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SUPLEMENTO

LA ESCUELA MODERNA

Año XXIII.        MADRID, 21 MAYO 1913        N.º 1.718 de la col.

Sumario.

DISPOSICIONES OFICIALES: Residencia de Estudiantes: R. O. disponiendo el levantamiento del plano que señala para la construcción de un nuevo edificio con destino a Residencia de Estudiantes. Escuelas Normales: R. D. creando en Vitoria Escuelas Normales. O. resolviendo consultas relativas al caso en que los profesores hayan explicado menor número de clases que los auxiliares. R. O. desestimando instancia en solicitud de agregación de plazas a las oposiciones que menciona. Inspección y Secciones de primera enseñanza: R. O. levantando la nota desfavorable que figura en los expedientes personales de D. Bernardo Ezquer y D. Felipe López Colmenar. Escuelas de primera enseñanza: O. desestimando petición de la maestra de Campo Real (Madrid). O. resolviendo expedientes de maestros sustituidos que piden la vuelta al servicio activo. R. O. desestimando instancia de una auxiliar de la graduada de Guipúzcoa en solicitud de ser nombrada maestra de una escuela de la capital. O. precisando derechos de la J. C. de D. P. y de los maestros interinos a que se refiere. R. O. resolviendo consulta del Ayuntamiento de Reus en el sentido de que sólo a falta de auxiliares con título superior podrá desempeñar la rectoría de la escuela práctica un maestro elemental. O. con instrucciones relativas a los maestros de Beneficencia. R. O. resolviendo expediente de rehabilitación a D.a Josefa Pedregal, de Madrid. — ASUNTOS DE PERSONAL: Nombramientos. — ASOCIACIONES DE MAESTROS: La Nacional y Castropol.—PROPIO Y AJENO: Las últimas reformas. Divagaciones pedagógicas. Los Boys-Scouts. Pedimos con justicia. Nota simpática. — NOTICIAS E INFORMACIONES.

Índice de la «Gaceta».

Día 17 de mayo de 1913.—N.
Día 18.—Obras inscritas en el Registro general de la Propiedad intelectual durante el cuarto trimestre de 1912.
Día 19.—Idem id. fd.
Día 20.—Idem id. fd.

Manual Legislativo Arroyo para 1913

PRÓXIMA VENTA
PRECIO: 2 PESETAS EJEMPLAR.
TOMO XXIII.
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figurando tengan derecho a ir incluidos en el mismo por Real orden de 4 de diciembre de 1912, resolutoria de todas las reclamaciones presentadas contra el Escalafón general ya firme y definitivo.

3.º Que en lo sucesivo, cuando correspondan los ascensos a que alude la regla 3.ª en relación con la 2.ª, las Secciones, en vista del ejemplar rectificado que deben llevar, manifiesten los extremos consignados en el número 1.º de esta orden con respecto a los maestros de Beneficencia que estén en condiciones de ascender.

4.º Que en los partes de alteraciones del personal del Escalafón se consignen con toda claridad y con todos los datos necesarios los casos previstos en las reglas 4.ª y 5.ª de la Real orden; y

5.º Que la regla 6.ª, sin perjuicio del derecho que asista a los maestros que en su día debieron ascender, se refiere a los maestros que no figurando en el Escalafón no han solicitado su inclusión, y que, por tanto, necesitarán un expediente especial de declaración de su derecho, sujeto a la legislación de Escalafones que rige en la materia. — Altamira. — Señores jefes de Secciones de Instrucción pública y secretarios de las Delegaciones Regias de primera enseñanza.»

31 de marzo de 1913. (B. O. del 22 de abril.)—Real orden:

«Illmo. Sr.: En el expediente sobre rehabilitación de la maestra doña Josefa Pedregal García, el Consejo de Instrucción pública ha informado lo siguiente:

»Doña Josefa Pedregal García solicita su rehabilitación para volver al Magisterio público.

»Del expediente instruido al efecto consta que la interesada ha desempeñado una plaza de auxiliar de las escuelas públicas de esta Corte durante siete años, dos meses y veintiocho días.

»La Delegación Regia de primera enseñanza de Madrid informa favorablemente, y el Negociado y la Sección del Ministerio dicen que si bien la interesada no cuenta diez años de servicios para poder aplicarla la regla 4.ª de la Real orden de 29 de abril de 1892, se halla comprendida en la tercera de la misma disposición.

»Considerando que, conforme al art. 177 de la ley de Instrucción pública y a la Real orden de 29 de abril de 1892, son indispensables diez años de servicios para poder recobrar la categoría que se hubiese tenido en el Magisterio:

»Considerando que el núm. 3.º de la referida Real orden de 29 de abril de 1892, citada por el Negociado y la Sección del Ministerio, consigna textualmente que los maestros y maestras que no cuenten diez años de servicios podrán volver al Magisterio público únicamente por oposición o por concurso, hoy suprimido, a plazas de sueldo inferior a 750 pesetas,

»El Consejo opina que procede desestimar la petición.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el preinserto dictamen, se
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ha servido resolver como en el mismo se propone.—López Muñoz.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

ASUNTOS DE PERSONAL

NOMBRAMIENTOS

Por Real decreto del 6 de mayo actual (Gaceta del 17), se nombra a don Miguel Angel Ribera delegado regio de primera enseñanza de Valencia, en la vacante producida por dimisión, que se admite en la misma fecha, de don Gil Roger y Vázquez.

— Por Real orden del 24 de abril último (B. O. del 6 del actual), don José Luis Retortillo de León, marqués de Retortillo, vocal del Patronato encargado de fomentar la construcción de edificios destinados a escuelas nacionales en Madrid, como consejero de Instrucción pública.

— Don Fidel M. Rodríguez, inspector, por ascenso, de La Coruña; don Manuel Rueda, de Cuenca; D. Manuel Yubero, de Soria; D. Félix Jove, de Castellón, y D. José María Monserrat, de Lérida, y por traslado, D. Ricardo Llácer, de Badajoz, y D. José María Xaudrí, de Barcelona.

— Inspectores interinos: D. Francisco Alvarez Blanco, de La Coruña; D. Alberto Cambronero Prat, de Teruel; D. Ciríaco Juan Huerta, de León; D. Nicolás de Pablo Sacristán, de Soria; D. Cándido Rodríguez y D. Francisco de la Vallina, de Oviedo, y D. Francisco de Paula-Valladar, de Jaén.

ASOCIACIONES DE MAESTROS

La Nacional.

SECCIÓN DE SOCORROS MUTUOS

Acta de la sesión del día 10 de abril de 1913. — Asisten los Sres. Aznar, presidente; Herrero, tesorero, y Carandell, secretario.

ACUERDOS: 1.º Aprobar el acta anterior y el movimiento de fondos.
2.º Aceptar la dimisión que del cargo de representante de la Sección en el partido de Cuéllar (Segovia) presenta D. Dionisio Gil, maestro de Honrubia, en igual provincia, y nombrar para sustituirle, a propuesta de los demás señores asociados, a D.ª Blasa Pérez, de Cedillo de la Torre.
3.º Dar un expresivo voto de gracias al primero de aquéllos, D. Dionisio Gil, por sus trabajos en pro de la Sección durante el tiempo que estuvo de representante.
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4.º Declarar en suspenso los expedientes de socorro siguientes: El de D. Dionisio Teruel, de Huete (Cuenca), hasta que se devuelva a esta Sección, convenientemente cumplimentadas, la instancia y copia del testamento que se enviaron al representante de dicha provincia, D. Ramón Martínez Suárez. — El de D. Cándido Clemente, de Carcaboso (Cáceres), hasta conocer el testamento que privadamente otorgó el causante, copia «original» de la declaración en que instituye perceptor determinado del socorro y certificado de últimas voluntades. — El de D. José García, de Campo de la Lomba (León), hasta que se justifique si existen hijos de anterior o anteriores matrimonios. — El de D. Vicente Montero Oliva, de Santa Cruz de Panagua (Cáceres), hasta que se devuelva a la Sección la declaración de perceptores que se envió para que se cumpla lo que determina el art. 23, caso tercero, y se justifiquen otros acuerdos de su informe. — Y el de D.a Emilia Arana, de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa), hasta la justificación de cualquiera de los dos documentos que pide el art. 5.º, caso cuarto, del reglamento.

5.º Denegar el expediente de socorro contraído por D.a María E. Martínez, de Peloche (Badajoz), por no constar que hubiese solicitado el ingreso en la Sección en ningún tiempo, ni haber, por tanto, antecedentes de su admisión, según resulta de las declaraciones del representante provincial, que así lo reconoció en su visita a este archivo central, y conforme se fundamenta en el acuerdo más extensamente expresado que se une a este expediente y se comunica al solicitante del socorro por conducto del representante citado.

6.º Admitir como socios de la Sección a los siguientes señores: Número 10.263, D. Pedro Fernández, de Pipiaín (Alava); 10.264, D. Victoriano Fernández, de Villaverde (Alava); 10.265, D. José Manuel Cuadrado, de Peralejos de Abajo (Salamanca); 10.266, D. Vicente Vigalondo, de Nograro (Alava); 10.267, D. José A. Tornés, de Vilanova de Prades (Tarragona); 10.268, D.a Emilia Campillo, de Caudete (Albacete); 10.269, D.a Cecilia Gil, de Torreblanca (Castellón); 10.270, D.a Ana Casanovas, de Conques (Lérida); 10.271, D.a Camila Angé, de Talavera (Lérida); 10.272, D.a Rosa Pla, de Cedó y Ribe (Lérida); 10.273, D.a Nieves Coy, de Molsoza (Lérida); 10.274, D.a María del C. Ordi, de Torregrosa (Lérida); 10.275, D.a Josefa Ponsada, de Alcoletege (Lérida); 10.276, D. Juan Fábregas, de Juncosa (Lérida); 10.277, D.a Josefa R. Martí, de Behanes (Lérida); 10.278, D. Cecilio Soler, de Aniñón (Zaragoza); 10.279, D. Mariano Adán, de Cicera (Santander); 10.280, D. Juan Manresa, de Barqueros (Murcia); 10.281, D.a Josefa Mercader, de Barcelona, y 10.295, D.a María Eulalia Navarro, de Santanueva (Murcia).

Y 7.º Conceder los expedientes de defunción que se detallan a continuación:

Don Angel Palacios Pérez, de Sardón de Duero, Peñafiel (Valladolid), con el número de patente 8.822; D. Domingo Sáez de Regadera, de Elanehove, Guernica (Vizcaya), 9.196; D. Juan J. Magaña Hervás, de Torredonjimeno, Jaén (Jaén), 4.824; D. Juan Azón Villacampa, de Manflorite, Huesca
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(Huesca), 9.999; D.a Enriqueta Zaragoza Acevedo, de Molina, Murcia (Murcia), 2.059; D. José Guich Bonet, de Barcelona, Gerona (Gerona), 9.840; D. Francisco de P. Bertrán Blanch, de Torroella de Montgrí, La Bisbal (Gerona), 504; D. Tiburcio Estébanez Bermejo, de Villoldo, Carrión de los Condes, (Palencia), 9.371; D.a Angela Eulalia, de Gállegos de Salmerón, Béjar (Salamanca), 7.293; D. Juan López Lacruz, de Valencia, Valencia (Valencia), 8.492; D. Ramón Gómez Naval, de Orense, Orense (Orense), 5.976; D.a Dolores Barbará París, de Alcover, Barcelona (Barcelona), 246; D. Agustín Ríos Sánchez, de Aguilar, Córdoba (Córdoba), 6.746, y D. Cayetano González Fernández, de Castro-Contigo, La Baneza (León), 2.592

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión.—El tesorero, José Herrero.—El secretario, Gregorio Carandell.—El presidente, Juan B. Aznar.

La de Castropol (Oviedo).

En la asamblea general celebrada el 24 del pasado se tomaron los siguientes acuerdos:

1.º Darse de baja en la Asociación Nacional.

2.º Ver con satisfacción los telegramas dirigidos por el presidente a las autoridades superiores, en súplica de aumentos, y felicitaciones por los obtenidos, acordando continúe, siempre que lo crea oportuno, hasta conseguir desaparezcan los sueldos inferiores a 1.000 pesetas.

3.º Que si al compañero asociado de Vega de Ribadeo no le abonan los alquileres de casa-habitación que tiene devengados y reclamados, haga la Asociación las reclamaciones necesarias, hasta que le sean satisfechos dichos alquileres.

4.º Establecidas las Bibliotecas circulantes provinciales, se acuerda no destinar cantidad alguna a la adquisición de obras para la de la Asociación hasta ver el servicio que prestan aquéllas.

5.º Se aprueban las cuentas presentadas por el tesorero, según las cuales hay una existencia en Caja de 95,85 pesetas.

6.º La Junta directiva de la Asociación, en el presente año, queda constituida por los señores siguientes: presidentes honorarios, Excmo. Sr. D. Rafael María de Labra, senador del Reino; Ilmo. Sr. D. Fermín Canella, rector de la Universidad, y D. Macario Iglesias, inspector de la zona; presidente efectivo, D. Jesús Bárczana, maestro de Castropol; vicepresidente, D. Pablo Miaja, de Vega de Ribadeo; secretario, D. Audifacio Alvarez, de Las Campas; vicesecretario, D. Fermín Rodríguez, de Meredo; tesorero, D. José María Méndez, de San Juan de Moldes; vocales: D.a Laureana F. Pulpeiro, maestra de Figueras; D. Paulino S. Martínez, de Serantes; D. Alejandro Martínez, de Serantes de Arriba; D. Adriano Díez Villanueva, de San Tirso de Abres; D. Antonio Martínez, de Boal; D. José María Fueyo, de Doiras; don
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Manuel de Jesús M. Jardón, de Mohías; D. Juan Pérez Martínez, de la Caridad, y D. Manuel Fernández, de Valdepares.
Castropol y abril de 1943. — El presidente, Jesús Bárzana.

PROPIO Y AJENO

LAS ÚLTIMAS REFORMAS

I

Examinando atentamente los decretos del 5 de mayo actual, se nota bien pronto la idea predominante de la honda reforma que acusan esas dos Reales disposiciones: anular el caciquismo de las Juntas de Enseñanza, locales y provinciales, dando con ello merecida satisfacción al Magisterio primario, y llevar sus atribuciones administrativas e inspectoras, todo lo relativo al personal de escuelas nacionales, a dos funcionarios en cada provincia dependientes directamente del Poder central, a los cuales se les pueda pedir cuenta de sus actos y resoluciones y exigirles personalmente responsabilidad de sus posibles errores o abuso de atribuciones y de confianza de sus superiores jerárquicos. Y en este sentido, la idea predominante es plausible, la orientación, excelente, los fines perseguidos, eminentemente morales.

Hablamos de la idea predominante, de la orientación, de los fines perseguidos, y no de la reforma, porque entendemos sinceramente que el desarrollo del plan insinuado no corresponde ni a las ideas democráticas del partido liberal, ni a las que es fuerza atribuir a los autores de los decretos en cuestión, ni a las corrientes pedagógicas del día. ¡Cómo, si no, quedan en pie, casi en su totalidad, los decretos de 18 de noviembre y 20 de diciembre de 1907 y el de 7 de febrero de 1908, refrendados por el señor Rodríguez San Pedro? ¡Asombro nos causaba oír la crítica de los decretos del 5 de los corrientes, hecha en la redacción de El Debate a las siete de la tarde del domingo último, pretendiendo demostrar que el de Inspección, por ejemplo, había venido de las logias masónicas de París, pues no podían tener otra procedencia los arts. 19 y 26, v. gr.! ¿Pero es que el señor director de El Debate desconoce el art. 29 del Real decreto de 18 de noviembre de 1907, suscrito por el Sr. Rodríguez San Pedro? ¿Pero es que el decreto de 5 de mayo de 1943 difiere esencialmente del de 18 de noviembre de 1907 en cuanto se refiere a esta clase de atribuciones de los inspectores? ¿Pero es que el Sr. Herrera no conoce el número 4.º ni el párrafo segundo del número 2.º del repetido art. 29 del decreto del Sr. Rodríguez San Pedro? Pues véalos y notará que allí se faculta a los inspectores para «inspeccionar las escuelas públicas y privadas, cuidando de que no se dé en ellas ninguna enseñanza contraria a la Moral y a las Leyes del país (no habla de Religión, ni la palabra Moral lleva adjetivo alguno); inspeccionar los métodos y el material pedagógico»..... «clausurar una escuela privada y suspender de empleo y medio sueldo a los maestros y auxiliares de las escuelas públicas, pudiendo proceder a la clausura de éstas si fuese indispensable».
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Estas atribuciones de los inspectores, concedidas por Rodríguez San Pedro en 1907 y ratificadas ahora por el Real decreto de 5 de mayo actual, no pueden haber venido de las logias de Paris, Sr. Aschan, porque no es de presumir que D. Faustino enviara un emisario a Francia a recibir de las logias instrucciones para sus decretos de 1907 y 1908.

Hay que tener memoria y ser imparciales y justos.

Pero aplazando la crítica detallada del novísimo decreto de Inspecciones, hemos de ratificarnos en nuestro regocijo por la desaparición de las Delegaciones Regias de primera enseñanza, según el decreto de 5 del corriente mes, en el que no figura para nada esa institución, ni se nombra ni se asigna puesto ni atribuciones, ni nada, al delegado regio, por lo que virtualmente ha sido suprimido este cargo; aunque ese contento ha sido apagado por el nombramiento de delegado en Valencia, que publicamos en la Parte Oficial del presente SUPLEMENTO, lo que acusa una rectificación, una modificación implícita del Real decreto de 5 del mes actual. Celebramos antes —no sabemos que se haya modificado todavía— la supresión de exámenes en las escuelas públicas; la visita quincenal a las escuelas por vocales analfabetos de las Juntas locales de primera enseñanza y el acto vejatorio para el maestro de tener que avisar a la misma Junta cada vez que recibiera material para la escuela.

Estas pequeñas cosas han muerto con la derogación del Real decreto de 7 de febrero de 1908, y por ello merecen plácemes los Sres. López Muñoz y Altamira. También se lo tributamos por haber dado entrada en las Juntas provinciales de primera enseñanza a maestros de escuela pública, prohibido en el Real decreto de 20 de diciembre de 1907. Pero no podemos pasar en silencio que aun se permita a todo ciudadano que penetre en la escuela nacional poder manifestar al maestro sus observaciones respecto a la labor docente del profesor. Presumimos que este detalle ha pasado inadvertido para los autores del decreto, y que será suprimido en la primera ocasión que se presente, que no se hará esperar mucho.

Reconocida la buena intención que ha presidido la reforma que comentamos, hemos de hacer, no obstante, algunas observaciones que tiendan a mejorar, a nuestro juicio, los decretos, a reparar omisiones seguramente inadvertidas, y a limar asperezas que de fijo han quedado todavía en pie por falta de conocimiento práctico de cosas y de personas.

Pero como este escrito resultaría de no pequeñas proporciones, suspendemos aquí la tarea para hacerla menos fatigosa.

(Continuará.)

DIVAGACIONES PEDAGÓGICAS

A Juan de Hispania, sí.

Te lo dije, caro Teótimo: las discusiones sin cortesía me repugnan. Ya sabes que no soy cobarde, que refuto y opino pese a tradiciones y rutinas; pero bien sabes que no gusto de cruzar mis armas (eloquentivas, ¿eh?) con aquellos que las esgrimen soezmente, mirándome despectivos y perdonándome la vida.

A las groserías contesto con el silencio. A los pedantes, los dejo solos en la plaza. No quiero hacerles el favor de atraer sobre sus personas la atención del público. Después de todo..., ¿qué me importa a mí que un buen
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Y es necesario que todos los ciudadanos, y singularmente los maestros, se den clara cuenta de ello (1).

José María Plaza.

PEDIMOS CON JUSTICIA

Una de las mayores calamidades que afligen al Magisterio primario español es la de la intemperancia, la que en intervalos más o menos próximos discurre por las columnas de la Prensa. Nota de ineducación moral, de carencia de ideas, de conceptos, de altruismo, de verdadero sentido ético en toda la extensión de la palabra. Pobres y raquíticos son los que se elevan ante una mayoría sensata, morigerada e instruída ridiculizando, en cuanto les es posible, los actos justos de la Administración y peticiones que se fundamenten en el Derecho escrito.

En momentos críticos que vértigos de locura hacían presa en buen número de maestros, fustigamos con energía, que otros no quisieron emplear, a los que nos desconceptuaban como incansables pretendientes de injusticias y a aquellos otros que olvidando con asombrosa facilidad que la misión del maestro nacional es de orden, de paz, de patriotismo, dando ejemplo de las virtudes cívicas que ha de poseer un buen ciudadano, proponían la insubordinación, la huelga general.

Entonces, y siempre, en nuestra política pedagógica no nos sentimos fieros para faltar a las consideraciones que son debidas aun a los más pobres, y especialmente a los hombres constituidos en autoridad que sirven dignamente los intereses patrios.

Un día un caballero cualquiera, maestro y muy señor mío, se manifestó indignado por las frases que en dos trabajo periodísticos, «Homenaje» y «Gratitud», dediqué a hombre de tantos merecimientos como el Sr. Alatmiria, y empleando la forma cobarde del anónimo me perdonó la vida. Callo, y no hay polémica; porque la Prensa periódica tiene más altos fines que cumplir.

Después viene otro colega, y sintiéndose igualmente batallador, tomando mi nombre, nos aplica calificativos que no merecemos.

Pedimos con justicia, y es un fenómeno bastante raro en estos tiempos que se han desencadenado ansias de regeneración graciosas.

Comisionados por compañeros catalanes, aragoneses, castellanos, vascos y extremeños para solicitar del señor ministro justísima reivindicación, formamos en el vocinglero cortejo, encontrándonos con un maremágnum de tan variados intereses, que sólo por un gran esfuerzo de voluntad llegamos a los estadios de la Prensa.

Entre la multitud de peticiones que se formulaban observamos que muy pocas se acomodaban a los preceptos del Derecho escrito: iban contra lo consignado en las leyes generales dictadas por la Administración en uso de las facultades que le son propias; no se puntualizaban los textos legales cuya recta interpretación ocasionara dudas o infringieran la ley originaria del derecho que se estimaba vulnerado.

(1) El jugar a los soldaditos, el jugar a la bandera y a otras cosas que debieran tratarse con más respeto, conduce a los niños a que se rian, cuando hombres, de las cosas más serias y formales. — (N. de la R)