El Monitor (Barcelona) (1901-02-20 00:00:00), página 6

soro, sin que estuviesen satisfechas las obligaciones de primera enseñanza. Creábanse por este mismo decreto las Cajas especiales de primera enseñanza en las provincias, y se las encargaba del ingreso, custodia y pago de los fondos afectos á las referidas atenciones; fondos que habría de entregar en la Caja el Delegado del Banco de España. Dictáronse disposiciones complementarias para el cumplimiento del anterior decreto, y entre ellas, merece anotarse la Real orden de 20 de Junio siguiente, que previendo el caso de insuficiencia de los recargos municipales establecidos, disponía que los Gobernadores ordenasen á los Delegados de Hacienda la retención de otros recursos.

Término inevitable y lógico de la tendencia protectora que encierra la legislación rápidamente extractada hubiera sido el importante decreto de 30 de Abril de 1886, que ordenó se incluyeran entre las obligaciones del Estado las del personal y material de la primera enseñanza, si el proyecto de presupuestos presentado á las Cortes en 12 de Junio del mismo año 1886, en que aquel decreto tenía cumplimiento, se hubiera convertido en ley del Reino.

Pero no fué así, ni las obligaciones de las Escuelas de instrucción primaria tuvieron cabida en el siguiente presupuesto de 1887-88, como sucedió con las de las Escuelas Normales e Institutos de segunda enseñanza, quedando, por lo tanto, en la misma situación en que estaban anteriormente colocadas. El Gobierno, sin embargo, continuó prestando á este asunto su eficaz apoyo.

La ley de 5 de Agosto de 1893 ordenó que los recargos municipales se recaudasen juntamente con las cuotas ó cupos del Tesoro, y el Real decreto de 24 de Abril siguiente se apresuró á mandar que las Delegaciones de Hacienda entregasen á las Juntas de Instrucción pública la parte de dichos recargos necesaria para cubrir las atenciones de primera enseñanza. Y últimamente, el Real decreto de 19 de Abril de 1896, que es la legalidad vigente en la materia, mandó que los recaudadores y agentes ejecutivos del Estado entregasen directamente los recargos en las Cajas de Instrucción primaria á medida que fuesen recaudándolos en cantidad suficiente para las atenciones del ramo, prohibiendo á los Ayuntamientos realizar toda clase de pagos, excepto los de Beneficencia y Sanidad, sin acreditar previamente, por medio de notas certificadas, que estaban cubiertas las atenciones de primera enseñanza.

Todas estas disposiciones, que demuestran los esfuerzos hechos en pro de los Maestros, no son, en realidad, otra cosa que el desarrollo y aplicación del art. 108 de la importantísima ley de 1857. Con una previsión nunca bien ponderada, el legislador facultó al Gobierno para establecer en las capitales de provincia la recaudación y distribución de los fondos destinados á la primera enseñanza, con objeto de asegurar el puntual pago de esas atenciones. Y á tal fin, como puede observarse, se han dirigido los esfuerzos hechos, habiendo llegado, en el cumplimiento de aquel precepto legal, hasta la institución de Cajas especiales en las capitales de provincia.

Y, sin embargo, todos los intentos realizados no han sido bastante á regularizar la situación de tan digna como desgraciada clase.

La insuficiencia de los recargos municipales para cubrir esas atenciones en algunos pueblos, la indeterminación de otros recursos que á falta de aquéllos supliesen la deficiencia, el escaso rigor de las medidas que pueden adoptarse por funcionarios más bien políticos que administrativos, la confusión misma que lleva á la práctica el inmenso cúmulo de disposiciones que, si bien teniendo al mismo objeto, cambian á cada paso el procedimiento, y la intervención, en fin, de tantos y tan heterogéneos organismos en una función puramente económica de distribución, son seguramente causa y motivos sobrados para que hoy, á pesar de las precauciones adoptadas, no se haya conseguido aún la completa solución de este problema y la normalidad de tan importante servicio.

Urge, pues, simplificar los procedimientos, procurar que el pago de las atenciones de primera enseñanza se realice sin intermediario alguno por el Estado, en aquellos casos en que los Ayuntamientos no lo hagan directamente suprimiendo, en consecuencia, organismos especiales, cuya existencia resulta innecesaria; determinar los recursos que deban quedar afectos á esta obligación, y conferir á los Delegados de Hacienda en las provincias la ordenación de los pagos, y las facultades de que la Autoridad económica estuvo ya investida, para conseguir previamente la realización de los ingresos necesarios.

Tal es el objeto del decreto que el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M.

San Sebastián, 21 de Julio de 1900.—Señora: A. L. R. P. de V. M.—F.º Silvela.

Junta provincial de Instrucción pública de Murcia.—CIRCULAR.—Las Escuelas de adultos estarán á cargo de los Maestros de las Escuelas completas de las poblaciones menores de 10.000 almas, y en las que tengan mayor número de almas, lo estarán á cargo de los Maestros de las Escuelas, en cuyos barrios sean más necesarias aquéllas.

Las Escuelas nocturnas estarán abiertas todos los días no festivos, desde el 7 de Enero hasta el 30 de Mayo y desde 1º de Octubre hasta el 23 de Diciembre.

La duración de las clases será de dos horas diarias, fijándose por las Juntas locales de primera enseñanza la hora de la entrada, según la época del año y las necesidades