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ña en todas las esferas de la Administración. Procediendo mancomunadamente y dando muestras de la unión que hace falta á nuestra clase, teníamos que acudir á la Dirección general, y aquí los aumentos de sueldo llevan aparejados los de categoría, si el aumento es de tanta monta que pueda aliviar algo la precaria situación de los solicitantes.

Y cuenta que pedimos 275 pesetas de aumento anual, que, después de descontado lo que habría de corresponder á pasivos, daría un aumento diario de 0,68 pesetas.

¿Qué le parece á Vd. que dirían las potencias extranjeras al enterarse de la petición y al saber que, aun siendo tan modesta, tiene enemigos profesionales? ¿Qué dirían al saber que muchos de los que piden habitan en poblaciones de más de 40.000 almas? ¿Qué dirían, por último, al saber que tal aumento no perjudica derechos adquiridos, único fundamento que podría tener la oposición?

Porque voy creyendo que este último aserto lo comprenderían antes que el Sr. A.

Y pasemos á los fundamentos de nuestra solicitud.

Los Auxiliares que ingresaron antes del Reglamento están como estaban.

Los que ingresaron durante la validez del art. 4.º, están mejor que los primeros por causa de la arbitrariedad del mismo.

Esto es tan injusto ó más que el art. 4.º

De una misma ley no puede admitirse, en buena lógica, que nazcan derechos tan opuestos.

Ejemplo: Un Maestro ó Auxiliar de 1.100 pesetas ascendió por concurso á 1.375 durante la existencia del citado artículo. En virtud de la derogación del mismo fué trasladado fuera de concurso á una Escuela donde disfruta todos los emolumentos. El otro, el más antiguo, continúa preterido si en los posteriores concursos no ha podido conseguirlo mismo. Son muchos los que no lo han conseguido.

Todo esto quiere decir que debieron ser trasladados todos.

Respecto á los que ingresamos después, tenemos lo que nos ofrecieron.

Pero si en la publicación del repetido artículo estaban tan reñidos el espíritu y la letra, y era, por tanto, necesaria y justa su derogación, ¿vamos á concluir de aquí, como explícitamente manifiesta el Sr. A., que sea injusto el derecho que se concedió á los Auxiliares?

No, y mil veces no.

La determinación era la injusta, porque no se aplicaba á todos por igual; ni á Maestros ni á Auxiliares. Un Maestro que tenía la retribución concertada no tenía que dar participación á los Auxiliares; y un Maestro que las percibía directamente, tenía que ceder la tercera parte.

¿Será injusto para alguien que la remuneración de un trabajo eje-
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cutado por dos individuos sea repartida entre ambos proporcionalmente á su jerarquía?

¿Sería justo que trabajando lo mismo acá que acullá, los de aquí fueran declarados por la misma ley de peor condición que los de allí?

Y como así lo ordenaban, esta es la injusticia, la arbitrariedad, la perturbación.

Por otra parte:

Esa concesión, ese derecho, como todos los del Reglamento de Auxiliares, ¿fueron obra caprichosa de un Ministro, ó estaban inspirados en la necesidad de normalizar y mejorar la existencia del Cuerpo de Auxiliares?

¿Han desaparecido, por fortuna, en su totalidad las causas que lo motivaron?

Y si no han desaparecido, ¿es inusitado aspirar al mejoramiento fundándonos en que, por la causa que fuera, quedó incompleta la obra del Reglamento?

Vea el Sr. A. cómo, á mi juicio, los que ingresaron antes de la publicación del Reglamento piden algo que existió para ellos, y cómo los que ingresamos después no asentamos argumentos sobre ideas tenidas por injustas.

No entendía lo dicho por el Sr. A. cuando escribió que no queríamos pedir cambio favorable en nuestra manera profesional de existir, porque las manifestaciones que ha hecho posteriormente están muy en contraposición con las que en su trabajo manifestaba.

Y digo esto porque, siendo ardiente defensor de los derechos adquiridos, nos quiere dar algunos que, si no restan la hoy indiscutible autoridad del Maestro, nos autorizaría legalmente á disputársela en las ocasiones extremas.

No sólo de pan vive el hombre; y si se fija el que leyere mi anterior remitido, verá cómo no lo hago depender todo de un puñado de pesetas.

Contestaremos, para terminar, á las preguntas que el Sr. A. nos dirige. Para la marcha de la enseñanza en la Escuela no debe legalmente ser consultado ú oído el parecer de los Auxiliares. Sin embargo, y dicho sea en honor de los que así lo hacen, en la mayor parte de los casos se procede de acuerdo y son escuchadas y atendidas las observaciones y siempre respetadas las razonadas alteraciones que los Auxiliares practican en el desarrollo de la enseñanza.

Para honra de la clase debemos afirmar que son escasos los Directores despóticos.

No se deduce de aquí que abdiquemos nuestras aspiraciones. Con la ayuda de los Maestros primeros perseveramos con ahínco en la mejora de la enseñanza, persuadidos de que ésta traerá la nuestra, siendo, por consiguiente, nuestra bandera.

Ya llegaremos.
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Más vale no hablar de los grupos escolares de otros países, porque del parangón resultaríamos más empequeñecidos de lo que estamos, aunque la mayor parte de la culpa no corresponda á los Maestros.

Y á propósito, ¿crée el Sr. A. que si procediéramos siempre con la unidad de criterio que hemos procedido los dos, adelantariámos un sólo paso?

¡Lástima grande que por necesidades de ajuste haya sido publicado su trabajo inmediatamente después de la hermosa Circular de los Maestros valencianos!

Porque forman singular contraste.

R. M. G.,
Auxiliar de las Escuelas públicas de Cádiz.

NOTICIAS É INFORMACIONES

Como al escribir la información del anterior número esperábamos que sucedería, ha sido resuelta satisfactoriamente la cuestión del descuento á los Maestros de primera enseñanza en el seno de la Comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados.

Teniendo esta Comisión en cuenta los antecedentes del asunto, que en cierto modo constituyen un estado legal, parece que de acuerdo con el Sr. Ministro de Hacienda, ha acordado exceptuar del descuento que, según el proyecto de ley sobre utilidades, debía gravar el haber de los Maestros.

Todo hace creer que este acuerdo prevalecerá en las Cortes, por lo que puede tenerse como definitiva la excepción. No es presumible, ni remotamente, que haya Senadores ni Diputados que se opongan á ella, una vez aceptada por el Gobierno.

Excusado es decir que celebramos la solución que ha tenido el asunto, por más que la esperásemos.

Nuestra enhorabuena al Magisterio primario.

*

Escrito lo que antecede, leemos que, en la sesión del día 1.º del Congreso de Diputados, declaró el Sr. Ministro de Fomento, contestando á preguntas que en sesiones anteriores le había dirigido el Sr. Vincenti, que los maestros están exentos del descuento de utilidades.

Asunto terminado, pues, y muy satisfactoriamente.
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La Gaceta de Madrid ha publicado un Real decreto disponiendo que rijan los presupuestos del año económico que acaba de terminar mientras las Cortes resuelven acerca del proyecto que ha sometido el Gobierno á su examen y deliberación.

Hasta que este proyecto sea ley, todo seguirá lo mismo, salvo en lo concerniente al impuesto de Guerra, que queda suprimido. El recargo transitorio continúa por ahora subsistente.

Así, pues, la única alteración que hay que hacer en nóminas, libramientos de material, etc., es la de eliminar el supradicho impuesto de Guerra, cualquiera que sea la forma en que se tribute (descuento, sellos de guerra, etc.)

Muchos suscritores nos preguntan cuándo empezarán las anunciadas oposiciones para proveer varias plazas de Profesores de Escuelas Normales de Maestros.

Hemos procurado informarnos de ello y nada hemos sacado en limpio.

Según las disposiciones legales aplicables al caso, los Tribunales han debido nombrarse una vez terminado el plazo para la admisión de solicitudes. El plazo terminó el 2 de Junio próximo pasado, es decir, hace ya un mes, y los Tribunales no han parecido por parte alguna.

Una vez que aparezcan en la Gaceta se abrirá un plazo de diez días para que pueda hacerse la recusación de los jueces, y si lo fuese alguno, habrá que proceder á su reemplazo.

Si á esto se añade que nos encontramos ya dentro del período de las vacaciones, no creemos decir nada fuera de lugar si afirmamos que las oposiciones en cuestión no podrán empezar hasta Octubre; pretender comenzarlas antes sería ganas de perder el tiempo.

* *

En cuanto á los concursos para proveer plazas de Profesores en las mismas Escuelas... nada tenemos hoy que añadir á lo que dijimos en el número anterior.

El decreto del Ministerio de Fomento, fecha 9 de Junio próximo pasado (véase el SUPLEMENTO del 20), sobre licencias, sustituciones y jubilaciones por imposibilidad física, ha sido generalmente bien recibido por su tendencia descentralizadora, por los beneficios que de él pueden reportar algunos Maestros, y por lo que puede contribuir á cortar abu-
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sos, de todos conocidos, y á aliviar los fondos pasivos del Magisterio.

Lo concerniente á aplicar sus disposiciones á los expedientes en trámite sobre jubilaciones por imposibilidad física, pudiera resultar duro en algunos casos, por lo que merece un examen más detenido del que ahora podemos hacer.

Fuera de esto, nos parecen bien y acertadas, por lo general, las disposiciones del decreto.

En los debates que estos días ha habido en las Cortes sobre las reformas del Sr. Marqués de Pidal, se ha hablado, haciéndoles justicia, de personas que á veces han sido maltratadas por ciertos Maestros, que son los que precisamente debían estar mejor enterados. Y como los oradores que han intervenido en la discusión son, para el caso, autoridades irrecusables, estimamos que es deber nuestro el transcribir sus palabras.

Decía el Sr. Vincenti en el Congreso:

«El Sr. Ministro de Fomento, Sagasta, lo que hizo fué cumplir la ley y cumplir con el decreto del Sr. Gamazo. (El Sr Ministro de Fomento: Justamente.) Pues cumplió con la ley votada aquí, que prevenía que se diese la propiedad de las cátedras á los Profesores interinos que veían desempeñando sus plazas desde hacía tiempo, y en virtud de ella nombró á los Sres. Sardá y España, y vea S. S. los siguientes datos:

»D. Agustín Sardá fué confirmado en el cargo de Profesor de la Escuela Normal Central por el Sr. Sagasta, con fecha 18 de Noviembre último, en virtud de la 6.a disposición transitoria del decreto del Sr. Gamazo, pues el referido Sr. Sardá es de los pocos Profesores que quedan en las Normales que ingresaron por oposición; y después lo confirmó en el cargo de Director de la referida Escuela Normal Central (cuyo cargo venía desempeñando con carácter de accidental), ateniéndose estrictamente á lo dispuesto en el art. 97 del decreto del Sr. Gamazo, que dice:

»Art. 97. El cargo de Director de la Escuela Normal Central de Maestros deberá recaer precisamente en Consejeros de Instrucción pública, en Catedráticos numerarios de la Universidad ó de los Institutos de Madrid que cuenten más de diez años de antigüedad en el Profesorado, ó en Profesores de la Escuela que hayan obtenido su plaza por oposición y lleven, por lo menos, el mismo número de años de ejercicio.

»Así, pues, el Sr. Sardá reune, no una, sino dos de las condiciones citadas, pues cuenta con más de veinte años de Profesor por oposición, y es Consejero de Instrucción pública.»
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El Sr. Marqués de Pidal, hablando en el Senado de la supresión de los exámenes, de la que es partidario, decía, á su vez, lo siguiente:

«Me refiero, entre otras, si no á la supresión, á la transformación de los exámenes. Por ella claman muchas personas, y no del lado que se puede suponer más afecto á mí; por ella claman el Sr. Salmerón y los krausistas que hay en España, que, como he dicho, son los únicos casi que se ocupan en estas cuestiones de enseñanza, al lado de otras personas, no muchas, de ideas diferentes. Nada de esto he querido incluir en mi reforma, dejándolo para un proyecto de ley que pueda discutirse despacío.»

Y más adelante añadía, dirigiéndose al Sr. Fabié:

«Su señoría, para justificar esa carta tremebunda é inaudita, de cuya gravedad creo que no se da cuenta, ha tenido que exponer algunas razones, y una de las que ha expuesto para calificar de reaccionario el decreto, es la de que se trataba de suprimir los exámenes; y aparte de que en el decreto no se suprimen los exámenes, digo que la petición de suprimirlos la hacen los Sres. Posada, Cossío, Salmerón y otros, y que puedo traerle á S. S. los textos. ¿Cómo es posible llamar por eso reaccionario á un decreto?»

Se habla con insistencia en punto donde se tienen buenos informes de un Decreto modificando el del Sr. Gamazo sobre la Inspección de la primera enseñanza.

Y es lógico pensar que á esto se deba el que no se hayan provisto aún las Inspecciones vacantes y no se haya cursado algún nombramiento de que hemos dado cuenta.

El Decreto disponiendo que sigan rigiendo los presupuestos del año económico que acaba de terminar ha suscitado algunas dificultades respecto del personal de las Escuelas Normales.

Como quiera que se han hecho y se están haciendo (amén de las correspondientes cesantías) los nombramientos de Profesores con arreglo á las plantillas de la reforma del Sr. Gamazo y por dicho Decreto siguen rigiendo las antiguas, la Ordenación no podrá pagar sino con arreglo á estas últimas, con las cuales no concuerdan los nombramientos últimamente hechos; y de aquí el conflicto, que por lo pronto es difícil de solucionar.

Algo parecido debe acontecer con los Inspectores.

El Ayuntamiento de la ciudad de Toledo ha acordado consignar en
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sus presupuestos la tercera parte del sueldo fijo que disfrutan sus Maestros, en concepto de retribuciones para los mismos.

Ejemplo digno de ser imitado por muchas Corporaciones municipales es el acuerdo en cuestión, que honra al Ayuntamiento que lo ha tomado, y por el que pone de manifiesto su deseo de contribuir al mejoramiento de una clase tan pobemente retribuida en nuestro país.

Llamamos la atención de quien corresponda acerca de lo que ocurre con D. Ricardo Navarro y Rodríguez. Contra lo terminantemente prescrito en el art. 1.º de la ley de 23 de Julio de 1895 se le privó de la Secretaría de la Junta provincial de Instrucción pública de Orense. A juzgar por cierta autorización concedida, cabe el temor de que le suceda lo propio respecto de la de Castellón. ¿No habrá medio de que se haga justicia al Sr. Navarro y punto final en esta clase de abusos?

Nos escriben de la provincia de Pontevedra que aquel Sr. Gobernador, obrando, sin duda alguna, con el mejor deseo en favor de los Maestros, advirtió á todos los Alcaldes que no aprobaría sus presupuestos si en ellos no se consignaba la tercera parte del sueldo de dichos funcionarios como compensación de retribuciones á los mismos. Esto está bien y es muy de aplaudir.

Pero es el caso que varios Maestros tienen celebrados convenios con los respectivos Ayuntamientos, que han sido aprobados por la Junta de Instrucción pública, en los que la compensación por retribuciones asciende á más de la tercera parte del sueldo. Y el Gobernador, que no quiere que esa compensación exceda de dicha tercera parte, parece que está dispuesto á prescindir de las disposiciones que rigen acerca del particular —que son muchas y entre ellas una Real orden dictada de conformidad con el Consejo de Estado— y á hacer que se cumpla lo por él acordado.

Estando, como están, los convenios en cuestión aprobados por la Junta provincial, no pueden, con arreglo á las disposiciones aludidas, anularlos los Ayuntamientos; menos creemos que pueda hacerlo el señor Gobernador, que los aprobó como Presidente de la referida Junta. De modo que además de contra lo establecido por las disposiciones legales, va contra la Junta que preside, y, por ende, contra sí mismo.

El caso merece atención y que se haga algo para que el Sr. Gobernador de Pontevedra sepa hasta dónde alcanzan sus atribuciones en la materia de que se trata.
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Escuela de niños, lo cual pudiera crearle alguna dificultad en el transcurso de su carrera y es conveniente, con objeto de evitarlo, aclarar dicha expedición considerándose extendido el título como de Escuela de párvulos, en vez de niños: considerando que al negarse la Junta local á dar posesión á los Maestros D. Raimundo Roca, D. Miguel Batlle, D. Damián Boatella y D. Mateo Ferrán, con sujeción á los nuevos títulos administrativos expedidos á consecuencia de la agregación hecha de los pueblos en donde desempeñaban Escuela á esa población, se funda en que, con arreglo al art. 3.º de la Real orden de 9 de Noviembre de 1892, la nueva dotación asignada á los referidos Maestros no es la que legalmente les corresponde, ni existe razón de ninguna clase que legitime el extraordinario aumento en la categoría de las citadas Escuelas: considerando que, si bien es evidentemente cierto que la disposición en que la Junta funda su negativa establece que cuando el aumento de población dé lugar á que la categoría se aumentase en más de un grado, se expedirá desde luego al que la desempeñaba en propiedad el título administrativo del inmediato superior, ha de entenderse su aplicación á los Maestros que no se hallen en otras condiciones que las de conseguir el grado inmediato superior y nunca á los que estando sirviendo Escuela de categoría inferior á las que les corresponde por haberlas desempeñado, quienes, si en virtud del aumento de población adquieren las Escuelas que sirven la categoría que les pertenece, tienen perfecto derecho á desempeñarlas con el sueldo legal que á las mismas, en razón de censo, se les asigne, sin que los Ayuntamientos ni Juntas locales puedan con motivo alguno reducir la dotación de sus Escuelas á no ser en virtud de expediente justificado: considerando que el Maestro D. Raimundo Roca, que desempeñaba en la época de la agregación la auxiliaria de la Escuela de niños de Sans, dotada con 825 pesetas, había desempeñado con anterioridad la de Junquera (Málaga) con 1.100 pesetas, y por lo tanto, debe considerarse que aquella la servía en comisión, y que el ascenso que debía corresponderle era el de 1.375 pesetas, como así lo entendió la Junta provincial y la Inspección general de primera enseñanza al informar que procedía extender el título administrativo con el indicado sueldo, y así lo acordó la Real orden de 13 de Junio de 1898, cuya disposición debió respetarse por la Junta local, y de no hacerlo, impugnarla en la vía contencioso-administrativa, pero nunca negarse á cumplirla en otro caso, desobedeciendo lo mandado por S. M. y con grave perjuicio para los intereses profesionales del interesado: considerando que el anterior fundamento es aplicable en cuanto se refiere á la negativa de la Junta local de dar posesión á los Sres. D. Miguel Batlle, D. Damián Boatella y D. Mateo Ferrán, con sujeción al sueldo determinado en sus respectivos títulos y nuevos títulos administrativos, puesto que se hallan en el mismo caso que su compañero el Sr. Roca, habiendo obtenido el título de
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2,000 pesetas D. Mignel Batlle, porque desde 22 de Mayo de 1888 se halla en posesión del de 1.650 pesetas, á pesar de que como Maestro de la Escuela de Sans ha venido disfrutando 1.375, D. Damián Boatella porque además de haber desempeñado Escuela de 1.650 pesetas desde 26 de Mayo de 1887, ha disfrutado 2,000 pesetas, que es el sueldo consignado en su nuevo título, y D. Mateo Ferrán por venir disfrutando legalmente desde 1.º de Julio de 1878 la dotación de 1.650 pesetas reuniendo las condiciones necesarias para obtener las 2,000 pesetas, todo lo cual resulta de cada uno de los expedientes personales de los interesados; Su Majestad el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se expida nuevo título administrativo, en conformidad á la Real orden de 8 de Junio de 1898, á favor de don José Badía y Giró; aclarar el título expedido á D. Pedro Llenes, considerándose extendido como de Escuela de párvulos en vez de niños, y por último, que se manifieste á V. S. para que lo haga saber á la Junta local la necesidad en que ésta se halla de cumplimentar lo dispuesto en Reales disposiciones dando posesión de las respectivas Escuelas con arreglo á sus mismos títulos á los Maestros D. Raimundo Roca, don Miguel Batlle, D. Damián Boatella y D. Mateo Ferrán. De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta provincial y local, el de los interesados y efectos procedentes.

15 de Junio próximo pasado.—Orden de la Dirección general de Instrucción pública al Rector de la Universidad de Santiago, que dice así:

«Vista la comunicación de V. S., fecha 9 del corriente, consultando á esta Dirección general si pueden ser admitidas á los ejercicios de oposición para mejora de sueldo las Maestras que se hallan en el mismo caso que D.a Laura Tomé Ramos, debo manifestarle que si las Maestras aludidas solicitaron practicar los ejercicios antes de la publicación del Reglamento de 27 de Agosto de 1894, tienen perfecto derecho para ser admitidas; pero si la petición es posterior á esta fecha, deben desestimarse sus pretensiones.

»Lo que digo á V. S. en contestación á la consulta indicada.»

Dirección general de Instrucción pública.—Primera enseñanza.—En la propuesta de concurso de ascenso á Escuelas de párvulos dotadas con 1.375 pesetas, publicada en la Gaceta de Madrid correspondiente al'25 del actual, se dice en la primera línea del estado, en la décima casilla, «Úbeda y otras», debiendo decir «Utrera y otras», cuya rectificación se hace constar á los efectos procedentes.

Madrid, 26 de Junio de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.

(Gaceta de Madrid del 28 de Junio.)

—Por la Dirección general se han pasado al Consejo de Instrucción pública para que los examine y dé dictamen, estos libros: Programas de primera enseñanza y otra obras, de D. Juan Clímaco Arroyo; Historia Sa-