Suplemento a La Escuela moderna (1911-07-29 00:00:00), página 4

La ley desamortizadora de 1.º de mayo de 1835 declaró por su art. 1.º en estado de venta los bienes pertenecientes á las entidades que cita, entre las que se hallan el Estado, la Beneficencia y la Instrucción pública, estableció la consiguiente indemnización, fijando el art. 13 el 80 por 100 para los bienes de Propios de los pueblos, y los artículos 20 y 24, el producto íntegro de la venta de los bienes de Beneficencia y de Instrucción, representados aquel 80 por 100 y esta totalidad por inscripciones intransferibles de la Deuda, nominativas de las corporaciones respectivas; por esto, los bienes inmuebles de Instrucción pública fueron substituidos por los valores correspondientes de la venta del Estado, y de éstos, como de los representativos del 80 por 100 de Propios de los pueblos, pueden disponer los respectivos dueños una vez obtenida la competente autorización.

Tal facultad arranca del art. 49 de la citada ley de 1.º de mayo de 1835, que la establece para el 80 por 100 de Propios de los pueblos, y hecha luego extensiva á los bienes de Instrucción pública.

El expresado art. 49 no dice la autoridad que ha de conceder la autorización para el empleo del 80 por 100 de los pueblos; pero la Instrucción de 11 de julio de 1836 para llevar á efecto la ley de desamortización, promulgada en esta fecha, en el art. 22 preceptuó que el Ministerio de la Gobernación dictará las disposiciones convenientes, marcando las formalidades con que á los pueblos y establecimientos de Instrucción pública se les hubiere de hacer entrega de los fondos de su pertenencia por concepto de la desamortización, y, por consiguiente, no se limitó la facultad del Ministerio de la Gobernación para intervenir en la entrega del producto de la desamortización de bienes de Instrucción pública.

Vino luego la Real orden de 8 de junio de 1837, y ésta, al tratar de autorización para disponer del todo ó parte del capital procedente de indemnizaciones por la desamortización, prescribió que es requisito indispensable para ello que el Ministerio de la Gobernación expida las órdenes convenientes, marcando las formalidades con que se han de entregar los fondos de Beneficencia, y luego hace extensivo este precepto á los fondos representativos de los bienes de Instrucción pública no pertenecientes al Estado.

Resulta, por lo tanto, que desde el tiempo en que se promulgaron las leyes desamortizadoras, al Ministerio de la Gobernación compete dar las autorizaciones para disponer del capital procedente de la indemnización por la venta de los bienes pertenecientes á Instrucción pública, mientras no se trate de los que pertenecieron al Estado.

Posteriormente se dictaron otras disposiciones, y remate de las mismas fué la Instrucción de 28 de julio de 1882, dictada por el Ministerio de la Gobernación, de las cuales se prescinde, porque pudiera alegarse que no son pertinentes, por referirse al empleo por los Ayuntamientos del capital representativo de los bienes desamortizados que pertenecían á los Propios de los pueblos, sin mencionar á los de Instrucción pública.

Circunscribiendo este examen á los valores representativos de los bie-