Revista de ciencias y letras (1898-01-15 00:00:00), página 4

enseñanza. Sólo así se conseguirá que la Facultad de Ciencias sea lo que debe ser. Medítelo quien deba meditarlo.

FRANCISCO INIGUEZ.

En vista de este artículo, comprenderán nuestros lectores que en el número anterior se puso (Conclusión) por errata.—N. de la R.

A LA BRECHA

Es preciso que los poderes públicos vivan muy alerta si no quieren que decaiga más la Instrucción pública, si de veras desean levantarla de la postración en que hoy se halla, atenuar en lo posible los desastrosos efectos de las corrupciones pasadas y evitar que éstas se reproduzcan en lo sucesivo. Es preciso que los que dirigen la enseñanza tengan en cuenta que los favorecedores de todas las corruptelas, de todas las intrigas, de todos los abusos que se han cometido en el ramo de Instrucción pública y que tan mal parada la han dejado, han tenido sus guarnidas en las dependencias del Ministerio de Fomento, de la Dirección general y del Consejo.

Son muchos los que culpan á los ministros y demás altos funcionarios de los desastres que se vienen comiendo de mucho tiempo á esta parte en el ramo de enseñanza, sin tener en cuenta que los altos poderes raras veces tienen conocimiento de los decretos que firman, y, por lo tanto, que la parte de culpa que les alcanza se refiere sólo á su desidia y abandono, y á que dejan muchos asuntos de su departamento abandonados á algunos empleados subalternos.

Estos son los verdaderos culpables en la mayoría de los casos. Y no somos nosotros los que lo decimos: lo dicen en tono guasón esa caterva de catedráticos simoniacos, que deben sus puestos á las malas artes de varios funcionarios, y lo dicen, haciendo alarde de su poder, los mismos funcionarios protectores de la ignorancia y de la osadía.

Por culpa de aquéllos y por incuria de los ministros, los centros docentes, en su inmensa mayoría, se hallan en poder de gente intrigante y poco escrupulosa, que, por lo mismo que no siente entusiasmo por la cultura patria, ni cuida del esplendor de la cátedra, ni tiene miras muy elevadas.

¿Qué les importa á ciertos empleados que se lleve la enseñanza privada de gente intrusa, sin ninguna garantía de aptitud? ¿Qué les importa que el favor engendre muchos catedráticos oficiales? ¿Qué les importa elevar á cátedras de número á auxiliares sin méritos legales, en detrimento de los licenciados y doctores que trabajan para hacer oposiciones? ¿Qué les importa el nombramiento de interinos para convertirlos luego en definitivos? ¿Qué les importa el introducir en los Institutos á gimnastas que mañana, cuando se haya probado su inutilidad, pedirán cátedras de Lenguas, de Filosofía, de Química ó de cualquier cosa, invocando sus derechos adquiridos? Y ¿qué le importan todos los privilegios ridículos y todos los nombramientos monstruosos al personal de nuestros centros docentes que debe su elevación á la intriga y al favor?

Las continuas polacas que vienen cometiéndose en Instrucción pública y el favoritismo reinante, han cor- rumpido la enseñanza y han desmoralizado al personal docente; lo mismo el que ha ingresado ya por favor en los centros oficiales, que el que, estando fuera, se propone ingresar por favor en ellos. Los primeros se reforzaban por la victoria alcanzada en la lucha de intrigas; los segundos templan las armas innobles del favor, dispuestos á esgrimirlas en la lucha que se proponen emprender para lograr sus fines. ¿Y qué han de hacer estos últimos, sino imitar á los primeros, que les han dado el ejemplo y les han abierto el camino, que, si hoy no es el único, al menos es el más rápido y el más cómodo para llegar á la suspirada cátedra? ¿Y qué es todo esto, sino corromper á los educadores de nuestra juventud?

El estado decadente de nuestra enseñanza y de nuestro Profesorado lo están pregonando á voz en grito algunas publicaciones que se titulan docentes ó de Instrucción pública, redactadas, al parecer, por personas que á la enseñanza se dedican. Pero por poco lince que sea el lector de los periódicos aludidos, no tardará mucho en descubrir que su único objeto es pedir ciertos privilegios odiosos en favor de determinados profesores que se proponen eludir la ley en provecho suyo y en detrimento del Profesorado que se forma y desea vivir á la sombra de la ley.

Se publica un periódico órgano, al parecer, de una Sociedad llamada de profesores españoles. Se nos asegura que dicha Sociedad está formada en su mayor parte por personas que carecen de los títulos docentes que habilitan para dar legalmente la segunda enseñanza. Como consecuencia lógica, el órgano en la prensa de esta Sociedad se limita á pedir en todos sus números y en casi todos sus artículos, el restablecimiento del decreto que dio en 1886 el Sr. Montero Ríos, autorizando para examinar á las personas que carecían de título legal para ello.

El Sr. Montero Ríos, en aquella fecha, no se atrevió á negar á las Órdenes religiosas los privilegios de que aún gozan: prefirió extender á todo el mundo el privilegio ridículo de examinar, y se dió el caso monstruoso de que personas sin ninguna clase de estudios, se sentaran á tribunales oficiales, en calidad de abogados defensores de sus alumnos. Según el decreto de Montero Ríos, un mozo de cuerda, un auriga ó un barberillo cualquiera, podían dirigir Colegios de segunda enseñanza y formar parte de un tribunal de examen.

Este privilegio vergonzoso y depresivo había de terminar y terminó. En 1892 un ministro quiso subsanar el error del Sr. Montero Ríos y dió un decreto prohibiendo tales atentados contra la lógica y la razón. Pero este ministro tampoco se atrevió á cortar por lo sano y dejó en pie el privilegio de las Órdenes llamadas docentes. Los intrusos, privilegiados en 1886, pusieron el grito en el cielo y pidieron el respeto á sus derechos adquiridos, como si el error ó el capricho de un ministro fuesen fuente de derecho y como si los errores, los caprichos y los atropellos de los ministros no fuesen enmendables.

Los intrusos no cesaron de pedir un día y otro respecto á sus privilegios, no á sus derechos, y un ministro débil, para quitarse de encima á los pedigrífeños, les concedió injustamente que los intrusos, directores de colegios antes de 1892, pudiesen continuar llamándose directores de un centro de enseñanza sin haber dado pruebas de su