El Monitor de primera enseñanza (1888-07-05 00:00:00), página 7

Diputaciones los establecimientos de instrucción y otras instituciones análogas, añade: con sujeción á las leyes especiales y reglamentos de los diversos ramos de la Administración pública; así como determinan expresamente esta ley provincial y la municipal que los funcionarios (que dependen de sus presupuestos) destinados á servicios profesionales tendrán la capacidad y condiciones que en las leyes relativas á aquellos se determine, por consecuencia de lo cual, el Ministerio de Fomento y las autoridades académicas son los que acuerdan el nombramiento, separación y demás medidas relativas al personal docente de los establecimientos de beneficencia sin excepción alguna (1).

Asimismo en lo que al Protectorado general del Gobierno sobre las fundaciones y otras piás se refiere, la Ley de Instrucción pública, no siempre fielmente observada, además de dar, como ya se ha dicho, el carácter de públicas á las Escuelas que en todo ó en parte están sostenidas por obras piás u otras fundaciones destinadas al efecto, declara en el art. 98 que serán respetados los derechos de patronato, salvo siempre, el de suprema inspección y dirección que al Gobierno corresponde; y la recta inteligencia de la reserva que contiene esta última cláusula es que las facultades que el Gobierno retiene, se ejercerán por el órgano de la Administración á quien compete exclusivamente el cumplimiento de la Ley en que se consignan (2).

Contra la doctrina expuesta en las anteriores consideraciones, se presenta el hábito, la tradicional costumbre de mirar bajo todos los aspectos de la vida interior de los pueblos como casas de caridad, los internados gratuitos de educación, que por virtud de las leyes y reglamentos de Beneficencia se han adscrito á esta; y no será fácil, frente á tales resistencias, hacer triunfar en esta materia ahora, ni acaso en mucho tiempo, el principio de la supremacía que la educación representa respecto á otras funciones sociales ó de Gobierno.

Sin embargo, el error fundamental que en el orden administrativo prevalece en este punto, ni es sostenible legalmente, ni en su aplicación dejará de ser perjudicial en sumo grado para los fines á que aquellos establecimientos y fundaciones aspiran.

La Ley de Beneficencia de 20 de Junio de 1849, verdad es que declaró en su art. 3.º que son establecimientos provinciales de Beneficencia las casas de huérfanos y desamparados, como declara también el Reglamento publicado en 14 de Mayo de 1852 para ejecución de aquella Ley, que son establecimientos generales de Beneficencia, entre otros, los de sordo-mudos y ciegos; pero posterior á dicha Ley y dictada expresamente para organizar la Instrucción pública en todos sus grados, es la de 9 Septiembre de 1857, cuyas disposiciones definiendo lo que son Escuelas públicas de primera enseñanza, que antes se han mencionado, y estas últimas declaraciones legales, que modifican y restringen las anteriores, han debido ponerse y en parte se han puesto en práctica.

Si hay aún dificultades para ello, día ha de llegar en que por el respeto

(1) Esta doctrina ha sido confirmada por diferentes resoluciones del Consejo de Estado en vía contenciosa.
(2) El Reglamento de las Comisiones de Instrucción primaria (fecha 18 de Abril de 1839) que se considera vigente para las Juntas provinciales de Instrucción pública, en razón á que no se ha dictado otro especial para estas, dispone en su art. 22 lo siguiente: Cuidarán con el mayor celo, de reclamar las fundaciones, legados, donaciones, obras piás, etc., destinadas en la provincia á la primera enseñanza, que se hubieren dis- traído de su objeto con cualquier motivo, y también solicitarán el cumplimiento de las obligaciones ó cargas particulares impuestas á favor de la Instrucción primaria sobre fundaciones eclesiásticas, aunque éstas hayan pasado al Estado, dando parte á la superioridad de semejantes reclamaciones.