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tros organismos oficiales, y que el mismo Sr. De Maeztu ha criticado algunas veces tan acerbamente.

Dice luego el Sr. De Maeztu que «el Sr. Ruiz Jiménez lanzó un decreto (1) que trataba de restablecer el orden en el caos sembrado por el Sr. Altamira».

Todo lo contrario. El Sr. Altamira tenía un plan, que iba desarrollando, procurando siempre poner orden en el caos administrativo reinante, caos que irá aumentando seguramente si se pone en vigor el Real decreto que el Sr. De Maeztu ensalza, como ha demostrado en razonados artículos LA ESCUELA MODERNA.

Si el Sr. Altamira cometió en la Dirección general de Primera Enseñanza algún pequeño erro —de humanos es el errar—, fué debido principalmente a su bondad, quizás a su pequeña debilidad o exceso de benevolencia o cariño hacia los moscardones que constantemente le estaban importunando.

Por lo demás, el primer director general de Primera Enseñanza es un hombre de ideales que puso un nobilísimo empeño en coadyuvar a la obra de la regeneración de España, mediante obras positivas que han realizado extraordinariamente nuestra escuela, nuestra enseñanza, nuestra educación.

Para terminar: el que esto firma debe repetir que sólo conoce al señor Altamira del mismo modo que conoce al Sr. De Maeztu: por sus escritos, por sus obras. Y como ha creído ver en el artículo del Sr. De Maeztu una injusticia notoria, este último firmante, sin ánimo de ofender a nadie, se ha permitido publicar estas líneas en defensa de la justicia, por el restablecimiento de la verdad, cuya luz esplendente debe ser siempre el norte de los que escriben para el público.

CASTAÑO COSTAL.
(Ex alumno de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.)

EL INGRESO EN LA INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA

Muy en breve, quizá, van a proveerse por oposición varias plazas vacantes de inspectores de primera enseñanza. Y a propósito del caso, vamos a poner de manifiesto la falta de equidad que se nota en las disposiciones vigentes que determinan los requisitos que han de reunir los que aspiren a ingresar por este turno.

No falta, claro es, quien opine, de otra parte, que dichos requisitos son

(1) El de 16 de septiembre reorganizando la Delegación Regia de Madrid.
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poco restrictivos, es decir, poco numerosos en relación con la categoría del cargo, aunque, por el contrario, no son menos los que desearían ver establecido para la concurrencia a estas oposiciones, de igual modo que lo está en otras análogas, el principio de una amplia y saludable libertad, en ningún caso como en éste mejor ni más justamente aplicado, partiendo desde luego de la base previa de una aptitud pedagógica demostrada suficientemente.

El interés personal de los primeros salta a la vista, puesto que fijándose en los requisitos que ellos reúnen ya oficialmente, los defienden como exclusivos y únicos para ser poquitos y tener más probabilidades de alcanzar el triunfo, cosa que no ven tan probable si se concede la concurrencia a otros muchos que, sin reunir oficialmente dichas condiciones, pudieran acaso demostrar en la oposición mayor competencia, más conocimientos y mejor aptitud que ellos, y, en consecuencia, derrotarles. Y este acaso parece ser que les infunde pavura, y de ahí que les nieguen a los segundos hasta el aire.

En cambio, ¿qué piden éstos? Piden que vayan todos, que puedan ir sin cortapisas, absurdas las más de las veces, a demostrar libremente su suficiencia ante un tribunal competente, escrupulosamente elegido, inflexible al favoritismo, fiel a la justicia más estricta, y que triunfe el que pruebe que debe triunfar. Todo lo opuesto a este criterio, se da a exclusivismos que, por el pronto, son notoriamente injustos y, a la larga, producen funestos resultados.

Pero volviendo al punto de partida, vamos a señalar en qué consiste «a falta de equidad a que aludimos, referente a los requisitos exigidos a dichos aspirantes.

El párrafo 2.º del art. 50 del Real decreto de 5 de mayo último, dice: «A ella (a la oposición) podrán concurrir libremente los maestros de escuela pública con título superior y tres años de servicios, los profesores y auxiliares propietarios de las Escuelas Normales, los jefes de las Secciones de Instrucción pública con servicios en la enseñanza primaria oficial y los licenciados en Derecho, Ciencias y Letras.» Y la Real orden de 23 de junio siguiente, en su regla 42, agrega que «los licenciados en Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras que aspiren a ingresar en la Inspección, según el artículo 50 del Real decreto, deberán acreditar su aptitud pedagógica mediante el certificado correspondiente o el título de maestro superior».

Esto es lo vigente en la materia.

Se deduce, en primer lugar, que el título superior que se exige a los maestros de escuela pública no es precisamente el correspondiente al plan de 1901, sino también el obtenido por cualquier otro plan, prevaleciendo en esto, muy acertadamente, el criterio establecido, aunque por tiempo limitado, en el apartado 2.º del art. 48 del Real decreto de 27 de mayo de 1910.

En segundo lugar, vemos que a los maestros superiores se les exige
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tres años de prácticas en la enseñanza pública, en tanto que a los licenciados en Derecho, Ciencias o Letras no se les exige más que un simple certificado de aptitud pedagógica o, a lo más, el título de maestro superior. Y de aquí nace la falta de equidad a que venimos aludiendo.

Porque ¿cómo equiparar a un maestro superior —de cualquier plan— con tres años de servicios con un licenciado en Ciencias o en Letras que posea el título superior de maestro? ¿Cómo considerarles igualmente aptos para hacer una misma oposición? Esta consideración, ¿no lleva implícita la de que sus conocimientos y su actitud pedagógica son idénticos? Y esto, ¿cómo es posible? No lo entendemos. Porque si al maestro se le exigen tres años en la enseñanza oficial con el objeto de que haya vivido, digamoslo así, el medio escolar que va a ser objeto de su tutela pedagógica, lo vemos muy bien y todos lo aplaudimos; pero en ese caso, ¿cómo se admiten licenciados en Letras o en Ciencias sin esa práctica que a los maestros se les exige? ¿Es que los conocimientos científicos o literarios de esos licenciados tienen el mismo valor pedagógico que esas prácticas, o viceversa? Lo repetimos: no lo entendemos.

Estamos persuadidos de que sus valores son muy diferentes, y siendo esto así, se incurrirá en el absurdo si se pretende ordenarlos, equiparados, a un mismo fin: al de la Inspección, por ejemplo, en este caso. Pues, una de dos: o se consideran necesarias las prácticas de escuela para opositar plazas de inspectores, y en ese caso debe excluirse a los licenciados que no las posean, o se exigen los conocimientos de la licenciatura de Ciencias o Letras para el ingreso en dicho Cuerpo, en cuyo caso debe excluirse a los maestros, con o sin prácticas, que no sean licenciados.

Nosotros no censuramos que se declare aptos a estos licenciados para opositar inspecciones. Nada más apartado de nuestro pensamiento, pues la censura se volvería contra nosotros desde el instante en que se les exigió probada aptitud pedagógica al efecto.

El cargo de inspector exige conocimientos especiales, de una parte pedagógicos, de otra administrativos de primera enseñanza; es decir, que la base de formación de todo inspector radica necesariamente en la enseñanza, en la educación, en una palabra, en la Pedagogía. De aquí que la Inspección deba nacer lógicamente del seno del Magisterio, constituyendo una rama o especialización del doctorado de la carrera de maestro de escuela. Por eso vemos muy bien que a los licenciados se les exija el título superior, porque con éste les basta para demostrar que son aptos para continuar la carrera del Magisterio, para doctorarse en la misma, esto es, para aspirar a inspectores de primera enseñanza.

Y preguntamos nosotros: siendo eso así, según la misma ley, ¿por qué razón no se ha de autorizar, asimismo, a todos los maestros superiores continuarla por el mismo camino que a esos licenciados, o sea, por el de la oposición? ¿A qué exigirles a éstos que ganen previamente una oposición a escuelas y que presten luego tres años de servicios? ¿No es esto una falta
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manifesta de equidad? Porque, lo repetimos, esos tres años de servicios no proporcionarán al maestro los conocimientos que posee el licenciado, si es que éstos son indispensables, y viceversa, el licenciado que sea simplemente maestro, no poseerá la práctica en la enseñanza que ese maestro público, y, de consiguiente, tampoco podrá optar a las Inspecciones, si para ello esa práctica es imprescindible.

Así, pues, o se declara que todo maestro con título superior simplemente, puede aspirar por oposición a plazas de inspectores, o, de persistir el criterio de la necesidad de las prácticas, debe exigirseles también a los licenciados, el valor de cuyos conocimientos no puede equipararse en manera alguna, en cuanto a la función pedagógica de la Inspección, con el de las prácticas profesionales del Magisterio.

No hacer una cosa ni otra es, a nuestro juicio, incurrir de lleno en la inequidad.

UN MAESTRO SUPERIOR.

TESTAMENTO FATAL

Al preparar el equipaje el Sr. Ruiz Jiménez para abandonar el Ministerio, hecho que esperaba, ya que ni con Romanones ni sin él tenía remedio la disidencia liberal, se resistiría a empaquetar los apuntes que contenían sus anuncios de revolución en lo legislado sobre provisión de escuelas. Lo cierto es que, no aviniéndose a que naufragaran en la inminente y prevista crisis, los llevó a la Gaceta en forma de Real decreto.

Nada importaba que con ello diera mortal estocada al Escalafón del Magisterio. Ni que se mataran en flor la ilusiones que éste tenía en aquél cifradas. Ni que la consideración de personal que su sueldo adquiriera por virtud del Real decreto de 23 de agosto de 1944, muriera a manos de su última disposición importante en materia de instrucción primaria. Nada de esto importaba.

Era preciso no dejar el Ministerio sin dar carácter oficial a sus anuncios de radicales reformas, y, antes de abandonarlo, hizo con ellos su testamento fatal.

Mas no prevalecerá. Porque la Comisión permanente de la Asociación Nacional expondrá al Sr. Bergamín la gravedad de esa reforma, y derogará seguramente el Real decreto de 18 de octubre que la contiene.

Lo más grave, lo gravísimo, son las limitaciones para obtener escuelas por traslado; error lamentable que, en concepto nuestro, arranca de no haber tenido en cuenta la unificación de sueldos realizada por Real decreto de 14 de marzo.

Diráse que no pocos maestros de 1.400 y de 1.375 pesetas han pasado,
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por virtud del último concurso, a poblaciones de más de 40.000 almas; pero hay que hacer distinción entre pedir libremente una cosa, y tener que pedirla por no poder pedir otra.

No prevalecerá, no. Ni prevalecería si continuara al frente del Ministerio el Sr. Ruiz Jiménez, porque podrá sufrir equivocaciones, pero mala intención no cabe en hombre de su rectitud.

Por más que, al dejar la cartera de Instrucción pública, haya hecho un testamento fatal.

Dr. A. Cano.

MANIFIESTO

que la Asociación de Maestros de la provincia de Alicante dirige a las Asociaciones provinciales y de partido de España y a los señores maestros en general.

La falta de unidad en las peticiones que el Magisterio nacional eleva a los Poderes públicos es causa, indudablemente, de la poca atención que se les presta. Conocida la causa, es nuestro deber procurar el remedio; hay que decir la verdad a toda costa.

En la junta general de los representantes de partido celebrada en julio último, la Asociación de la provincia de Alicante acordó por unanimidad dirigir un Manifiesto a todas sus hermanas las Asociaciones de Maestros de España pidiendo su adhesión, si se hallan conformes con el programa mínimo aprobado por la de la provincia de Alicante, para que, unidos los esfuerzos, podamos conseguir el fin apetecido, cual es el bien de la patria por la reivindicación de los derechos de los encargados de educar a las generaciones.

Todas las clases sociales, y más especialmente las que tienen a su cargo algún servicio del Estado, se preocupan constantemente de su mejoramiento moral y material, no sólo en relación con sus individuos, sino también en cuanto afecta a la misión que cada organismo desempeña. Cuando la Hacienda nacional distribuye sus recursos, cada Ministerio reclama la mayor porción del presupuesto, pretextando necesidades más o menos apremiantes. En cada departamento ministerial se produce el mismo movimiento de actividad, resultando que los más despiertos y buitreos lleven la mejor parte, quedando los indolentes o abandonados, con la esperanza del buen recuerdo, lamiendo las migajas del gran festín.

Hay que velar; debemos estar en la vanguardia del ejército luchador por el progreso y el engrandecimiento de la patria, formando juventudes sanas de alma y cuerpo; hay que igualarse con las naciones que nos han adelantado en el camino de la civilización. Por eso debemos, incesante-
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mente, pedir a los Poderes públicos los medios necesarios, cuales son la emancipación y el bienestar del Magisterio de primera enseñanza.

En las naciones, las clases más atendidas y respetadas son aquellas que más han trabajado por merecerlo; las que han sabido levantar su dignificación con actos de altruismo colectivo; las que han defendido a sus individuos; las que sacrifican egoismos por el bien general.

Hay que hacer una verdadera y potente Asociación Nacional del Magisterio. Los ocho o diez mil maestros que hoy la formamos no suman más que una tercera parte de los de España. A todos interesa formar un solo cuerpo cuya dirección lleve la inteligencia, la voluntad del Magisterio, para que éste sea respetado, atendido en sus legítimas aspiraciones. Fraccionados, no se nos escucha, sufrimos las consecuencias de nuestra división y egoísmos.

El Magisterio nacional está mal retribuido y, sin embargo, sostiene muchos periódicos profesionales. Éstos sólo deben dedicarse a procurar la unión general, a defender los intereses comunes, no los particulares.

El Escalafón general y el ascenso a su hora, en la plaza que cada maestro desempeña, han sido reformas substantivas; pero hay que convenir en que el Escalafón, en la presente, no es lo que debiera: es un perezoso a quien no le gusta andar, porque los ascensos son tardíos, y en la mayoría de los casos, ilusorios.

Es muy triste que en nuestra carrera, para ascender de una categoría a otra, se necesiten los servicios prestados en un cuarto de siglo, mientras que en las demás carreras, sean docentes o no, se establezcan los ascensos por quinquenios, o con una escala de categorías de números proporcioneles, en tal forma que pueden recorrerse todas en el término medio de la vida profesional.

La Asociación provincial del Magisterio alicantino considera de urgente necesidad, para remedio de nuestros males, el que se robustezca la Asociación Nacional, apoyada por las provinciales y de partido, formando un conjunto armónico, potente, con vistas al porvenir, sacudiendo perezas, anatematizando injusticias y exclusivismos, aspirando a nuestro engrandecimiento, que es el de la niñez, que es el de la patria, cuyo porvenir nos está encomendado.

Que no haya partido judicial cuyos maestros no estén asociados, los de las últimas con los de las primeras categorías, para luchar por el bien común; que no haya provincia sin la compacta agrupación de Asociaciones de partido.

La Asociación Nacional debe tener una dirección compuesta de cuarenta y nueve representantes, uno por cada provincia. La permanente, compuesta de varios maestros de la Corte, debe ser elegida por los representantes.

Al dirigirse esta Asociación a las restantes y al Magisterio en general, reconoce que carece de títulos para ello. No tiene tampoco la pretensión
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de usufructuar el remedio de nuestras desdichas, ni trata de presentar sus opiniones con criterio cerrado, como si la verdad indiscutible hubiera cristalizado en ellas. Lo único que sostiene como irrefutable es que con una Asociación verdad, donde los maestros estuvieren sumados en ideas y aspiraciones, la suerte de la clase sería otra muy distinta y el porvenir más halagüeño.

Creemos de interés especialísimo formar un programa mínimo de aspiraciones que, dentro de la mayor prudencia, y refrendado por la mayoría de las Asociaciones, sea aprobado por la Nacional para que la Superioridad pueda satisfacer nuestras justas demandas.

PROGRAMA

REFORMAS LEGISLATIVAS

1.a La provisión de escuelas se hará, primero por concurso de traslado, y las resultas, con el sueldo de la última categoría, por oposición libre el 50 por 100 de plazas, y por concurso entre interinos, hasta que esta clase desaparezca, la otra mitad.

2.a La única condición de preferencia en el concurso de traslado será el número más bajo del Escalafón general. En los concursillos, dentro de una población debe ser la primera condición de preferencia el mayor tiempo en la escuela desde la que se solicita.

3.a Los maestros que actualmente tienen de sueldo anual 500 ó 625 pesetas pueden ascender a 4.000, sin derechos limitados, y que hasta que adquieran este sueldo se acumulen a él las retribuciones en una cuarta parte del personal. Si se quiere hacer obligatoria la oposición, deberán practicar un ejercicio de aptitud en la capital de la provincia respectiva, en una sola convocatoria, y sin nota de suspensión.

4.a Los ascensos serán por rigurosa antigüedad.

5.a Los maestros cónyuges podrán solicitar fuera de concurso y con ocasión de vacante escuelas de la misma población donde sirva su consorte, por una sola vez y solamente uno de ellos.

6.a Las permutas serán permitidas entre todos los maestros propietarios, cualquiera que sea la categoría de ellos, sin otra limitación que la de llevar dos años cuando menos en la escuela que sirvan y que no cuenten con más edad que cincuenta y ocho años.

7.a Que no haya más título que el de maestro nacional, con el cual se pueda optar a toda clase de escuelas.

8.a Reciprocidad completa entre todos los cargos de la enseñanza, formándose el Escalafón único. De no ser así, separación completa también, sin que los maestros puedan pasar como tales a las Normales, Inspecciones o Secciones, ni viceversa, sino por los medios establecidos en cada caso.

9.a Que los números de las distintas categorías del Escalafón sean proporcionales, aumentando las primeras de tal modo que sea posible, du-
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rante el período medio de veinticinco años de vida profesional, pasar por todas ellas.

40. Las categorías serán siete, desde 1.000 a 4.000 pesetas, de 500 en 500, más la gratificación proporcional por adultos.

41. Derecho a pedir fundadamente la excedencia por tiempo ilimitado, conservando todos los derechos hasta su reingreso, sin nuevo examen.

42. Aumento de la consignación para material en un 50 por 100 de la actual.

43. Consignación en los presupuestos generales del Estado de las cantidades necesarias para la construcción de locales de las escuelas que existen y para las que faltan, según la población escolar.

44. Pago de los atrasos que se adeudan al Magisterio nacional de primera enseñanza.

45. Los alquileres de casa-habitación serán satisfechos por el Estado.

46. Que sea compatible el cargo de maestro con el de cualquier otro de elección popular.

47. El importe de los arbitrios municipales que pague el maestro no podrá exceder del 2 por 100 de su sueldo.

DERECHOS PASIVOS

48. Supresión de la Caja central de Derechos pasivos, encargándose el Estado de apropiarse sus recursos y pagar la jubilación. Si esto no fuera posible, contratación de seguros en el Instituto Nacional de Previsión. Hasta que esto sea factible, servirá de regulador para jubilaciones, pensiones y orfandades el mayor sueldo disfrutado durante dos años, sumado el aumento gradual.

49. Que la jubilación y clasificación se consigan con un solo expediente, bastando la hoja de servicios debidamente certificada, y como máximo, copia de los títulos, compulsada por el jefe de la Sección respectiva: nunca la entrega de los documentos originales, tan amados por el maestro.

20. Que no cesen los maestros jubilados hasta que se les comunique la orden de clasificación.

Alicante y agosto de 1913. — Por acuerdo de la Asociación provincial:
El presidente, Alberto Blanco. — La secretaria, Victoria Marín.

* *
La Asociación provincial del Magisterio Nacional de Alicante cree que podría ser un procedimiento eficaz para conseguir la realización del programa mínimo expuesto en el anterior Manifiesto, la redacción de una respetuosa instancia en la que constasen sus conclusiones, cuya instancia se elevaría a la Dirección general y al Ministerio por conducto de la Asociación Nacional, y esto mismo repetirlo siempre que hubiese un cambio en las personas que dirigiesen aquellos centros.

Hecho así, resaltaría más la constancia y la unidad de pensamiento, condiciones ambas necesarias para ser debidamente atendidos.
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PARTE OFICIAL

DISPOSICIONES VARIAS

ESCUELAS NORMALES

3 de noviembre de 1913. (Gaceta del 43.) — Real orden:
«Con objeto de resolver las numerosas consultas llegadas a este Ministerio acerca de la aplicación del Real decreto de 16 de septiembre último, modificando el plan de estudios de las Escuelas Normales en cuanto a la enseñanza de Dibujo y Caligrafía,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los maestros elementales que hubieran hecho sus estudios con anterioridad a dicho Real decreto, tendrán que cursar el Dibujo y la Caligrafía en el grado superior en la misma forma que establece el art. 5.º del R·al decreto de 24 de septiembre de 1903, si bien en dos clases semanales de cada asignatura, a cuyo objeto los directores de las Escuelas Normales tomarán las medidas oportunas para que dichos alumnos den las clases juntamente con los del segundo curso elemental.—Bergamín.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

5 de noviembre de 1913. (Gaceta del 12.) — Real orden:
«Ilmo. Sr.: Habiendo fallecido el día 4.º del actual mes de noviembre D.a Araceli Avilés y Marín, profesora numeraria y directora de la Escuela Normal Superior de Maestras de Córdoba,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1.º Que se den los ascensos de escala, y en su consecuencia que doña Cándida Jimeno y Gargallo y D.a María de Maeztu y Withuey, profesoras numerarias de las Escuelas Normales de Alicante y Cádiz, respectivamente, pasen a ocupar los números 124 y 158 en el Escalafón provisional, con la antigüedad de 2 del mes actual y sueldo anual desde dicho día de 3.500 pesetas la primera y 3.000 pesetas la segunda; y
2.º Que el sueldo de la Sra. Jimeno se satisfaga totalmente con cargo al vigente presupuesto del Estado, y el de la Sra. Maeztu en la siguiente forma: 2.500 pesetas directamente de la Diputación provincial, y 500 con cargo al presupuesto del Estado.—Bergamín.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

11 de noviembre de 1913. (Gaceta del día 13.)—Real orden sobre autorización a los maestros elementales para ampliar estudios: