Revista de ciencias y letras (1898-10-15 00:00:00), página 3

trucción pública por Consejeros de Real nombramiento; y si bien no se contiene en este texto precepto alguno ineludible, hay una manifiesta aspiración del poder legislativo, que, por el espíritu de confianza que la inspira y por lo que tiene de legítima y realizable, debe ser sin vacilaciones satisfecha.

Es indudable, desde luego, que el Estado necesita saber de qué modo se hallan atendidos servicios tan interesantes como los que á la educación nacional afectan; necesita llevar á todas partes el beneficio influjo de los adelantos realizados por la Pedagogía y la Ciencia, y sancionados por la experiencia en España y en el extranjero; necesita conocer las condiciones del personal encargado de la enseñanza pública, y cómo se cumplen y qué resultados dan en cada caso las disposiciones y reformas dictadas por la superioridad; necesita, en una palabra, inspección.

Reconocida la necesidad de este servicio, importa resolver cómo debe organizarse para que dé todos sus frutos. Desde el Real decreto de 30 de Marzo de 1849 y reglamento de 20 de Mayo del mismo año, nunca han dejado de preocuparse los Gobiernos de esta organización, habiendo desarrollado de diverso modo los principios contenidos en la ley general de instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, los Reales decretos de 20 de Julio de 1859, 19 de Junio de 1874, 10 de Febrero de 1882, 21 de Agosto de 1885, 11 de Julio de 1887, 21 de Octubre de 1889 y el reglamento de 27 de Marzo de 1896. Coinciden todas estas disposiciones en lo relativo á las atribuciones de los Inspectores, forma de practicar la inspección y materia propia de la misma; pero varían principalmente en cuanto al número y condiciones de los Inspectores generales, ya suprimiéndolos todos, ya estableciendo dos, tres, cuatro, cinco y seis, y ora exigiéndoles la condición de Catedráticos en activo servicio, ora la de que no lo sea, ora adoptando un sistema mixto, que es el que parece preferible.

Con el problema de la organización de la Inspección se halla íntimamente relacionado el de la organización del Consejo de Instrucción pública que, nacido del plan de estudios de 4 de Agosto de 1836 y constituido con arreglo á los Reales decretos de 1.º de Junio de 1843 y 17 de Febrero de 1848 ha venido sujeto, desde la ley de 9 de Septiembre de 1857, á las modificaciones á veces radicales que le han impreso el Real decreto de 9 de Octubre de 1866, los decretos de 10 de Octubre de 1868 y 13 de Julio de 1871, el reglamento de 16 de Febrero de 1872, el Real decreto de 18 de Julio del mismo año, el decreto ley de 12 de Junio de 1874, el reglamento de 13 de Abril de 1877, el Real decreto de 2 de Agosto de 1886, la ley de 27 de Julio de 1890, la Real orden de 7 de Mayo de 1892 y los Reales decretos de 8 de Marzo de 1894 y 27 de Julio y 1.º de Noviembre de 1895. El sistema electivo últimamente ensayado, que parecía debiera dar los más excelentes resultados al otorgar á Corporaciones y entidades docentes el derecho de elegir representantes directos que llevaran su voz en el Consejo, hay que abandono, en conformidad con los términos de la autorización otorgada por las Cortes, pareciendo preferible que el Ministro de Fomento tenga la responsabilidad directa de la elección de Consejeros, á que colectividades irresponsables puedan llevar con sus votos al alto Cuerpo consultivo la perturbación y el desconcierto.

Aparte, sin embargo, de esta deficiencia, que obliga á volver la vista atrás hacia sistemas que parecían abandonados, requiere el Consejo de Instrucción pública otras innovaciones, nacidas principalmente de la necesidad de contar con un personal activo, obligado al trabajo y responsable de sus actos. Es verdad que con la organización dada á la Secretaría del Consejo, puede esperarse que la tramitación de los asuntos no ha de sufrir retraso ni paralización alguna; pero la resolución de ciertos expedientes, el examen de obras de texto, la formación de índices de materias para los programas de exámenes, la delicada apreciación de los méritos de cada cual en los concursos, y tantos y tantos otros asuntos de no menor importancia como el Consejo tiene que estudiar y resolver diariamente, no pueden encomendarse á los empleados de la Secretaría, por mucho que sea su celo y grande la confianza que inspiren. Hay que llevar al Consejo juntamente con el Secretario, el número preciso de Consejeros Ponentes para que cada Sección cuente con ese importantísimo auxiliar en las tareas de mayor labor y pueda mantener por medio de él la influencia bienhechora y fecunda de su vigilancia constante sobre el régimen de la enseñanza.

Pero la pesada labor de todos los días que á estos funcionarios se encomienda no podría confiarse á Consejeros sin retribución, á menos de cometer una gran injusticia, cuyos amargos frutos serían prontamente cosechados.

Planteado el problema en estos términos, no es dudosa la necesidad de crear para el servicio de inspección y sus anejos, y para el de las potencias de las Secciones del Consejo, cuatro plazas de Consejeros inspectores, dotadas todas decorosamente. Las dificultades económicas serán el único obstáculo que pudiera oponerse al planteadimiento de tan beneficiosa reforma; pero todas quedan orilladas con la reorganización de los servicios de Inspección, Estadística y Colección legislativa, llevada á cabo de tal modo, que permite atender con desahogo á las nuevas necesidades del nuevo organismo.

Conviene, sin duda, que la Secretaría del Consejo y su Jefe natural, el Secretario, estén por completo desligados de todo vínculo con las otras dependencias del Ministerio; pero el planteadimiento de esta reforma habría implicado la creación innecesaria de una plaza dotada con 10.000 pesetas, ó la reforma del cap. 1.º del presupuesto vigente, la cual no estaba comprendida en la autorización que concedieron las Cortes. Luego que sin violencia pueda transferirse al cap. 4.º la mitad del crédito de 20.000 pesetas que contiene el párrafo tercero del cep. 1.º, quedará por completo organizado el servicio.

Pero esta organización sería ineficaz, á juicio de las Cortes, si el personal auxiliar de las elevadas e ingratas funciones de la inspección de la enseñanza no estuviese á cubierto de los ataques de la pasión y de la represalia.

Por ello, sin duda, la ley de 1890 dispuso que el ingreso en el Cuerpo de funcionarios de la Secretaría, después de organizada, se hiciera por oposición, único método por el cual en España se ha conseguido la inamó-