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subscripción voluntaria para socorrer y ayudar á los niños huérfanos de los soldados, cabos y sargentos que mueran en la campaña de África; es decir, socorrer nosotros como podamos á dichos huérfanitos y solicitar que con nosotros lo hagan también los niños de nuestras escuelas.

Si los periódicos profesionales toman á su cargo la propaganda y realización de esta idea, dándole cada uno la forma que juzgue más conveniente, harán una obra patriótica y educativa como pocas; porque se podrá conseguir que la inmensa mayoría de los niños españoles contribuyan al amparo de esos otros niños, más desgraciados que ellos.

Nosotros hemos abierto ya en nuestra escuela esa subscripción (de la cual acompañamos lista), y entregaremos su importe (1) al presidente de la Junta municipal, como maestros de Madrid. Análogo procedimiento pudieran emplear los maestros de toda España, depositando los donativos en los presidentes de las Juntas provinciales; y aun cuando somos pobres, como somos muchos, ayudados por los niños españoles, se podrá reunir hasta para fundar un asilo destinado á los huérfanos de nuestros soldados, fundacion que no dejaría de tener otros valiosos auxilios y protecciones.

UN MAESTRO.

Madrid, septiembre de 1909.

NOTICIAS É INFORMACIONES

La Junta de Instrucción pública de la provincia de Madrid, por edicto inserto en el Boletín Oficial del día 4 de los corrientes, cita á D. Leonardo Celorrio, de domicilio desconocido, para darle conocimiento de un asunto que le interesa.

El Rectorado de la Universidad Central ha dispuesto declarar incursos en el art. 174 de la ley á D.ª María Pastor Ubago, maestra de Valdemaqueda; á D.ª María Piñuela, de Pedrezaula, y á D. Francisco del Fresno, de Fuentidueña de Tajo (Madrid), por no haber estado en sus respectivos destinos el día 1.º de septiembre.

A la relación de clases de adultos publicada en nuestro SUPLEMENTO anterior, hay que añadir la de adultas establecida en la calle de San Cosme, núm. 22, procedente de la Fuente de la Teja, á cargo de D.ª Victoria Santiuste, y la de adultos de la calle de Tarragona, servida por D. Camilo Novoa.

Ha sido resuelta negativamente una solicitud subscripta por varios maestros de Madrid que pedían reducción de horas de clase.

(1) En total, el maestro y los niños dan 13,60 pesetas.
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desde la publicación de ese Real decreto no son, sin embargo, los más alentadores, para continuar aplicándole tal como hoy viene practicándose. En los expedientes de habilitación y rehabilitación para seguir en la enseñanza, mandados instruir conforme á él, no recae otro acuerdo que el afirmativo, porque así lo imponen los informes contestes en este sentido, fruto de las apreciaciones meramente personales que los constituyen, desapareciendo ante ellos por completo hasta el propio supuesto que motiva su formación, cual es el del probable quebranto en la integridad de las facultades mentales y físicas del interesado, y viniendo así á contradecirse de continuo la ley de la naturaleza, que rara vez deja, no obstante, de ejercer su imperio á esas alturas de la vida.

Vienen de lo expuesto los visibles daños de la indebida é inconveniente paralización de los escalafones, la cristalización y anquilosamiento de los métodos, languidez y escaso rendimiento del trabajo, y flojedad, ya que no decadencias, en buena parte de él; por cuyos motivos, en armonía con los dictados naturales, con la índole delicada y compleja de la instrucción, con el sistema que prevalece en otros ramos muy esenciales del Estado, y hasta con el interés bien entendido de los mismos catedráticos realmente jubilables, á quienes no debe exigirse que soporten carga superior á sus fuerzas, ni exponerles á desconsideraciones de su autoridad y prestigios ganados en largos años de improbas tareas, debe cambiarse de procedimientos, partiendo de la realidad de las cosas y haciéndola aparecer siempre en los expedientes que se formen, para resolver maduramente acerca de ella, sin otra contemplación que la que convenga y se compagine con los mayores y mejores resultados de las respectivas enseñanzas.

A esto tienden también bajo otros aspectos, relacionadas con las jubilaciones del profesorado, las demás disposiciones contenidas en el presente proyecto de decreto, calcadas todas en las leyes vigentes, y especialmente en las del 9 de septiembre de 1857, art. 179, y las del 3 de agosto de 1866, artículo 48, y 30 de junio de 1892, art. 36.

Por hallarse en pugna con la razón fundamental de estos preceptos, y tanto ó más aún que con ellos, con el interés principal de la enseñanza, que pide cada día mayor elevación de las capacidades del profesor, no puede seguir otorgándose las llamadas jubilaciones con substituto personal, que por razones transitorias fueron introducidas en una medida provisional reglamentaria, manteniéndose luego, como remedio á situaciones pasajeras de los Institutos de segunda enseñanza, que se hizo extensiva á las Escuelas Normales y las de Comercio, no cabiendo ya que se sostenga esa extensión de los casos de jubilación á circunstancias ó exigencias que no lo consienten sin grave perjuicio de la función docente y del propio interés económico del Estado.

Debe, pues, desaparecer para lo sucesivo la concesión de semejante corruptela, manteniéndose sólo las jubilaciones por edad ó imposibilidad física autorizadas por los preceptos legislativos que las conciernen, y veri
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sicándose, en cuanto sea preciso para corregir cualquier abuso en las ya concedidas, las revisiones que las propias leyes prescriben ó consienten.

Por las consideraciones expuestas, el ministro que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 1.º de octubre de 1909. — Señor : Á L. R. P. de V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Para el más exacto cumplimiento de los artículos 48 de la ley del 3 de agosto de 1866 y 36 de la de 30 de junio de 1892, en cuanto concierne á los catedráticos y profesores de los establecimientos docentes que dependen del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con excepción de los maestros de primera enseñanza, que se rigen por disposiciones especiales, se guardará inflexiblemente el límite de los sesenta y cinco años, señalado en aquellas leyes, tanto para las jubilaciones voluntarias como para las forzosas, salvo en los casos de imposibilidad física ó intelectual, y de tener cuarenta años de servicios, que los mismos preceptos exceptúan.

Art. 2.º Así que resulte un catedrático ó profesor, cualquiera que sea su edad, con impedimento físico ó intelectual que le inhabilite para la enseñanza, el jefe del establecimiento á que pertenezca lo pondrá, por el conducto jerárquico ordinario, en conocimiento del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, para la incoación del expediente de jubilación ó resolución que corresponda.

Otro tanto harán los jefes de los mencionados establecimientos cuando, cumplida la edad de sesenta y cinco años por los catedráticos ó profesores, entendiesen aquéllos que por la falta de asiduidad en el desempeño de sus cargos ó otros motivos relacionados con el bien de la enseñanza, sería conveniente acordar su jubilación.

En todo caso, al cumplir los catedráticos y profesores la edad de setenta años determinada en el Real decreto de 15 de marzo de 1904, lo participará también al Ministerio el jefe del establecimiento á que aquéllos respectivamente pertenezcan, para dar con ello principio al expediente en que se determine la situación que les compete.

Art. 3.º Aun sin las comunicaciones especiales prevenidas por el artículo precedente, el ministro de Instrucción pública y Bellas Artes deberá disponer en cualquiera de los casos á que el mismo artículo se contrae, qué se incoe el opportuno expediente de jubilación, teniendo á la vista el personal del interesado los partes mensuales de asistencia, las calificacio-
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nes de que haya sido objeto y los demás antecedentes que hagan conocer su mayores ó menores merecimientos.

Art. 4.º Ordenada que sea la incoación del expediente, se procederá al reconocimiento médico del interesado en la forma prescrita por las disposiciones vigentes en materia de jubilaciones de los funcionarios civiles de todas clases, determinándose el grado de aptitud física é intelectual en que aquél se encuentre, y en los casos de imposibilidad, si ésta es más ó menos duradera.

Art. 5.º Hecho constar el resultado del reconocimiento facultativo de que habla el artículo anterior en el respectivo expediente, se unirán á éste certificaciones libradas por el decano de la Facultad ó el director del Instituto ó Escuela á que pertenezca el interesado, en relación con los libros de altas y bajas del personal, actas de sesiones u otros actos á que aquél debiera concurrir por razón de su cargo, partes de asistencia, registros de permisos y licencias, con los demás antecedentes que haya sobre ellos, en cuyas certificaciones se consigne todo cuanto sea conducente á comprobar la asiduidad y constancia que durante los dos últimos años haya aquél prestado al cumplimiento de sus deberes profesionales, ó el tiempo que haya dejado de hacerlo y las causas que lo motivaran en cada caso.

Cuando alguno ó algunos de estos antecedentes se hallen directamente á disposición del Rectorado, expedirá éste la certificación correspondiente.

Art. 6.º Llegado á este punto el expediente, se pondrá de manifiesto al interesado por término de diez días, para que dentro de éstos exponga lo que considere oportuno, y transcurridos dichos días, emitirán su informe el decano de la Facultad ó el director del Instituto ó Escuela á que aquél pertenezca, y el rector del distrito, oyendo al Consejo universitario, todo con la brevedad posible, elevándose inmediatamente después el expediente á la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 7.º Examinado el expediente, y agregándose á él, si fuere necesario, los documentos ó certificaciones que completen los conceptos conducentes á su mejor resolución, será remitido á informe del Consejo de Instrucción pública.

Satisfecho este requisito, el ministro de Instrucción pública y Bellas Artes resolverá lo que sea procedente.

Art. 8.º Con arreglo al precepto terminante de la ley de 30 de junio de 1892, las jubilaciones por imposibilidad física serán revisables en todo tiempo en cuanto á la subsistencia de la causa que las motive. Los expedientes formados por haberse cumplido setenta años, en los cuales se resuelva la no jubilación, se revisarán cada dos años en periodos contados desde el cumplimiento de aquella edad, llenándose para la revisión los mismos trámites que en el expediente primitivo, dirigidos á comprobar si el profesor á quien se refiera continúa en aptitud para el buen desempeño de su cátedra y la práctica debidamente.

Art. 9.º Cuando cumplidos los setenta y dos años, el catedrático ó pro-
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fesor no solicitaré dentro de los primeros treinta días siguientes la revisión de su expediente para obtener la declaración de seguir en su referida aptitud, se entenderá que opta por su inmediata jubilación, la cual se acordará sin mayor demora, como si expresamente la hubiera pedido.

Art. 40. Las jubilaciones voluntarias seguirán rigiéndose por las disposiciones que actualmente.

Art. 41. En lo sucesivo no se otorgarán á los catedráticos y profesores otras jubilaciones que las expresadas en los artículos anteriores, prohibiéndose su concesión con substituto personal.

Art. 42. Fundándose esta última concesión necesariamente en la imposibilidad física, y estando comprendida, por lo tanto, en lo prevenido á este propósito por la ley de 30 de junio de 1892, se procederá á la revisión de los expedientes en que se hayan otorgado jubilaciones de esta clase ó reconocido opción á pedirlas y resulten indicaciones de haber desaparecido la imposibilidad invocada para ellas.

Se entenderá, en todo caso, haber cesado esta imposibilidad cuando se acredite ó compruebe que el substituído ejerce otro cargo público ó privado, ó tiene habitualmente otra ocupación que requiera tanta aptitud física como la de su cargo en la enseñanza.

Art. 43. Asimismo se sujetarán á revisión dichos expedientes cuando aparezca que el catedrático ó profesor substituído tiene derecho á jubilación por otro concepto, declarándose entonces ésta, si no lo estuviese ya, y cesando la obtenida con substituto.

Disposiciones transitorias.

Primera. Las instancias presentadas por los catedráticos y profesores de más de setenta años solicitando declaración de aptitud para continuar en el servicio activo de la enseñanza, y los expedientes á esto relativos que estén pendientes de instrucción ó resolución á la fecha en que se inserte el presente decreto en la Gaceta de Madrid, se tramitarán conforme á sus disposiciones, llenándose en ellos los requisitos de que carezcan para acomodarse á su observancia.

Segunda. Las declaraciones ya hechas en favor de los catedráticos y profesores que las hubieran obtenido por un período de tres años, conforme al Real decreto de 15 de marzo de 1901, serán respetadas en su situación durante el tiempo por el que se les haya habilitado, siéndoles aplicables á su terminación los preceptos todos del actual decreto.

Tercera. Las instancias y expedientes en solicitud de substituto personal que estén pendientes al publicarse el presente decreto, justificándose plenamente las condiciones de imposibilidad física y demás requeridas para la obtención de esa gracia, según las disposiciones que la regían, podrán ser resueltos otorgando á los interesados la concesión de servir sus plazas por substituto personal nombrado con arreglo al Real decreto del 4 de enero de 1901, hasta tanto que dichos interesados se encuentren en
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alguno de los casos determinados por los artículos 12 y 13 del decreto actual.

Artículo final.

Quedan derogadas todas las disposiciones que estén en oposición con las de este decreto.
Dado en Palacio á primero de octubre de mil novecientos nueve.—ALFONSO.—El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.»

ESCUELAS NORMALES

1.º de octubre de 1909. (Gaceta del día 2.)—Real decreto del expresado Ministerio elevando á Superior la Escuela Normal Elemental de Maestras de Zamora:

«Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación provincial de Zamora, y á propuesta del ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Se eleva á Superior la Escuela Normal Elemental de Maestras de Zamora.
Art. 2.º En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7.º de la ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887, en el 27 de la de 29 de junio de 1890 y en el 4.º del Real decreto de 29 de marzo de 1899, los gastos que origine el sostenimiento de esta Escuela Normal se consignarán en el proyecto de presupuesto general del Estado, ingresando la Diputación provincial, por trimestres adelantados, en las Cajas del Tesoro las cantidades correspondientes.
Art. 3.º Hasta tanto que se pueda cumplir con la formalidad de que dichas consignaciones figuren en el presupuesto del Estado, la Diputación provincial satisfará directamente la diferencia entre lo que actualmente se consigna en el presupuesto y el importe de los gastos de la Escuela en su nueva categoría.
Art. 4.º Asimismo correrán á cargo de la Diputación los gastos necesarios para instalar la Escuela en local que reuna las condiciones pedagógicas é higiénicas necesarias.
Art. 5.º La matrícula del grado superior para el curso académico de 1909 á 1910 estará abierta en la Secretaría de la Escuela Normal de Maestras de Zamora hasta el 15 de octubre actual, comenzándose el 16 el curso de las enseñanzas de dicho grado.
Dado en Palacio á primero de octubre de mil novecientos nueve.—ALFONSO.—El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.»

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

29 de septiembre de 1909. (Gaceta del 3 de octubre.)—Orden-circular de la Subsecretaría del mismo Ministerio declarando que
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los maestros reservistas disfrutarán medio sueldo y sus familias la casa-habitación:

«Para ampliación de la Real orden de 12 de agosto último, relativa á que los individuos que desempeñaban destinos dependientes de este Ministerio y hayan sido llamados al servicio activo con motivo de la actual campaña, tendrán derecho á ocuparles tan pronto cesen sus deberes militares, esta Subsecretaría ha acordado declarar que debe llevarse á efecto en la actualidad lo dispuesto por la orden de la suprimida Dirección general de Instrucción pública de 20 de noviembre de 1893, acordando que los maestros y auxiliares de escuelas públicas en propiedad que como reservistas militares ingresen en filas del ejército activo, además de conservar la propiedad de sus cargos y percibir la mitad del sueldo que disfruten, continúen disponiendo de la casa-habitación para que la ocupen sus familias, debiendo procederse inmediatamente al nombramiento de los correspondientes substitutos con arreglo á lo preceptuado en la legislación vigente sobre el particular.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 27 de septiembre de 1909.—El subsecretario, Silió.—Señores rectores de las Universidades, gobernadores, presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública y delegados regios de primera enseñanza.»

ASUNTOS DE PERSONAL

VACANTES POR DEFUNCIONES Y CESES

Una escuela de niños de Colmenar de Oreja (Madrid), con 1.400 pesetas de sueldo, por fallecimiento de D. Francisco de Pablos, que la servía.

DERECHOS PASIVOS

JUNTA CENTRAL.—Última acta aprobada (continuación):

Pensiones concedidas.—A D.a María Gila Tornero, viuda de D. Manuel Domínguez, maestro que fué de El Cerro, la de 653,32; á D.a María González, viuda de D. Rafael Sáenz Urbain, de Sueco, la de 440; á D.a Adelaida Velayos Esteban, hija de D.a Manuela Esteban, de Cardeñoso, la de 343; á D.a Dolores Berenguer Durán, hija de D. Antonio Berenguer, de Pego, la de 383,33; á D.a Orfelia, D.a Dolores, D. Magín y D. Francisco Navarro Solves, hijos de D. Salvador Navarro, de Reus, la de 4.080; á D.a Áurea González Martínez, hija de D.a María Martínez, de Soto del Barco, la de 400; á D.a Úrsula Hernández Blasco, viuda de D. Amando Lizandara, de Villar del Arzobispo, la de 886,66; á D.a Elvira Blanch Arjo, viuda de D. Benito Galcerán, de Viella, la de 330; á D.a Dolores Español Sánchez, viuda de don
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Ignacio Vitatela, de Segorbe, la de 626,66; á D.a Salustiana Gómez Gabaldón, viuda de José María Carrillo, de Villarta, la de 270; á D.a Purificación, D.a Pilar y D.a Emerita Yuste Montaña, hijas de D. Juan Yuste, de Carbonero el Mayor, la de 430; á D.a Rita Fernández Alonso, viuda de D. Gabriel Miguel, de Vitoria, la de 946,66; á D.a Remigia Alvarez Martínez, viuda de D. Facundo Barreñada, de Villanueva, la de 166,66; á D.a Josefa de la Cruz Fernández, viuda de D. José Pérez Márquez, de Sevilla, la de 1.433,33; á D.a Isabel Ruiz Gómez, viuda de D. Gil Rincón, de Rama, la de 446; á doña Manuela García Suárez, viuda de D. José Pérez García, de Manzaneda, la de 266,66, y á D.a Petra Martín del Soto, viuda de D. Juan León Alvarez, de Arevalillo, la de 293,32.

Mejoras. — Á D.a María Luzdivina Fernández Heria, de Olloniego (Oviedo), la de 412,50 pesetas; á D.a Raimunda Pérez Marrase, de Soria, la de 158,33; á D.a Rosa Díaz Villegas, de Málaga, la de 60; á D. Miguel Izquierdo Barrachina, de Parias (Castellón), la de 60; á D.a Rita Carretero Narbona, de Málaga, la de 400; á D.a Antonia Barro Vilanova, de Reus (Tarragona), la de 400; á D.a Eladia Gascón Jiménez, de Toledo, la de 343,32; á doña Juliana Santillana Robredo, de Colmenar (Madrid), la de 60; á D.a Angustias Ruiz Fernández, de Granada, la de 566,66; á D.a Concepción Ruiz Jimeno, de Cartagena (Murcia), la de 633,33; á D.a Petra y D.a Asunción Rodríguez, de López de Boimorto (Coruña), la de 69,44, y á D.a Adelaida del Pozo Reina, de Ronda (Málaga), la de 40.

Se acordó negar las mejoras solicitadas por D. Jacinto Pérez Martínez, de Gredilla (Burgos); D.a Amparo Segrelles, de Monforte (Alicante); don Juan Antonio Matilla, de Listrán (León), y D.a Ulpiana Díaz Lizardi, de San Sebastián (Guipúzcoa).

Devolución de descuentos. — Á los hijos de D.a María Dolores Zambrana, maestra que fué de Palenciana, 190,49 pesetas; á D.a Aurelia Zambrano, viuda de D. Domingo Sánchez, de Zarza, 445,83; á D.a Ángeles Ortega Reyes, viuda de D. Francisco Herrera, de Villar de Plasencia, 297,18; á doña Trinidad Peso García, viuda de D. Luis Luque, de La Calahorra, 403,78; á D.a Inés Nebreda Santiago, viuda de D. José Rodríguez, de Cordiel, 339,67; á los hijos de D.a Bonifacia Granado, de Huerta de Animas, 220,76, y á D.a Obdulia Ramón Yáñez, hija de D.a Adelaida Yáñez, de Montehermoso, 260,23.

Haberes devengados. — Á los herederos de D. Remigio Sáinz Torres, de Santander, 241,38 pesetas; á los de D.a Eustaquia Francisca Dorado, de Toledo, 213; á los de D. Pablo Cusach Samón, de Barcelona, 247; á los de D.a Encarnación Rodríguez Linares, de Granada, 216; á los de D. Prudencio Santos Ramos, de Salamanca, 159,44; á los de D. Ricardo López Rodríguez, de Canarias, 64,58; á los de D. Antonio Rodríguez de Dios, de Salamanca, 76,50; á los de D. Lorenzo Bona Muñoz, de Zaragoza, 75,72; á los de don Juan Virtín Miguel, de Burgos, 205,72; á los de D.a Ana Peña Onrubia, de Segovia, 260,44; á los de D.a Francisca Ignacio Cabaleiro, de Pontevedra,