Suplemento a La Escuela moderna (1900-12-04 00:00:00), página 9

prestado muchos y grandes servicios, aunque yo no dudo que en algunos casos y capitales hayan realizado abusos; pero, en fin, el tratar de esa materia sería ir al fondo del asunto, que yo no puedo tratar en este momento. Por ahora me bastará consignar que, en mi opinión, la educación pública no es función del poder central, pero que tampoco es función del Municipio, ni de la Iglesia, ni de ninguna Corporación, sino que es una función social que incumbe y que no puede menos de desempeñar toda sociedad culta; pero cuando se trata de una sociedad como la nuestra, poco culta, con 11 millones de 18 que no saben leer ni escribir, entonces, al Estado incumbe dirigir y ejecutar.

Hay que ir, pues, Sr. Ministro, á la incorporación de esta obligación al Estado de una manera franca, leal, decidida y completa, quizá como quiere S. S., pero como no quiere, por ejemplo, el Sr. Ministro de Hacienda; y esta obra es tan fundamental, que no puede ser resultado de una Real orden ni de un Real decreto de un Ministro, sino que ha de serlo del Ministerio entero; es obra á la que hay que ir francamente, como fué en 1886 el Sr. Montero Ríos y como fué en 1888 el Sr. Canalejas, pero no como va S. S., y para convencerse de ello, basta leer el artículo 1.º de su Decreto, que dice: «El Estado se hace cargo de las atenciones de primera enseñanza, previo el ingreso de la recaudación de los Municipios en las Cajas del Estado», que es como si yo dijera: me hago cargo de pagar al Sr. Ministro de Instrucción pública con los ingresos que me dé el Habilitado de su Ministerio. Pues para ese viaje, me diría S. S., suprimo á S. S., y que me pague el Habilitado directamente.

¿Pero S. S. cree que va á poder pagar á los Maestros? Pues yo creo que no, porque ni el Real decreto del Ministerio de Hacienda, ni la Real orden de S. S. de 8 de Agosto están hechos para poder llegar á ese fin; como que están hechos todos por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, y podrá citar el nombre del empleado que los ha hecho. Pues yo digo á S. S.: ¿es que va á pelear con el Ministro de Hacienda y á sostener una lucha titánica con los Delegados é Interventores, los cuales someterán todas esas disposiciones al régimen burocrático é inflexible de la Hacienda? Esto no puede ser, porque cuando se trata de 25.000 Maestros repartidos en 10.000 pueblos; cuando se trata de Maestros, unos con 125 pesetas, otros con 250, otros hasta 2.000 pesetas; cuando se trata de Maestros, unos sustitutos y otros propietarios, de Maestros que cobran unos alquileres y otros no, y además con ó sin retribuciones, no es posible, señores, que la incorporación al Estado se haga por un Decreto y no se haga merced á un estudio serio y reflexivo, en el cual intervengan las Cámaras y pueda después decirse: hace falta tanto para pagar los Maestros y afrontar el problema, pues yo soy de los que creen que se debe pagar á los Maestros por el Estado; pero no decir, como algunos, que el Estado se reintegrará de los Ayuntamientos, no; sino diciendo: hay que elevar el presupuesto, aumentando los sueldos y acumulando á éstos las retribuciones; en total, unos 35 millones.

De suerte que, si el Estado se hace cargo de las atenciones de primera enseñanza, es, no para reintegrarse, sino para pagar lo que debe pagarse. Quizá S. S. dirá que eso no puede hacerse, y acaso yo tampoco podría hacerlo, aunque me hallara en el sitio de S. S.; pero si no puede hacerse eso, vuelvase al Decreto del Sr. Cánovas del Castillo. Su señoría ha rendido un homenaje de gratitud á aquel ilustre hombre público, y yo en este punto tengo que rendirme mayor; pero siento tener que decirlo, porque puede parecer modestia por parte mía por una razón: porque S. S. no sabe quién es el autor real y efectivo de ese decreto: pues es el Diputado que se dirige á la Cámara en este momento. Y