El Monitor de primera enseñanza (1885-08-15 00:00:00), página 7

cuando una triste experiencia ha puesto de manifiesto los abusos y coacciones indignas que se han cometido ó intentado sobre dignos Maestros por Diputados y Concejales; cuando está demostrado que el servicio de la instrucción pública es tan nacional como puede serlo cualquiera otro, no es mucho que yo aspire á que el Estado, si no puede inmediatamente encargarse de toda la enseñanza, procure que las Diputaciones y Municipios cumplan estrictamente todos sus deberes sobre este particular.

Sin embargo de las dificultades que hay para hacer reformas trascendentales, no puedo menos de recordar algunas al digno señor Ministro de Fomento y suplicarle que haga algo para su realización, ya que son tan deseadas por cada una de las clases del Profesorado á que se refieren, y quizás fácilmente practicables.

Maestros de instrucción primaria. Conforme dispone la ley de instrucción pública vigente, España debe tener aproximadamente 28,000 Escuelas; pero el número de Maestros propietarios excede poco de 15,000, de los cuales una tercera parte son Maestras, hallándose ocupadas gran número de las restantes Escuelas por Maestros sin título, nombrados por autoridades municipales, provinciales ó eclesiásticas. Con todo esto, los sueldos de los propietarios ascienden casi á la cantidad de 11 millones de pesetas, suma que parecerá inmensa á los Gobiernos españoles, siquiera sea pequeña para Bélgica, que á pesar de poseer un territorio y una población tan escasos en comparación con los nuestros, consigna 29 millones de francos para este mismo servicio; y para Francia, que entre diferentes partidas consigna para instrucción primaria más de 80 millones de francos.

Mas sea por lo que fuere, es lo cierto que el Estado no puede pagar en nuestro país aquellos 11 millones, no quedando otro recurso que seguir estas Escuelas á cargo de los Ayuntamientos. Pero aunque así sea, ¿podrá tolerar el Gobierno que continúe el desorden actual? Pues yo declaro que no será posible asegurar el pago de sus sueldos á los Maestros, mientras que no se encuentre un medio en cuya virtud aquellos funcionarios dejen de percibir directamente sus pagas de los Ayuntamientos; es preciso que bajo cualquiera forma el Estado sea intermediario, de manera que cobre él á los Municipios con una mano, para pagar con la otra á los Maestros. Mientras no se siga este camino, los abusos continuarán, siendo aquellos funcionarios víctimas propiciatorias de las malas pasiones y venganzas de los caciques, y á menudo de los festejos públicos. Recuérdese el fracaso de las numerosas disposiciones dictadas por todos los Gobiernos, guiados por el deseo más plausible, y en particular la Real Orden de 10 de Julio de 1876, que á pesar de su energía y minuciosidad, no ha producido otro efecto que el de llevar el convencimiento hasta el mismo Gobierno de que hace falta acudir á remedios más energicos.

En cuanto á los haberes pasivos de los Maestros, es indispensable hacer algo para evitarlos el dolor de ver en la miseria á las viudas y huérfanos de los mismos á quienes siempre recordamos gratísimamente como nuestros padres intelectuales.

Por desgracia, España ha tenido descuido sensible para esta sagrada atención en todos tiempos; sólo cuando en 1825 fué organizada la instrucción primaria, se concedió el derecho á jubilaciones de los Maestros, derecho que desapareció por completo en 1838; y más tarde, por medio del Decreto de 7 de Enero de 1870, dado cuando desempeñaba dignamente la Dirección de Instrucción pública el Sr. Merelo, se otorgó indirectamente una jubilación de que hoy mismo se utilizan los desgraciados Maestros que ya no pueden continuar prestando sus servicios activos, cuyo decreto les concede el derecho de ser sustituidos á costa de la mitad de sus propios sueldos.

De todos modos, la situación actual no puede continuar en justicia, porque de una parte, no alcanza beneficio alguno á las viudas ni á los huérfanos, y de otra, la enseñanza se resiente de las consecuencias de este sistema de sustituciones, hechas por personas que no pueden en tal labor su carrera definitiva, lo cual constituye un gravísimo mal; si bien es verdad que este perjuicio se podrá remediar, formando con los sustitu-