho al Sr. Altamira que después de que retirase su dimisión se buscaría el modo de que quedara satisfecho, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a la Dirección de que ha dimitido; pero el ilustre catedrático ha insistido en la necesidad de que se le satisfaga previamente, porque no podrá seguir llamándose director general de Instrucción primaria mientras subsista el cantón creado por el Real decreto relativo a la Delegación Regia de Madrid.

Aunque parece que se trata de buscar intermediarios para vencer la resistencia del Sr. Altamira, estamos seguros de que éste seguirá mostrándose inflexible, por tratarse de una cuestión que afecta a su dignidad y no puede quedar sometida a conveniencias políticas de ningún género.»

Del mismo Heraldo de Madrid, del día 27, con la fotografía del Sr. Altamira:

«Uno de nuestros redactores ha visitado en la tarde hoy al Sr. Altamira para hacerle algunas preguntas relacionadas con su dimisión.

Con el temor que siempre hay que tener en cosas de esta naturaleza, en las que una palabra puede significar un matiz importante del pensamiento, creemos trasladar en los párrafos siguientes el fondo de las contestaciones dadas por el Sr. Altamira, conforme a las varias preguntas que le hemos dirigido:

—¿Tiene usted algo nuevo que decirme respecto de su dimisión?
—Nada. Las cosas siguen tal como quedaron planteadas en mi visita de ayer al conde de Romanones. Tan sólo creo que la tardanza en resolverlas, contra lo que puedan opinar los que fían mucho al tiempo, las agrava y dificulta. Lo que era fácil en un principio, se complica luego por causas muy complejas que en los primeros momentos no existen.

—¿Podría usted darme el texto de su dimisión?
—Creo que no debo hacerlo mientras no me sea admitida. Quiero guardar esa consideración a las personas que han intervenido en el asunto. Después de todo, la substancia de ella ya la ha dicho la Prensa.

—¿Qué términos habría de comprender, a juicio de usted, la rectificación del Real decreto?
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—Por lo que se refiere a la cuestión que he planteado y razón en mi dimisión, tendría que devolver a la Dirección general la jefatura inmediata de la Delegación Regia de las escuelas de Madrid y de la Inspección y, por tanto, rectificar todos los artículos del Real decreto en que, o no se reconoce esa jefatura, o se conceden al delegado facultades autónomas, que no pueden existir sin menoscabar las que sobre cosas y personas reconoce a la Dirección general el Real decreto de 4.º de enero de 1914.

—Y de lo demás del decreto, ¿qué opina usted?

—Yo no he planteado esa cuestión. A quien importaba decirlo he dicho que ahora no tenía yo por qué discutirla, y por tanto, que no procedía involucrarla con la otra. Tengo para esto dos razones: la primera, que, a mi juicio, plantead una cuestión de confianza, de atribuciones y de consideración oficial hacia un funcionario, ésta toma ineludiblemente el primer puesto y cierra el camino, mientras no se resuelva, a toda otra. La segunda razón consiste en que discutir a la vez dos cuestiones de índole diferente es abonado a mezclarlas y a que la opinión se desvíe de una por atender a la otra.

—Sin embargo, un periódico dice que si sólo se trata de cuestiones de amor propio, usted no debió dimitir. Otra cosa sería si obedeciese a diferencias fundamentales de criterio.

—Respeto la opinión, pero no me convence. En primer lugar, porque es algo más fundamental que el puro «amor propio» lo que basa mi dimisión, y porque en la apreciación de la delicadeza el supremo juez es uno mismo. Pero en este caso se da la coincidencia de mi juicio y el de todas las personas que me han hablado del asunto, verbalmente o por escrito. Todas han juzgado que bastaba la primera parte del decreto, la de la Delegación Regia, para justificar mi dimisión, dado que yo ignoraba en absoluto el texto de aquél hasta que lo leí en la Prensa del domingo. Muchas de ellas (en cuyo número hay diputados y otros políticos), apenas leyeron el decreto, dijeron: «Si yo fuese el director general de Primera Enseñanza, dimitiría en el acto.» Ya ve usted, pues, que se trata de un estado unánime de opinión coincidente con la mía propia.

—Pero vuelvo a mi pregunta de antes: ¿qué opina usted del resto del decreto?

—Creo que con repasar la legislación anterior a él, y especialmente la dada desde 1914 a la fecha, se hallaría la contestación. No le ocultaré a usted que en las dos conversaciones que he tenido con el señor conde de Romanones ha surgido esta cuestión; pero, para mí, no ha llegado el momento de expresar una opinión concreta, que lealmente hubiese dado si se me hubiese pedido antes de publicar el Real decreto.

—Pero ¿usted es enemigo de la municipalización de la enseñanza?

—De la municipalización completa, claro que sí, y como director general me imponía, además, ese camino la legislación existente. Pero me importa rectificar una opinión que, de muy buena fe, tienen algunas perso-
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PARTE OFICIAL

DISPOSICIONES VARIAS

ESCUELAS NORMALES

26 de septiembre de 1913. (Gaceta del día 27.)—Real orden:
«Illmo. Sr.: En cumplimiento del Real decreto de 16 del actual modificando el plan de estudios en las Escuelas Normales en cuanto a la enseñanza de la Caligrafía y el Dibujo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1.º Que la asignatura de Gramática castellana del primer curso del grado elemental se dé en lección diaria.
2.º Que de la asignatura de Caligrafía se den dos lecciones semanales en cada curso del mismo grado.
3.º Que igualmente se den dos lecciones semanales de Dibujo en cada curso del grado elemental; y
4.º Que a los alumnos que tengan aprobado en el primer curso la Gramática con ejercicios de lectura y escritura, se les dé por aprobado el primer curso de Caligrafía.—Ruiz Jiménez.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

16 de septiembre de 1913. (Gaceta del 20.)—Real decreto creando en Madrid un Real Patronato del Niño Escolar:
«EXPOSICIÓN.—Señor: La conveniencia de que los niños estén al abrigo de los peligros de la calle; la obligación impuesta por la ley a sus padres de que asistan a la escuela; la necesidad, por parte de éstos, de atender con su trabajo al sostenimiento de la familia, lo cual les separa de la inmediata guarda de sus hijos, y el interés nacional de que se encamine la infancia a costumbres higiénicas y a tratamientos de disciplina del organismo que hagan a los niños ágiles, fuertes y robustos, son los principales motivos del presente proyecto de decreto, que tengo el honor de rogar a V. M. se digne sancionar con su firma.
Hace años que el ministro que suscribe, con ocasión de medidas gubernativas dirigidas a conseguir que los niños no faltasen a la escuela y a evitar su vagancia en las calles, estimó que aquéllas serían ineficaces si antes no se resolvía un problema: el de la creación de instituciones y servicios complementarios de la escuela, que, encargados de la guarda de los niños cuando no fuera posible tenerlos en ella, los cuidara y atendiera, dejando a los padres tranquilos, confiados y libres en las horas de trabajo.
Sostuvo también entonces que era de interés nacional, a su juicio, por