Revista de ciencias y letras (1896-04-25 00:00:00), página 4

alumnos, ó si basta acreditar el carácter de licenciado mediante certificación expedida por la Universidad donde hubieran aprobado los ejercicios del grado.

Esta duda motivó la Real orden de 21 de Mayo de 1894, ampliada á los diez días, á los no licenciados, que dispuso que, sin perjuicio de consultar al Consejo de Instrucción pública á fin de dictar para lo sucesivo una resolución definitiva en el asunto, no se exigiera el título en aquel curso (1893-94), bastando para ejercer las funciones de examinador justificar mediante certificado la aprobación de los ejercicios del grado.

Con posterioridad, el Real decreto de 16 de Septiembre de 1894, que reformó los estudios de segunda enseñanza, dispuso en el artículo 65 que la dirección de los colegios privados deberá estar á cargo de un licenciado ó doctor en Facultad, y que todos los profesores del establecimiento deberán ser bachilleres, licenciados ó doctores en Filosofía, Ciencias ó Teología, ó tener aprobados los ejercicios del grado respectivo, y que aquellos profesores que careciesen de este requisito, ni podrían figurar en el cuadro del establecimiento, ni formar parte de los tribunales oficiales de examen.

Por este Real decreto parecía ya resuelta la duda nacida del Real decreto de 14 de Noviembre de 1892, dictando para lo sucesivo tal resolución como definitiva en el asunto; pero como el artículo 9.º del Real decreto de 12 de Julio de 1895 derogó el de 16 de Septiembre de 1894, no obstante en ninguno de los artículos de aquél se trata de colegios privados ni de sus directores ó profesores, origínase de aquí otra duda acerca de si la derogación comprende todo el Real decreto de 16 de Septiembre de 1894, ó sólo aquellas disposiciones que vienen modificadas y están en oposición con el Real decreto de 12 de Julio de 1895, máxime cuando en tiempo hábil no se ha puesto reparo alguno á la admisión de los cuadros de profesores en los cuales figuran licenciados con sólo grado.

III

Conclusión.

De lo expuesto sacamos en conclusión:

1.º Que la ley preceptúa posesión de título en el director y profesor.

2.º Que la ley dispensa de título á los individuos de las corporaciones religiosas habilitadas por el Gobierno; pero limitada dicha concesión á los Institutos religiosos de ambos sexos, cuyo objeto sea la enseñanza pública, ó sea la de beneficencia, pues en la privada, ó sea en la que produce rendimientos particulares, sea cual fuere la forma discurrida para obtenerlos, no hay tal dispensa.

3.º Que el decreto del actual señor ministro de Fomento, tan traído y llevado por unos y otros, ó sea el de 16 de Noviembre de 1892, dispone en el artículo 1.º que para examinar se acredite el carácter de licenciado. Atendido que el que examina ejerce en aquel acto oficialmente, parece ser que presupone posesión de título; pero como el mismo excelentísimo señor ministro para examinar en asignaturas de Facultad mayor en la Universidad de Oñate, en el reciente decreto de 6 de Marzo último, preceptúa: «Los profesores tendrán el mismo grado académico que se exige por el Estado para la misma enseñanza (Derecho, Notariado y Filosofía y Letras), parece lógico deducir que no va á exigirse más que para Facultad en asignaturas de bachillerato; y esto, no estimándose como méritos en la carrera, cual á los auxiliares, los cursos explicados en colegios incorporados.

4.º Que el Real decreto de 24 de Noviembre del 92 habilita á los individuos de corporaciones religiosas docentes para dirigir y enseñar sin título, que será lo que se exige á los profesores seglares; pero no para examinar, pues claro se ve que el artículo primero es general.

5.º Que dicha dispensa es conforme á lo que establece el artículo 153 de la vigente ley, resultando que sólo lo concede á los Institutos religiosos cuyo objeto es la enseñanza pública ó de beneficencia, que seguramente ha de ser la que no les produzca rendimientos de particulares, pues en este caso no hay para que dispensarse, como no se dispensa á los seglares.

Puntos son estos que conviene se aclaren cuanto antes por el actual excelentísimo señor ministro de Fomento para que todos sepamos á qué atenernos.

Sería inicuo exigir posesión de título á los seglares para al mismo tiempo dispensar de él hasta á los franceses, por el mero hecho de formar en Instituciones llamadas docentes, y sarcasmo exigir sólo certificado de grado, pero equiparando á los que se han sometido á la prueba que la ley exige para obtener la licenciatura con los que ni se han acogido ni se acogen á los exámenes libres que pueden habilitarles legalmente. La ley les concede la enseñanza libre; que no rebasan sus fronteras. Al terminar repetimos: Justicia pedimos, que no gracia.

M. M.

EL COLMO DE LA FRESCURA

Can harto sentimiento nuestro y por falta de espacio no pudimos contestar en números anteriores al articulista de El Nacional, que pretendía sincerar la conducta del Consejo de Instrucción pública en el nombramiento de tribunales de oposiciones.

Pasada la oportunidad en cuanto á ir detallando uno por uno los defectos de las propuestas, restamos condensar en poco lo que pudiéramos argumentar al consejero que salió á la palestra para liberar á sus cofrades.

Y eso lo hacemos por el profesorado, no por los autores de obra tan desdichada como laboriosa.