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Concluye la relacion de las personas que ejercen cargos durante el año que dio principio en Mayo último y terminará en igual mes del año de 1855.

COMISION PROVINCIAL DE TERUEL.

Sres. D. Francisco Lucia: director.
D. Francisco Miguel Ballesteros, subdirector. San Andrés, 40
D Alejo García, contador. San Bernardo, 46.
D. Tomás Nuez. vocal
D. Pedro Navarro, id.
D. Tomás Serrano, secretario. Alcañices, 17.

Id. de Segovia.
Sres. D. Francisco Rueda, director. San Juan, 17.
.....subdirector, vacante
D. Salustiano García, contador. Matadero, 6.
D. Bernardino Alonso, tesorero, Calle Real, 20.
D. Antonio Arahuetes, vocal. En Zamarramala, Ar-rabal.
D. Angel Gimenez, secretario. Calle del Parador, 1.

ANUNCIOS.

En la provincia de Burgos se hallan vacantes las escuelas siguientes:
La de Quintana Loranco, dotada con 43 fanegas de trigo por desempeñar el cargo de maestro y administrar el reloj. La de Fuentecen, con 2000 rs. y retribuciones de los niños. La de Villoveta, con 22 fanegas de trigo, 400 rs. en metálico. La de Villangomez, con 30 fanegas de pan mediado y habitacion para el maestro, sin perjuicio de lo que le produzcan los derechos de sacristán. La de Rupelo, con 600 rs. La de Garazo, con 1000 rs. La de Palacios de Benaber, con 900 rs. La de Santiago, en el Valle de Mena, con 500 rs. Tambien se halla vacante la Escuela de niñas de Villahoz, dotada con la cantidad de 1300 rs. Los aspirantes á cualquiera de dichas escuelas dirigirán sus solicitudes francas y documentadas, á la Secretaría, de la Comision superior antes el dia 16 del próximo mes de Diciembre.—P. A. de la C. P.—Antonio Martinez Acosta Secretario.

MADRID:—1854.
IMPRENTA Y LIBRERIA DE LA VIUDA DE VAZQUEZ E HIJOS.
Ancha de S. Bernardo, 17.
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fuerzas á las reformas beneficiosas que en este ramo puedan hacerse, sin perder de vista, al interesarme eficazmente por el bien público, el menor gravámen de los pueblos.

Cada funcionario tiene sus obligaciones que cumplir, y yo principalmente, por la responsabilidad y graves cargos que pudieran hacerse si desatendiese tan importante ramo.

Tan luego como el cumbre de los negocios que hoy pesa sobre mí me lo permita, daré principio á una visita á todas las escuelas y establecimientos de educacion de todos los pueblos, y antes de efectuarla quiero indicar á las comisiones, ayuntamientos y profesores algunos de sus principales deberes.

Todas las comisiones deben proponerme las reformas que en todo lo del ramo estimen necesarias: deben vigilar para que los maestros cumplan fielmente con sus obligaciones, poniendo en mi noticia la menor infraccion que notare. Siendo mi ánimo crear nuevas escuelas donde la necesidad lo reclame, deben hacerme presente esta falta.—Deben velar para que las máximas y clase de instruccion en dichos establecimientos sean las mas sanas y morales, procurando elevar el alma de la juventud al discernimiento y apreciacion de las nobles acciones, guía fiel y constante de la honradez y el heroismo.

Las municipalidades deberán contribuir á escitar el celo de los padres de familia para que sus hijos asistan á las escuelas con puntualidad; interesándose por sus adelantos; que los locales sean espaciosos, ventilados, limpios salubres y con buenas luces; que jamás falten los enseres indispensables á la enseñanza, y que los maestros cumplan fielmente con su obligacion, amonestándoles si faltan á ella, y dándome parte si las amonestaciones fuesen inútiles.

Plenamente convencidos los maestros de la importancia de su mision, deberán hacerse dignos de ella, procurando por cuantos medios estén á su alcance, los adelantos de sus discípulos, escitarlos á ser laboriosos, aseados, respetuosos con sus mayores y puntuales á las horas de instruccion; y siendo mentores de la juventud deberán ser modelo de las virtudes que encomien.

Tales son los deberes respectivos que creo oportuno recordar, advirtiendo que desde ahora en adelante prohibo que en los establecimientos de instruccion primaria se hable otro idioma que el castellano, desde que se entre hasta que se salga, haciendo responsables á los ayuntamientos, comisiones del ramo y maes-
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tros, de la infraccion de este deber, mandado cumplir por instrucciones y reales órdenes vigentes. Palma 22 de octubre de 1854.—José Miguel Trias.

Id. Instruccion pública.—La Comision superior de instruccion primaria de esta provincia me ha expuesto la falta de cumplimiento que se observa por parte de varios alcaldes en la remisión de los recibos de las dotaciones de los maestros, que con arreglo al artículo 48 y siguientes del real decreto de 23 de septiembre de 1847, deben pasar cada tres meses á la expresada corporacion. No han sido suficientes las repetidas órdenes de este gobierno ni las de la comision, para conseguir el exacto desempeño de un servicio tan sencillo y que es indispensable para la formacion de los estados trimestrales que deben elevarse al ministerio de Gracia y Justicia. Semejante descubierto da lugar á suponer que los haberes de los profesores del ramo se hallan en un lamentable atraso, cuando en realidad no sucede así, consistiendo solo esta falta en el olvido en que algunos alcaldes y secretarios de los ayuntamientos tienen el cumplimiento de sus deberes.

Estoy decidido á que el servicio público se desempeñe con puntualidad y exactitud, y muy principalmente vigilo sobre el importante ramo de instruccion pública, que es la base de la felicidad de los pueblos. No toleraré, pues, la menor omision en este particular.

La nota que se inserta á continuacion expresa los recibos que no se ha remitido á la Comision superior del ramo: los alcaldes á quienes toca su cumplimiento lo verificarán dentro del preciso término de ocho dias; en la inteligencia de que trascurrido este plazo impondré al que faltare en union del secretario, las multas á que me autoriza el artículo 48 del expresado real decreto, publicándose además sus nombres en el Boletin oficial, para que sirva de saludable correctivo. Palma 31 de octubre de 1854.—José Miguel Trias.

Tambien de Lugo y Ciudad—Real tenemos entendido que el Gobernador del primer punto y la Comision provincial del segundo, han adoptado disposiciones para corregir los abusos cometidos en perjuicio de la instruccion primaria desde Julio acá. En el próximo número las daremos á conocer á nuestros lectores, si llegasen á nuestras manos, como esperamos, los documentos en que se contienen.
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Ocioso parecerá ocuparnos en probar que la ley de 1858 y las disposiciones posteriores no han perdido su fuerza obligatoria á pesar de que el artículo 1.º del decreto de 7 de agosto último prescribe á los ayuntamientos y diputaciones provinciales que hayan de arreglar sus atribuciones en los negocios administrativos y económicos de los pueblos y provincias á lo establecido en la ley de 3 de febrero de 1825 y demás disposiciones que se hallaban vigentes al publicarse el Real decreto de 30 de diciembre de 1845. Pero cuando, á pesar de que á ninguna corporación ni persona que ejerza autoridad le es permitido dudar con buena fé que se hallan en toda su fuerza y vigor tanto la referida ley como las disposiciones que han sido legítimamente dictadas desde 21 de julio de 1858 en el ramo de instrucción primaria, vemos, sin embargo, que los ayuntamientos de algunos pueblos quitan y ponen los maestros á su antojo sin mas reglas que el capricho ni otra norma que la arbitrariedad: cuando vemos que hay alguna diputación provincial que al votar los presupuestos de 1855 excluye las partidas correspondientes al sueldo del inspector y del secretario de la comisión superior: cuando no falta provincia que pretende suprimir la escuela normal so pretexto de necesarias y útiles economías: cuando las comisiones superiores no se cuidan de revindicar las atribuciones que los ayuntamientos y diputaciones les usurpan, y que solo á ellas legalmente corresponden: cuando los gobernadores de las provincias consienten fá-cita y expresamente la anarquía en que está sumido el ramo de instrucción primaria: cuando el gobierno mismo calla ante el ridículo á que expone por su completa inobservancia las disposiciones que dicta para remediar algunos males, que á su especialidad unen la circunstancia de ser de un bulto extraordinario: cuando todo esto pasa desde la mas alta esfera del poder hasta la pobre y miserable en que es permitido agitarse la actividad de un alcalde de aldea, en perjuicio de la instrucción primaria y con grave daño de los maestros: cuando esto sucede, en fin, en la época de una regeneración política y moral que nosotros acatamos porque está en nuestros sentimientos y en nuestras convicciones á pesar de estar mal conducida, porque nunca la libertad ni la moralidad de un pueblo podrán arraigarse de un modo conve-
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niente cuando no reconozcan en su progreso el desarrollo de la instrucción primaria, que, atendido su fin y la extensión que debiera tener, se la llama por excelencia la instrucción popular, preciso será que levantemos nuestra voz denunciando los abusos y los males de que con encarnizamiento se ha hecho víctima á la primera enseñanza, por mas que nuestros gritos no lleguen quizás á herir bastante los oídos sordos de quien debiera remediarlos.

Si fuera posible colocar una barrera insuperable entre las dos épocas, anterior y posterior, á 1843: si ciertos hombres, renegando del progreso, pretendieran llevarle á cabo permaneciendo estacionarios ó andando hacia atrás como el cangrejo: si su ceguera pudiese llevarlos hasta el extremo de destruir las que, por mas que hayan sido desenvueltas por sus contrarios no son obras que deban atribuirseles, teniéndolas como malas, sino que son una precisa consecuencia de las preciosas conquistas hechas por la civilización, tan dignas de respetarse por los que no eran gobierno cuando se realizaron como por los que en el mando debieron publicarlas, aun cuando, á pesar suyo quizás, desarrollarán el progreso así en el orden material como en el y político moral: si fuera posible repetimos, colocar una barrera entre las dos épocas referidas y borrar todos los textos legales posteriores á 1843 en todos los ramos de la administración pública, aun así la ley de 21 de julio de 1858 estaría vigente, como anterior al 50 de diciembre de 1843; y lo estarían también las disposiciones posteriores á esta época en cuanto su observancia está terminantemente prescrita en el artículo 8.º y en el 127 de la ley de 3 de febrero de 1823, restablecida hoy, en cuanto se refiere al régimen económico y administrativo de los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

El artículo 8.º de la ley de 3 de febrero de 1823 dice así:
«Cuidarán los ayuntamientos de todas las escuelas de primeras letras y demás establecimientos de educación que se paguen del común, celando el buen desempeño de los maestros: y cumpliendo exactamente todos los demás encargos que les estuvieren hechos y se les hicieren por las leyes y por el plan general y reglamentos de instrucción pública, con respecto al establecimiento de dichas escuelas donde deba haberlas, á la dotación de los maestros, y á su elección y remoción.»

Dice en sustancia el art. 127 que:
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En cuanto al ramo de instrucción pública, desempeñarán las diputaciones provinciales la parte que les corresponda según las leyes, debiendo velar muy particularmente sobre el cumplimiento de lo que queda prescripto (art. 8.º) á los ayuntamientos, acerca del establecimiento de escuelas de primeras letras y el buen desempeño de los maestros.

Como se ve por el texto de los artículos que fielmente acabamos de trascribir en cuanto conduce á nuestro objeto, el legislador en 1825, tan liberal como esencialmente progresivo, echó una mirada al porvenir; y descubriendo en él la imposibilidad de que la instrucción pública permaneciese estacionaria y mucho menos que retrocediese, según hoy pretenden, creyendo en su ignorancia que les tiene cuenta, muchos ayuntamientos y algunas diputaciones, prescribió la obligación que tenían éstas y aquellos de cumplir exactamente todos los encargos que en adelante se les hicieran por las leyes, planes y reglamentos del ramo de instrucción pública, y en especial de la primaria. Es, pues, evidente, á todas luces claro, que la ley de 1825 no se opone de ningún modo ni podía oponerse á la ley de 21 de julio de 1838: y nosotros que estamos muy conformes con las prescripciones de los artículos 8.º y 127 de la ley de 3 de febrero de 1825, y aun prescindiendo de ellas por un momento nos proponemos demostrar por otras consideraciones en los números sucesivos la fuerza obligatoria de la ley de 1838 y disposiciones que la desenvuelven en su letra y en su espíritu, no podemos menos de llamar en el presente la atención del gobierno, de las diputaciones provinciales, de las comisiones superiores y gobernadores de las provincias, para que cumplan y hagan cumplir lo que dispone esa misma ley, á cuyo abrigo se hacen las injusticias, se cometen los desaciertos, se verifican las arbitrariedades, y se consiente en cuanto no se destruye la anarquía.

SOBRE LAS CIRCULARES DE LAS COMISIONES SUPERIORES DE INSTRUCCION PRIMARIA DE LAS PROVINCIAS DE TOLEDO Y ALBACETE.

En la segunda categoría de las disposiciones contenidas en las circulares de las comisiones superiores de Toledo y Albacete se determinan las reglas á que deben atenerse los ayun-
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tamientos para el pago de dotaciones y retribuciones á los maestros. Todas ellas son dignas del elogio que en general les tributamos en el número 26 de nuestro periódico al insertar la primera de las circulares que las contienen: y seguramente los maestros no habrían de lamentar la mayor parte de los males que los afligen, si en todas las provincias se hubieran observado las prescripciones 6, 7, 8, 9 y 10, y no hubieran obligado los ayuntamientos á los maestros á cobrar sus dotaciones de los rematadores de los puestos públicos, romaneros, ó de los que de algun modo son deudores á los fondos del comun, en vez de hacerlo de los depositarios de ayuntamiento, de quienes los maestros han debido cobrar conforme se determina en la regla 41.

Es seguro que con la estricta observancia del precepto negativo contenido en la última de las prevenciones expresadas los maestros no se habrían visto denigrados mas de una vez delante de los regateadores de los pueblos, quienes sin tener en cuenta que nada abonaban al maestro de su propio peculio, sino en su calidad de deudores á los fondos del Ayuntamiento en cuyo lugar se subrogaban, verificándose solo una mera noción que ni afectaba á la esencia del crédito ni á la cali- dad de la deuda y si solo á la persona del deudor, cuya noción si en algo podía modificar las condiciones del crédito lo hacia en beneficio del maestro, puesto que de ella se despren- dia una declaración tácita, pero cierta, de la mayor eficacia en los medios de hacer efectivo el pago, si se tiene en cuenta que el infundado ó mejor dicho absurdo privilegio que ha venido á sancionar la práctica á favor de los ayuntamientos, de no poder ser compelidos por la vía ejecutiva al pago de las deudas que proceden de servicios prestados al comun como meramente personal no es trasmisible y debía caducar desde el momento en que los regateadores se subrogaban en lugar de las corporaciones municipales en la obligación de satisfacer á los maestros sus dotaciones. Estas gentes, sin embargo, sin tener en cuenta la eficacia del crédito ni la estricta obligación en el pago de la deuda, llevadas sin duda del carácter de su oficio, regatean á los maestros la cantidad que les debieran satisfacer y la época del pago, cuando, por no negarse abiertamente á cumplir la obligación en que quedáran subrogados, llenan á los maestros de improperios y de insultos contra los cuales estos no pueden oponer otra cosa que la humildad del necesitado que siempre pide con el carácter de mendigo aunque pidalo suyo, con tal que tenga precisión de ejercer su triste oficio ante los que disponen de la facultad de abusar privando á sus acreedo-
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res hasta de los medios de su indispensable y ordinario sustento.

Mucho ganarian seguramente los maestros si en todas las provincias se cumpliese la obligacion impuesta á los ayuntamientos en la regla 41 de las circulares que vamos examinando, siquiera no fuese en otra cosa que en la consideracion pública: y limitamos las ventajas obtenidas á sola la pública consideracion, si al adoptar las demás provincias la prohibicion impuesta á los Ayuntamientos en la regla 41, no ayudasen al mismo tiempo esta ventaja efectiva con las que habría de producir el cumplimiento de las prevenciones comprendidas desde la regla 6.ª á la 10.ª, cuyo objeto es impedir que así los ayuntamientos mal pagadores, como los regateadores de los puestos públicos, paguen á los maestros tarde, mal y nunca.

Otra ventaja resultaria siempre, por mas que ella sea desconsoladora, á favor de los maestros, con la observancia única de la regla 14; á saber: que siendo los ayuntamientos los responsables inmediatos al pago de las dotaciones de los maestros, la obligacion subsiste siempre, por afectar su cumplimiento al cuerpo moral que representa el municipio, y los maestros podrán á su pesar, dejar á sus hijos ó á sus nietos el derecho á un capital que en la duda de realizarle, representará siempre en los herederos la miseria á que tal vez sus antepasados debieran su temprana muerte cuando las autoridades superiores que no imitan el ejemplo de las de Toledo y Albacete, ó no quieren, ó no pueden ó no saben cumplir en este punto sus deberes, y cuando los gobiernos ven los males y no aplican un general y eficaz remedio.

Otras tres disposiciones de las contenidas en las circulares de las comisiones superiores de Toledo y Albacete merecen especialencion y son dignas de un singular exámen. Estas son: la 19 y 20: en que se faculta á los pueblos para pagar al maestro de fondos municipales una indemnización por las retribuciones, y que la enseñanza sea enteramente gratuita y sin mas que las sotatinas, según lo han establecido ya muchos ayuntamientos: con cuya medida cree la comisión superior que los pueblos harán un gran servicio á la enseñanza, siempre que la cantidad que se señale al maestro por indemnización de las retribuciones no sea menor que la á que ascienda la tercera parte del sueldo fijo que disfruta. La 20 que dispone que los maestros interinos ó encargados de las escuelas, con título ó sin él, hayan de disfrutar el mismo haber y emolumentos que están señalados á los propietarios.

Sin embargo de que pensamos tratar la cuestion de retri-
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ciones cuya capitalización permite la comisión superior de la provincia de Toledo á los pueblos que así prefieran satisfacerlas al maestro cuando restablecida la calma y vueltas las cosas al estado normal de que nunca debieran salir, podamos añadir el hilo interrumpido de nuestras ordinarias tareas; y sin perjuicio de los principios que en este punto nos propone- mos asentar, no podemos dejar de aplaudir la conducta de la comisión superior de la provincia de Toledo, en cuanto concede á los pueblos la libertad de señalar al maestro una cantidad alzada por retribuciones; y sobre todo no podemos dejar de aplaudir esta medida con la condición que la acompaña de que la cantidad que por indemnización de retribuciones deba presuponerse, no sea menor que aquella á que ascienda la tercera parte del sueldo fijo que disfruta el maestro: y si en la cuestión de principios no debemos entrar hoy por las razones anteriormente expresadas, no podemos dejar de decir á la comisión de Toledo para su propia satisfacción, si ya no la tuviera cumplida en su propia conciencia, que apenas hay provincia en donde no haya algunos pueblos en que se practique con el mejor éxito el sistema proclamado en la circular que nos ocupa; y si la comisión de Toledo quiere ejemplos especiales, si es que no los tuvo presentes al redactar las prevenciones 49 y 20, le podremos citar, entre otros muchos, el de una gran parte de los pueblos de la provincia de Murcia, que, á consecuencia de un acuerdo adoptado por aquella comisión, están pagando una cantidad alzada en equivalencia de las retribuciones, con satisfacción de los maestros á quienes los ayuntamientos relevan de la carga pesada de llevar una cuenta odiosa á cada uno de sus discípulos y con satisfacción de los padres que no miran en el maestro una persona destinada á mermar sus intereses ni exigen que el aprovechamiento de sus hijos sea proporcional á la parte alicuota que con relación á su fortuna satisfacen por la enseñanza, sin tener presente que los adelantos solo puedan relacionarse con la capacidad, el talento y la aplicación.

En la provincia de Soria se habían establecido escuelas de noche y días festivos para la enseñanza de los adultos, con tan feliz éxito que llegaron á frecuentarlas mas de cinco mil alumnos; la comisión superior acordó que para remunerar á los maestros este trabajo extraordinario se impusiese á cada alumno la retribución de dos celemines de trigo al mes, ó seis en una vez por todo el año; y apenas se anunció esta novedad, cuando todas las escuelas quedaron desiertas. Este y el anterior ejemplo, entre otros muchos que pudieramos aducir
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Precio en Madrid 20 rs. por un año, 14 por seis y 6 por tres meses; en Provincias 22 reales por un año, 12 por semestre y 7 por trimestre, franco, ó por los mismos precios que en Madrid librando el importe directamente en letra de seguro cobro. También se admite en sellos de franqueo del preceptor de 4 cuartos, mandando 43 sellos por un año, 24 por medio y 14 por trimestre en carta franca al Administrador de El Preceptor, calle del Espíritu Santo, núm. 10, cto. 5.º, donde se reciben las suscripciones. Publicase el 15 y último de cada mes, y consta de 16 pág. en 4.º.

EL PRECEPTOR

INSTRUCCION PRIMARIA,

periódico oficial de la Sociedad general de Socorros mutuos entre Profesores de instrucción pública, y dedicado á la mejora de la enseñanza y defensa del profesorado.

Parte oficial.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Real decreto.

Para facilitar mas el pronto despacho de los negocios pertenecientes al ramo de instrucción pública, vengo en mandar que el jefe de la 5.ª sección del Ministerio de Gracia y Justicia tenga todas las atribuciones y facultades que correspondían á la suprimida Direccion.

Dado en Palacio á 8 de diciembre de 1854.—El Ministro de Gracia y Justicia.—Joaquín Aguirre.

PARTE DOCTRINAL.

Estudios pedagógicos.

ARTICULO X.

(Conclusion. Véase el número 29.)

A muchos parecerá esto quizás una paradoja; pero tengan entendido que no son sino hechos positivos que hemos presenciado.