Revista de instrucción pública (Madrid) (1868-10-25 00:00:00), página 14

caso omite otras reformas menos importantes que contiene, diremos sólo algunas palabras sobre una alteración que es de mayor gravedad y trascendencia. La Facultad de Teología, que ocupaba el puesto más distinguido en las universidades en el orden político, no puede continuar a ellas. El Estado, a quien compete únicamente cumplir fines temporales de la vida, debe permanecer extrano á la enseñanza del dogma y dejar que las diócesis la dirijan en sus seminarios con la independencia debida. La ciencia universitaria y la pedagogía tienen cada cual su criterio propio, y conviene que ambas se mantengan independientes dentro de su esfera de actividad. Su separación, sin hacer de las investigaciones lo que exige el cumplimiento de sus fines, no sólo servirá para que no se dañen recíprocamente influenciando tópicos mutuos, sino también para evitar los conflictos que la enseñanza secular ha producido para el gobierno. Suprimida la Facultad en las universidades, el Estado deja de responder de los errores de sus estudiantes, y cierra la puerta á reclamaciones enajenadas que tiene el deber de evitar. La política, pues, de acuerdo con el derecho, aconseja la supresión de una facultad en que sólo hay un corto número de alumnos cuya enseñanza impone al Tesoro público sacrificios penosos, que ni son útiles al país ni se fundan en razones de justicia.

Fundido en las consideraciones expuestas, en uso de las facultades que me competen como miembro del gobierno provisional, de conformidad con el mismo y como Ministro de Fomento,

Vengo á disponer lo siguiente:

Artículo 1.º La sesión apertura del curso académico de 1868 á 1869, se celebrará el día 1.º de Noviembre en las universidades y establecimientos públicos de enseñanza en que no se hubiese verificado.

Art. 2.º En los institutos y demás establecimientos abiertos antes de la revolución, en que se hubiesen suspendido las lecciones, se continuará en el primer día hábil del mismo mes.

Art. 3.º Se derogan los decretos publicados en 9 de octubre de 1866 sobre la organización de la segunda enseñanza, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la de Derecho; el de 24 de octubre que organizó la Facultad de Ciencias y fijó los estudios necesarios para el ingreso en las escuelas industriales y en las de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Minas y de Montes, los de 7 de noviembre de 1866 sobre las Facultades de Medicina y de Farmacia; el de 22 de enero de 1867 sobre el Profesorado, y el de 19 de julio del mismo año sobre el Personal facultativo de las Universidades.

Art. 4.º Se restablece la legislación que regía al publicarse estos decretos, en lo que no se oponga á las disposiciones contenidas en el presente, y á las que se publiquen para su ejecución.

Art. 5.º La enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase.

Art. 6.º Todos los capítulos quedan autorizados para fundar establecimientos de enseñanza.

Art. 7.º La inscripción en la matrícula de los establecimientos públicos no es obligatoria más que para los alumnos que quieran recibir la enseñanza en ellos. No tendrá, sin embargo, obligación de asistir á las lecciones del establecimiento para ser admitidos al examen de las asignaturas en que se hubiesen matriculado.

Art. 8.º Los alumnos procedentes de establecimientos particulares que deseen probar en los públicos las asignaturas estudiadas en aquellos, se examinarán en estos en la forma que prescriban las leyes, satisfaciendo los derechos de matrícula correspondientes.

Art. 9.º Los profesores de los establecimientos públicos calificarán de que haya rigor en los exámenes, para que sean una garantía de la instrucción y capacidad de los alumnos.

Art. 10. Los profesores particulares que tengan los títulos académicos que se exigían á los de los establecimientos públicos, podrán hacer parte de los tribunales que examinen á sus alumnos.

Art. 11. Para obtener grados académicos no se necesitará estudiar un número determinado de años, sino las asignaturas que fije las leyes, sufriendo el alumno un examen riguroso sobre cada una y el general que corresponda al grado.

Art. 12. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos podrán fundar y sostener establecimientos de enseñanza, aquellas con fondos de la provincia y éstos con los del Municipio.

Art. 13. Todos los profesores de establecimientos públicos serán nombrados por oposición.

Art. 14. Se autoriza á los claustros de facultades, Institutos y escuelas especiales para nombrar los auxiliares que crean necesarios para desempeñar las cátedras vacantes y sustituir á los catedráticos cuando éstos no puedan asistir á sus clases.

Art. 15. Los profesores particulares podrán enseñar en los establecimientos públicos con autorización del Claustro de Catedráticos que la concederá, previas ciertas condiciones que determinará un reglamento especial.

Art. 16. Los profesores podrán señalar el libro de texto que se halle mas en armonía con sus doctrinas y adoptar el método de enseñanza que crean mas conveniente.

Art. 17. Quedan relevados de la obligación de presentar el programa de su asignatura.

Art. 18. Se les releva igualmente de la de usar el trago académico en la cátedra, exámenes y demás actos literarios.

Art. 19. Se suprime la facultad de Teología en las Universidades: los Diocesanos organizarán los estudios teológicos en los Seminarios, del modo y en la forma que tengan por más convenientes.

Art. 20. El cargo de Rector se ejercerá por un Catedrático de la Universidad respectiva, nombrado por el Gobierno.

Art. 21. Se suprime la investidura de los grados de Bachiller y de Licenciado.

Art. 22. Los ejercicios del Doctorado podrán verse reforzarse en todas las Universidades, y la investidura se hará en la forma establecida actualmente para los grados de Licenciado, pero en nombre de la Nación y sin exigir juramento á los candidatos.

Art. 23. El Gobierno presentará á las Cortes un proyecto de ley sobre la enseñanza pública y privada.

Madrid 21 de octubre pe 1869.—El Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla..