El Monitor de primera enseñanza (1888-07-05 00:00:00), página 8

debido á los principios consagrados en las leyes se declare y realice que no puede ser atribuida la competencia para dirigir, administrar, vigilar y proteger los establecimientos públicos de educación á otra Autoridad administrativa que á aquella á que está encomendada la representación genuina y directa del Gobierno, en las funciones de la instrucción general del país.

Esta tendencia ha triunfado ya en dos puntos muy esenciales. Los establecimientos de educación de sordo-mudos y de ciegos están de hecho y derecho bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Fomento, habiendo quedado derogada la legislación anterior de Beneficencia por el art. 108 de la Ley de Instrucción pública que colocó entre los establecimientos públicos de enseñanza las escuelas destinadas á la educación de aquellos, adelantándonos por cierto á otras naciones donde aún se disputa á estos institutos su carácter educativo, y se les clasifica para los efectos administrativos en el número de los establecimientos de beneficencia (1).

Reconocido está también que el Protectorado del Gobierno sobre las fundaciones y obras pías, se ha de ejercer por el Ministerio de Fomento en lo relativo á las que tienen la enseñanza por objeto principal. Así lo ha declarado, después de exponer todos los fundamentos legales de la materia, la Real orden acordada en Consejo de Ministros, y publicada por el de Fomento con fecha 26 de Junio del último año. Esta Real orden, apoyándose en leyes y jurisprudencia de todos conocidas, sanciona el derecho incuestionable de erigir fundaciones destinadas á fines de enseñanza; recuerda que las desamortizadoras han exceptuado de sus disposiciones los edificios y terrenos que han de ocupar las instituciones de esta naturaleza, y confirma, en términos bien expresos, que al mismo Ministerio es al que corresponde, única y exclusivamente por sí y por medio de los Delegados y Autoridades que del mismo dependen, el ejercicio de este Protectorado.

No bastan, ciertamente, estas resoluciones para estimar que fácil y prontamente llegará á decidirse el punto principal de la cuestión; pero conviene dejar sentado cuál es el sentido dominante y la tendencia á que se acomoda este reciente acto de la Administración.

Los inconvenientes que nacen del orden que se sigue y de la varia y hasta contradictoria legislación aplicable á los establecimientos de educación en la actualidad considerados como de Beneficencia, aconsejan imperiosamente una reforma radical. Por el concepto de asilo que en ellos prevalece, su dirección y administración está encomendada á personas que podrán ser individualmente de gran respetabilidad; pero que no tienen ó no se les exige que acrediten, como primera condición, aptitud legal, esto es, carácter profesional adecuado á las funciones de educación y enseñanza á que en el establecimiento se ha de atender más que á ningún otro fin.

Las consecuencias que de esto han de seguirse en más de un asilo se han dejado sentir. Dando por cierto que para los cargos de Directores de estos establecimientos se hallen hombres de rectitud y honradez probada, no bastan cualidades tan recomendables para regir acertadamente, y con el carácter que les corresponde, estos asilos; porque hay que tener muy en cuenta que la in-

(1) La opinión que predomina sin embargo, en casi todas las naciones, es la de que las Escuelas de Sordo-Mudos y de Ciegos corresponden y deben estar incorporadas al Ministerio que tiene á su cargo la Instrucción pública.

Todavía entre nosotros, y precisamente en Madrid mismo, donde existe el Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, que depende del Ministerio de Fomento, hay una Escuela de Ciegos dirigida por otro Ministerio.