El Monitor (Barcelona) (1902-02-13 00:00:00), página 2

Descartado por conveniencias propias y hostilidad agena, el procedimiento al parecer sencillo que consistía en encomendar á la Arrendataria ó á cualquier otra entidad subalterna del Estado el pago de los Maestros, queda otra vez expedito el camino para que los aspirantes á Habilitados trabajen en sentido que crean favorable á sus intereses, po niéndose otra vez en entredicho un caso legal que no pueden ver claro más que las inteligencias ofuscadas: el Maestro puede dar poderes á quien le plazca; esto es lo positivo y lo demás huelga completamente; si gracias á los absurdos que produce la complicación administrativa, por la cual se hallan tantas veces confundidos los poderes distintos, puede darse el caso de que se nombre Habilitado á quien menos tenga que ver con los Maestros, y se despoje sin querer, pero, efectivamente, á otros que ya mostraron su interés puramente moral en este asunto, esto no ha de obstar para que en los altos centros se desconozca el derecho de los únicos llamados á resolver en este asunto, y los únicos árbitros; sean cuales fuesen las disposiciones solicitadas, nunca espontáneas, que sobre el particular se han dictado desde hace algún tiempo.

Por si faltase alguna confirmación á nuestras palabras, no hay más que leer el interrogatorio circulado por el Sr. Conde de Romanones; es de rudimentaria sencillez el concepto que envuelve la pregunta inserta en dicho cuestionario dirigido á los Maestros y en virtud del cual, y con ciertas restricciones se ha llevado al Estado el pago de los Maestros.

Un Habilitado provincial sería como á manera de cacique, y no están los tiempos para crear otros organismos destinados á desaparecer aun cuando tienen su arraigo y cierto fundamento.

Ya se recordará que la creación de Subdelegados ó Subinspectores levantó no poca polvareda; más tarde aún se intentó (y estuvo á pique de realizarse), la supresión de la Inspección provincial; las Juntas provinciales fueron objeto de ataques cuya violencia no nos satisfizo, y las Cajas Provinciales murieron ab irato, para que purgasen todas las inco rrecciones cometidas tal vez por algunas de ellas; todo esto indica que cuanto emane de la provincia está vigilado y es objeto de ciertas suspi cacias por prestarse á manejos y combinaciones no siempre felices, y al gunas veces hasta perjudiciales; y con ello se demuestra una vez más que lo único racional y digno de su alto objeto, lo más sencillo y lógico, dentro de la buena doctrina legal, es el libérmino nombramiento de los Habilitados por parte de los únicos que les pueden otorgar sus poderes, bastando que uno sólo de los Maestros no esté conforme con el voto de los demás para que pueda separadamente cobrar por medio de poderes ó autorización, designando á la persona que sea de su agrado.

Y si tratándose de Maestros en plena posesión de su derecho esa doc trina tiene aplicación, más la tiene cuando de las viudas y huérfanos se trata, porque en ese caso no hay necesidad de Habilitado único, siendo preferibles siempre los que mayor sacrificio hagan en su gestión á favor de los más desvalidos miembros de la familia magisterial.

Por todo ello, si dada la actual organización enrevesada, se confía á las Juntas provinciales la parte administrativa, la designación de fondos correspondientes, creemos que ellas no han de intervenir para nada en la elección de Habilitados si se quiere (como se quiere), alejar hasta la sombra de sospecha de parcialidad en asuntos puramente dependientes de la voluntad de los electores.

Temas parecidos hemos sostenido en otras ocasiones, que lograron en la América latina un éxito aquí no logrado, y con ello se confirmó la estricta imparcialidad y desapasionamiento que guia ba á nuestra pluma.