El Monitor de primera enseñanza (1887-01-27 00:00:00), página 7

en cuenta los derechos del que enseña, y para nada se habla de los derechos del que tiene que aprender.

No puede perderse de vista que éste es un menor de edad, y que como miembro de la familia social, nace con derecho á conocer las leyes á que está sujeto, y á participar de la herencia universal y colectiva de la civilización.

En el último extremo, el Estado es el tutor de todos los menores; y si nadie ha impugnado su intervención cuando se trata de sus necesidades materiales, aun á costa de los bienes individuales de sus padres, menos podrá negarse el derecho de intervención del Estado, cuando se trata de asegurarles su participación en el patrimonio común de la civilización y de la ciencia.

No se crea, sin embargo, que los que suscriben son adversarios de la libertad de enseñanza, cuando ésta se halla circunscripta dentro de los límites justos y de los términos racionales.

Si pensamos que al Estado corresponde la iniciativa y la dirección en tan importante materia, tenemos también la firme creencia de que á su actividad debe procurar sumar, para mayor eficacia, el conjunto de las acciones particulares é individuales, que no resulten perturbadoras para realizar tan laboriosa obra.

El Estado se halla en el caso de estimular y aprovechar toda la suma posible de inteligencia nacional; pero no en el de confundir el charlatanismo con la ciencia, ni la licencia con la libertad. Debe considerar que al lado de los derechos de los que enseñan están los derechos de los que aprenden, y que éstos merecen tanta mayor solicitud, cuanto que se trata de menores de edad, siendo por su ignorancia é inexperiencia, si alguno no lo es por sus años.

Lo menos que puede exigir el Estado á los que se dedican á enseñar, en salvaguardia de los derechos de los que aprenden, es que demuestren públicamente sus aptitudes ante Tribunal competente; y no creemos que esta condición sea de tal naturaleza, que perjudique ningún interés ni lastime ningún derecho.

No se trata aquí de afirmar que nadie puede poseer la ciencia sin tener título académico, sino de que éste es simplemente una sanción del hecho.

Nosotros no nos opondríamos á que el Estado facilitase los medios de obtener esos títulos, con tal que hubiese verdadera seriedad, rectitud y severidad en las pruebas, y de este modo, teniendo todas las puertas abiertas para revallidar sus aptitudes, habría una libertad tan amplia como fuera de desear en esta materia.

Los individualistas exagerados contestan á esto que más de una vez se ha visto á grandes genios é inventores desahuciados por gobiernos y corporaciones oficiales; pero olvidan que son muchísimos más los que en vida se han visto glorificados, que las excepciones no destruyen la regla, que al fin aquellos también lograron triunfar de todos los obstáculos, que los tiempos han variado mucho, y últimamente, que la justicia, cualquiera que sea la forma que invista sobre la tierra, siempre participará de las debilidades, imperfecciones y errores inherentes á la humana naturaleza.

Fundados en todas estas consideraciones, los que firman suplican al alto poder legislativo de la Nación, que en uso de las facultades que le competen, se digne dictar una ley limitando la libertad de enseñanza, consignada en las disposiciones vigentes, á los que tengan títulos académicos correspondientes á la clase de enseñanza que se propongan dar; que impida la intrusión de personas extrañas en los actos oficiales escolares, y que se deslinden con toda justicia y equidad la jurisdicción y las atribuciones del Profesorado de