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concurran á la sesión extraordinaria que dicho Centro celebrará el domingo, á las diez y media de la mañana en su domicilio social, Reina, 8, segundo derecha, en la que tratarán asuntos de transcendentalísimo interés para la clase.

De Lérida:
En Lérida funciona una Escuela privada debida á la munificencia de un buen patricio, Alberto Borrás, ya difunto, que segunda vez se quiere convertir de una plumada en pública de Patronato, dando á las personas que desde su creación ejercen los cargos de Maestra y Auxiliar la propiedad oficial de sus destinos. Hace dos años incoábase el expediente, y bastó que LA ESCUELA MODERNA publicara un grito de atención para que la cosa no pasase á mayores. Ahora han sido más listos, y los correos habrán sido tan especiales, que los nombramientos perseguidos hanse alcanzado al vuelo.

Ya vemos que la prensa catalana examina el asunto, habiendo sido la política diaria que ve la luz en Lérida la primera en hacerlo. Pero es necesario, en bien de la clase y de la dignidad profesional del Magisterio público, que el expediente fallado se deje ver por los cuatro costados y se sepa claramente por qué, cómo, con qué título y con cuáles derechos se ha nombrado por el muy ilustre señor Rector de Barcelona á quienes ya desempeñaban los cargos conferidos.

No puede consentirse que el favoritismo caciquista mande en nuestra carrera y provea vergonzosamente plazas cuya situación, pública ó oficial ó privada, se ignora á estas fechas.

El Ayuntamiento de Logroño no pudo tampoco conseguirlo.

La prensa y la clase, en general, las autoridades académicas de Barcelona y la Superioridad tienen la palabra.

De Sevilla:
Los Habilitados de esta provincia han presentado las nóminas del mes de Agosto en la Junta provincial el día 20, y la Sección de Instrucción pública, con fecha 22, las ha remitido á la Ordenación de Pagos del Ministerio.
— Ha tomado posesión en propiedad de la Auxiliaría de niñas de Pruna, D.a Josefa Adrados y Herrero, y de la de niños de Sanlúcar la Mayor, D. Silvestre Mínguez.
— El día 20 se remitió á la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza la cantidad de 5.210 pesetas 30 céntimos, importe de los descuentos para el citado fondo, correspondiente al mes de Junio último.
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D. Alberto Membreño, Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Honduras en esta Corte.

Quienes, debidamente autorizados para ello, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I. Los nacionales de ambos países que en cualquiera de los Estados signatarios de este Convenio hubieren obtenido título ó diploma expedido por la Autoridad nacional competente para ejercer profesiones liberales, se tendrán por habilitados para ejercerlas en uno y en otro territorio.

ART. II. Para que el título ó diploma á que se refiere el artículo anterior produzca los efectos expresados, se requiere:
1.º La exhibición del mismo, debidamente legalizado.
2.º Que el que lo exhiba acredite, mediante certificado expedido por la Legación ó el Consulado más cercano de su País, ser la persona á cuyo favor se ha extendido.
3.º Que cuando se solicite por el interesado, en uno de los dos Países, el reconocimiento de la validez de un diploma ó título académico expedido en el otro País para ejercer profesión determinada, se acredite que dicho diploma ó título habilita también para ejercer esa profesión en el País en que se haya expedido.

ART. III. Los nacionales de cada uno de los dos Países que fueren autorizados para ejercer una profesión en el otro en virtud de las estipulaciones del presente Convenio, quedarán sujetos á todos los reglamentos, leyes, impuestos y deberes que rijan en la materia para los propios nacionales.

ART. IV. Sin perjuicio de que ambos Gobiernos se comuniquen recíprocamente los programas de enseñanza, ó se entiendan respecto á cualesquiera detalles administrativos que puedan parecer necesarios, los estudios de asignaturas realizados en uno de los Estados contratantes podrán ser incorporados en los establecimientos docentes del otro, previo el cumplimiento de los requisitos siguientes:
1.º Exhibición por el interesado de certificación debidamente legalizada en que conste haber sido aprobadas dichas asignaturas en establecimiento cuyos exámenes ó certificados de aptitud tengan validez oficial en el Estado donde se hayan realizado los estudios.
2.º Exhibición de certificado expedido por la Legación ó Consulado más próximo del País á que el interesado pertenezca, y en el cual se acredite que este último es la persona á cuyo favor se ha extendido la certificación susodicha.
3.º Informe del Consejo de Instrucción pública en España, ó del Centro consultivo ó docente señalado para este efecto por el otro Estado contratante, haciendo constar los estudios exigidos por las disposiciones nacionales que puedan estimarse equivalentes á los realizados en el extranjero por el que lo solicite.
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ART. V. Se entiende, sin embargo, que el diploma ó título expedido por las Autoridades de uno de los dos Países contratantes á favor de uno de sus ciudadanos ó de un ciudadano extranjero no habilita á este ciudadano para que ejerza en el otro País cargo ó profesión reservado á los propios súbditos ó ciudadanos por la Constitución ó por las leyes.

ART. VI. Los beneficios derivados del presente Convenio á los nacionales de ambos Países Contratantes serán únicamente aplicables á los países de lengua española que, en su legislación interior ó mediante Convenio, concedan las mismas ventajas á los diplomas ó títulos académicos ó profesionales expedidos respectivamente por cada uno de ellos.

ART. VII. La duración del presente Convenio será de diez años, á contar desde la fecha del canje de ratificaciones del mismo, y si para entonces no hubiere sido denunciado por ninguna de las Partes Contratantes, subsistirá por otros diez años, y así sucesivamente.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Convenio, por duplicado, poniendo en él sus sellos, en Madrid, á 5 de Mayo de 1905.

(L. S.) — W. de Villaurrutia.
(L. S.) — A. Membreño.

El presente Convenio ha sido ratificado, y las ratificaciones, canjeadas en Madrid á 16 de Julio de 1906».

22 de Agosto actual. — (Gaceta del 24.) — De la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:

«Nota bibliográfica de una obra impresa en castellano en el extranjero, que D. Angel de San Martín, del comercio de libros de esta capital, en nombre y representación de los Sres. Benziger et Co. S. A. de Einsiedeln (Suiza), desea introducir en España, después de haber cumplido con las formalidades prevendidas en el Decreto-ley de 14 de Septiembre de 1869 y Real orden de 19 de Mayo de 1893.

«Almanaque de la Familia Cristiana para el año de 1907». Año décimoctavo. — Establecimientos de Benziger et Co. S. A. Einsiedeln (Suiza). — Un vol en 8.º con 72 páginas, 16 de anuncios, grabados y una lámina al cromo.»

De primera enseñanza.

25 de Junio último. — (No publicada en la Gaceta). — Real orden del Ministerio de la Gobernación al Gobernador civil de Oviedo, que es como sigue:

«Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaviciosa contra la providencia de ese Gobierno, que ordenó fuese satisfecha á Don Juan Serrano, Profesor de Instrucción pública que fué de dicha localidad, la jubilación que se le había concedido y se incluyera en presupuesto:
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Resultando que la Alcaldía, en 21 de Junio de 1904, faltando á lo dispuesto y repetidamente mandado, elevó directamente a este Ministerio recurso de alzada contra la providencia de ese Gobierno, fecha 3 del mismo mes, en virtud de la cual se advertía el deber en que estaba de incluir en el presupuesto adicional la consignación necesaria para satisfacer al Maestro jubilado D. Juan Serrano, el importe de la pensión que por tal concepto le fué reconocida en 13 de Octubre de 1901:

Resultando que de los documentos que á dicho escrito acompañan, aparecen la solicitud del interesado fecha 25 de Mayo de 1901, solicitando de la Corporación se formara el opportuno expediente para los efectos prevenidos en el Real decreto de 2 de Mayo de 1858; el acuerdo de la Junta municipal de 4 de Agosto de 1901, desestimando la petición; el oficio de ese Gobierno, fecha 10 de Octubre de 1901, en el que de acuerdo con la Comisión provincial revocaba el de 4 de Agosto anterior, adoptado por la Junta municipal, y declarando que el Sr. Serrano tenía derecho á percibir del Ayuntamiento de Villavicosa la pensión que le correspondía con arreglo á la legislación vigente, como Maestro jubilado de la primera Escuela de niños de dicha villa; el acuerdo del Ayuntamiento de 13 de Octubre de 1901, en cuya sesión se decidió, por ocho votos contra dos, conformarse con lo dispuesto por el Gobierno, y, por último, del oficio de dicha Autoridad de 3 de Junio de que antes se ha hecho mérito:

Resultando que la Alcaldía, al recurrir en alzada, une á su escrito, además de los antecedentes dichos, una certificación del acuerdo de la Municipalidad autorizándola para ello, y cuyo acuerdo adoptó en consistorio de 19 de Junio:

Resultando que el dicho recurso se funda en que si á las Juntas municipales únicamente corresponde el conocimiento de todo lo que constituye como gasto una obligación del presupuesto municipal, estuvo en sus atribuciones en negar la pensión, y á ella debió notificarse la resolución del Gobierno civil revocando su acuerdo para que esta Corporación, ó sus individuos en particular, pudieran entablar el recurso de alzada si creían lastimados sus derechos, y no el Ayuntamiento, como se hizo, el que prestó conformidad á la expresada resolución gubernativa, privando así á los primeros del derecho que las leyes le conceden; que por la Real orden de carácter general, declarada en 1.º de Junio de 1886, para aclarar el estado creado por las leyes municipales de 1870 y 77, se estableció que si bien los Ayuntamientos pueden conceder pensión es teniendo en cuenta los servicios prestados por el solicitante, no puede en manera alguna considerarse que tal facultad supone la obligación de otorgarla necesariamente; que no es necesaria la aprobación del Gobernador en tales acuerdos por ser de la exclusiva competencia de las Juntas municipales, y sólo podrá la referida Autoridad, al aprobar los presupuestos, examinar los títulos en que se funda
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toda nueva pensión y si está ajustada á las reglas establecidas; y por último en que los derechos pasivos á que los Maestros pueden aspirar se hallan debidamente declarados en la ley de 16 de Junio de 1887 y reglamento de 25 de Noviembre del propio año, y los concedidos con arreglo á estas disposiciones son compatibles con los que puedan corresponderle por los Montepíos municipales, con lo cual se evidencia de un modo claro que sólo tendrán derecho aquéllos á los haberes pasivos de los Municipios cuando en éstos existan expresados Montepíos y á ellos contribuyan aquéllos, como sucede en los casos de la R. O. de 30 de Octubre de 1890 y sentencia de 30 de Noviembre de 1891, concediendo derecho á jubilación á los Maestros de esta Corte por hallarse en las condiciones anteriormente expresadas, y por todo ello adoleciendo, á su entender, de vicios de nulidad la resolución de ese Gobierno revocando el acuerdo de la Junta municipal, por ser la materia de que se trata de la exclusiva competencia de ésta; que el Ayuntamiento no puede por sí solo prestar conformidad á la resolución de ese Gobierno, porque privando del conocimiento del asunto á quien tuvo perfecto derecho para deliberar en pro ó en contra de la pretensión, se le cerraba el camino de entablar el correspondiente recurso; que no estando obligados los Ayuntamientos á conceder las referidas jubilaciones, á no concurrir la circunstancia de existir Montepío en los Municipios, y á su sostenimiento contribuyan los solicitantes, lo que no ocurre en el caso presente, solicita la Alcaldía quede sin efecto la resolución de ese Gobierno declarando subsistente el acuerdo de la Junta municipal denegando la pensión de referencia:

Resultando que la anterior instancia fué remitida á informe de ese Gobierno para su devolución con los antecedentes de su razón, como ha tenido así efecto, remitiéndose el expediente relativo á la jubilación solicitada por el Profesor de instrucción primaria D. Juan Serrano, apareciendo de las manifestaciones de V. S. lo ya expuesto, y, además, que después de haberse concedido la jubilación no se incluyó en presupuestos, produciéndose con tal motivo varias reclamaciones por parte del interesado:

Resultando que éste elevó instancia mostrándose parte en el expediente, documentándola con un oficio de la Alcaldía notificándole el acuerdo del Ayuntamiento de 13 de Octubre de 1901, y con una certificación del acuerdo de 17 de Noviembre del mismo año clasificándole con la pensión de 880 pesetas anuales:

Resultando que este expediente ha sido puesto en audiencia de las partes interesadas, habiendo acudido solo D. Juan Serrano con instancia defendiendo sus derechos y uniéndolo á la misma hoja de servicios:

Considerando que D. Juan Serrano tiene un indiscutible derecho á percibir jubilación con cargo al presupuesto municipal de Villaviciosa, por haber empezado á servir con anterioridad á la Ley municipal de
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1870, cuyo derecho le reconoce el Real decreto de 15 de Marzo de 1888 y sentencias dictadas con posterioridad al mismo:

Considerando que, por tanto, la providencia de ese Gobierno, que estimó su recurso contra el acuerdo denegatorio de su petición, fué justa y legal, y de aquí que no se invadieran por la misma las facultades del Ayuntamiento y Junta municipal al reconocer el derecho del recurrente, toda vez que aquéllas son regladas y no discrecionales:

Considerando que el hecho de haberse notificado al Alcalde la resolución de ese Gobierno no indica que lo fué al Ayuntamiento sólo, pues aquél ostenta como tal el doble carácter de Presidente del mismo y de la Junta municipal:

Considerando que la interpretación que da el Alcalde en su escrito á la Real orden de 1.º de Junio de 1886 no es la verdadera, y á mayor abundamiento no hace al caso, por tratarse de una resolución, no sólo consentida, sino, si cabe, aprobada, pues al darse por interesado el Ayuntamiento reconoció al Sr. Serrano el derecho á ser jubilado, sin que fuera obra para ello la circunstancia de estar ya disfrutando de los beneficios concedidos por la ley de 16 de Junio de 1887 y reglamento de 25 de Noviembre del propio año, cuyos beneficios son compatibles con los que pudieran caberle como empleado municipal, ya que la Real orden de 30 de Octubre de 1890 y sentencia de 30 de Noviembre de 1891 declararon el carácter de empleados municipales á los Maestros de instrucción primaria, sin que quepa distinguir si hubiese ó no constituido Montepío en los Ayuntamientos, pues en este caso hay que partir de la base de que D. Juan Serrano no sirvió con anterioridad á la ley de 1870, y es obligatorio, como queda dicho, y no discrecional, el otorgamiento de pensión según el Real decreto-sentencia de 15 de Marzo de 1888 y sentencias que con él concuerdan:

Considerando que demostrada la legalidad de la providencia recurrida, que no ha hecho más que velar por el cumplimiento de un acuerdo, olvidado sin duda, no obstante las reclamaciones del individuo interesado:

Considerando que, por tanto, la providencia de ese Gobierno en un principio consentida y ahora recurrida, se dictó dentro de sus facultades, no sólo porque el Ayuntamiento, al negar la jubilación á un funcionario que tenía perfecto derecho á ella, infringió las disposiciones legales, sino también porque consecuencia de ello era la inclusión en presupuesto de la cantidad necesaria para satisfacerla, pues de lo contrario sería nominal careciendo de efectividad en la práctica:

Considerando, por lo que respecta á la última resolución de ese Gobierno también ha estado en su lugar ordenando se incluyera en presupuesto la cantidad no satisfecha y la que pudiera corresponder para percibir en lo sucesivo la tan referida jubilación:

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar el recurso de la
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Alcaldía de Villaviciosa contra la providencia de ese Gobierno apelada, conforme en un todo á las disposiciones legales vigentes.»

29 de Julio último. (No publicada en la Gaceta.) — Orden de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes al Rector de la Universidad de Santiago, que dice así:

«Vistos los recursos interpuestos por los Maestros elementales de la Coruña, D. José Martínez, D.a Teresa Torrens, D. Victoriano González, D.a Antonia Font, D. Antonio Canle, D.a Juana Arroyuelo y D.a Adelina Prieto, y de la Maestra superior D.a Francisca Fernández, contra la Orden de esta Subsecretaría de 25 de Octubre último que dejó sin efecto los reconocimientos de derechos hechos á su favor anteriormente; pedido informe al Consejo de Instrucción pública, y de conformidad con el mismo: Considerando que en el Municipio de la Coruña no se han alterado los distritos escolares, y que los 43.058 habitantes que señala el censo oficial, corresponden al casco de la capital, y que ya se les ha expedido título administrativo de 2.000 pesetas á los Maestros elementales y de 2.250 pesetas á la Maestra superior, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por los recurrentes, dejando sin efecto la citada Orden de Subsecretaría de 25 de Octubre de 1905».

30 de Julio último. (Gaceta del 26 del actual.) — El siguiente anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:

«Títulos. — D. Pedro Juan Garau y Estrany acude á este Centro en solicitud de un duplicado del título de Maestro elemental que se le expidió en 9 de Noviembre de 1902, y que se le ha extraviado.
Lo que se hace público por medio de este periódico oficial á los efectos del Real decreto de 27 de Mayo de 1855».
— Por Real orden de 21 de los corrientes ha sido desestimada la pretensión de que fuera reducida á elemental la Escuela Normal Superior de Maestras de Ciudad Real.

ASUNTOS DE PERSONAL

NOMBRAMIENTOS

De primera enseñanza.

Don Sebastián Serrano y Godino, Inspector de primera enseñanza de la provincia de León.
— Don Vicente Domenech, Maestro de Torrijo del Campo (Teruel), con 825 pesetas de sueldo, en virtud del Real decreto de 31 de Mayo
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de 1902, y por igual medio y con el mismo sueldo, D.a Marciala Negueruela, para Fuenmayor (Logroño).

— Por el Rectorado de Santiago se han expedido los siguientes nombramientos: Para la provincia de Lugo.—Maestros: D. Luciano Carballo, para Piedrafita; D. Pedro Benigno Vázquez, para Monterroso; D. Pedro Pardo, para Mantín; D. José Manuel Díez, para Lourido y Orrea; D. Dositeo Fraga, para Toz; D. José B. Pousa, para Salcedo; D. Clemente Galán, para Banós; D. Ramón Amor, para Sante; D. Valentín Souto, para Allonca; D. Alfredo Nájera, para Nodar; D. José Tremoleda Barceló, para Alvaré y Fuenmiñana; D. Casimiro Aballe, para Ousende, y D. Enrique Salas, para Juances.—Maestras: D.a María del C. Sánchez Vaamonde, para Láncara; D.a Balbina López Chico, para Pol; D.a María del C. Rodríguez, para Monterroso; D.a María Elisa Cortiñas, para Paradela; D.a Ana María Conde, para Jove; D.a María Josefa Buján, para Cospeito; D.a Josefa Guitián, para Trigas; D.a Elisa Agote, para Cereijado y Palacios, y D.a Eulogia Ves Durán, para Donís.

Para la de Orense.—Maestros: D. Manuel Rodríguez Pérez, para Puentedeva; D. Antonio Deza, para Melón; D. José Cid, para Mezquita; D. José Rubayo, para la Auxiliaría de Ribadavia; D. Francisco L. Suárez, para Riocaldo; D. José Alvarez, para Nocelo da Pena; D. José Ramón Sanfiz, para Rocas de Abajo, D. Antonio Rollón, para Medos y Villardá; D. Delfín Penín, para Fuentearcada; D. Evaristo Prada, para Jagoaza; D. José Pérez Aguilar, para Carrajo; D. Luis Santos Fernández, para Santa Eulalia, y D. Aquilino Pérez Rojo, para San Ciprián.—Maestras: D.a Vicenta Rodríguez Vázquez, para Villar de Barro; doña Dolores Enríquez, para San Mamed; D.a Teresa Espiñedo, para Sadournin; D.a María del Pilar Vázquez, para Fronge; D.a María de los Dolores Bouza, para Couso; D.a Cayetana Sofía Feijóo, para Potendes; doña Julia Rey Vázquez, para Albarellos; D.a María Josefa Álvarez, para Chaveán; D.a María Cabido, para Villamayor; D.a Ramona Cid, para Varón; D.a María Araujo, para Prado; D.a María del Consuelo Feijóo, para Rebardechac; D.a Gerarda F. Rodríguez, para Solveira; D.a Inocenta del Hoyo, para Marrubio; D.a Desamparados González, para Portela, y D.a Vicenta Fornela, para San Adrián de Cejo.

Para la de Pontevedra.—Maestros: D. José M. Ledo, para Valeije; D. Domingo Sierra, para Morgadanes; D. Ramón Carril, para Salgueiros; D. Ramón Pérez Lema, para Chapa; D. Enrique Amado, para Quintela; D. Nicolás J. Rodríguez, para Gargamala, y D. Juan G. Piñeiro, para Rivelá.—Maestras: D.a Agustina Lamas, para Combarro; D.a María Laura Lago, para Golada; D.a María Dosinda Vendía, para Darbo; D.a Flora Ruiz, para Nogueiras; D.a María N. Ares, para Bayón; doña Lucrecia Alvarez, para la de Grul de Bembrive; D.a Dolores Estévez, para Tamames; D.a Serafina Setién, para Moreira, y D.a María Benita Rajó, para Brocos.
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—Para la provincia de Soria, por resultas del último concurso único:
D.a María Beltrán Romero, de Galapagares; D.a Concepción Muñoz, de Sotillo de Caracena; D.a Margarita Llorente, de Valdelavilla; D. Antonio Viñuals, de Borjabad; D. Francisco Beltrán Pasis, de Valdelagua, y D. Francisco Lacalle Rodríguez, de Aylloncillo.

VACANTES POR DEFUNCIONES Y CESES

La Escuela de niñas de Zarratón (Logroño), con 625 pesetas, por ascenso de la Maestra.
— La de niños de Remolinos (Zaragoza), con 625, por igual motivo.
— Una plaza de Profesor de Pedagogía en el Instituto de Albacete, por traslado del que la desempeñaba, y otra de Ciencias de la Normal de Alicante, por defunción de D. León Ricart y Balbastu, que la servía.
— De la provincia de Soria: Agreda (niños), Dévanos, San Felices (niños), Valdemoro, Villar del Campo, Somaén, Abenales, Yelo (substitución), Lodares del Monte, Bordegé, La Cuenca, Nódalo, Rebollo, Barcebal, Castillejo de Robledo (niñas), Nafría de Ucero, Torremocha, Valdeavellano de Ucero, Tapiela, Nieva, Omeñaca, La Cuesta, Duruelo (niñas), Ledesma, Espejo, Villanueva de Zamajón, Villaciervos y Valdelagua.
— Una plaza de Profesor de Ciencias de la Normal de Córdoba, por defunción de D. Juan Pulgar y Alonso.

QUINQUENIOS Á PROFESORES DE ESCUELA NORMAL

Han sido concedidos: el primero, á D.a Magdalena Fuentes, Profesora de la Escuela Normal de Madrid; D. Lorenzo Niño, de Salamanca; D. Federico López, de León; D. Cecilio Rodríguez, de Córdoba; D. José García y García, de Granada, y D. Gervasio Plaza, de Pontevedra; y el cuarto, á D.a Encarnación del Águila y Sánchez, de Sevilla.
— También se ha concedido, el tercero, á D. Miguel Granell, del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos.

ASOCIACIONES DE MAESTROS

La del partido de Cambados (Pontevedra).

Acuerdos tomados por la Junta directiva en sesión de 11 del actual:
1.º Enterarse de si la Junta de gobierno de la Asociación provincial cumplió la promesa que hizo en el mes de Mayo último, de ingresar en la Nacional del Magisterio Primario; y en caso negativo, remitir á la Asociación Nacional el importe de las cuotas y títulos de socios de la misma, de todos los Maestros inscriptos en esta parcial del partido de Cambados.