Suplemento a La Escuela moderna (1907-12-18 00:00:00), página 7

y las de 625 pesetas á 500 pesetas, tuve que investigar los precedentes, tanto de ministros liberales como de conservadores, para decir á S. S. que ninguno había seguido esa marcha; ahora he de hacer lo mismo, ahora tengo que examinar los precedentes desde 1837 hasta la fecha, y todo lo que se relaciona con la enseñanza de adultos que está representado en la ley del 57, en el decreto del Sr. García Alix de 1900, en el del señor conde de Romanones de 1904, en la ley de Presupuestos de 31 de diciembre de 1901, en la Real orden de 1902 del señor conde de Romanones, en el proyecto que llevó al Consejo de Instrucción pública el Sr. Allendesalazar en 1903, en el proyecto que también llevo al Consejo de Instrucción pública el Sr. Cierva en 1905, y, por último, en el decreto del Sr. Gimeno de 1906 y sus Reales órdenes de 1906 y enero de 1907.

Si S. S. hubiera seguido ese criterio, seguramente no tendríamos nada; pero S. S. mantuvo en el Senado la teoría siguiente: que se había encontrado sin crédito para satisfacer las obligaciones de las escuelas de adultos de noviembre y de diciembre, y que no podía traer una petición de crédito extraordinario, porque esa no era una obligación del Estado, sino una obligación municipal. A eso tengo que contestar lo siguiente: desde 1901 es obligación del Estado; antes no lo era.

Presente está el Sr. Cierva, que en su proyecto de bases que llevó al Consejo de Instrucción pública, donde tuve yo el honor de discutirlo con él, dice también: «Las escuelas de adultos existirán allí donde exista un maestro y una escuela, y las gratificaciones tendrán su nómina especial é irán á incluirse en los haberes del maestro.» Es decir, que todos los ministros han supuesto, desde 1901 hasta la fecha, que esa es una obligación del Estado, obligación de que después el Estado se reintegra con el 16 por 100 de la contribución territorial, y si no basta, con el de la contribución de Consumos; pero es una obligación del Estado, y, por tanto, si S. S. en noviembre y diciembre se encontraba con que no tenía medios para satisfacer estas atenciones, debió pedir á las Cortes un crédito extraordinario.

Espero, pues, que el señor ministro de Instrucción pública lleve la esperanza y el consuelo á estos maestros, respecto á que ha de presentar la petición de crédito extraordinario, porque ahora va á pasar una cosa sumamente peregrina, y mucho más después de haber oído á S. S.; á saber: que S. S., en la Real orden de consulta, dice que no tiene crédito para noviembre y diciembre; pero como, á su vez, ante el clamoreo y ante el conflicto y los disgustos que le ha proporcionado á S. S. esta Real orden, parece que ya no quiere publicarla, ¿qué ocurre? Que como no hay crédito en el presupuesto del Estado, el Estado no paga; y como á los Municipios no se les ha comunicado la Real orden, los Municipios tampoco pagan. Las nóminas que en el día 25 de este mes han enviado las Juntas á la Ordenación de Pagos, ¿cómo las han de satisfacer? Del presupuesto municipal no pueden pagarse, porque S. S. no ha comunicado, por las razones que acabo de decir, la Real orden; del presupuesto del Estado, tampoco, porque S. S. no ha pedido el crédito extraordinario; y de aquí las peticiones de todos los maestros, de aquí que leamos los telegramas de las Asociaciones del magisterio, incluso de la de Barcelona, en que protestan de esa Real orden de consulta y piden que se solicite de las Cortes el crédito extraordinario para pagar á los maestros.

Así, pues, mientras el organismo municipal no se reforme de la manera á que antes me he referido, mientras ese proyecto de Administración local no diga lo que va á ser el Municipio, cuáles sus atribuciones y sus medios, yo mantengo que la función de la enseñanza tiene que ser una función del Estado. ¿Para qué? Para que no volvamos otra vez al padrón de ignominia