El Monitor de primera enseñanza (1888-01-19 00:00:00), página 15

tancia aparece el Decreto siguiente: «No habiéndose anunciado las protestas que contiene este escrito en ninguna de las sesiones celebradas por el Tribunal, y ordenando la disposición primera de la Real Orden de 10 de Octubre de 1881 que las protestas contra los ejercicios de oposiciones deben anunciarse ante el Tribunal en la misma sesión en que los opositores entiendan que ha tenido lugar el hecho en que fundan aquella, y en la tercera que no se dará cuenta ó curso á las que se presenten sin cumplir lo prevenido en las anteriores disposiciones, siendo la segunda que han de presentarse al Presidente del Tribunal las protestas por escrito anunciadas dentro de las 24 horas siguientes, cuya disposición tampoco se ha cumplido por haberse presentado en el día de hoy al que provee por Secretaría, y por todas estas razones no há lugar á dar á la presentada por la opositora D.a Dolores Fernández Muñoz el curso correspondiente, devolviéndole á la interesada hoy 17 de Diciembre de 1886.—José Ranedo».—Con fecha 21 del expresado mes de Diciembre acudieron al Rectorado las mismas opositoras D.a Carmen y D.a Dolores en igual sentido de protesta y en términos bastantes descompuestos en contra del Tribunal.—Al remitir el Rectorado el expediente á la Superioridad, significa que el grado de sordera del Maestro normal que debió ser nombrado Juez del Tribunal, no es bastante para impedir la audición, dada la distancia que media entre los opositores y los Jueces; considera que se ha cometido infracción legal y que ofreciéndose dudas acerca de la imparcialidad en la calificación; cabe anular las oposiciones protestadas.—Concretando lo expuesto en el anterior extracto, resulta que dos de las Maestras opositoras, después de conocer la calificación de los ejercicios presentan una protesta que no ajustándose á lo dispuesto en la Real Orden de 10 de Octubre de 1881, debió quedar sin curso según lo que en la misma Real Orden se prescribe terminantemente. La protesta, en efecto, es legal, pero el Rector prescinidiendo de las denuncias sobre aplazamiento é interrupción de los ejercicios dá tal importancia á las que se refieren á la constitución del Tribunal y á la calificación del ejercicio escrito, que los considera motivo bastante para la anulación de las oposiciones. Sobre estos hechos versa sin duda la consulta y preciso es por tanto apreciarlos en su justo valor. Según el Decreto de 14 de Setiembre de 1870, artículo primero, debe formar parte de los Tribunales de oposición uno de los Maestros de la localidad con Escuela pública, entre ellos el título de mayor categoría. No habiendo en Murcia sino uno sólo con título normal, ese Maestro debe ser Juez de todos los Tribunales, y la Diputación provincial, sin embargo, nombró otro que sólo posee título superior. La infracción de la Ley es clara y manifiesta, pero no lo es menos que presentado el recurso fuera de tiempo hábil debió quedar sin curso y sólo pudiera atenderse en el caso en que el nombramiento de Juez hubiera recaído en persona inhabíl para ejercer tan delicado cargo, lo cual no puede afirmarse. El Maestro con título superior reúne la aptitud y competencia legal y todas las condiciones necesarias para apreciar los ejercicios y emitir su voto en oposiciones de esta clase con más autoridad que el Maestro con título normal. Dice- se que la presencia de este último hubiera sido una garantía para las opositoras y aun para la administración; pero este aventurado aserto, que infiere una ofensa á todos los individuos del Tribunal desprovisto de pruebas fehacientes carece de valor.—Respecto al mérito de los ejercicios, natural es que las interesadas consideren los suyos como los mejores, pero no deja de extrañar que el Rector apoye esta reclamación al decir que el cotejo de los escritos de induce á creer que el concepto del Tribunal no armoniza con la imparcialidad y rectitud del criterio» cuando no ha podido apreciar más que uno de los cu-