El Monitor de primera enseñanza (1885-09-12 00:00:00), página 22

en este Real Decreto que viene á desenvolver orgánicamente una parte del artículo 12 de la Constitución de la Monarquía española, se levantara una institución de libertad, que convenga por igual á todos los partidos, tanto desde el punto de vista de los intereses de gobierno, como para el afianzamiento y defensa de las libertades públicas que gozan los súbditos de esta Monarquía.

Otras leyes y disposiciones especiales vendrán pronto á introducir en la enseñanza organizada por el Estado, las Provincias ó los Municipios, las grandes reformas que reclama el estado social contemporáneo, determinando las atribuciones y deberes del Profesorado público, dando al Catedrático en todos los ramos de la enseñanza, y muy especialmente al que desempeña los modestos puestos de los Institutos y del Magisterio de primeras letras, todas aquellas compensaciones á que es acreedor por su misión bienhechora, remunerándolos el Estado en la proporción que consientan sus presupuestos, ya que tal remuneración difícilmente podrá guardar justa medida con los merecimientos de la clase. El actual proyecto se limita á dar un paso más en el reconocimiento y consagración de los derechos de la enseñanza libre ante el Estado, y de las relaciones de ésta con la oficial.

Fundados en este criterio, únicamente en lo concerniente á la colación de grados, se introducen aquí reformas que alcancen á la enseñanza oficial, partiendo de la base constitucional de que al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones de los que pretendan obtenerlos, y la forma en que han de probar su aptitud; y armonizando esta base constitucional con el principio fundamental para la libertad de enseñanza, de que el Estado debe considerar perfectamente iguales ante el derecho su propia enseñanza oficial y la enseñanza debida á la iniciativa privada, se impone como lógica y necesaria consecuencia que para la validez académica de los estudios y concesión de grados, el Estado, cualquiera que sea la procedencia de los estudios, se ha de limitar á someterlos á las pruebas convenientes, juzgándolos á todos con el criterio de imparcialidad de un mismo Tribunal, y no teniendo en cuenta otro dato que la prueba de suficiencia.

En el estudio de estas disposiciones se ha procurado además que el principio de la libertad de enseñanza y las naturales garantías que le ha de prestar el poder público no quedaran reducidos á un mero derecho individual, para que cada cual elija y aprenda su profesión como mejor le parezca y pueda fundar y sostener libremente establecimientos de educación e instrucción.

La libertad de enseñanza quedará siempre mutilada si, al igual de los derechos del individuo, los organismos creados por el fecundo principio de asociación para las funciones de la enseñanza no hallan también en el seno de la ley común una fianza de amparo y respeto de sus derechos que les permita desenvolverse libremente conforme á las condiciones de su propia naturaleza. A este pensamiento responde la institución de la asimilación, parte nueva y esencial del presente proyecto de decreto. Así, en vez de limitarnos á meras declaracio-