El Monitor de primera enseñanza (1888-07-05 00:00:00), página 6

el de educar y preparar para la vida á sus hijos. Y en este camino la acción de la Beneficencia oficial encuentra que el Estado (en cuyo nombre obra ella así mismo) ejerce funciones que, en justo respeto al derecho del hombre, le han sido atribuidas como de orden supremo, puesto que tienen por objeto que no quede abandonado al azar de la acción, todavía harto débil de la iniciativa privada, uno de los fines más trascendentales de la sociedad humana. Es indudable: la obra administrativa de la Beneficencia cede y pasa á lugar secundario frente al organismo que lleva la representación del Estado en el ejercicio de aquellas más altas funciones, sin que haya que dudar un momento que la Beneficencia propiamente dicha y la educación tienen en su esencia caracteres totalmente diversos.

Sea en buen hora un sentimiento de caridad el origen de los establecimientos de educación de huérfanos ó de niños pobres; más reconózcase como incuestionable que en todo instituto de esta naturaleza, si los medios han de estar en armonía con los fines, su régimen y organización es indispensable que tengan por guía el concepto educativo y, en su consecuencia, pedagógico que los caracteriza.

Los colegios particulares de internos, ya se atienda á su denominación general, ya al sentido con que la sociedad les aprecia, ya á sus relaciones oficiales con el Estado por efecto y para la aplicación de las leyes, están y han estado siempre mirados como instituciones de enseñanza. La circunstancia en realidad meramente accidental, de que un internado sea en absoluto gratuito, porque en vez de abonar la retribución los alumnos la satisfacen en sustitución suya las Corporaciones á quienes por las leyes ó por las cláusulas de fundación especial corresponda esta carga, no altera en lo más pequeño la índole del establecimiento, y á los ojos del Estado, ó sea de las leyes, no debe haber diferencia alguna entre el alumno que se educa á su costa y el que recibe este beneficio gratuitamente. Si todas las obligaciones á que, salvo el respeto al principio de libertad de enseñanza, están sometidos los establecimientos privados de educación, tienen su lugar propio en las leyes especiales de Instrucción pública y de velar por su cumplimiento hasta en lo que se refiere á la higiene, ó sea á los cuidados de la vida corporal, está expresamente encargado el Ministerio á quien aquel servicio corresponde; arguye contradicción que el mero título de establecimientos de beneficencia haga perder su verdadero carácter á los que sostienen las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos. Ni se diga tampoco que siendo estas corporaciones organismos de una Administración que tiene leyes y superiores gerárquicos que les son propios, están fuera de la acción de toda otra ley y autoridades; porque la competencia administrativa, la que pudiera llamarse jurisdicción ministerial, debe tener siempre más de real que de personal, y según sea el objeto, la cosa ó materia, y no la entidad sobre que verse, debe decidirse el que pudiera llamarse estatuto legal del asunto.

Las leyes de nuestro país han reconocido, pero solo á medias, este principio con respecto á los establecimientos de que se trata. La de 9 de Setiembre de 1857 ha comprendido en el número y condición de Escuelas públicas las que existen en los establecimientos provinciales y municipales de beneficencia, puesto que ha declarado (1) que lo son todas las que se sostienen en parte con fondos públicos, obras pías u otras fundaciones piadosas: la Ley provincial respetando este precepto, al incluir en el número de los servicios á cargo de las-

(1) Art. 97.