Suplemento a La Escuela moderna (1911-07-29 00:00:00), página 8

Que es evidente que las leyes y disposiciones complementarias que determinaron la desamortización, fijaron con precisión el centro ministerial que había de conocer y resolver en las solicitudes para disponer de las indemnizaciones debidas por la venta de los bienes pertenecientes á corporaciones civiles (entre las que se encuentran la de Instrucción pública), una vez entregadas por el Estado las correspondientes inscripciones.

En efecto, la ley de 1.º de abril de 1859 dispone en la regla 8.ª de su artículo 8.º que «las inscripciones que se entreguen á las corporaciones mencionadas (las civiles), según las reglas anteriores, podrán enajenarse, previa su conversión en títulos al portador, en los casos de necesidad ó utilidad justificadas ó reconocidas, con sujeción á las leyes y reglamentos que estuvieren vigentes»; y en la Instrucción de 1.º de julio de 1859, para llevar á efecto lo dispuesto en dicha ley, se establece en el art. 29 lo siguiente:

«Para que las inscripciones entregadas á los establecimientos y corporaciones puedan ser convertidas en títulos al portador, según lo dispuesto en la regla 8.ª del art. 8.º de la ley de 1.º de abril de 1859, es necesario que la respectiva corporación lo solicite, previo expediente que acredite la utilidad de la inversión que haya de darse al valor de los títulos, y que se acuerde por el Ministerio de la Gobernación ó el de Fomento, respectivamente, con sujeción á las leyes y reglamentos que rijan en la materia.»

En el precepto transcripto se conceden facultades al Ministerio de Fomento en la enajenación de inscripciones pertenecientes á corporaciones civiles, y habiendo estado encomendados á dicho centro ministerial los servicios de la enseñanza, no puede dudarse que esas facultades se refieren á inscripciones de Instrucción pública.

La ley de 30 de julio de 1904 y la Real orden de 13 de agosto del mismo año requieren que la autorización para las conversiones de inscripciones la otorgue la autoridad competente, y lo será para las representativas de intereses á que la ley se refiere aquella que pueda decidir acerca del capital que produjo los intereses, y habiéndose concedido al Ministerio de Fomento por la ley é instrucción de 1859, antes citadas, facultades en la enajenación de inscripciones procedentes de capital, lógico será afirmar que este Ministerio es la autoridad competente para autorizar la conversión de inscripciones de intereses atrasados del concepto de Instrucción pública.

Las consideraciones expuestas han sido confirmadas por la Real orden de este Ministerio de 26 de marzo de 1909, en la que se consigna en el número 1.º de su parte dispositiva: «Que respecto á la conversión de bienes de carácter benéfico-docente, corresponde al Ministerio de Instrucción pública autorizar todas las conversiones en títulos al portador, sin cuya autorización no deberán concederse por la Dirección general de la Deuda.»

Las facultades de este Ministerio sobre las inscripciones del ramo de Instrucción pública arrancan de la ley de 1.º de abril de 1859, hoy vigente, por no haber sido derogada por otra ley posterior, y que quitó toda fuerza legal á las disposiciones anteriores sobre la materia en ella regulada,