Gaceta de instrucción pública (1907-12-30 00:00:00), página 3

Art. 27. Ni las Juntas provinciales ni los Gobernadores Presidentes podrán conceder licencias á los Maestros sin proveer á lo necesario para que las atenciones de la enseñanza queden cubiertas satisfactoriamente.

Art. 28. Las licencias, no siendo por enfermedad, se concederán á los Maestros, sin derecho á percibir haberes.

Art. 29. Con informe de la Junta local en pleno y de la Junta provincial respectiva, podrá conceder el Ministro licencias ilimitadas para asuntos propios á los Maestros que cuenten más de diez años de servicios, pero sin que les sean de abono durante ellas ni sus haberes ni el tiempo á que se extenderá.

De estas licencias sólo podrá hacerse uso una sola vez, y si excedieran de cinco años, para que el interesado pueda regresar activamente en el Magisterio será condición precisa que practique ejercicio de aptitud en una Escuela Normal, que habrá de certificarse que ha merecido calificación apropiada por el Tribunal correspondiente, y que se le considere apto para continuar en el ejercicio de la enseñanza.

Los que obtuvieren estas licencias perderán la propiedad de su Escuela, y al solicitar su reingreso en la práctica del Magisterio, acompañando la certificación de la Escuela Normal de que se ha hecho mención, y su hoja de servicios debidamente autorizada, se les adjudicará una de las Escuelas que hubiere vacantes de la categoría que les corresponda, sacada á la suerte en sesión pública ante la Junta Central de primera enseñanza.

Art. 30. Ningún Maestro podrá disfrutar licencia alguna sin poner en conocimiento del Inspector de primera enseñanza de mayor categoría de su provincia el día que comience á hacer uso de ella, para que este funcionario tome la nota correspondiente en su registro de licencias; e impida que ningún Maestro disfrute en un mismo período escolar de más de una licencia que exceda de treinta días, ateniéndose en lo que sea procedente á la ley de 21 de Julio de 1878.

El incumplimiento de este artículo por parte de los Maestros deberá ser objeto de una de las correcciones disciplinarias autorizadas por el art. 32 del presente decreto.

CAPÍTULO IV

Instrucción de expedientes, correcciones y situación pasiva.

Art. 31. A las Juntas provinciales de Instrucción pública corresponde formar los expedientes á todos los Maestros por faltas en el desempeño de su cargo, con el informe de la Junta local á que el Maestro corresponda; audiencia del interesado e informe del Inspector de primera enseñanza; pero en el caso en que este funcionario se halle imposibilitado de informar por razón de paresmo, de amistad ó enemistad manifestada con el Maestro acusado, ó por cualquier otra causa que el mismo Inspector ó la Junta alegue, se remitirá el expediente inmediatamente en conocimiento del Ministerio para que designe la persona con que el estudio necesario emita el informe de que se trata.

En estos expedientes se contendrán todos los documentos probatorios de cargo y descargo, los informes que se emitan, las informaciones que se crean precisas y los acuerdos ó providencias que se adopten.

En el caso de que haya desacuerdo entre la opinión de la Junta y el informe del Inspector, podrá éste estudiar de nuevo el asunto y emitir informe, sin hacer desaparecer el anterior, y luego de hecho esto, se remitirá á la Junta Central el expediente para la tramitación y resolución que corresponda.

Art. 32. Las Juntas provinciales de Instrucción pública podrán imponer á los Maestros por causas que no se consideren graves, sin necesidad de que el juez exprese que el indispensable para dejar comprobada por escrito la falta cometida, las correcciones disciplinarias que a continuación se expresan:

1.º Amonestación privada.
2.º Amonestación pública.
3.º Suspensión de sueldo desde cinco á diez días.
Con formación de expediente en que se oiga al interesado, y demostradas que sean cumplidamente las faltas cometidas, podrán asimismo las Juntas Provinciales imponer á los Maestros ó proponer al Rectorado ó al Ministerio las penas siguientes:
1.º Represión pública, con nota desfavorable en el expediente, cuyos efectos durarán más de dos años; determinándose el tiempo de esta duración al ser impuesta la indicada pena.
2.º Suspensión de sueldo desde once días á tres meses, con nota desfavorable. Esta nota sólo podrá juntarse cuando el Maestro no incurra en nuevos correctivos durante tres años continuados.
3.º Suspensión temporal del servicio, con pérdida del sueldo y del tiempo que se imponga. No podrá durar esta suspensión menos de seis meses ni más de dos años, y la plaza de que el Maestro sea suspendido se proveerá en propiedad si la suspensión excede de un año.
4.º Separación definitiva del servicio, con pérdida de todos los derechos y beneficios adquiridos con el título.
Las Juntas provinciales podrán sobreseer los expedientes instruidos á los Maestros cuando ellas los hayan instruido por su iniciativa, siempre que no resulte contra los acusados culpabilidad alguna; ó ultimarios, imponiendo cualquiera de las penas arriba señaladas con los números 1.º, 2.º y 3.º del primer grupo enumerado en este artículo.

A los Rectorados corresponde la imposición de las penas señaladas con los números 1.º y 2.º del segundo grupo; al Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública, la expresada con el núm. 3.º; y la cuarta, al Ministro, previa consulta al Consejo de Instrucción pública.

No podrán las Juntas provinciales sobreseer ni resolver por sí los expedientes mandados instruir por los Rectorados ó el Ministerio, cualquiera que sea la sanción que consideren justo proponer, debiendo elevarlos para su fallo ó ulterior tramitación á las Autoridades que hubieren ordenado su instrucción. Cuando esto ocurra y las Autoridades conozcan en último término del expediente, podrán imponer cualquiera de las penas de este artículo, con tal que no excedan de la jurisdicción que respectivamente les está asignada.

Art. 33. Dentro del término de diez días, á contar de aquel en que los Maestros hayan recibido oficialmente la comunicación de la pena que les fuera impuesta, podrán alzarse ante el Rectorado de las sanciones acordadas por las Juntas provinciales, y ante el Ministro, de las impuestas por el Rectorado ó la Subsecretaría.

Todos los expedientes de alzada se considerarán urgentes para su tramitación y despacho.

Art. 34. En los expedientes de sustitución de las Maestras se cuidará de acreditar la edad y estado de fortuna de sus maridos, y no se acordará aquél si no se prueba que éstos carecen de medios bastantes para su decorosa subsistencia.

Cesaran todas las sustituciones en cualquier tiempo en que se justifique que el Maestro sustituido ejerce cargo público ó desempeña algún otro privilegio que reclame tantas condiciones físicas como sean necesarias para realizar una Escuela.

También cesarán las sustituciones de las Maestras cuando se hallen en este último caso.

Art. 35. Todos los expedientes gubernativos se tramitarán con la mayor brevedad posible, y los de abandono de destino se considerarán de especial urgencia.

Una vez probado que el abandono ha tenido una duración mayor de quince días, dando audiencia al Maestro y con informe del Inspector, las Juntas provinciales elevarán lo actuado directamente á la Junta Central de primera enseñanza, que propondrá al Ministerio la resolución correspondiente.

Art. 36. Los Maestros tendrán los derechos pasivos determinados en las disposiciones vigentes.

Cumplidos los sesenta años de edad, podrán ser jubilados á su instancia. A esta sexta parte de su sueldo será prestatorio en el Ministerio de Instrucción pública disponer su jubilación. Esta será forzosa cuando los Maestros cumplan setenta años.

En caso de imposibilidad física antes de las sobredichas edades, las Juntas provinciales procederán á incoar el expediente, oportuno para la resolución correspondiente, elevándole al Rectorado de que dependa.

TÍTULO IV

DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

Art. 37. En cada Junta provincial habrá una Comisión técnica, que se compondrá de los Vocales siguientes:
El Director del Instituto de segunda enseñanza, Presidente de la Comisión.
El Director y la Directora de las Escuelas Normales de Maestros de Maestras.
El Inspector de primera enseñanza.
El Inspector de Sanidad.
El Vocal representante del Ejército.
A esta Comisión se agregarán un Catedrático del Instituto de segunda enseñanza y un Profesor de cada Escuela Normal de Maestros y Maestras que los Directores de estos Centros de enseñanza designen al efecto.
Uno de los Vocales de la Comisión será nombrado por su Presidente Secretario de la misma.
Estas Comisiones funcionarán como parte de las Juntas, comunicándose por medio de éstas con quienes sea necesario.
Art. 38. Las Comisiones técnicas provinciales, aparte de los trabajos que les encomienden el Ministerio y juntas Central y provincial de Instrucción pública, tienen por objeto principal estudiar y dictaminar Memorias de carácter técnico ordenadas por la Junta Central de primera enseñanza al Profesorado de las Escuelas públicas en cada provincia.
Art. 39. Tan pronto como las Comisiones técnicas de cada provincia reciban de la Junta Central de primera enseñanza los temas para las Memorias que han de redactar los Maestros, solicitarán del Gobernador Presidente que se publiquen en el Boletín oficial de la provincia para que lleguen al conocimiento del Profesorado.
Una vez publicados en el Boletín oficial los temas, escogerá cada Maestro uno del grupo asignado á la categoría de su Escuela