El Monitor de primera enseñanza (1886-05-15 00:00:00), página 14

Si se compara la situación económica, ya que no próspera, siquiera desahogada de los dos Establecimientos de la capital de la Monarquía con la estrecha y aun precaria de muchos, y en la desesperada de algunos de la misma clase en las provincias que la Administración central, á pesar del riguroso empleo de todas sus energías, ha sido impotente para mejorar, no parece sino que unos y otros Establecimientos son de clases diversas, y que sus profesores no tienen iguales derechos, y que los pueblos no son merecedores á la misma instrucción.

Más grave, mucho más grave es el precario estado de la primera enseñanza.

Ya en 1847 se sentía la necesidad de suplir por medios extraordinarios la deficiencia municipal, pues en Real Decreto de 23 de Setiembre de aquel año se dispuso que, no bastando el presupuesto del Ayuntamiento para cubrir las obligaciones de aquella enseñanza, se pagase el déficit con los presupuestos provincial y general del Estado.

En el art. 97 de la nunca bastante aplaudida Ley de Instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857, á la vez que se reservó para el Estado la organización de las Escuelas é Institutos, se impuso en el art. 97 la obligación ineludible para los Ayuntamientos de incluir en sus presupuestos la cantidad necesaria para los que según la Ley habrían de tener, y en el art. 411 se ordenó también que las provincias sufragasen los gastos de las Normales. No se fiaba, sin embargo, en la grande eficacia de estos preceptos, porque á la vez se ordenaba que se incluyese cada año en el presupuesto general del Estado una cantidad que no habría de bajar de un millón de reales, para auxiliar á los pueblos que no pudieran costear por sí solos aquellos gastos.

Desde entonces son verdaderamente innumerables las disposiciones dictadas por la Administración central con el fin de asegurar, aunque sin conseguirlo nunca, el cumplimiento de estos preceptos por parte de los pueblos. Ya mandando á los Gobernadores que no aprobasen los presupuestos municipales en que no se incluyesen los gastos de la primera enseñanza, hasta el punto de haber ellos de incluirles de oficio cuando las Corporaciones populares no lo hicieran (Reales Ordenes de 15 de Diciembre de 1857 y 29 de Noviembre de 1858); ya disponiendo cosa análoga respecto á los presupuestos provinciales para los gastos de las Escuelas Normales (Real Orden de 24 de Julio de 1858); ya ordenando proceder criminalmente contra los Alcaldes que desobedeciesen al Gobernador de la provincia por no hacer dicha inclusión en los presupuestos (Ordenes de 20 de Marzo y 7 de Julio de 1869); ya poniendo en vigor y desarrollando el precepto contenido en el art. 198 de la citada Ley, y concentrando, en su consecuencia, en poder de los Depositarios provinciales primero y en el de los Administradores económicos después, los fondos que los Ayuntamientos debían entregar para este servicio, creando al efecto las actuales Cajas especiales de enseñanza (Real Orden de 30 de Noviembre de 1858, Ley de 2 de Junio de 1868 y Real Decreto de 24 de Marzo de 1874); ya autorizando á los Administradores económicos para retener por cuenta de los recargos municipales sobre las contribuciones directas los fondos necesarios para la primera enseñanza, facultándolos para apremiar á los Ayuntamientos al pago por los medios rigurosos que el Estado se reserva para el cobro de sus propios créditos (Real Decreto de 23 de Agosto de 1881); ya afectando privilegiadamente al pago de estas atenciones los indicados recargos municipales, autorizando á los delegados del Banco de España para retener de ellos la parte necesaria, y obligando á los Ayuntamientos á hacer uso de tales recargos, si no tenían otros recursos espe-