El Monitor de primera enseñanza (1888-08-30 00:00:00), página 14

trataba de dos Maestros de Instrucción pública, entre los cuales no mediaba escritura ni contrato alguno:

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarándose competente, alegando: que en el requerimiento de inhibición se citaba como infringida la regla 4.ª del artículo 11 del Real decreto de 27 de Abril de 1875, la cual no podía tener aplicación alguna al caso presente, porque no se trataba de demanda del patrono, ni contra el patrono, ni de fondos de la fundación: que aún cuando se tratase de pleito incoado por el patronato, la falta de autorización para litigar no es motivo para suscitar competencia, conforme se establece en el último caso del artículo 3.º del Real decreto de 8 de Setiembre último: que tampoco se trataba en este pleito de ninguno de los objetos y facultades correspondientes á los Gobernadores de provincia, según el artículo 13 de dicho Real decreto de 27 de Abril de 1875, no pudiendo tener aplicación la regla 3.ª de dicho artículo, citado por la autoridad requirente: que la demanda de indemnización ó alquileres en nada afectaba á los fondos de la fundación ni á sus derechos, sino que sólo era una reclamación de carácter privado, que se venía fundando en hechos y razones de orden puramente civil, cuales eran el derecho de posesión, el principio de que nadie se enriquezca con perjuicio de otro, y el acto de haber usado Elejalde un local; y á las que por éste se contestaba con excepciones, también derivadas de las leyes civiles: que no podía afirmar, como lo hacía el requerimiento de inhibición, que la escritura de fundación de las Escuelas se sujetara á la instrucción para el ejercicio del protectorado del Gobierno en la Beneficencia de 27 de Abril de 1875, puesto que esa escritura no es de fecha de 25 de Setiembre de 1877, sino de 1867; y aun cuando los mismos principios de la instrucción posterior informasen la legislación administrativa anterior, es regla general que la instrucción gubernativa en las fundaciones particulares se limita á la inspección del cumplimiento de sus fines, dejando reservado á los Tribunales ordinarios toda duda, cuestión ó interpretación que se refiera á las acciones que en reclamación de sus derechos ejercitasen los interesados, ó á la inteligencia de la voluntad de los fundadores, según se consigna en varias decisiones dictadas á consulta del Consejo de Estado:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el artículo 2.º de la Ley orgánica del Poder judicial, según el cual, la potestad de aplicar las Leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente á los Jueces y á los Tribunales;

Considerando:
1.º Que la reclamación deducida por D.ª Antonia Pila Ganzo para que se la entregue la casa y frutos civiles de la misma que, como Maestra de niñas del pueblo de Armero, le corresponden en virtud de la fundación de D. José Linares Quintana, y que ha venido disfrutando el Maestro del referido pueblo, es una reclamación que se funda en un título civil, como es la fundación de donde arranca su derecho la demandante:
2.º Que cuando se trata, como sucede en el presente caso, de la interpretación, aplicación y declaración de derechos que emanan de una escritura pública ó de un testamento, como consecuencia de reclamación entre particulares, sólo los Tribunales del fuero común son los únicos que pueden conocer con arreglo á las Leyes civiles y en el juicio correspondiente.