El Monitor de primera enseñanza (1888-08-16 00:00:00), página 15

de que en definitiva fuera revocada, declarando que el citado Ayuntamiento no viene obligado á facilitar casa al Regente de la Escuela práctica, ni menos á satisfacer los alquileres de la que habitaba:

Que emplazado mi Fiscal, contestó á la demanda, con la súplica de que se absuelva de ella á la Administración y se confirme la Real orden impugnada.

Visto el art. 10 del Reglamento de 15 de Mayo de 1849, que dice: «Las Escuelas Normales de ambas clases se procurarán colocar en edificios propios del Estado, haciendo en ellos las obras necesarias para su completa habitación: estas obras se harán por cuenta de la provincia, pero las de conservación serán de cargo de los Ayuntamientos, según se previene en el Real decreto de 30 de Marzo. Donde sea de todo punto imposible colocar la Escuela en un edificio del Estado se alquilará una casa que tenga toda la amplitud necesaria, pagándose el alquiler de los fondos provinciales:»

Visto el art. 11 del citado Reglamento, en que se establece que todo edificio destinado á Escuela Normal deberá tener una habitación para el Director y su familia y otra para el Regente de la Escuela práctica.

Vistos los artículos 411 y 412 de la Ley de 9 de Setiembre de 1857, que disponen que los gastos de las Escuelas Normales provinciales se satisfarán por las respectivas provincias, quedando á beneficio de éstas el importe de las matrículas que paguen los aspirantes á Maestros. La Escuela práctica será sostenida por el Ayuntamiento del pueblo como Escuela superior, y también estará á cargo de la Corporación municipal la conservación del edificio:

Considerando que corresponde á los Ayuntamientos el sostenimiento de la Escuela práctica agregada á la Normal de Maestros con arreglo á lo prevenido en el citado art. 412 de la Ley de 1857, sin que en el mismo se establezca distinción alguna entre unas y otras clases de gasios.

Considerando que las disposiciones de esta Ley derogaron el Reglamento de 1849, en todo cuanto les fuera contrario:

Considerando que en su virtud no pueden invocarse únicamente por el Ayuntamiento demandante el Reglamento referido, para eludir el cumplimiento de obligaciones que le impone una Ley posterior:

Y, considerando, por último, que en consecuencia de lo expuesto, la Real orden impugnada no causa ningún agravio de derecho al Ayuntamiento de Huelva.

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron: D. José Gallostra, Presidente; D. Ramón de Campoamor, D. Pedro de Madrazo, el Marqués de los Ulagares, D. Angel María Dacarrete, D. Dámaso de Acha, el Marqués de la Fuensanta, D. Enrique Cisneros, D. Miguel Martínez Campos, D. Joaquín Medina, el Marqués de Arcicollar, D. Carlos Navarro y D. Gaspar Nuñez de Arce.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en absolver á la Administración general del Estado de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Huelva contra la Real orden de 8 de Octubre de 1883, que queda firme y subsistente.

Dado en Palacio á doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho.

MARIA CRISTINA.

El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real Decreto por mi el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública