Revista de ciencias y letras (1896-12-15 00:00:00), página 5

SECCIÓN OFICIAL

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Desde que en el año 1711 fué fundada la Biblioteca Nacional con el nombre de Librería Real, aprobándose al efecto el proyecto del Padre Pedro Robinet, confesor del rey D. Felipe V, hánse dictado reiteradamente multitud de ordenamientos y preceptos legales encaminados á conseguir el mayor fomento posible de dicha Biblioteca, y lograr que en ella haya, cuando menos, un ejemplar de los libros é impresos de todas clases que se publiquen en España.

En este orden nada se escapo al celo del legislador; ni el medio de dotar de ingresos metálicos á la primera Biblioteca de Nuestra Nación (a cuya necesidad se proveyó concediendo á aquélla en 14 de Noviembre de 1754 privilegio exclusivo para que pudiera perpetuamente reimprimir la Biblioteca Árabe-Hispana, de la antigua y moderna de D. Nicolás Antonio, y las tres obras é historias del Padre Juan de Mariana, de D. Juan de Ferreras y de D. Antonio de Morales, con la pena de 1.000 ducados y cuatro años de presidio al que introdujera las referidas obras en estos reinos), ni la necesidad de facilitar las adquisiciones, para lo cual el rey D. Carlos III, por Real orden de 19 de Diciembre de 1761, y el rey D. Carlos IV por otra de 31 de Marzo de 1793, insertas ambas en circular del Consejo de 27 de Noviembre de 1802, dispusieron que los tasa- dores de libros diesen cuenta al bibliotecario mayor de la Nacional, de todas las librerías que fuesen puestas á la venta.

Pero lo que mejor demuestra el acertado propósito que animó constantemente á los Poderes públicos de reunir en la citada Biblioteca las publicaciones españolas de todo género, son los repetidos decretos, Reales cédulas y Reales órdenes que á este fin se dictaron.

En 1712, es decir, un año después de la creación de la Biblioteca Real, se publicó un decreto disponiendo que se depositase en ella un ejemplar de todos los impresos que se hubiesen hecho desde 1711, y desde entonces se reiteró este precepto, con ligeras variantes, por las siguientes disposiciones legales: Real orden de 26 de Julio de 1716, por la cual D. Felipe V mandó que de todo libro que se imprimiese en España se entregara un ejemplar encuadernado en la citada Biblioteca; Real orden de 19 de Diciembre de 1761, mandando lo mismo que el decreto anteriormente citado; orden de 27 de Febrero de 1762, preceptuando que se remitiera á la Biblioteca Nacional un ejemplar de todo regla- miento, ordenación, etc., que se imprimiese por orden del Consejo; Real orden de 8 de Septiembre de 1788, disponiendo que se enviase á aquélla un ejemplar de todas las obras que se imprimieran en la Imprenta Real; Real orden de 31 de Marzo de 1793, que mandó nuevamente la entrega de un ejemplar de cada impre- so á la Biblioteca Nacional; Real orden de 6 de Abril de 1802, que dispuso lo mismo que la anterior; circular de 6 de Noviembre de 1812, que recordó los preceptos de las precedentes disposiciones; expediente incoado en 1821, para dictar medidas que hiciesen eficaces las prescripciones de la Novísima Recopilación sobre en- tregas á la Biblioteca de un ejemplar de todo impreso, mapa ó estampa publicado en España; Real orden de 22 de Marzo de 1837, dictada con el acuerdo de las Cortes, para que se entregara á la Biblioteca un ejemplar de cada obra que se imprimiera; Real orden de 5 de Agosto de 1841, previniendo el más exacto cumpli- miento de lo mandado con anterioridad sobre este pun- to, y Real orden de 30 de Septiembre de 1843, dispo- niendo que se entregaran á la Biblioteca Nacional dos ejemplares de cada obra que fueran impresas en Es- paña.

(Continuará.)

Junta de Clases pasivas.—D. Manuel Pedrayo y Valencia, clasificado en concepto de jubilado con el haber anual de 3.600 pesetas, tres quintas partes del sueldo de 6.000 que le sirve de regulador, y por reunir veinte y seis años y veinte y siete días de servicios. Extracto de los mismos: catedrático de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central diez y ocho años y veinte y siete días, y se le abonan por razón de carrera ocho años.

Doña Carmen y doña Socorro Morales Troiteiro, huérfanas de D. José, catedrático que fué de la Facul- tad de Medicina de la Universidad de Santiago. Se les declara con derecho á suceder á su difunta madre doña Dolores en el goce de la pensión del Montepío de Ofici- nas de 875 pesetas anuales.

Doña Beatriz y doña Carlota Hiraldez de Acosta y Esquivel, huérfanas de don Marcos, catedrático nume- rario que fué de la Escuela Central de Artes y Oficios. Se les declara con derecho á la pensión del Montepío de Oficinas de 875 pesetas anuales.

Doña Concepción Munilla y de la Calzada, viuda de don Manuel Campos y Oviedo, catedrático que fué de la Facultad de Derecho en la Universidad de Sevilla. Se le declara con derecho á la pensión vitalicia de 2.187 pe-etas y 50 céntimos anuales. (Gaceta de 5 de Di- ciembre).

Dirección general de Instrucción pública.—Orden Circular.—Con el fin de prevenir las dudas y dificulta- des que ocurran á los presidentes de los tribunales de oposición á cátedras y ayudantías numerarias de las Escuelas especiales dependientes de este centro directi- vo, en el momento de la constitución legal de aquéllos, y para evitar las protestas que pudiera ocasionar el llamamiento de los suplentes que habría de hacerse en caso de ausencia inevitable de alguno ó algunos de los vocales en dicho importante acto, y teniendo en cuen- ta que el procedimiento á que se ajustan las funciones de los mencionados tribunales es el consignado en el Reglamento de oposiciones á cátedras de 2 de Abril de 1875, que nada previene en este interesante particular; esta Dirección general ha tenido á bien disponer, como aclaración, que cuando haya necesidad de hacer el re- ferido llamamiento de suplentes, los presidentes de los tribunales invitarán á los que pertenezcan á la misma clase ó categoría que el vocal ó vocales que deban ser sustituidos y por el orden en que hayan sido publica- dos sus nombramientos en la Gaceta de Madrid al de-