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nes de Instrucción pública, y descartando aquellos pertenecientes al Estado, es necesario tener en cuenta que unos pertenecen á los Ayuntamientos como corporaciones económico-administrativas de los pueblos, según el artículo 74 de la ley Municipal, y otros á obras pías de fundación particular. Fúndase esta distinción en el hecho de que antes de la desamortización los pueblos poseían bienes de procedencia de índole docente, y con este carácter existían fundaciones benéficas propietarias de bienes dotales de las mismas, y las leyes desamortizadoras comprendieron los bienes de Instrucción pública pertenecientes á pueblos y obras pías.

Con relación á los bienes del carácter dicho pertenecientes á los pueblos, éstos entran entre los que son de su exclusiva propiedad, y sujetos, por tanto, á las reglas establecidas para la disposición de los bienes de los Ayuntamientos, con la salvedad de no poder ser aplicados más que al objeto que su carácter determina. Y como la ley Municipal vigente en su artículo 85 señala en la regla 3.ª los requisitos para enajenaciones de bienes de los Ayuntamientos é incluye títulos de la Deuda, en la ley Municipal se encuentra la base para la tramitación de las solicitudes acerca de la conversión y enajenación de inscripciones de carácter docente de propiedad de los pueblos.

Cierto es que al hablar dicho texto legal de los contratos sobre los bienes y títulos de la Deuda de los pueblos, atribuye al Gobierno la facultad de aprobarlos, sin expresar que sea el ramo de Gobernación el que la ejerza; pero es el hecho que ha venido usando de ella sin oposición de nadie, y se le reconoció en la Real orden de 19 de junio de 1904, dada por la Presidencia del Consejo de Ministros, para aplicar el art. 85 de la ley Municipal, salvo en los casos en que se tratase de bienes inmuebles que, por virtud de las mismas leyes desamortizadoras, se exceptuasen de la venta ó de aquellos que se donasen á los pueblos por el Estado para un determinado objeto, y en los cuales la competencia para decidir corresponde al Ministerio de Hacienda.

Otro fundamento para sostener la facultad de este Ministerio sobre los bienes de enseñanza de los pueblos está en el art. 136 de la ley Municipal, que declara con carácter de ingresos para los Ayuntamientos las rentas y productos de los bienes que por cualquier concepto pertenezcan al Municipio ó á los establecimientos de Beneficencia, Instrucción ó otros análogos que de él dependan, y sabido es que á este Ministerio incumbe la aplicación de la ley orgánica de los Ayuntamientos, corrigiendo las infracciones de la misma é interviniendo en los casos que ella determina, como se ha reconocido por el mismo Ministerio de Instrucción pública en lo que afecta á la aplicación de fondos para fines docentes, cuando en diferentes ocasiones ha acudido para que este centro ministerial previniese el cumplimiento por corporaciones municipales de las obligaciones de enseñanza, ordenando la aplicación á la misma de los fondos á ella destinados.
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Respecto á los bienes de Instrucción pertenecientes á fundaciones, se halla que están sujetos á la Instrucción de Beneficencia particular de 14 de marzo de 1899, aprobada por Real decreto de igual fecha, refrendado por el Ministerio de la Gobernación, estableciéndose en el art. 1.º del Real decreto que la Beneficencia general y particular continuarán encomendadas á la inspección y protectorado del Gobierno, ejercidos por el ministro de la Gobernación y la Dirección correspondiente; y el art. 2.º dice que son instituciones de Beneficencia, entre otros establecimientos, las escuelas y colegios que han de tener, según el art. 4.º, bienes particulares; luego cuando se trate de la disposición de sus bienes, el Ministerio de la Gobernación es el llamado á intervenir y resolver, sujetándose al Real decreto é Instrucción citados.

No obstante, en Reales órdenes de 26 de junio de 1886 y 11 de enero de 1888, relativas á fundaciones particulares de Instrucción, el Ministerio de Fomento aprobó el establecimiento de las referidas en las dos Reales órdenes, y declaró que ejercería las facultades que por el protectorado general sobre instituciones de esta naturaleza corresponden al Gobierno, expresando en el primer Considerando de la primera de las Reales órdenes citadas, que era notoria la oportunidad que se presentaba para que el Ministerio fijase de una manera clara y precisa los principios y reglas generales exigibles en asuntos de esta índole, y determinó su competencia para ejercer el protectorado, no sólo porque el concepto del Ministerio de Fomento exige que sea de su competencia todo lo que á la Instrucción pública interesa, sino porque su inspección está expresamente declarada en el artículo 98 de la ley de 9 de septiembre de 1857, en relación con el 97 de la misma.

Pero aun suponiendo que las expresadas Reales órdenes produjeran el efecto y consecuencias que el Ministerio de Fomento se propuso, forzoso es reconocer que la Instrucción de Beneficencia, de fecha posterior, y aprobada por Real decreto, y cuyas disposiciones, pertinentes al caso, quedan citadas, quitó toda la fuerza que pudiera tener la declaración de corresponder al Ministerio de Fomento el desempeño de las funciones del protectorado sobre fundaciones particulares con fin docente.

A pesar de la precisión de los preceptos de la citada Instrucción, se trató nuevamente de negar la competencia de este Ministerio, y con objeto de que apareciese con toda claridad y de desvanecer las dudas, se dictó por el mismo la Real orden de 7 de mayo de 1903, en cuyo preámbulo se demuestra de modo concluyente que á este Ministerio compete ejercer el protectorado de que se trata, sin perjuicio de la inspección, cuyo alcance aprecia que por virtud de la-ley del ramo corresponde al de Instrucción pública.

Su parte dispositiva establece que el de la Gobernación ejerza única y exclusivamente, por sí y por medio de sus delegados y autoridades que del mismo dependan, la inspección y protectorado que al Gobierno correspon-
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den sobre todas las instituciones de Beneficencia particular destinadas á la enseñanza, conforme á lo dispuesto en el Real decreto de Instrucción de 14 de marzo de 1899 y disposiciones complementarias; y previene que una vez hecha la clasificación de una fundación de esta clase se participará al Ministerio de Instrucción pública para que pueda ejercer las atribuciones que le competen en virtud de los artículos 97, 98, 483 y 184 de la ley de 9 de septiembre de 1857.

Tal es la doctrina legal, y lo establecido de acuerdo con ella, acerca de la competencia de este Ministerio en el punto de que se trata.

Si, pues, no cabe dudar de la competencia del Ministerio de la Gobernación en ambos casos, cuando de capitales se trate, ilógico sería negarla cuando haya de aplicarse la ley de 30 de julio de 1904.

Ésta y la Real orden de 13 de agosto siguiente requieren que la autorización la otorgue «la autoridad competente», y lo será para las inscripciones representativas de intereses á que la ley se refiere aquella que pueda decidir acerca del capital que produjo los intereses.

La expresada facultad de este Ministerio no pudo modificarse por el artículo 294 de la ley de Instrucción pública que ese Ministerio también cita en el tercer Considerando de la aludida Real orden de 14 de junio último, y bastaría tener en cuenta su fecha y lo resuelto en las disposiciones que citadas quedan, á partir de la ley de 4.º de mayo de 1855, Instrucción de 14 de julio de 1856 y Real orden de 8 de junio de 1857.

Dicho artículo previene que el Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los establecimientos de Instrucción, así públicos como privados, y este precepto claramente se refiere á la inspección y vigilancia sobre el modo como se hallen instalados y se desempeñen los servicios, acción que es en absoluto independiente de la encaminada á velar por los capitales y sus intereses, cuando éstos pertenezcan á los pueblos ó á fundaciones particulares y estén representados, en virtud de las leyes desamortizadoras, por inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado.

Por todo lo expuesto, concluía la Real orden, el Ministerio de la Gobernación entiende que le compete la materia de que se trata, y lo exponía al Ministerio de Instrucción pública, encareciéndole que, habida consideración de cuanto queda manifestado, se sirviera así reconocerlo, y remitiera al Ministerio de la Gobernación todas las instancias que se hayan presentado ó se presenten en aquel otro centro ministerial relativas á conversión de inscripciones intransferibles pertenecientes á Ayuntamientos ó fundaciones representativas de capitales ó de intereses adquiridos en virtud de las leyes desamortizadoras de los bienes destinados á Instrucción, y que, en otro caso, se sirviera elevar á la Presidencia del Consejo de Ministros los antecedentes que estimara necesarios para la decisión de esta competencia de atribuciones.

Á esta Real orden de Gobernación contestó el Ministerio de Instrucción pública con otra de 4.º de marzo último, en la que exponía lo siguiente:
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entre las que se encuentran las citadas por el Ministerio de la Gobernación en la Real orden antes extractada; pero, no obstante, conviene hacer constar que el art. 22 de la Instrucción de 41 de julio de 1856 y la Real orden de 8 de junio de 1857 se refieren á la entrega de bienes, que es concepto distinto del de atribuciones sobre los mismos, una vez que fueron entregados.

Queda demostrado que compete al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes conceder autorización para convertir en títulos al portador inscripciones intransferibles pertenecientes á fundaciones benéfico-docentes, estando en éstas incluidas las instituciones cuyo patronato corresponda á los Ayuntamientos, no en el concepto de corporaciones económico-administrativas, sino como personas jurídicas, cuyo carácter no altera la naturaleza de dichas fundaciones de enseñanza, que han de seguir conservando la propiedad de sus bienes. Las leyes desamortizadoras distinguieron el concepto genérico «Beneficencia» del concepto específico «Fundaciones de Instrucción pública» al hacer la clasificación de los bienes pertenecientes á las corporaciones civiles. Esa distinción, siempre establecida, fundada en el carácter de las instituciones benéfico-docentes, es causa de que la inspección y protectorado sobre los bienes de las mismas sean ejercidos por este Ministerio, cuyo ejercicio le ha sido encomendado por disposiciones legales vigentes que conceden al centro ministerial encargado de los servicios de la enseñanza facultades para velar por los capitales y sus intereses pertenecientes á las fundaciones referidas. En comprobación de las anteriores manifestaciones, conviene consignar lo establecido por disposiciones legales sobre la materia.

Por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas se dictó la Real orden de 12 de marzo de 1849, creando Comisiones investigadoras de fundaciones correspondientes á Instrucción pública.

En la ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, en su artículo 97, se establece que «son escuelas públicas de primera enseñanza las que se sostienen en todo ó en parte con fondos públicos, obras pías u otras fundaciones destinadas al efecto»; y el art. 294 de la misma ley dice que «el Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los establecimientos de Instrucción, así públicos como privados», refiriéndose este precepto no sólo á la forma de instalación y desempeño de los servicios en dichos establecimientos, sino también á facultades emanadas del protectorado sobre sus bienes, pudiendo citarse en apoyo de lo expuesto el Real decreto-sentencia de 20 de julio de 1876, en el que se declara que los bienes de las instituciones benéficas de enseñanza y piadosas deben aplicarse á los objetos designados por el testador con arreglo á las leyes y bajo la inspección de los Ministerios de Gracia y Justicia y Fomento.

En la Real orden del Ministerio de Fomento de 26 de junio de 1886, aprobando la Fundación-Patronato de la Santa Espina, hecha por la marquesa viuda de Valderas, se consigna en su 4.º Considerando lo siguiente:
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SUPLEMENTO A LA ESCUELA MODERNA

Año XXI.        MADRID, 26 JULIO 1911.        N.º 1.528 de la col.ª

Sumario.

Disposiciones oficiales: ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO: R. O. señalando el número de matrículas para el primer curso. ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA: R. O. restableciendo el derecho de los maestros consortes á doble casa-habitación. Otra mandando publicar los Escalafones definitivos de maestros y maestras elementales de las categorías 2.ª á 5.ª. Otra resolviendo recurso relativo al Escalafón de maestras. Otras sobre arreglo escolar de los Municipios á que se refieren.—Asuntos de personal: Nombramientos. Anuncios de vacantes: ESCUELAS NORMALES: Labores de Zamora, á concurso de traslado. SECCIONES DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Oficial de Contabilidad de Cáceres, á concurso de ascenso, y auxiliar de Secretaría de Coruña, á concurso. CONCURSOS DE ASCENSO Y TRASLADO DE ABRIL DE 1911: Rectorados de Barcelona y Oviedo.—Propio y ajeno: Opiniones sobre la fusión de los Escalafones de maestros.—Noticias é informaciones.

Índice de la «Gaceta».

Día 22 de julio de 1911.—Nombramientos de catedráticos, adquisición de libros para las Bibliotecas públicas y nombrando delegado del Gobierno en el Congreso de Urología que se celebrará en Londres el dia 24 del actual.
Día 23.—R. O. disponiendo se adquieran ejemplares de la obra que cita con destino á Bibliotecas públicas.

Á los Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción pública.

IMPRESOS PARA LAS CUENTAS DE PASIVOS

    Cuenta-resumen de cantidades devengadas (modelo A)
    Mano 2,50

    Cuenta de cantidades devengadas. Data (modelo D)
    — 1,25

    Cuenta de metálico y obligaciones (modelo F)
    — 2,50

    Cargareme (modelo G)
    — 1,25

    Libramiento (modelo H)
    — 1,25

    Cuenta de metálico. Data (modelo J)
    — 2,50

TOMO XXI.
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tensión del Ayuntamiento y se atienda lo referente á establecer en Oneta la capital del distrito de Brañuas y que el pueblo de Villartorey forme parte del distrito de Oneta y no del de Arbón:

»Resultando que el Negociado y la Sección del Ministerio informan que se apruebe el proyecto con las modificaciones solicitadas por los vecinos de Oneta y Villartorey:

»Considerando que la pretensión del Ayuntamiento de Villayón carece de fundamento:

»Considerando que lo interesado por los vecinos de Oneta y Villartorey es de indudable beneficio para la enseñanza,

»El Consejo es de sentir que procede aprobar el proyecto de arreglo escolar del Municipio de Villayón con las variaciones de conservar en Oneta la capitalidad del distrito escolar correspondiente, y que se segregue Villartorey del distrito de Arbón.»

Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el precedente dictamen, ha tenido á bien disponer que lo que en el mismo se propone se lleve á efecto al implantar el arreglo escolar definitivo de la provincia de Oviedo.

De Real orden, comunicada por el señor ministro, lo transmítio á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 17 de mayo de 1914.—El subsecretario, Zorita.—Señor director general de Primera Enseñanza.»

—(Gaceta del 25.)—«Illmo. Sr.: Visto el expediente de arreglo escolar del Municipio de Tineo (Oviedo), y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:

1.º Que la cabeza de los distritos escolares de Luciernas, Barca y Nieres, sean, respectivamente, Bárcena, Santa Marta y Nieres.

2.º Que la capitalidad del distrito escolar de Santa Eulalia se establezca en el sitio de Los Llanos.

3.º Que se constituyan los siguientes distritos: El Rodical, que con Berzana y diseminados suman 234 habitantes, añadiéndole Castañera, de 66, La Florida y Balserondo, cuyo censo determinará el inspector provincial, así como también la parroquia á que pertenecen dichas dos entidades; Río-castiello, de 435 habitantes; con Fanosa, de 35; Ceceda, de 67; Recoba, de 89; Ese de San Vicente, de 64; San Vicente, de 36; Tablado, de 54; Rellón y diseminados, de 59; Fastias, de 485 habitantes, con Paniriegas, de 82; Fondas, de 70; Faedo, de 68; Llaneces, de 440; Trabazo, de 69; y Rubiera, de 47; El Pedregal, toda la parroquia, con 269 habitantes; Pereda, toda la parroquia, con 598; Besapié, de 35 habitantes, con Concillín, de 57; y diseminados, de 76; Borres con San Blismo y diseminados, con 261 habitantes; San Facundo, de 89 habitantes, con Cirniago, de 57; Barzana, de 80; Barzanicas, de 42; Pendósén, de 45 y diseminados, entre los que se encuentra La Cuesta, y cuyo censo determinará el inspector; Mirallo, con Mirallo de
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Arriba, de 64 habitantes; Mirallo de Abajo, de 47; Villacín, de 99; Villar, de 36; Mallayo, Santa Marina, Berdulés é inferiores, determinando la Inspección el censo que falta señalar; Barredo, de 182, con Piñera, de 57; Ponte, de 128, y Fuejo, de 86, y por último, Ansarás, de 104 habitantes, con Fenolledo, de 57; Norón, de 79; Piedrahita, de 63; Quintanilla, de 66; Santullano, de 86, y diseminados, de 29, con las escuelas correspondientes á cada uno de los distritos enumerados; y

4.º Que, con las modificaciones expuestas, se lleve á efecto el arreglo del Municipio de Tineo al implantarse con carácter definitivo el general de la provincia de Oviedo.

De Real orden, comunicada por el señor ministro, lo transmito á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 17 de mayo de 1914.—El subsecretario, Zorita.—Señor director general de Primera enseñanza.»

ASUNTOS DE PERSONAL

NOMBRAMIENTOS

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. (Gaceta del 22 de julio de 1914).—«Illmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas en solicitud de nombramiento para las vacantes producidas por la admisión de renuncias en los concursos de ascenso y traslado de junio de 1910,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dispuesto en la Real orden de 1.º de mayo próximo pasado, según la cual sólo puede acordarse nombramientos de los aspirantes á quienes, por el lugar que ocupen en las propuestas, les corresponda, en cuya virtud sólo el que figurase en el número inmediato posterior al del renunciante, y que en su primitiva instancia tuviera solicitada la vacante, puede ser nombrado, ha resuelto que se expidan los nombramientos á favor de D.ª Antonia Palenzuela Blanquer, don Pablo Grúas Solano, D. Jesús Cortés Carrascosa, D. Rodulfo Terrón y Vegas y D. Francisco García Moreno, que se encuentran en las indicadas condiciones, para las escuelas de Arnedo, Huelva, Ávila, Navalcarnero y Vera, desestimándose las de D. Jaime Santamaría, D. José Montón, D. Victorio J. Alguacil, D. Ramón Constantí, D. Ernesto Balanzart, D. Jacinto García, D. Juan Oña, D. Ángel Gil, D. Vicente Ferrer, D. Federico Parera, D. Antonio Ortega, D. Emilio Javalera, D. José Morales, D. Juan Rodríguez, D. José Valenzuela, D. Manuel Marra, D. Luis Galiano, D. Marcelino Comas, don José Fajardo, D.ª E. Margarita Subero, D.ª Gracia Lucena, D. Ramón Rodríguez, D. Luis Marañón, D. Esteban Forcadell, D. Santos Palacián, D. Miguel Sánchez, D. Ruperto López, D. José Liceras, D. Juan Badía, D. Isidoro Serrano y D. José Perfecto Pérez Borao, que no justifican los mencionados requisitos, por figurar después del número que ocupaban los renunciantes
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y antes del en que figuran dichos interesados, otros aspirantes que tenían pedidas en sus primitivas instancias las plazas por aquéllos solicitadas, y á quienes, por lo tanto, asiste mejor derecho.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 1.º de julio de 1911. — Gimeno. — Señor director general de Primera Enseñanza.»

ANUNCIOS DE VACANTES

ESCUELAS NORMALES

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.—«Illmo. Sr.: En cumplimiento del art. 2.º del Real decreto de 24 de abril de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:

1.º Que se anuncie á concurso de traslado, por término de veinte días, á contar desde la publicación de esta Real orden en la Gaceta, la plaza de profesora numeraria de la Sección de Labores de la Escuela Normal Superior de Maestras de Zamora, dotada con el sueldo anual de 2.000 pesetas.

2.º Que sólo podrán aspirar á esta plaza por el presente concurso las profesoras de Labores de las Escuelas Normales Superiores de Maestras.

3.º Que las condiciones que han de reunir las solicitantes, y las que han de tenerse en cuenta para la resolución de este concurso, serán las determinadas en los artículos 5.º, 6.º y 7.º del citado Real decreto; y

4.º Que las solicitantes deberán elevar sus instancias á esa Dirección general, con sus hojas de servicios, por conducto de sus jefes inmediatos.

De Real orden lo participo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 30 de junio de 1911.—Gimeno. —Señor director general de Primera Enseñanza.»

(Gaceta de Madrid del 23 de julio de 1911.)

SECCIONES DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Dirección general de Primera Enseñanza.—En virtud de Real orden de esta fecha, y con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 27 de mayo de 1910 y disposiciones complementarias, se saca á concurso de ascenso, como resultas del de traslado, la plaza de oficial de Contabilidad de la Sección provincial de Instrucción pública de Cáceres, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas.

Podrán optar á dicha plaza los auxiliares que figuren en el Escalafón definitivo con la categoría de 1.230 pesetas, á cuyo fin presentarán sus solicitudes en este Ministerio dentro del plazo de ocho días, á contar desde la publicación del presente anuncio en la Gaceta de Madrid.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Madrid, 18 de julio de 1911. — El director general, R. Altamira.

(Gaceta de Madrid del 22 de julio de 1911.)

— En virtud de Real orden de esta fecha, y con arreglo á lo preceptuado en el Real decreto de 27 de mayo de 1910 y disposiciones complementarias, se saca á concurso la plaza de auxiliar de Secretaría de la Sección pro-