El Monitor de primera enseñanza (1886-02-20 00:00:00), página 11

Por eso la educación debe preparar al hombre para los fines civiles, políticos y religiosos en que se encuentran sus destinos.

Correlativa de la libertad de aprender es la libertad de enseñar, y el Estado debe también reconocerla sin imponerla otros límites que los que sustancialmente corresponden á la libertad de aprender.

Además, por su carácter científico, como exposición de doctrina, exige los mismos respetos que el derecho de emitir libremente el pensamiento al amparo de la libertad política de la conciencia, ya que la más sólida entre las humanas garantías de la investigación de la verdad es la libertad, que también expone al hombre á incurrir en el error.

Por su carácter económico, como aplicación del principio de la libertad del trabajo, no consiente trabas arbitrarias ni privilegios que impidan ó dificulten los efectos de una leal y noble y provechosa competencia.

Proclamando y garantizando el Estado ambas libertades, cumple respecto á la instrucción los deberes jurídicos que reclama su misión permanente en la vida social. Pero ésta no ha llegado todavía en España ni en parte alguna de la vieja y civilizada Europa á tal grado de progreso que se baste á sí misma para satisfacer las exigencias de su fin científico sólo con una organización fundada sobre la base de la iniciativa individual y á impulsos del espíritu de la asociación privada. Y mientras esto no suceda, forzoso será al Estado desempeñar, respecto á la enseñanza, además de las funciones jurídicas que responden á su fin permanente, otras de carácter técnico y progresivo, sosteniendo y administrando Establecimientos consagrados á fomentarla y propagarla con el mismo celo e igual eficacia que pudieran poner los particulares en los que funden para su conservación y adelanto.

Consecuencia de estos principios es la diversa índole de las relaciones que ha de mantener el Estado con los Establecimientos de enseñanza, según sean públicos ó privados, pues mientras que respecto á éstos su acción se reduce á inspeccionarlos en nombre del derecho relativo á la racional y cristiana moralidad y á la saludable y necesaria higiene, tiene á su cargo la dirección de aquéllos, nombrando sus Profesores y Jefes, ordenando la distribución de los estudios, dictando los reglamentos literarios y administrativos por los cuales han de regirse, y velando constantemente por su fiel observancia.

Los Decretos leyes de 29 de Julio y de 29 de Setiembre de 1874 que, no habiendo sido derogados por ninguna ley posterior, constituyen la única legalidad vigente en la materia, según la Constitución del Estado, establecen esta completa diferencia entre los Establecimientos públicos y privados, determinando, como queda dicho, la diversa intervención del Estado en cuanto á unos y otros se refiere.

Mas por el Real Decreto de 18 de Agosto de 1885 se ha venido á crear una tercera clase de Establecimientos de enseñanza llamados asimilados, organizándolos de tal modo que, más que centros de libre enseñanza, resultan unos Establecimientos privilegiados, porque dotados por aquel Decreto de mayor independencia que las demás instituciones libres, gozan por otra parte de los principales privilegios reservados á los Establecimientos oficiales, como es, entre otros, la facultad de examinar á sus alumnos, expidiéndoles certificados de aptitud en las asignaturas, que allí se declaran incorporables sin ulterior examen á la pública enseñanza, infringiéndose de esta suerte aquella ley que prohibe la incorporación de las asignaturas no aprobadas oficialmente. Por la indicada organización se desnaturalizan ambas clases de Establecimientos de enseñanza, los asimilados y oficiales, hasta el punto de otorgar á los primeros