El Monitor de primera enseñanza (1886-02-20 00:00:00), página 12

en perjuicio de los demás iguales derechos que á los segundos, sin someterlos á sus deberes ni exigirles las garantías que éstos ofrecen con la observancia de las prescripciones legales y reglamentarias.

Esta confusión es tanto más grave cuanto que por ella resulta quebrantado el precepto constitucional de la colación de grados y títulos profesionales por el Estado, ya que para obtenerlos deja de ser indispensable la aprobación oficial de las asignaturas, cuyo conocimiento supone el grado ó título profesional. Con arreglo á la Ley de 9 de Setiembre de 1857, Decretos leyes de 21 de Octubre de 1868 y 29 de Setiembre de 1874, y Real Decreto de 4 de Junio de 1875, dictado con audiencia del Consejo de Instrucción pública, el examen de cada una de las asignaturas debía preceder al total del grado; y el Estado, á no infringirse estas disposiciones, no puede hoy por hoy dar por válidos los exámenes que ante él no se celebren, ni computarlos como parte integrante de las pruebas de aptitud requeridas para la expedición de los títulos correspondientes.

No pretende de todo esto deducir el Ministro que suscribe la incompatibilidad absoluta de los Establecimientos asimilados de enseñanza con las condiciones esenciales á un régimen de libertad. Es su propósito solamente hacer constar que por hoy, y dada la privilegiada organización que han recibido del Real Decreto de 18 de Agosto de 1885, no pueden continuar existiendo porque han sido fundados sobre bases de privilegio incompatibles con la Constitución del Estado y con los Decretos de 29 de Julio y 29 de Setiembre de 1874, que por haber adquirido carácter legislativo por la Ley de 27 de Diciembre de 1876, es deber sagrado del Gobierno (cualquiera que sea el juicio que merezcan sus preceptos), observarlos y cumplirlos hasta que el Poder legislativo los reemplace por una nueva legalidad.

El Real Decreto de 18 de Agosto de 1885, aunque llamado de libertad de enseñanza, entiende el Ministro que suscribe que la cereza y la cohibe más allá de lo justo y conveniente, porque limita con innecesarias trabas administrativas el derecho individual que todo español tiene, según la Constitución del Estado, para fundar y sostener Establecimientos de instrucción y educación con arreglo á las leyes, trabas que redundan en privilegiado y exclusivo beneficio de los Establecimientos asimilados, otorgándoles, además de lo que se ha indicado, otras considerables ventajas que harían imposible toda competencia por parte de las demás instituciones libres y aun de la misma enseñanza pública. No están sujetos á pago de matrículas, exención en el fondo justa, pero insostenible como reservada á los Establecimientos de esta clase, puesto que no aparece extendida á todas las demás ramas de la enseñanza libre como la doméstica y la incorporada.

Tienen derecho á organizar su plantilla con la mitad del número de Profesores que existen en los Establecimientos oficiales. Pueden designar dos Vocales de los cinco que forman el Tribunal de los grados de bachiller, mientras que el Profesorado de todos los Institutos de un distrito universitario sólo tiene un representante; y están autorizados para atraerse á los Catedráticos numerarios y supernumerarios de la enseñanza pública, pudiendo éstos explicar en cada uno de ellos dos asignaturas, lo cual no pueden ordinariamente hacer en los Establecimientos oficiales.

Por tales medios la enseñanza pública ha recibido tan rudo golpe que hubiera acabado por anularse en utilidad de una enseñanza de privilegio. El artículo 82 de la Ley de Instrucción pública dispone que en cada Establecimiento de enseñanza se conferirán los grados correspondientes á los estudios