El Monitor de primera enseñanza (1886-02-20 00:00:00), página 14

Propónese, en fin, restablecer un estado de derecho, manteniendo en toda su pureza la legalidad existente, que la Administración por sí sola y por reclusión que sean sus propósitos, no puede ni debe perturbar.

No significa esto que el Ministro que suscriba se halle doctrinalmente de acuerdo con el derecho constituido acerca de esta y otras graves cuestiones de la enseñanza libre y oficial. De conformidad con los principios sustentados al comienzo de este preámbulo, inspirándose en los adelantos alcanzados por otros países, y teniendo presentes las condiciones históricas y actuales del nuestro, desenvolverá plenamente sus ideas acerca de las relaciones del Estado con la enseñanza oficial y libre en los proyectos de ley sobre Instrucción pública que tiene en estudio y que someterá á la aprobación de V. M. para que puedan ser discutidos tan pronto como las Cortes reanuden sus trabajos legislativos. Mas entre tanto, deberá suyo es mantener con toda energía la fiel observancia de la legalidad vigente, porque así lo exige el más elemental deber del Gobierno y respeto que debe guardar á la Constitución del Estado.

Sin contravenir á tal legalidad, antes bien, creyendo inspirarse en sus conceptos, considera urgente, mucho más después de la confusión introducida en los últimos tiempos, determinar con fijeza y del modo más conforme á las necesidades de la enseñanza, cuáles han de ser los Tribunales para los exámenes de los estudios privados hasta tanto que la Ley establezca definitivamente su sistema.

Correspondiendo al Estado, según la Constitución, conferir los grados y títulos profesionales, solamente él, por medio de sus representantes, puede dar por buenas las pruebas parciales y totales de los estudios requeridos. Intencionalmente no se forma un Cuerpo de examinadores que por su conocimiento del estado actual de las ciencias, su práctica en la enseñanza y la estabilidad, independencia y demás condiciones con que haya de organizarse su cargo, reunan todas las necesarias para llenar cumplidamente esta función del Estado, ningún otro Tribunal como el constituido por Catedráticos oficiales ofrece mayores garantías de acierto. Estos Profesores nombrados por oposición, conocedores por deber de los adelantos de su respectiva asignatura, prácticos en la apreciación de los merecimientos de los alumnos, interesados en el progreso de la enseñanza, inamovibles en sus cargos, y careciendo de todo interés personal y hastiado en la aprobación ó reprobación de los ejercicios, sería injusto desconocer que reúnen desde luego aquellas condiciones, cuando como representantes del Estado intervienen en los exámenes, ó expiden los certificados de aptitud en las materias científicas á que están consagrados.

La experiencia ha demostrado, entre una y otra organización de Tribunales de examen, cuál ha respondido mejor á los verdaderos fines de la enseñanza.

La conveniencia de ésta exige, sin embargo, que el Profesor privado que se dirijido la inteligencia del alumno forme parte del Tribunal que ha de examinarle, no para cotrarrestar prevenciones que no existen por parte de los Catedráticos oficiales, sino para enterarles de las condiciones de capacidad y aprovechamiento de su discípulo, así como para inspirar á éste por tal motivo mayor serenidad de espíritu en el acto de examen. Pero esta intervención sólo puede darse al Profesor que realmente haya enseñado al alumno, de lo cual únicamente ofrecen por ahora garantías los Establecimientos incorporados. Por eso conviene mantener en su vigor el Real Decreto de 28 de Febrero de 1879, que admite en el Tribunal de examen de prueba de curso para los alumnos de colegios incorporados al que les hubiese enseñado. Mas no parece justo exigir este Profesor un título académico, como en aquel Decreto se dispone, ya que