Revista de ciencias y letras (1898-11-05 00:00:00), página 3

á la Gimnástica, y á este efecto se han presentado al Sr. Sagasta y al director general de Instrucción pública, quienes han prometido estudiar el asunto para resolver en definitiva, oyendo antes, como es de suponer, al Consejo de Instrucción pública.

Nuestro criterio en este punto, es completamente contrario á esa pretensión, pues entendemos que la carrera de Gimnástica no tiene otro objeto que preparar el desarrollo físico del individuo por medio de ejercicios ordenados, con arreglo á un buen sistema pedagógico. Existe una diferencia tan grande entre dirigir un Gimnasio á explicar una cátedra, que sólo pueden comprenderla los que después de seguir una carrera facultativa, se preparan para unas oposiciones.

Nadie puede negar competencia en esta asignatura de Fisiología á los licenciados en Medicina, cuyos estudios empezaron teniendo por base el Bachillerato, atendiendo á los altos fines de la enseñanza, que no pueden ni deben ser exclusivos de clase; pue tolerarse y hasta admitirse con gusto en el cuadro de profesores, como se admitieron y se siguen admitiendo á los licenciados en Teología para explicar la clase de Religión. Pero de esto á admitir como catedráticos á los señores gimnastas, cuyas carreras representan la sexta parte de estudios que cualquiera facultativa, es pre tender un absurdo y no creemos haya ministro que se atreva á cargar con semejante responsabilidad.

Lo justo sería sacar á oposición estas cátedras entre los profesores numerarios; pero si esto no se hace, no deben confundirse esas clases más que á los licenciados en Ciencias ó en Medicina.

El Estado debe rodearse de toda clase de garantías, pues si cede á la pretensión de los profesores de Gimnástica, no facultativos, se vería en la necesidad de conceder las cátedras de Castellano á los maestros de primera enseñanza, las de Mineralogía á los capataces de Minas, las de Zoología á los veterinarios, y así por este orden todas las enseñanzas.

La última reforma no les ha quitado nada; si concede algunos derechos á los médicos y licenciados en Ciencias, es para estimular á los que tienen conocimientos especiales en bien de la cultura general.

Así como los facultativos se han sometido á pruebas para revalidarse de profesores, estos pueden á su vez licenciarse, y se pondrán en condiciones análogas, lo demás es pedir gollerías, y es mala época esta de la regeneración para tales privilegios.

CREDO QUIA ABSURDUM

Hemos oído un disparate de tal calibre en lo que se refiere á interpretar el art. 32 del Real decreto de 13 de Septiembre último, que trató de reformar la segunda enseñanza, que no podemos menos de llamar la atención del Consejo de Instrucción pública, del director general y del ministro de Fomento, Sr. Sagasta, para que no incurran en el ridículo de aceptar la absurda interpretación, que los intrusos han inspirado, puesto que pugna con el texto mismo del decreto, que se quiere torcer, y con lo que ordena taxativamente la Ley de Instrucción pública, y se exponen á que lleve el asunto á lo Contencioso queie el desaire á la vista y sea una plancha lo que se pretende hacer por complacer á cuatro caballeros particulares, que bullen y bullen pretendiendo que lo blanco sea negro.

Dice á la letra el art. 32:

«Si los alumnos que hubie en de sufrir examen de asignaturas perteneciesen á Colegios incorporados á los Institutos respectivos, el tribunal se compondrá del catedrático titular ó encargado de la asignatura de otro catedrático de la misma Sección y del profesor privado encargado de la misma asignatura en el Colegio, lo cual se hará constar por certificación que expida el director de éste.» Hasta aquí el Real decreto.

Es decir, que la cualidad de ser el profesor del Colegio se hará constar por certificación del director.

¿Dónde dice que tal certificado conceda aptitud y capacidad científica al que por la ley no la tenga?

¿Había el Real decreto de las condiciones que han de tener los profesores de Colegio para enseñar?

No; como no había tampoco de las condiciones que necesita el director, ni de las condiciones de capacidad, higiene, etc., del Colegio.

Y no habla, porque el reformador no trata en su decreto de legislar sobre condiciones para incorporar Colegios, ni de reformar éstas, sino simplemente de aumentar y cambiar asignaturas y el orden de ellas.

De manera que es torcer la lógica hasta el último extremo, decir que por el hecho de pedir certificación al director para que diga quién es su profesor, se le conceda al indicado director la facultad de dar patentes de suficiencia á nadie.

Eso es potestad del Estado, que la ejerce por sus tribunales de Facultad dando los títulos correspondientes á los que en el acto de la licenciatura ó doctorado, prueban que saben lo que van á enseñar. A mayor abundamiento, el art. 7.º de los transitorios y accidentales dice también á la letra:

«Quedan en vigor todas las actuales disposiciones sobre Instrucción pública (¡éjanto bien los que tan equivocados están! ) que no se opongan á lo establecido en este Real decreto.»

Luego ni hay para qué decir que el art. 32 deroga nada, pues respecto á capacidad no expresa ni que palabra, ni hay á que agarrarse para que el desafuero y la usurpación se consumen.

El propio decreto del Sr. Groizard, la reforma del Sr. Moret, las de los Sres. Linares Rivas y Bosch, la ley de Instrucción pública exigen al unísono la cualidad de licenciado para enseñar en Colegios incorporados y examinar, y no es posible sin estar á sabiendas obcecados dar otra interpretación á todo lo legislado.

Desde luego que solamente desconociendo la lógica es posible informar en otro sentido.

No esperamos que nadie lo haga; pero bueno es prevenir á tiempo, para que no dé el tropiezo el que tiene obligación de no darle.