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Escuelas elementales de niñas.

Las de Tona, Aviñonet, San Mateo de Bajes, Vallcebre, Mayá, Borredá, Castelladral, Seba, Castellví de la Marca, Subirats dos, Prats del Rey, Aviá, Montmajor, Bigas, Castellvell, Oriatá, La Llacuna, Baleñá, Fontrubi, con 2,200 rs.
Todas con casa y retribuciones.
Los aspirantes que reúnan las circunstancias prescritas en la citada Real orden deberán presentar sus solicitudes documentadas dentro el término de un mes.

(Boletín de 1.º de Marzo.)

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA.
Negociado 5.º

Se halla vacante la plaza de Director de la Escuela Normal Superior de Maestros de la provincia de Murcia por fallecimiento del que la desempeñaba.
Los que tengan la aptitud legal y deseen obtenerla presentarán sus solicitudes á los Rectores de los respectivos distritos universitarios en el término de un mes á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta.—Madrid 12 de Marzo de 1862.—El Director general, Pedro Sabau.
(Gaceta del 14 de Marzo.)

ANUNCIOS.

COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
LIMITADO A LA PRIMERA ENSEÑANZA POR
Don César de Eguílaz.

Secretario de la Escuela Normal Central del reino.
Se halla de venta en la imprenta y librería de la Viuda de Vazquez é hijos, Ancha de San Bernardo, 17; en la de Hernando, Arenal, 11, y en la Secretaría de la Escuela Normal Central, Ancha de San Bernardo, 80 á 8 rs. en rústica, y en provincias, franco de porte y certificado, 10 rs.

EL TIO PEDRO
ó el sabio de la Aldea. Aprobado por Reales órdenes para que sirva de texto en todas las escuelas, á 2 rs. en rústica y 3 en holandesa.

Por los anteriores artículos, Tomás Suárez.

Editor responsable, Tomás Suárez.

MADRID—1862:
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE LA VIUDA DE VAZQUEZ É HIJOS,
Ancha de S. Bernardo, 17.
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para sus perceptores de 12,000 rs. en metálico, en la proporción que señalaron, calculando el rédito al 2 1/2 por 100, ordenando que dichas tres dehesas ni ninguna de ellas pudiera venderse, permutarse, donarse, ni trasmitirse de ningún modo su propiedad ó usufructo sin llevar sobre sí la mencionada carga:

Resultando que por las cláusulas sexta y séptima consignaron era igualmente su deliberada voluntad fundar, en su nombre y en el de su difunto hijo D. Francisco Ortiz de Taranco y Ganchegui, dos Escuelas en el lugar de Villanueva de Mena, una para niños y otra para niñas naturales del mismo pueblo y de todos los demás lugares de aquel Valle, que quisieran concurrir á ellas; debiendo enseñarse gratuitamente y contada perfección por los tratados que tuviése designados el Gobierno, destinando por entero para su dotación perpétua los 12,000 rs. anuales, con que dejaban acensuadas las tres dehesas, los cuales se habían de aplicar y distribuir siempre en los términos que fijaron:

Resultando que por las cláusulas octava, novena y décima se nombraron asimismo por primeros patronos de las expresadas Escuelas, y para que lo fuesen perpétuamente después de sus días, al Alcalde del Valle de Mena, Curá párroco y Alcalde ó regidor pedáneo de Villanueva, asociado siempre del que ó de los que poseyesen ó usufructuasen las dehesas censadas, si residiesen en alguno de los pueblos de aquel Valle; y les encomendaron la inspección constante de las Escuelas y la percepción, custodia y aplicación de los fondos destinados á su dotación:

Resultando que por la cláusula undécima dispusieron, que si en algún tiempo se intentase por el Gobierno ó otras cualesquiera autoridades ó personas, dar otro destino distinto al que dejaban previsto á los 12,000 rs. anuales ó á alguna parte de ellos, ó variar el lugar de las Escuelas, ó si estas, por cualquier causa no prevista, dejaran de continuar en dicho lugar de Villanueva, según y como las dejaban establecidas, era su deliberada voluntad quedase nula ó ineficaz y sin ningún valor ni efecto la fundación de las dos Escuelas, pero no relevados los poseedores de las dehesas del pago puntual de los 12,000 rs. anuales, los que serían aplicados, en la proporción que señalaron, á los establecimientos de beneficencia que nombraron:

Resultando que por la cláusula décimotercera manifestaron ser su deliberada voluntad concluir de formalizar entonces, para después que ocurriese su fallecimiento, la imposición de
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los tres censos consignativos expresados en la cláusula quinta, la cual, juntamente con esta, querían que inmediatamente después de su fallecimiento equivaliese á escritura solemne, expresiva y especial, y al efecto, para su entera validación, luego de fallecer ambos otorgantes, impusieron á todos los que por cualquier título les sucediesen en la propiedad y usufructo de las tres dehesas, en otras condiciones, la de que cumpliesen inviolablemente, en calidad de censatarios, todo el contenido de la cláusula quinta:

Resultando que habiendo fallecido D. Manuel Ortiz de Taranco en 47 de Setiembre de 1851, procedió su viuda doña María Clara Ganchegui, en 22 de Junio de 1853, á otorgar por sí y como albacea testamentario de su marido tres escrituras de imposición de censo sobre cada una de las tres dehesas, importantes en junto 12,000 rs., para los fines establecidos en el referido testamento, aprobando, ratificando y reproduciendo, en caso necesario, todas y cada una de sus disposiciones, y previniente se tuviese á los patronos de las Escuelas por verdaderos censualistas, y que con ellos se entendiesen los censatarios:

Resultando que en dichas escrituras se tomó razon en la Contaduría de hipotecas de Ávila en los días 6 y 9 de Julio del mismo año de 1852; y que publicada la Ley de desamortización en 4.º de Mayo de 1855, acudió Doña María Clara Ganchegui á la Dirección general de bienes nacionales en solicitud de que se declarasen exceptuados de los efectos de la misma los tres mencionados censos: que instruido expediente sobre ello, resolvió dicha Dirección general en 49 de Enero de 1856, de conformidad con el dictamen emitido por la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, que la referida fundación debía ser nula y de ningún valor ni efecto, como contraria á la ley de 27 de Setiembre de 1830, restablecida por Real decreto de 30 de Agosto de 1836: que la declaración de nulidad correspondía á los Tribunales de justicia, y por consiguiente, quedaban los expresados censos fuera de los efectos de la Ley de 4.º de Mayo de 1855:

Resultando que en virtud de esa determinación se presentó Doña María Clara Ganchegui en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Universidad de esta Corte en 17 de Junio de 1857 pidiendo, como acto de jurisdicción voluntaria, que se declarase que los gravámenes impuestos sobre las tres mencionadas dehesas, por virtud de las escrituras censuales de 22 de Junio de 1852, eran nulos, y en su consecuencia que se mandasen cancelar los registros hipotecarios
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de los mismos; y que oído el promotor fiscal, se accedió, de conformidad con éste, á dicha solicitud por auto de 3 de Octubre de aquel año:

Resultando que denegada al Ayuntamiento del Valle de Mena la peticion que dedujo, por consecuencia de dicho auto, para que se le restituyese en la posesion de que había sido privado, presentó demanda en 1.º de Mayo de 1858, con autorización del Gobernador civil de la provincia, pidiendo se declarase válida y subsistente la constitucion de los tres censos realizada en 22 de Junio de 1852, y se dejase, por consiguiente, sin efecto el auto de 3 de Octubre de 1857, dictado en el expediente de jurisdiccion voluntaria; y alegó que la Ley de 3 de Mayo de 1837 modificó la de 11 de Octubre de 1820, permitiendo dotar los establecimientos de instruccion pública con censos ú otros efectos de rédito fijo: que con esa disposicion se conformaron D. Manuel Ortiz de Taranco y su esposa, puesto que no hicieron más que dotar con las rentas de tres censos impuestos sobre propiedades de su libre disposicion las dos Escuelas que determinaron establecer, y que fundó en efecto Doña María Clara Ganchegui: que aun cuando para el cuidado y conservacion de ellas designaron personas que desempeñasen ciertos cargos, no podia considerarse su fundacion como constitucion de un patronato, toda vez que carecia de las circunstancias necesarias para tener seméjante carácter; y que si bien fué revocable durante la vida de ambos fundadores, dejó de serlo, adquiriendo la índole de constitucion perpétua, por consecuencia de los diferentes actos llevados á cabo por Doña María Clara después de muerto su esposo, renunciando de ese modo al derecho establecido en su favor:

Resultando que Doña María Clara Ganchegui y Doña Angela Matilde Ortiz de Taranco solicitaron se confirmase el auto de 3 de octubre de 1857, dictado en el expediente de jurisdiccion voluntaria, y en su consecuencia que se las absolviese de la demanda, declarando al mismo tiempo revocada y además nula, de ningun valor ni efecto en todas sus partes la fundacion de las dos Escuelas como incompatible con las disposiciones del derecho vigentes, y contraria á la voluntad de la fundadora Doña María Clara, que en uso de su legítimo derecho había tenido por conveniente revocarla; y alegaron que siendo mudable á voluntad de los otorgantes lo establecido en las disposiciones testamentarias, no podia causar derechos ni obligaciones hasta despues de su fallecimiento, y por tanto que, procediendo la fundacion y dotacion de las
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Escuelas de una disposicion testamentaria, era revocable por su naturaleza, expresándolo así á mayor abundamiento don Manuel Ortiz de Taranco y su esposa en la cláusula décima-tercera y condicion quinta de su testamento: que no constando de las escrituras censuales otorgadas por la última, ni de los demás actos después de fallecido su esposo, que renunciase tácita ni expresamente á la observancia de dicha cláusula y condicion, y si, por el contrario, que en aquel acto las aprobo, ratificó y reprodujo, era visto quedó en aptitud legal de revocar, variar ó enmendar la fundacion: por último, que aun considerando esta como perfecta y consumada por parte de los fundadores, obstaría á su existencia la Ley de 11 de Octubre de 1820 y la de 1.º de Mayo de 1855, aun queriéndose suponer derogada la primera por el decreto de las Cortes de 3 de Mayo de 1837:

Resultando que después de recibido el pleito á prueba, y hechas las que se estimaron conducentes, dictó sentencia el juez de primera instancia en 16 de Julio de 1859, que confirmó la Sala segunda de la Audiencia de esta Corte por la que pronunció en 43 de octubre de 1860, absolviendo á Doña María Clara Ganchegui y Doña Angela Matilde Ortiz de Taranco de la demanda del Ayuntamiento del Valle de Mena, y declarando subsistente el auto en vista de 3 de Mayo de 1837 en el expediente de jurisdicción voluntaria:

Resultando, por último, que contra este fallo interpuso dicho Ayuntamiento recurso de casación por haberse infringido, en su concepto, la Ley de 5 de Mayo de 1837:

Vistos siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarri.

Considerando que el testamento otorgado en 40 de Julio de 1851 por D. Manuel Ortiz de Taranco y su esposa, en el que de común acuerdo dispusieron establecer en el Valle de Mena dos Escuelas gratuitas para la enseñanza de los niños de ambos sexos, fué irrevocable respecto del primero en el momento de su fallecimiento:

Considerando que su viuda, si bien pudo, sin responsabilidad legal, diferir su ejecución, á pesar del propósito recíproco de los otorgantes de hacer por sí mismos el establecimiento de las Escuelas, es inquestionable que, reconociendo como un deber sagrado de conciencia dar exacto cumplimiento á cuanto dejó dispuesto su esposo, renunciando á sus derechos y usando de sus facultades, procedió en 22 de Junio de 1852 al otorgamiento de tres escrituras de imposición de otros tantos censos en los términos y con las cláusulas en el testamento expresadas, y subsiguientemente á las demás gestiones nece-
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sarias para establecer las Escuelas, que fueron abiertas á la enseñanza en el año 1854:

Considerando que estos actos de la viuda de Ortiz de Taranco fueron tambien irrevocables, ya porque respecto de su marido recibian su eficacia del testamento, ya porque, ejecutados espontáneamente por la misma, adquirieron el valor y subsistencia propios de los actos entre vivos:

Considerando que, así cumplida la voluntad de ambos consortes, ya no estaba en el arbitrio de la sobreviviente alterarla, ni destruir los derechos adquiridos por el Valle de Mena, y que sólo una ley podia privarle de ellos, dejando sin efecto las benéficas disposiciones en el testamento consignadas:

Considerando que tal Ley no existe, porque el objeto exclusivo de la de 11 de Octubre de 1820, al suprimir todas las vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera otra naturaleza, fué poner término á la amortización, restituyendo á la clase de libres todos aquellos bienes ó propiedades, pero no destruir ó anular las instituciones ó establecimientos que pudieran subsistir sin la amortización.

Considerando que, fundadas sobre esta base, y obedeciendo á aquel principio, las disposiciones consignadas en los arts. 14 y 15 de dicha Ley solo prohibieron las fundaciones y adquisiciones en ellos expresadas, en cuanto se opusieran á la completa desamortización y libertad de los bienes sobre que se establecieran:

Considerando que, si bien el art. 16 de la misma Ley prohibió á los establecimientos conocidos con el nombre de manos muertas la adquisición de capitales de censos impuestos sobre bienes raíces, la Ley de 5 de Mayo de 1837 modificó aquella prohibición respecto de los establecimientos de instrucción pública, permitiendo que se los dotase con censos ó otros efectos de rédito fijo:

Considerando que, esta disposición, lejos de contraerse á los establecimientos antiguos ó ya existentes, fué general y dictada, no sólo con un espíritu eminentemente útil y benéfico y en términos tan expresivos que no puede dudarse que debía servir de norma para los establecimientos de instrucción que se creasen en lo sucesivo, sino tambien con pleno conocimiento de que se alteraba ó corregía la prohibición de la Ley de 11 de Octubre de 1820, la cual, restablecida y válidamente en observancia desde 30 de Agosto de 1836, no pudo serlo, ni lo fué, en 1844:
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Considerando que la imposicion de los tres censos, con que Ortiz de Taranco y su esposa gravaron las tres dehesas de su propiedad para sostener las Escuelas, no envolvía la amortización de aquellas fincas, ni aún impedia la redención del gravámen censal; pues suponiendo la donación, enagenación ó permuta y aún la división de las primeras, y previniendo también que se las quisiera librar del segundo, dispusieron lo que en uno y otro caso debiera hacerse:

Considerando, por consecuencia, que aquella disposición no fué contraria á la Ley de 11 de Octubre bajo el punto de vista de la desamortización; y que hallándose vigente la de 5 de Mayo de 1837, así cuando Ortiz de Taranco y su esposa dictaron su testamento, como cuando la última, invocando esa misma Ley, llevó á efecto la constitución de los censos, ya no existía la prohibición del art. 16 de la primera:

Considerando que tampoco se opone á la subsistencia de las Escuelas establecidas por los esposos Ortiz de Taranco, la Ley de 1.º de Mayo de 1855, porque además de ser posterior tanto al testamento como á la imposición de los censos y á la apertura de aquellas, al acordar la absoluta desamortización y enagenación de todos los bienes, y la redención de los censos pertenecientes á manos muertas, no suprimió las instituciones ó establecimientos que con ellos se sostenían, sino que únicamente dispuso el cambio de forma de las rentas:

Considerando, por último, que la sentencia de la Sala segunda de la Real Audiencia de esta Corte, separándose de los principios consignados en esta, y declarando la nulidad de las tres imposiciones censales hechas por Doña María Clara Ganchegui para el sostenimiento de las Escuelas de niños y niñas del Valle de Mena, ha infringido la Ley de 5 de Mayo de 1837.

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Valle de Mena; en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que pronunció la Sala segunda de la Real Audiencia de esta Corte en 13 de Octubre de 1860, y mandamos se devuelva el depósito constituido para la interposición de aquel.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta, é insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Antero de Echarri.—Joaquín de Palma y Vinuesa.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.—Ventura de Colsa y Pando.
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Publicacion.—Leída y publicada fué la sentencia anterior por el ilustrísimo señor D. Antero de Echarri, Ministro de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado de dicho supremo Tribunal.

Madrid 1.º de Marzo de 1862.—Luis Calatraveño.

PROVINCIA DE GUADALAJARA, (GUALDA).

Lastimoso por demás es el estado en que se encuentra la primera enseñanza de Gualda, provincia de Guadalajara.

Aparte del continuo atraso con que el Ayuntamiento de aquel pueblo satisface las reducidas dotaciones de sus Maestros, es aún más lamentable el estado de abandono casi total de la enseñanza, por falta de locales para las Escuelas.

Según nuestras noticias, á consecuencia de las lluvias del último otoño, antes de las cuales se había hundido ya el tejado del edificio que ocupa la Escuela de niños, parece que todo él, pasado completamente por las aguas, amenazaba una inevitable ruina. Temiéndola el Maestro, y temiendo también por la vida de sus discípulos, acudió á la Junta local exponiendo el peligro que todos corrian y la imposibilidad de seguir en aquel local teniendo las clases, aun cuando no amenazase ruina, por sus malas condiciones higiénicas, especialmente durante los rigurosos fríos de invierno, y suplicando se procediera á la recomposición del edificio ó á la habilitación de otro, aunque fuese provisionalmente y hasta que aquella tuviese lugar, para que la enseñanza no quedase interrumpida.

La Junta local de Gualda, penetrada de la necesidad de proceder á la reedificación ó recomposición del edificio, y por consiguiente de la justicia con que el maestro se quejaba; y careciendo el Ayuntamiento de los fondos necesarios para que aquella tuviese lugar, acudió al Gobernador de la provincia exponiéndole cuanto había acerca del particular, y solicitándolo se le autorizase del modo que aquella superior autoridad creyese más conveniente, para llevar á cabo la reedificación ó recomposición del edificio.

En vano aguardó la Junta local la contestación del Gobernador de Guadalajara, y, como por consecuencia de las lluvias se hubiese llenado de agua el local de la Escuela, poniéndola en un estado completamente inhabitable, el Maestro acu-
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dió de nuevo á la Junta, manifestando la imposibilidad de continuar las clases en aquel edificio, y esta corporación, reconociendo la certeza de cuanto el Maestro decía, acordó en 20 de Noviembre último que se suspendiera la enseñanza por unos días, hasta tanto que el Gobernador resolviese lo que creyera más oportuno.

Desde entonces, la primera enseñanza de Gualda se encuentra en el abandono más lamentable; no por culpa del Maestro que hizo cuanto estaba de su parte para prevenirla con tiempo; que después ha solicitado del Alcalde le diese un local cualquiera, aun cuando no sirviese más que para tener recogidos los niños y dedicarlos por de pronto al estudio de la lectura y doctrina cristiana; y que últimamente ha vuelto á acudir por escrito á la Junta, exponiendo los gravísimos perjuicios que se seguían á la enseñanza por efecto de una suspensión de clases tan prolongada.

Tampoco son culpables en esta ocasión el Ayuntamiento y la Junta local del pueblo de Gualda, puesto que han acudido desde luego á la autoridad competente, exponiendo el mal estado en que se encontraba el edificio destinado á Escuela, su falta de fondos para proceder á la reedificación ó recomposición, que había llegado á ser indispensable, y suplicando que se le autorizase de la manera más conveniente para realizarla, sin que hasta ahora haya logrado ver atendidas tan justas como oportunas reclamaciones; y sin que haya podido remediar los males que está sufriendo la enseñanza de aquel pueblo por no haber encontrado un local, bueno ó malo, donde el Maestro hubiera podido reunir los niños para darles á un cuando no hubiera sido posible otra cosa que las lecciones más indispensables de lectura y de doctrina cristiana.

Cuando tuvimos la primera noticia de esto, convinimos privadamente al Maestro, suponiendo que habría en él cuando menos, alguna pequeña parte de abandono, puesto que de cualquier manera que fuese y hasta tanto que tuviera lugar la habilitación de un local competente para establecer de nuevo la Escuela, podría reunir los niños en su casa habitación; pero nos contesta diciéndonos que ni aún ésto le ha sido posible, porque en ella está la Escuela de niñas á cargo de su esposa: que el local es tan reducido que el Inspector en su visita manifestó á la Junta local y al Ayuntamiento la necesidad de habilitar otro que fuese más apropiado, y finalmente que la casa no sólo carece de cuantos requisitos debe tener con arreglo á la ley, sino que también se halla en un estado ruinoso y poco menos que inservible.
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EL PRECEPTOR,

periódico de instrucción primaria, oficial de la Sociedad general de Socorros mutuos entre Profesores de Instrucción pública, y dedicado á la mejora de la enseñanza y defensa del profesorado.

Publicáse los días 10, 20 y último de cada mes, y consta de 16 páginas en 4.º Precio tanto en Madrid como en provincias, franco, 20 rs. por año, 11 por semestre y 6 por trimestre enviando el importe directamente en letra de seguro cobro.—También se admite en sellos de franqueo del precio de cuatro cuartos, mandando 45 sellos por año, 24 por medio y 14 por trimestre, á la Sra. Viuda de Vazquez e hijos, calle Ancha de San Bernardo, núm. 17, en cuyo punto se reciben las suscripciones.

Por real orden de 1.º de Junio de 1861, los señores suscritores pueden cargar el importe de la suscripción al fondo del material de las Escuelas.

PARTE DOCTRINAL.

Algunos de nuestros suscriptores, después de haber oído cantar á los niños que asisten á la Escuela práctica superior de la Central, las pequeñas composiciones en verso que insertamos en el número 47 de nuestro periódico, perteneciente al 20 de Junio de 1860, para facilitar el estudio de la extensión y población de los diferentes Estados soberanos de la Europa, así como también el de la longitud de los ríos, tanto de primero como de segundo orden de nuestra península, nos han suplicado que volviéramos á reproducirlas por cuanto carecían de ellas, en razón á que en la época en que se insertaron no estaban suscritos al periódico.

Accediendo, pues, á sus deseos, las reproducimos en el presente número juntamente con el artículo que les precede, con tanto mayor gusto, cuanto que han merecido la aprobación de personas muy competentes y autorizadas, no por el mérito literario, de que carecen, sino por lo que facilitan la