El Monitor de primera enseñanza (1886-05-15 00:00:00), página 15

ciales para cubrir este importantísimo servicio (Real Decreto de 15 de Junio de 1882, Real Orden de 20 de los mismos mes y año, y Ley de 30 de Julio de 1883), no hubo medio, triste es reconocerlo, de todos los que el Estado tiene para ejercer su acción sobre las Corporaciones populares, que no se hubiese empleado, y cuya ineficacia las tristes realidades de la experiencia no hubiesen demostrado, para asegurar la suerte de la enseñanza primaria y de sus dignos Profesores, muchos de los cuales con una abnegación verdaderamente heroica continúan á pesar de todo consagrándole las horas de su miserable existencia.

Es por esto de todo punto indispensable acudir á otro remedio, porque una experiencia de más de 30 años ha concluido por demostrar superabundantemente la ineficacia de los empleados hasta ahora. El único que resta por aplicar es aquel por que durante este largo periodo vienen ansiendo todos estos dignos Profesores uno y otro dia, á saber: que sea el Estado quien tome á su cargo atender á las necesidades de la enseñanza en sus dos primeros grados, en la medida de sus respectivos presupuestos.

Grave dificultad venía presentándose para el empleo de este procedimiento, porque el Tesoro Nacional no se halla en situación tan desahogada que pueda aumentar sus actuales cargas con la importante cifra que demanda este servicio. Esta dificultad no ha podido resolverse sino ideando el medio de proporcionar al Tesoro un recurso tan seguro y tan importante como el gasto que habría de hacer. Y este medio existe y puede plantearse con el concurso de los Ministerios de Hacienda y Gobernación, cuyos Jefes se prestaron patrióticamente á cuanto por sus departamentos era preciso para su empleo.

Por la Ley de 30 de Julio de 1883, confirmatoria de otras análogas disposiciones de la Administración, quedaron especial y privilegiadamente afectos á las necesidades económicas de la primera enseñanza, según se ha dicho, los recargos que los Ayuntamientos pueden imponer sobre las contribuciones directas, obligándose á estas Corporaciones á que hiciesen de ellas uso en cuanto fueren necesarios.

Pues bien: el importe del recargo municipal sobre la contribución territorial equivale aproximadamente á la cantidad que importan los presupuestos provinciales y municipales de los dos primeros de la enseñanza pública.

Si el Tesoro, pues, hace suyo este recargo, dejando libre de las responsabilidades de la mencionada Ley el con que aquéllas Corporaciones pueden gravar el impuesto industrial y de comercio, quedará reintegrado de cuanto ha de satisfacer en virtud de este Decreto, sin aumentar gravamen alguno á las Corporaciones populares, puesto que si bien en sus respectivos presupuestos de ingresos no podrá figurar lo que el Tesoro va directamente á percibir, en cambio tampoco figurará en los de gastos una cantidad equivalente.

Se dirá quizás que, entre tanto que unos Ayuntamientos contribuirán por este medio con una cantidad inferior á la que importen las obligaciones de su enseñanza, otros habrá á quienes suceda lo contrario. Y esta observación es verdad; así lealmente lo reconoce el Ministro que suscribe. Pero nótese que los Ayuntamientos favorecidos son los de las pobres y pequeñas poblaciones, y por lo tanto que así como hasta ahora el contribuyente rico era el que sufragaba los gastos de la educación del pobre, por ser éste quien principalmente aprovecha la primera enseñanza oficial, con la reforma que se proyecta, esta situación conservará análogo carácter, pues que será el pueblo rico el que habrá de concurrir al sostenimiento de la enseñanza del pueblo pobre. Y si ésta, más que servicio municipal, es una función social que principalmente interesa al Estado, ya que la instrucción popular no sólo tiene por objeto el perfecciona-