Revista de ciencias y letras (1896-08-05 00:00:00), página 4

cultades privilegiadas por el decreto de 1892, no es la más apropiada, gramaticalmente hablando, puesto que nos dedicamos á la enseñanza al amparo de un Real decreto de tanta validez como el de 1892, y por consecuencia no vemos ese intrusismo.

Dicen ustedes que usurpamos un derecho, y tampoco es cierto; porque si se examina bien el asunto, se verá que al privar del modo de vivir á los que nos dedicamos á la enseñanza al amparo de un decreto, no solamente no somos nosotros los usurpadores, sino antes bien, somos los usurpados.

No creemos que sólo en los Colegios de los asociados nuestros existan colegios de perro chico, puesto que tanto en unos como en los otros existe de todo, so pena de que por ser licenciado en Ciencias ó Letras el director, cada alumno valga por diez.

En cuanto á decir que queremos tener el campo libre para poder sustituir á última hora un profesor por un licenciado, que por unas cuantas pesetas nos saque del apuro, no sabemos si hay quien lo hace; pero de todos modos creemos que es peor que comprar el venderse.

¿Se extraña de que deseemos concordia? Pues no creemos que sea otro nuestro deseo cuando no tratamos de quitarles nada y acatamos hasta con gusto el decreto de 1892.

Ahora bien; lo que pedimos, y no descansaremos hasta lograrlo, es que el decreto de 1892 no tenga efecto retroactivo, puesto que la ley y el Consejo de Instrucción pública nos protege.

Ustedes evocan al elemento oficial para que juzguen; nosotros hacemos lo mismo, con la inmensa diferencia de que respetamos á ustedes en su derecho y ustedes nos usurpan un derecho creado al amparo de un decreto.

Esperando que con la publicación de esta carta, que no dudamos de usted obtener ese favor, termine este asunto, se repiten suyos afectísimos atentos servidores q. b. s. m.—Por la Comisión, Antonio Moreno.

Discusión terminada.

Igual deseo que el comunicante y la Comisión, en cuyo nombre habla, tenemos nosotros, pues estamos seguros de que no hemos de convencer á los que voluntariamente se resisten á confesar su falta de derecho, y por tanto, procuraremos en pocas palabras terminar esta larga polémica, que no puede tener satisfactorio desenlace mientras nuestros adversarios no abandonen las pretensiones que sostienen.

El terreno á que acuden los profesores españoles en su último comunicado es el de la legislación, y á él vamos á ir nosotros para probarles cuán equivocados están al querer fundar su pretendido derecho sobre bases deleznables.

Dejando, pues, á un lado la rectificación que suponen hacer, afirmando que sus asociados todos tienen títulos suficientes para formar parte de los Tribunales de examen, cosa con la que no podemos estar conformes puesto que nos consta que entre ellos existen quienes no tienen título alguno, y entendemos además que el título de maestro de primera enseñanza que ostentan varios de ellos no puede servir en modo alguno para examinar de segunda, si no es que se inurre en el absurdo de que lo menos sirve para lo más de igual manera que el licenciado no puede aspirar á juzgar á los doctores, vamos al calificado de intrusos que tan impropio les parece y tanto les molesta.

La razón de ser llamados intrusos no es otra sino el empeño que ellos tienen de introducirse en Tribunales para los que no poseen aptitud legal ni académica suficientes. ¿Cómo hemos de llamarles entonces si aspiran á dedicarse á ejercer de examinadores, faltándoles los requisitos que marca la ley?

No tienen competencia científica reconocida por el Estado para lo que ellos pretenden luego cometen intrusión al meterse en lo que no es propio ni privativo de su respectivo título. E igualmente que los comunicantes serían intrusos los de otros títulos si aspiraran á salirse de su peculiar esfera.

Y sigamos el camino que nos trazan los mismos reclamantes.

El argumento aquiles de su equivocado derecho, y en virtud del cual se adornan con el dictado de usurpados, es la publicación del Real decreto de 5 de Febrero de 1886, que se dio contra el art. 151 de la Ley de Instrucción pública de 1857, en cuyo artículo se establecía que los profesores de Colegios privados necesitaban idénticos títulos para ejercer su misión que los que el Estado exigiera á los catedráticos oficiales.

Luego nuestro derecho incontrovertible no arranca del Real decreto de 24 de Noviembre de 1892, sino de la Ley, contra lo que no puede prevalecer un Real decreto.

Luego los verdaderamente despojados éramos nosotros, y los explotadores fueron los que hicieron irrupción en nuestro campo.

Luego el Real decreto de 1892 no se dió sino para restablecer la pureza de los textos legales; luego nuestro derecho es más antiguo y mejor fundamentado que el de los profesores españoles; luego el Sr. Linares Rivas no hizo más que devolvernos lo que un ministro con poca reflexión y lamentándolo posteriormente, nos había quitado.

¿Lo entienden ahora los individuos de la Asociación de profesores españoles?

Por eso cuantas veces con espíritu imparcial y exento de prejuicios y favor estudien un ministro, un Consejo y un Tribunal la cuestión, ésta será fallada á favor de los titulados y en perjuicio de los que carecen de título.

¿Qué culpa tenemos nosotros, ni tiene nadie de que edificaran sobre montón de arena su casa los ad-