Revista de ciencias y letras (1896-03-25 00:00:00), página 2

ceder, y hemos de contestar enérgicamente á ellos con el fin de que vea el Sr. Linares Rivas y vean nuestros compañeros cómo, por más que pretendan justificación, no la tienen en buena ni mala lógica los mixtificadores del Real decreto.

Así también la prensa diaria, que se ha ocupado con verdadero interés de esta lucha de la legalidad contra la injusticia y del débil contra el fuerte, hallará nuevo arsenal para ampararnos en nuestro derecho y romper lanzas una vez más en pro de la seriedad y en contra del compadrazgo.

Nunca agradeceremos bastante á los colegas que se han hecho eco de nuestras denuncias, el apoyo valioso que han otorgado á los perjudicados de nuevo, por los que mayor obligación tienen de amparar la razón, que está toda entera de parte de los opositores.

La primera respuesta que han pretendido dar al artículo que insertamos en el número anterior, ha sido ésta, tan peregrina como incongruente.

«Si en los tribunales propuestos figuran catedráticos que no son á los que les correspondía por el número del escalafón, no podrá nadie negar que los nombrados son todos personas dignísimas.»

La contestación se le ocurre á cualquiera.
¿Es que los pretéritos no lo eran?
Porque una de dos: ó los catedráticos nombrados lo han sido para servir á determinados intereses, cosa que nosotros no queremos ni aun sospechar, ó los postergados no reúnan condiciones de imparcialidad, extremo que rechazamos con viveza, y del que el profesorado todo, unánimemente debe también protestar con todas sus fuerzas

Además, al más miope se le ocurre que nadie falta á la ley por el mero capricho de vulnerarla, y por tanto, no es susceptibilidad exagerada la suposición de que el no designar los catedráticos cumpliendo el decreto del señor ministro, obedece á deseos de favorecer á ciertas y determinadas personalidades.

Los que han querido ver suspicacia excesiva en nuestra queja, olvidan, por otra parte, que llueve ya sobre mojado, y que estamos todos en el secreto de cómo se pisotean en España, y especialmente en Instrucción pública, las disposiciones mejor dictadas. Se comienza por hacer caso omiso de leyes y reglamentos, eligiendo para la trasgresión primera una persona apta, digna y hasta recomendable; después el abuso se comete á favor de otra, que ya no es ni tan digna ni tan apta; luego se abre la puerta al amigo y al deudo, y por fin se pierde todo pudor, y á bandera desplegada se menosprecia la justicia y el derecho.

Y así ocurrirá en esta ocasión, si el ministro y los opositores no alzamos barrera insuperable á la primera ilegalidad.

Hoy se han propuesto profesores que distan un puesto ó dos de los señalados por el decreto; mañana se elegirá al primero que ocurra, aunque diste tres ó cuatro kilómetros de la cabeza y fin del escalafón, si tal designación puede servir á alguien para preparar el salto mortal, con trampolín ó sin él.

De dar de lado á la ley de modo suave á pisotearla y hacer de los tribunales merienda de negros, no media ni una acta de consejero, de las de favor.

Y eso es lo que hay que evitar, que se empiece el mal camino.

Otra observación hecha por los interesados es la de que al quejarnos de que en los lugares de personas competentes se pongan catedráticos, indicamos que éstos no reúnen competencia.

Librenos Dios de semejante dislate. Lo que nosotros afirmamos con el Reglamento en la mano es que, ordenando éste que además de profesores oficiales ha de haber en los tribunales personas de reconocida competencia, manda que éstas sean extrañas á los claustros: luego no se cumple proponiendo catedráticos que ya tienen representación digna por medio de compañeros respetables.

El Reglamento no establece la disyuntiva de catedráticos ó personas competentes, sino pide ambas clases de vocales, y esto lo hace para dar intervención á distintas representaciones académicas.

No vamos á discutir si hace bien ó mal la ley en dar entrada á unos y otros. Lo que hay es que así lo preceptúa dicho Reglamento y á él se debe atener el Real Consejo, mientras no se reforme tal extremo.

Pero por si no es bastante la consideración expuesta se refuerza más con el terminante art. 5.º del decreto del 3 de Enero, que dice así:

«Las eliminaciones en las listas se harán por definición, por figurar en otras listas anteriores de las señaladas en el art. 2.º y por ausencia que exija residencia distinta de la que dé derecho á inscripción.»

Ahora bien; como las listas del art. 2.º son cinco y su orden correlativo es de catedráticos de Madrid, de catedráticos de provincias, de académicos de número, de individuos con obras científicas ó literarias y de opositores aprobados, queda fuera de toda duda que el que figure en la lista primera debe ser eliminado de las restantes, el que esté en la segunda no podrá constar en las otras tres, y así sucesivamente.

Luego sin negar la competencia á catedrático alguno, tenemos derecho á exigir que no aparezcan duplicados ó triplicados los nombres de vocales en listas distintas y por concepto diferente.

Y va la tercera argumentación.

No les parece bien á algunos consejeros que, habiendo pedido los opositores que los tribunales antiguos se respetasen ó completasen con catedráticos, protestemos de que se reorganicen con individuos del profesorado oficial, aunque éstos por su número del escalafón no cumplan las condiciones exigidas.

Naturalmente que no hemos de conformarnos. En