El Monitor de primera enseñanza (1886-02-20 00:00:00), página 13

que en él se hagan, y se harán los exámenes y ejercicios necesarios para obtener los títulos profesionales á que den derecho las carreras que en él se sigan, y no solamente se ha prescindido de la necesaria representación oficial en los exámenes de asignaturas de los Establecimientos asimilados, y se ha privado al Profesorado de los Establecimientos oficiales de graduar el mismo á sus propios alumnos, sino que, en completo desacuerdo hasta con la letra de este precepto legal, se impone á los centros de la enseñanza pública que soliciten la constitución del Tribunal en su edificio, la obligación de abonar 40 pesetas diarias sobre los derechos de examen á cada Vocal examinador que allí haya de concurrir.

Complemento de las reformas introducidas en la colación de grados y en la organización de la enseñanza libre son las disposiciones de carácter penal que para su sanción se establecen en el cap. 5.º del Real Decreto de 18 de Agosto de 1885. Ampliando con exceso los límites de la potestad disciplinaria de la administración, se faculta á las Autoridades académicas para imponer multas que por su cuantía pueden tener la importancia de verdaderas penas correctivas y para castigar con inhabilitación temporal ó perpetua para el cargo y ejercicio del Magisterio, que son penas reputadas por el Código como afflictivas.

Resoluciones que con tal gravedad afectan á la enseñanza, desenvolviendo reglamentariamente preceptos de la Constitución, formulando reglas de carácter general, muchas de ellas incompatibles con la observancia de leyes vigentes, trasformando profundamente la vida de los Establecimientos oficiales, constituyendo organismos nuevos y redactando nuevos planes y programas de los estudios, no han podido ser dictadas sin oír al Consejo de Instrucción pública, como prescriben las leyes, y este mismo Cuerpo consultivo ha dicho en más de una ocasión, por lo cual adolecen por este concepto de un vicio de inconstitucionalidad en su forma, que fuera por sí sólo motivo bastante para derogarlas.

En atención á las razones expuestas, el Ministro que suscribe se halla en la ineludible necesidad de proponer á V. M. la derogación del Real Decreto de 18 de Agosto de 1885 y de todas sus disposiciones complementarias.

Por fortuna implantadas estas reformas al principio del curso presente, pueden ser derogadas sin perturbación del orden académico. Basta abrir de nuevo el periodo de 15 días que el Decreto ley de 29 de Setiembre de 1874 señala á los fundadores, empresarios ó Directores de Establecimientos privados que deseen dar carácter académico á los estudios hechos en ellos, para que puedan acogerse á los beneficios de la incorporación los que, en virtud de aquellas reformas, no pudieron hacerlo en tiempo oportuno antes de la apertura del curso. Los Establecimientos asimilados se declaran desde luego incorporados, sin otro requisito que el de así manifestarlo en dicho término sus empresarios ó Directores por haber llenado las condiciones requeridas para la incorporación. Las mejoras que hayan hecho en el material de la enseñanza les servirán de mayor ventaja en la competencia con los demás Establecimientos libres, mas no pueden servir de fundamento á derechos respetables, que no merecen respeto los intereses que solamente ampara la infracción de las leyes.

Bien quisiera el Ministro que suscribe dispensar á los alumnos de los Establecimientos asimilados del pago de los derechos de la matrícula oficial, porque entiende que, siendo esto un modo de retribución del servicio de la enseñanza dada por el Estado, no deberían pagarla aquellos que no la reciben de los Profesores oficiales; pero ha de respetar la legislación vigente, y no puede tampoco admitir como legítimas diferencias sobre este punto entre los Establecimientos libres.